Elio Gennis Neyra Gonález
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Elio Gennis Neyra Gonález
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual, en atención al auto de doce de mayo del presente año, informa que el juicio de amparo 772/2022-IV, de su índice fue remitido a este Juzgado, lo anterior porque se declaró incompetente para conocer de dicho asunto; el cual fue registrado en este órgano jurisdiccional bajo el número 609/2022; ahora bien, vistas las constancias que integran el sumario 609/2022, del índice local se advierte que la parte quejosa es Elio Gennis Neyra González; por lo tanto, se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo que se promueve por Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Elio Gennis Neyra González, deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la existencia del diverso juicio de amparo 609/2022, del índice de este juzgado, promovido por Armando Hernández Cruz, en representación de Elio Gennis Neyra González, contra las mismas autoridades responsables y mismos actos reclamados y en el cual no existe resolución definitiva. En efecto, el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". El contenido del artículo y fracción transcrita, en lo de interés, ponen de relieve la improcedencia del juicio de garantías, cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo, no exista resolución definitiva en éste y sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La anterior hipótesis de improcedencia se acredita respecto de la demanda aquí presentada por Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Elio Gennis Neyra González, en contra del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, pues ante este juzgado de Distrito, se sustancia el diverso juicio de amparo 609/2022, promovido por Armando Hernández Cruz, en representación de Elio Gennis Neyra González, en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados por el citado promovente, mismo que constituye un hecho notorio para el suscrito y como tal, se toma en cuenta para emitir el presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En efecto, el juicio de amparo 609/2022, se formó con la demanda promovida: Por Armando Hernández Cruz, en representación de Elio Gennis Neyra González. Asimismo se advierte que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas. Juez Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas. Comisionado del Instituto Nacional de Migración: Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración. Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de Zacatecas. Encargado de la Estación Migratoria en Zacatecas II. Actos reclamados: (i) incomunicación (ii) ataques a la libertad fuera de procedimiento, y (iii) la omisión de ejercer un control convencional." Ahora, en la demanda de amparo que da motivo a este juicio de amparo 627/2022, se advierte que es promovida: Por Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Elio Gennis Neyra González. Asimismo se advierte que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas. Juez Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas. Comisionado del Instituto Nacional de Migración: Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración. Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de Zacatecas. Encargado de la Estación Migratoria en Zacatecas II. Actos reclamados: (i) incomunicación (ii) ataques a la libertad fuera de procedimiento, y (iii) la omisión de ejercer un control convencional." Luego, la comparativa realizada de la demanda de amparo que da lugar a la formación de este juicio de amparo 627/2022, frente a las actuaciones del diverso juicio 609/2022, que se sustancia ante este propio órgano jurisdiccional, pone de manifiesto que el directo quejoso es el mismo, Elio Gennis Neyra González, contra las mismas autoridades responsables y los mismos actos atribuidos a las citadas responsables y respecto de lo cual, el juicio 609/2022. De este modo, queda evidenciado que los actos reclamados en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados en el diverso juicio de amparo 609/2022, mismo que al encontrarse pendiente de resolución definitiva, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículos 61 dela Ley de Amparo y ante lo cual, deviene improcedente el juicio de amparo que ahora pretende la quejosa Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Elio Gennis Neyra González. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Asimismo resulta aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Elio Gennis Neyra González. Notifíquese personalmente. ...
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El doce de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que mediante actuación de diecinueve de abril del presente año, este juzgado aceptó la competencia planteada por el Juzgado Tercer de Distrito en el Estado de Zacatecas, respecto a la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Vargas Trejo en representación de Elio Gennis Neyra González; sin embargo, de las constancias remitidas por el juzgado homologo se advierte que existe un diverso amparo promovido por el mismo quejoso y contra los mismos actos reclamados, el cual se registró con el número 772/2022, de la estadística del juzgado tercero mencionado; por lo tanto: Con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juzgado Tercer de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copia certificada completa y legible de las constancias que integran el juicio de amparo 772/2022, de su índice, ya que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese. ..
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintisiete de abril de dos mil veintidós, el suscrito José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, transcurrió del veintiocho al treinta de marzo del año que transcurre, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 8991. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido al quejoso en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el indicado proveído, y el diverso tres de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se continúa con el trámite establecido por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo y se procede al análisis del juicio de amparo en que se actúa, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de Eva Montoya Parga, y para tal efecto se giró despacho al juez de Primera instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, en turno. 2. El treinta de octubre del referido año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la Juez habilitada del Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 356/2020, con número de origen 171/2020, por lo que en esa misma fecha, se dio vista al quejoso a efecto de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes nombrada, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 3. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al haber recibido las constancias relativas al acto reclamado se volvió a ordenar el emplazamiento de Eva Montoya Parga, en el domicilio ubicado en calle veinte de noviembre número ciento seis (106) colonia Sierra de Álica, en esta ciudad; sin embargo, según lo asentado en la razón actuarial realizada por el actuario de la adscripción no fue posible la localización de la antes nombrada en dicho domicilio, por lo que de nueva cuenta se dio vista al quejoso, el cual el veintinueve de septiembre siguiente, se le tuvo por proporcionando como domicilio de la antes nombrada el conocido de la Comunidad de Mesita Redonda, Villa González Ortega, Zacatecas, por lo que en esa misma fecha se giró despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mismo que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fue devuelto sin diligenciar, por lo que en esa misma fecha de nueva cuenta se dio vista a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 4. En auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se procedió a la investigación del domicilio actual de la antes nombrada y se giraron oficios al Secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas; Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal; Jefe de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral; Gerente de Teléfonos de México; Director de Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas; Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral; Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado; Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria; Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República y Comisión Federal de Electricidad, todas con sede en esta ciudad, a efecto de que informaran a este Tribunal Federal el domicilio que tuvieran registrado en la base de datos de la referida tercero interesada. 4. Posteriormente, en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por agotada la investigación tendiente a localizar el domicilio de la tercero interesada Eva Montoya Parga, sin obtener información propicia al respecto, por lo que se requirió de nueva cuenta a la parte quejosa, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de la tercero interesada por medio de edictos a su costa. 5. Atendiendo a que el peticionario del amparo no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio de la referida tercero interesada, en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento de la mencionada parte tercero interesada por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que compareciera a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no acreditar su publicación en el plazo de veinte días siguientes, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hubiera hecho. 6. Posteriormente, el diecisiete de marzo del presente año, se requirió de nueva cuenta al promovente del amparo para que manifestara el impedimento que tuvo para realizar la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la citada tercero interesada, bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, con apoyo en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo se sobreseería el juicio de derechos en que se actúa, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de Eva Montoya Parga, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en párrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso no compareció ante el personal de este Juzgado a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la referida parte tercero interesada, y menos aún haya acreditado la publicación de los mismos, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, establece: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b), de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . . . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . . . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso a) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . . . . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . . . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". Pues bien, en el presente juicio de derechos se tuvo como tercero interesada a Eva Montoya Parga, y no obstante que se requirió al peticionario del amparo, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes citada, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero. Por ello, en auto de tres de febrero del año en curso, se ordenó emplazarla por medio de edictos a costa del quejoso, sin que éste haya comparecido ante el personal de este Juzgado a recogerlos para su publicación, así como tampoco demostró su insolvencia económica para cubrir los gastos relativos a la publicación de los mismos; lo que pone de relieve que se ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de derechos en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento a los autos, la promoción de cuenta signada por José Luis Montoya Mercado, quien con el carácter de apoderado legal de la tercero interesada a Eva Montoya Parga, comparece al presente juicio; sin embargo al ser copia simple el poder notarial con el que pretende comparecer, carece de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, al no encontrarse corroborado con diverso medio de prueba y en ese entendido no ha lugar a tenerle compareciendo con el aludido carácter. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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