Elisa Chavez López

Expediente 112/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
112/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Elisa Chavez López
  • Roberto Ozuna García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Amparo en revisión

    EN TAL VIRTUD, COMO EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR LOS PUNTOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TODA VEZ QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL PORQUE DIO POR CONCLUIDO EL JUICIO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES Y NO VERSA SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, EL DERECHO INTERNACIONAL, DE LA HUMANIDAD, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL; COMO TAMPOCO CONTIENE DETERMINACIONES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES, NO TRATA SOBRE CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS RELEVANTES, NI SUS RESOLUCIONES TUVIERON ESPECIAL TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA; DE AHÍ QUE, SEA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PLURICITADO ACUERDO.

  2. Amparo en revisión

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: PRIMERO. SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO *****, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO, PROMOVIDO POR ******, CONTRA LOS ACTOS Y POR LAS AUTORIDADES PRECISADAS ESTAS Y AQUELLOS EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTE FALLO.

  3. Amparo en revisión

    VISTO, PARA PROVEER, EL ESTADO QUE GUARDA EL PRESENTE ASUNTO Y, CON MOTIVO DE QUE NO SURTIÓ EFECTOS LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SECRETARIA DE TRIBUNAL ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, DESEMPEÑARA LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DEL TRES AL SIETE DE ESTE MES Y AÑO, Y QUEDÓ SIN EFECTOS A PARTIR DEL OCHO SIGUIENTE -AUTORIZADA EN VIRTUD DE LA REUBICACIÓN DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO-; LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL PROPIO CONSEJO, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE DICHO CONSEJO, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, MEDIANTE SESIÓN DE SIETE DE MAYO ACTUAL AUTORIZÓ AL SECRETARIO DE TRIBUNAL ARNULFO JOACHIN GÓMEZ, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DE AQUELLA FECHA, EN TANTO ESA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL O EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ADSCRIBA MAGISTRADO DE CIRCUITO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. AL EFECTO SE PROVEE: HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, POR MEDIO DE LISTA, QUE ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO, A PARTIR DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS MAGISTRADOS JOSÉ DEKAR DE JESÚS ARREOLA (PRESIDENTE) Y CARLOS CARMONA GRACIA, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO DE TRIBUNAL ARNULFO JOACHIN GÓMEZ, EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO. POR OTRA PARTE, VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN QUE EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO CIRCUITO HACE CONSTAR QUE YA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE TRES DÍAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA QUEJOSA -AQUÍ RECURRENTE-, DESAHOGARA LA VISTA ORDENADA EN PROVEÍDO QUE ANTECEDE. EN TAL VIRTUD, DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA A LA PONENCIA QUE CORRESPONDE.

  4. Amparo en revisión

    VISTO; EL DICTAMEN DE CUENTA, EN QUE EL MAGISTRADO CARLOS CARMONA GRACIA ACOMPAÑA LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, Y UN TANTO DE LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. FINALMENTE, EN SU OPORTUNIDAD VUELVA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE. AL RESPECTO LA RFERIDA CAUSAL EN LO CONDUCENTE DICE: ".Este órgano colegiado de control constitucional, acorde a la regla contenida en el numeral 93, fracción III, de la Ley de Amparo, procede a abordar el análisis de la hipótesis de inviabilidad prevista en el citado arábigo 61, fracción XII, de ese mismo ordenamiento jurídico, que se verifica respecto del acto reclamado consistente en el embargo y sus consecuencias, aunque bajo un matiz distinto al realizado por el Juez de Distrito. Veamos. En principio, debe recordarse que la porción normativa citada en último término indica que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos que no causen perjuicio al interés jurídico de la parte quejosa, ya que en términos del numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, se exige una afectación real, actual y directa a un derecho subjetivo. De tal manera que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto autoritario o por una ley, tratado internacional o reglamento. En esa tesitura, la noción de perjuicio para que aquella proceda presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que -cuando es conculcado por alguna autoridad- faculta a su titular para exigir el cese de la violación de derechos en su perjuicio. Respecto al concepto de persona extraña a juicio, es preciso decir que fue definido por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, como aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, se dijo que dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. Ahora, para instar la acción de amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la autoridad responsable que los emitió, cuando se está ante determinaciones órganos judiciales, el impetrante de derechos fundamentales debe acreditar fehacientemente la existencia del derecho subjetivo que dice vulnerado y que el acto de autoridad afecte ese derecho, aunado a que el agravio debe ser actual y directo. En esa lógica, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley toma en cuenta para la procedencia del amparo, destacándose que aquel debe acreditarse fehacientemente, sin inferirse con base en meras presunciones. En la especie, de la lectura al escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa, aquí recurrente, se ostentó como tercera extraña al juicio del que emergen los actos reclamados, en consecuencia es evidente que no forma parte de dicha contienda judicial. Ahora bien, el análisis de la causal de improcedencia invocada, es en función a los derechos que le pudieran corresponderle a *** respecto del inmueble consistente en ***, registrado bajo el número de inscripción ***, título ***, foja ***, tomo agrario del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Canatlán, municipalidad de esa misma entidad federativa, toda vez que aquella aduce que el acto reclamado (embargo y sus consecuencias) viola sus derechos por no habérsele llamado a juicio. Sobre esa guisa, para acreditar su interés jurídico, anexó a su escrito de demanda la documental pública consistente en el acta de matrimonio expedida por el oficial del Registro Civil, documento del cual se advierte que el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, *** y *** contrajeron nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal. Así las cosas, de las constancias del juicio de origen, también se desprende que por oficio número ***, el oficial encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Canatlán, certificó que en sus archivos aparece que la heredad antes descrita es propiedad de ***, y que reporta dos gravámenes en un periodo de diez años anteriores al ocho de febrero de dos mil once, de entre los que se encuentra el del acta de embargo de diecinueve de abril de dos mil nueve. Sin embargo, no obstante que obren dichas probanzas en el sumario de origen, con las mismas la parte quejosa no logra acreditar su interés jurídico, puesto que con el acta de matrimonio que anexó, únicamente demuestra que aquellos contrajeron nupcias bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, más por sí sola resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico, en la medida que de dicho documento, ni del resto de caudal probatorio se obtienen datos que demuestren de forma fehaciente que el inmueble en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del vínculo matrimonial. A mayor abundamiento, sobre el tema relativo al acreditamiento del interés jurídico de los cónyuges terceros extraños en el juicio de amparo, debe recordarse lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la contradicción de tesis 313/2015. En aquella ocasión, la Primera Sala sostuvo que tanto el Código Civil de Veracruz, como el de Puebla, especifican qué bienes integran el patrimonio conyugal con la celebración del matrimonio, y cuáles se excluyen del mismo. Así, el precepto 172 del primer ordenamiento jurídico citado y el 358 del segundo, establecen que la sociedad conyugal comprende los bienes que adquieren los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio, salvo los que se adjudiquen por herencia, legado o donación, y los adquiridos con anterioridad si se aportan expresamente a ella. Adicionalmente, dijo el máximo Tribunal, la legislación civil de Puebla prevé como bienes propios de cada consorte, aquellos que se adquirieron con anterioridad a la celebración del matrimonio, aun cuando la adjudicación se perfeccione durante la vigencia del vínculo nupcial. Igualmente, ambos ordenamientos legales reconocen que la sociedad conyugal está regida por las capitulaciones matrimoniales, las cuales deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad, empero, en ausencia de las mismas, los inmuebles que no están en supuestos excepciones automáticamente se presumen como parte del haber común. En ese contexto, con base en lo dispuesto en los ordenamientos legales de referencia, se evidencia que los elementos que como mínimo resultarían aptos para acreditar la titularidad del derecho subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño son los que siguen: (a) La existencia del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, aun cuando este derive de una presunción, como no haberse pactado expresamente el de separación de bienes y, (b) que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del mismo, precisamente por la presunción legal de que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio pertenecen al patrimonio común. Por tanto, concluyó la Primera Sala del alto Tribunal del país que, habiéndose acreditado el derecho subjetivo que tiene a su favor la o el cónyuge tercero extraño, solo bastaría para satisfacer los requisitos del presupuestos procesal a que se hizo referencia, es decir, que se alegue que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica. Contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), que incluso citó la hoy revisionista en su expresión de agravios y cuyos datos de localización quedaron plasmados en la síntesis atinente. No es óbice que en la mencionada ejecutoria se hayan analizado las legislaciones civiles de los Estados de Veracruz y Puebla, en tanto que los preceptos relativos son de contenido similar a los del Código Civil de Durango, de ahí que sean aplicables aquellos razonamientos jurídicos al caso en particular. Como puede observarse, en la especie no es obstáculo que obre la certificación del oficial del Registro Público de la Propiedad aludida en líneas precedentes, ya que de su contenido no se aprecia la data en que el bien raíz que ahí se menciona fue adquirido, es decir, si ello aconteció con posterioridad a la celebración del vínculo matrimonial, en tanto que únicamente se aprecia que se encuentra inscrito a nombre de ***. Sin embargo, no se revela que se haya adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio de la aquí disidente con aquel, lo cual no se puede deducir de la certificación respectiva, puesto que si bien menciona datos de registro en el libro agrario de dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, lo cierto es que no se indica el tipo de acto jurídico por virtud del cual aquel adquirió la heredad que se controvierte, y que demuestre fehacientemente que en esa data entró a formar parte del caudal de bienes adquiridos durante el matrimonio. Aunado a que una certificación expedida por el Registro Público de la Propiedad, acorde con los artículos 2879 y 2893 del Código Civil de Durango, y 110 y siguientes de la Ley Reglamentaria de dicho registro, no es apta para acreditar el derecho de propiedad de un inmueble como el que aquí se cuestiona, al no incluir ese tipo de documento lo concerniente a la adquisición de la cosa. Atento a lo razonado, los documentos aludidos, incluso valoradas en su conjunto, son insuficientes para justificar el interés jurídico de la recurrente en relación con los derechos que le pudieran corresponder de la heredad que estima afectada, dado que debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. En las relatadas condiciones, se concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de derechos fundamentales, puesto que, como quedó asentado en líneas precedentes, para la procedencia de la referida instancia constitucional es requisito indispensable que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado, de manera directa e inmediata, situación que no acontece en el presente caso. De ahí que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el cardinal 5, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio, aunque por motivos diversos a los esgrimidos por el a quo en la sentencia que se revisa, lo anterior con apoyo en lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la propia legislación en consulta."

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