Elio Eugenio Perez Olguin
Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elio Eugenio Perez Olguin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
MESA VII.- Visto, con fundamento artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por *, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N 878440, que ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos moneda nacional con el que el directo quejoso garantizó la suspensión provisional que le fue concedida en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto, dígase al ocursante que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que no anexa documento idóneo para acreditar tal carácter, pues únicamente allegó al escrito de cuenta, la copia simple de la escritura pública número veintisiete mil sesenta, pasada ante la fe del notario público número uno en Cárdenas, Tabasco, lo cual resulta ineficaz para satisfacer de manera efectiva la carga procesal de acreditar su personalidad, precisamente porque se trata de una documental exhibida en copia simple, por lo que de conformidad con los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2º numeral, no reúne las características de un documento público.
- Principal
Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en este juicio. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental. 2.- DESTRUIBLE el cuaderno original del incidente de suspensión ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21 inciso c) del citado Acuerdo General, al haberse negado, la medida cautelar definitiva. 3.- DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de destrucción, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Por otra parte, se ordena devolver a la parte quejosa el billete de depósito N 878440, el cual ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos moneda nacional ($2,500.00); apercibida que de no comparecer ante esta autoridad a que se le haga devolución en un término de dos años, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 48 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil quince. Lo anterior se determina así, pues el billete de depósito en comento, fue exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, con motivo de la concesión de la suspensión provisional concedida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión combatida, en términos de los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que afectan la libertad personal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a un tercero interesado, en caso de que aquél no obtuviera sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso 132 del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que puede promover el tercero interesado en cuanto a la exigibilidad de la garantía y al quejoso respecto de la contragarantía otorgada con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo y no de conformidad con los artículos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." PROCESO DE GENERACIÓN DE CITA PARA LA PARTE QUEJOSA Se informa a la parte quejosa que, a fin de que pueda acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de marras, deberá gestionar la cita correspondiente. En efecto, acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas acceda al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Finalmente, las interpretaciones jurídicas sobre normas y casos concretos realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito con anterioridad a la entrada de vigor del Acuerdo General número 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el inicio de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación se invocan por su carácter orientador, tomando en consideración que en el sistema jurídico mexicano constituye fuente formal del derecho, el cual puede ser invocada para sostener las determinaciones jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en este juicio. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental. 2.- DESTRUIBLE el cuaderno original del incidente de suspensión ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21 inciso c) del citado Acuerdo General, al haberse negado, la medida cautelar definitiva. 3.- DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de destrucción, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Por otra parte, se ordena devolver a la parte quejosa el billete de depósito N 878440, el cual ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos moneda nacional ($2,500.00); apercibida que de no comparecer ante esta autoridad a que se le haga devolución en un término de dos años, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 48 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil quince. Lo anterior se determina así, pues el billete de depósito en comento, fue exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, con motivo de la concesión de la suspensión provisional concedida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión combatida, en términos de los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que afectan la libertad personal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a un tercero interesado, en caso de que aquél no obtuviera sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso 132 del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que puede promover el tercero interesado en cuanto a la exigibilidad de la garantía y al quejoso respecto de la contragarantía otorgada con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo y no de conformidad con los artículos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." PROCESO DE GENERACIÓN DE CITA PARA LA PARTE QUEJOSA Se informa a la parte quejosa que, a fin de que pueda acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de marras, deberá gestionar la cita correspondiente. En efecto, acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas acceda al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Finalmente, las interpretaciones jurídicas sobre normas y casos concretos realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito con anterioridad a la entrada de vigor del Acuerdo General número 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el inicio de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación se invocan por su carácter orientador, tomando en consideración que en el sistema jurídico mexicano constituye fuente formal del derecho, el cual puede ser invocada para sostener las determinaciones jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal.
- Incidental
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Eligio Eugenio Pérez Holguín, en contra de los actos señalados en el segundo considerando de esta resolución y por las autoridades precisadas en el tercer considerando de esta interlocutoria, por los motivos y fundamentos ahí expuestos.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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