Elio Gómez Rusoa
Expediente 767/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Elio Gómez Rusoa
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto...archívese este juicio como concluido. ...se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
...EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de julio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo que presenta Francisco Javier Vásquez Guzmán, en su carácter de apoderado legal de Elio Gómez Rusoa, personalidad que acredita en términos de la copia certificada del acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por violación a las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. I. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 767/2017/III-B. II. DESECHAMIENTO. Ahora, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, realiza un análisis de la demanda de amparo que da origen a la formación del presente juicio, basado en una estructura lógica y jurídica, conforme a la información proporcionada por el promovente, lo que permite apreciar que en la especie debe desecharse la demanda de amparo. Ello tal y como lo dispone la tesis I.3o.C.90 K , del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En virtud de lo anterior se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o. J/75 , cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir esencialmente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de proveer lo necesario para el debido cumplimiento en la ejecución del laudo de veintitrés de marzo de dos mil nueve, dictado en el juicio laboral 1175/2008-III, de su índice. Precisado lo anterior, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, como se advierte del caso particular el quejoso se duele de la omisión en proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1175/2008-III, por lo que se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitucional Federal, lo cual ocurre dentro de un procedimiento laboral en donde es parte actora; y, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como lo sería la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; pero como se advierte en el caso concreto no se advierte que se actualice dicha dilación. Empero, a criterio de este órgano jurisdiccional, las omisiones atribuidas a la responsable se tratan de actos futuros e inciertos, ya que se desconoce si los mismos van a ser emitidos o no por la responsable, pues no se trata de actos de realización inminente, al estar supeditadas a las diversas etapas del procedimiento de ejecución. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que este medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización, lo que en la especie no acontece, toda vez que la omisión consistente en proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1175/2008-III, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, es genérica, dado que no precisa de manera concreta la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, sino que menciona actos futuros e inciertos, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable omite realizar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Por su parte, conviene destacar desde luego, que de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 , de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. En esa línea de pensamiento, debe decirse que al reclamarse en amparo indirecto, en forma genérica la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente número 1175/2008-III, es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos que se atribuye a la autoridad responsable. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo era necesario que se reclamara un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Robustece a las consideraciones que anteceden, por su sentido, las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 , de rubro siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA" y la Jurisprudencia PC.I.L. J/10 L , de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO". En ese orden de ideas, se hace patente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, analizados junto con el diverso 113 de la misma ley, en consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita el hecho de que el promovente señale como acto reclamado la falta de acuerdo a su escrito presentado el once de abril del año en curso, pues el promovente es parte actora en dicho juicio y tiene a su alcance los medios de impugnación establecidos en la ley que rige el procedimiento del que deriva el acto reclamado. III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda y, por autorizado de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Francisco Javier Vásquez Guzmán, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe...
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