Elisa Cordova Vera

Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
197/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Elisa Cordova Vera
  • Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del expediente original relativo al juicio de amparo 924/2021-VI, que le fue enviado por este Juzgado en cumplimiento a lo ordenado en resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se estimó que el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México debía conocer del juicio en comento. Asimismo, de la lectura del oficio señalado en el párrafo que antecede, se advierte que se aceptó la competencia plateada por este Juzgado; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente cuaderno que corresponde a la incompetencia de demanda de amparo constituye un expediente auxiliar, y en esas condiciones se hace la observación que este cuaderno deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación del presente proveído, por lo cual en la carátula del expediente, hágase la anotación correspondiente a la fecha en que se ordena el archivo, que carece de relevancia documental y que es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO-PARTE QUEJOSA. MESA VI. (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Concepción Diaz Cabañas respecto de los actos reclamados a la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerado quinto de este fallo. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. (...)

  3. Principal

    Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 654/2020-VIII promovido por Paola Georgina Paredes Cauich, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Paola Georgina Paredes Cauich, solicitó el amparo y protección en contra de los actos reclamados Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades. Segundo. Admisión demanda. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, emplazo a la parte tercera interesada, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Tercero. Ampliación a la demanda. Por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte por la Oficialía de Partes Común, la parte quejosa amplio su demanda de amparo, la cual se tuvo por admitida, sólo en cuanto a nuevos conceptos de violación, por auto de nueve de octubre de dos mil veinte. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos con ejecución en la residencia en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil oral 194/2019, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y todo lo actuado en el juicio, destacando el embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en el predio quinientos trece, letra "A", de la calle 43 "A," de la Colonia Nueva Mayapan, así como la inscripción del mismo ante la autoridad registral. Tercero. Inexistencia de actos. El Coordinador de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, negó la existencia de los actos, y señaló que en sus funciones de Coordinador no se encuentra facultado para ejecutar, emplazar o notificar acuerdos dictados por las autoridades jurisdiccionales, en términos del artículo 151 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lo anterior, sin prueba en contrario por la parte quejosa que pudiera desvirtuar tal negativa, no obstante que se le puso a la vista el informe justificado a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto; por lo tanto, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a la citada autoridad y consecuentemente, lo que procede en el caso es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el Actuario Adscrito al juzgado responsable y a la Central de Actuaría d los Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, así como el Director de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, al rendir su correspondiente informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados que se les atribuyeron. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente 194/2019, las que por estar certificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, constituye documento público y tiene eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso que nos ocupa se reclama el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil oral 194/2019, seguido por María Guadalupe Ávila Heredia por conducto de su endosatario en procuración Abuxapquí Ávila Hayar en contra de la hoy quejosa, y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, en el que se trabó embargo sobre el bien inmueble ubicado en el predio quinientos trece, letra "A", de la calle 43 letra "A", de la Colonia Nueva Mayapan, y se ordenó la inscripción de dicha actuación. En ese sentido, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61, en virtud de que, la quejosa no promovió el juicio dentro del plazo de quince días, como lo hizo valer el tercero interesado Carlos Alberto Castillo Tec. El numeral que se invoca establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 párrafo primero y 18, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días..." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En razón de lo anterior, la causa de improcedencia que se invoca, consiste en la presunción del consentimiento de los actos reclamados por la quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, junio de 1992, página 364, registro 219095, cuyo rubro y texto son: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De lo anterior, en primer término deriva que el plazo genérico para la presentación de la solicitud de amparo es de quince días, y las propias normas establecen excepciones en materia de normas generales; procesos penales en hipótesis especificas; derechos agrarios, y en los casos que importen peligro de privación de la vida, entre otras. Asimismo, en el artículo 18 citado el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, determinando tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca del juicio. Los medios para establecer que el afectado por un acto de autoridad se ha enterado de su existencia son: la notificación, el conocimiento y la confesión. En la primera hipótesis debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al impetrante de amparo. En la segunda, a falta de notificación, el cómputo del plazo debe iniciarse a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado. El tercer supuesto entraña una confesión expresa por parte del afectado, acerca de la fecha en que reconozca que tuvo conocimiento del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 172550, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En ese sentido, de las copias certificadas de la carpeta de investigación GC/358/2019, que se formó con motivo de la querella interpuesta por Pola Georgina Paredes Cauich (aquí quejosa) contra Hayar Abuxapqui Ávila (tercero interesado), remitidas por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres del Ministerio Público, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se advierte que el doce de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa ratificó su denuncia ante la autoridad ministerial, en la estableció como hechos los siguientes: Bajo esas circunstancias, resulta que la quejosa tuvo conocimiento pleno del juicio de origen, desde el diez de febrero de dos mil veinte, fecha en que acudió al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y pidió el expediente 194/2019, en el que puedo apreciar quienes eran las partes, las prestaciones reclamadas, la naturaleza del documento base se la acción, y las condiciones bajo las cuales se practicó la diligencia de exequendo; por tanto, desde el once de febrero de dos mil veinte, estuvo en aptitud de hacer valer, a través de los medios o recursos ordinarios, incluso promover el juicio de amparo, en su carácter de tercero extraño como aquí lo realizó, la defensa de sus intereses, puesto que conocía la existencia de ese procedimiento y los datos de identificación. Por tanto, el plazo de quince días para interponer juicio de amparo transcurrió del once de febrero de dos mil veinte al dos de marzo de dos mil veinte, sin contar los sábados y domingos, por haber sido inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, resulta de esa manera ya que la propia quejosa en compañía de sus abogados se apersonó al juzgado de origen a revisar el juicio natural, mostrando conocer sus datos esenciales, lo que le permitió interponer la referida denuncia; por lo que, al haber presentado la quejosa, la demanda de amparo hasta el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la misma resulta notoriamente extemporánea, ya que transcurrió en exceso el plazo para presentar la demanda. Resulta aplicable al caso, la tesis con registro digital 245095, publicada en la página 9, volumen 205-216, séptima parte, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 189964, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento. Cabe precisar que en este asunto no se advierte actualizada alguna hipótesis de excepción que se establecen en el artículo 17 de la ley de la materia, puesto que el acto reclamado no es una norma general; el juicio de origen no es de naturaleza penal; no se cuestionan derechos agrarios; ni se está frente a actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, en virtud de lo asentado, resulta innegable que sobreviene la causa de improcedencia analizada y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIV y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Con lo antes referido no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la quejosa. A lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, con el rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Paola Georgina Paredes Cauich, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuarto y quinto considerado de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García hasta el día de hoy veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado lo permitieron, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y toda vez que de autos se advierte que no obra constancia de notificación realizada a las partes en este juicio del acta celebrada el cinco de enero del año en curso; en tales condiciones, reenvíese el oficio respectivo, constitúyase el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en el domicilio procesal de las partes y notifique el acta en comento, para los efectos legales a los que haya lugar. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose en su lugar para su celebración las trece horas con treinta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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