Elisa Cardona Ordoñez
Expediente 252/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Elisa Cardona Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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...RESOLUCIÓN DE QUEJA. Agréguense el oficio y la copia certificada de cuenta. Hágase saber a las partes que, en sesión de once de febrero del año en curso, en el recurso de queja 119/2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, resolvió: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese recibo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO ORIGINAL. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deja a disposición de la quejosa los documentos originales que adjuntó a su escrito inicial. Apercibida que, de no hacerlo así, una vez que transcurra el término de noventa días a que se refiere el último párrafo del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, será destruido con el presente juicio. Ahora bien, a fin de que pueda acudir a este juzgado federal por el documento que fue puesto a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, hágase del conocimiento de la parte requerida que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nales ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I
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ACUSE QUEJA. Agréguese el oficio referido en la cuenta. Se tiene al secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Elisa Cardona Ordóñez, así como copia certificada del juicio de amparo 252/2020-I, e informando que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 119/2020...M-I
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QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa Elisa Cardona Ordóñez interponiendo recurso de queja contra el auto de trece de octubre de dos mil veinte. Una vez que se notifique a la recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, las siguientes constancias: Informe sobre la materia de la queja. Original y copia del escrito de agravios. Copia certificada del juicio en que se actúa...M-I
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CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito referido en la cuenta secretarial. Se tiene a Elisa Cardona Ordóñez, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de diez de marzo de este año. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107, este último aplicado en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) De la transcripción anterior se advierte que el amparo indirecto podrá promoverse respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, hasta el momento en que se impugne en esa vía la última resolución dictada en dicha etapa, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así es, la interpretación del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo. El significado de la expresión "última resolución" a que se refiere la fracción IV del numeral citado en el párrafo que antecede, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica de cumplir con la sentencia. Encuentra apoyo lo anterior, por identidad de sustancia jurídica, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 190035, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, la reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, la cual establece: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma de manda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Al resolver el tema, se destacó que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador a fin de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, que el juicio de derechos se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución; motivo por el que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda, las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y en relación a los remates solo contra el auto que lo aprobara o desaprobara. No obstante, el Máximo Tribunal del país también ha establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, contra los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de esa regla de excepción, se cita la resolución que fija en cantidad líquida la condena, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar el monto que deberá pagar el reo y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. La accionante reclama la privación de la posesión del bien inmueble ubicado en calle Oyameles número 112, colonia San José El Pedregal, municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerreo, Hidalgo. De los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró tanto en la demanda como en sus escritos aclaratorios, así como de la copia de la sentencia que acompañó al escrito de cuenta, se advierte: Que Elisa Cardona Ordóñez fue demandada en el juicio ordinario civil 1653/2018, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, promovido por Miguel Islas Moreno. Que compareció a deducir sus derechos. Una vez agotadas todas las etapas procesales, el nueve de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que, en lo que interesa, se declaró al actor Miguel Islas Moreno como legítimo propietario del bien inmueble ubicado en calle Oyameles número 112, colonia San José El Pedregal, municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerreo, Hidalgo, y se condenó a la demandada aquí quejosa para que en el término de cinco días entregara a la parte actora, real, material y jurídicamente con sus frutos y accesiones el inmueble de referencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, sería lanzada a su costa. Inconforme con tal resolución, la accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado en la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el número de toca 430/2019, en el que se dictó resolución que confirmó la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Por lo que la quejosa, ante el temor de ser desalojada del domicilio materia de litis, promueve el presente juicio de amparo. Como se advierte, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio en comento; de ahí que se considera actualizada la causa de improcedencia invocada. En efecto, la quejosa reclama la desposesión o desalojo del bien inmueble ubicado en calle Oyameles número 112, colonia San José El Pedregal, municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerreo, Hidalgo. Sin embargo, la desocupación de ese domicilio fue una de las prestaciones a que fue condenada Elisa Cardona Ordóñez juicio ordinario civil 1653/2018. Por tanto, se estima que la orden de desocupación de que se duele la accionante es una determinación emitida con la finalidad de ejecutar la sentencia de referencia; sin que tengan autonomía propia, debido a que tiende a lograr el cumplimiento de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De ahí que de estimar procedente el juicio de amparo en contra de los actos que en esta vía se contravienen, implicaría un retardo o entorpecimiento en la ejecución de la sentencia definitiva. Por tanto, las violaciones que alega sólo pueden hacerse valer a través del amparo indirecto que, en su caso, se promueva contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la condena o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo anterior, con la finalidad de evitar que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva, la cual constituye cosa juzgada. Entonces, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo contra la orden de desposesión del bien inmueble ubicado en calle Oyameles número 112, colonia San José El Pedregal, municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerreo, Hidalgo, toda vez que se trata de un acto emitido en el procedimiento de ejecución que tiene como finalidad que se dé cumplimiento a la condena firme dictada contra la aquí quejosa; por lo que no puede ser considerado como el último emitido en la etapa de ejecución, toda vez que no reconoce el cumplimiento total de la condena, ni declara la imposibilidad jurídica para cumplirla. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Asimismo, sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 34, del tenor siguiente: ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por esa razón, es innegable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Elisa Cardona Ordóñez. DOMICILIO DE LA QUEJOSA. Se tiene a la quejosa Elisa Cardona Ordóñez reiterando que señala como domicilio para recibir notificaciones las listas...M-I
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