Elisa Eunice Ramírez Contreras

Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1081/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Elisa Eunice Ramírez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo y anexo presentada por Elisa Eunice Ramírez Contreras, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y otras, todas con residencia en esta ciudad, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmese expediente físico y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 1081/2023-VI-B, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Fórmese el cuaderno de incidente de suspensión únicamente en original, atendiendo lo dispuesto por los artículos 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, reformado mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se hace saber a las autoridades responsables, que con fundamento en los artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que las notificaciones se les harán en términos de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto y deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el cardinal 24 de la ley de la materia. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" CERESO 16, con domicilio en carretera Federal 95 Amacuzac - Grutas de Cacahuamilpa kilómetro 6, colonia Michapa, Coatlán del Río, C.P. 62614, Morelos. Exhorto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa se encuentra privada de la libertad personal, interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que notifique el presente auto a la quejosa Elisa Eunice Ramírez Contreras, en el lugar de su reclusión. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez exhortado, a efecto de que habilite al fedatario de su adscripción que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en días y horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En virtud de lo anterior, con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). Por otra parte, téngase como tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, a la víctima de iniciales H.A.P.C., de quien se reserva su emplazamiento hasta en tanto se cuente con el informe justificado que rindan las autoridades responsables. Asimismo, téngase como tercero interesado al licenciado Luis Felipe Vázquez Valles, Agente de Ministerio Público, quien puede ser notificado en las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, por lo que gírese oficio para tales efectos. En términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia autorizada de la demanda. Tal como lo dispone el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente. Ta autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda de amparo tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1081/2023-VI-B, promovida por Elisa Eunice Ramírez Contreras, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y otras, todas con residencia en esta ciudad. Como lo ordena el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, apercibiéndole que de ser omisas, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con el artículo 5º de la Ley para determinar del valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), en concordancia con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el referido informe previo, en términos del numeral 140 de la ley de la materia, se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se señalan las doce horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de este incidente, con soporte en la fracción II, del ordinal 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso en su demanda, señaló como acto reclamado, el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable ordenadora reclamo la resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en la toca de apelación 79/2023, en donde el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, Secretarios de Acuerdos Encargados del Despacho de la Cuarta y Segunda Salas Penales Regionales, erigidos en Sala Colegiada de Revisión, con sede en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, por UNANIMIDAD DE VOTOS, se declaró improcedente la acción de ANULACIÓN DE LA SENTENCIA y RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, intentada por la quejosa." Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución1 , y 1282 , 131, segundo párrafo , 1384 y 147 de la Ley de Amparo, a efecto de determinar si se debe conceder la suspensión provisional en el presente asunto. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Artículo 131. [.] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: [.] Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. [.]." a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En primer lugar, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 85/2018,6 determinó que el elemento clave para determinar si el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, es decir, si la medida cautelar resulte material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, ello con independencia de la naturaleza del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Página 286, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Así, el elemento clave para determinar que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Sobre esas bases, se estima que en el caso concreto no es procedente conceder la suspensión definitiva. Ahora, la concesión de la suspensión debería tener como efecto "restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado". No obstante, como se explicará a continuación, en el caso, ello no puede ocurrir provisionalmente, es decir los efectos para los que se podría conceder la suspensión no se actualizan momento a momento, por el contrario, en caso de conceder la medida cautelar y ordenar a la responsable que deje sin efectos la determinación reclamada, se dejaría sin materia una eventual sentencia de amparo. El acto reclamado, no es susceptible de ser suspendido, en atención a que, los efectos para los que se podría conceder la suspensión de acuerdo al artículo 147 de la Ley de Amparo sería para que se deje sin efectos la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en la toca de apelación 79/2023, por la cual el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, Secretarios de Acuerdos Encargados del Despacho de la Cuarta y Segunda Salas Penales Regionales, erigidos en Sala Colegiada de Revisión, con sede en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, declararon improcedente la acción de anulación y reconocimiento de inocencia, que promovió la quejosa; cuestión que no podría ocurrir de forma provisional. Es decir, los efectos para los que se puede conceder la suspensión, atendiendo a la naturaleza de los actos, no se actualizarían momento a momento, sino que la restitución del derecho vulnerado, en el caso sería definitiva, dado que ese efecto no podría dejar de existir en caso de que se niegue el amparo en el juicio principal; siendo así, se estima que dichos efectos coincidirían exactamente con aquellos que tendría la posible concesión del amparo en el juicio principal. En consecuencia, de concederse la suspensión del acto reclamado, se estaría agotando o dejando sin materia el fondo del asunto en cuestión, lo cual es contrario al objetivo de esta medida, cuyo propósito es precisamente mantener viva la litis, para permitir que la sentencia de amparo que en su caso se dicte pueda tener efectos en la realidad. Así las cosas, toda vez que en el caso de concederse la medida cautelar solicitada, ésta dejaría sin materia la litis constitucional, es menester negar la suspensión provisional solicitada. Exhorto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa se encuentra privada de la libertad personal, interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" CERESO 16, con domicilio en carretera Federal 95 Amacuzac - Grutas de Cacahuamilpa kilómetro 6, colonia Michapa, Coatlán del Río, C.P. 62614, Morelos, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que notifique el presente auto a la quejosa Elisa Eunice Ramírez Contreras, en el lugar de su reclusión. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez exhortado, a efecto de que habilite al fedatario de su adscripción que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en días y horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En virtud de lo anterior, con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe.

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