Elio Enrique Valerio Huerta

Expediente 3333/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3333/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Elio Enrique Valerio Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En esta fecha, el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: que el término de quince días para recurrir el auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, por el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió en último término del diecisiete de junio al cinco de julio de dos mil diecinueve; sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en su contra, pues al revisar el libro de la Oficialía de Partes de este Juzgado, al día de hoy no obra registro alguno de promoción que así lo indique. Lo que se asienta para constancia y dar cuenta a la Juez. Conste.

  2. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En consecuencia, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo y la fracción III, del diverso vigésimo primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión y la destrucción del duplicado, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y al definitiva de los actos reclamados en el presente asunto.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias relativas al procedimiento P.E.S. 66/2016, con las que a su parecer cumple con la ejecutoria dictada en autos. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de once de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Elio Enrique Valerio Huerta, contra actos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco y otras autoridades, cuyos efectos consistieron esencialmente, en: "[.] Que la autoridad responsable deje insubsistente lo actuado en el procedimiento administrativo de separación 66/2016, a partir de la emisión del acta administrativa de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en la que ordenó su inicio, así como todas sus consecuencias; ADEMÁS, deberán tomar en consideración que mientras persista el vicio de inconstitucionalidad advertido en la presente ejecutoria respecto de la porción normativa de referencia, NO se deberá aplicar la misma.  Al instaurar un diverso procedimiento administrativo en contra del quejoso, la concesión de amparo aquí otorgada deberá ser extensiva al acto de aplicación, consistente en el procedimiento de responsabilidad en el que deberán hacer de su conocimiento el contenido de las evaluaciones y exámenes que el Director General del Centro Estatal Evaluación y Control de Confianza llegue a practicar, asimismo, se le haga de su conocimiento cuáles fueron sus resultados, así como cuáles son los parámetros de su medición, para que entonces sepa con precisión a partir de qué medición aprueba o no, y en las evaluaciones que haya reprobado se le haga del conocimiento el porqué, y cuáles fueron los métodos o mediciones con las cuales las responsables determinaron que el impetrante de amparo no aprobó para continuar en una institución de seguridad pública, es decir, se le permita forjar su defensa de todo aquello que se le impute o se le atribuye con base en lo cual se llegue a considerar no aprobado para efectos del servicio de seguridad pública, asimismo, se le dé la oportunidad de ofrecer pruebas para desvirtuar las imputaciones que se le hagan y se le permita alegar. Aunado a que se le deberá citar al procedimiento en comento, notificándole con el tiempo de anticipación previsto por el artículo 132 de la Ley relativa, esto es, dos días antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. [.]" Inconforme con dicha resolución, el Delegado de la autoridad responsable Comisión Municipal de Honor y Justicia así como del Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, interpusieron recurso de revisión en su contra, los que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que en sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictó resolución en la que, en la materia de la revisión, modificó la resolución impugnada en la forma siguiente: sobreseer el amparo en cuanto a la expedición de los artículos 132, 134 y 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, además negó el amparo contra la expedición de los artículos 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141 de la Ley del Sistema de Seguridad; y por otra parte otorgó la protección constitucional solicitada por lo que ve procedimiento administrativo de separación 66/2016, seguido en contra del quejoso. El otorgamiento de la tutela constitucional fue para los siguientes efectos: "[.] 1). Que la autoridad responsable deje insubsistente lo actuado en el procedimiento administrativo de separación 66/2016, a partir de la emisión del acta administrativa de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en la que ordenó su inicio, así como todas sus consecuencias; 2. Al instaurar un diverso procedimiento administrativo en contra del quejoso, deberán hacer de su conocimiento el contenido de las evaluaciones y exámenes que el Director General del Centro Estatal Evaluación y Control de Confianza llegue a practicar, asimismo, se le hará de su conocimiento cuáles fueron sus resultados, así como cuáles son los parámetros de su medición, para que entonces sepa con precisión a partir de qué medición aprueba o no, y en las evaluaciones que haya reprobado se le haga del conocimiento el porqué, y cuáles fueron los métodos o mediciones con las cuales las responsables determinaron que el impetrante de amparo no aprobó para continuar en una institución de seguridad pública, es decir, se le permita forjar su defensa de todo aquello que se le impute o se le atribuye con base en lo cual se llegue a considerar no aprobado para efectos del servicio de seguridad pública, asimismo, se le dé la oportunidad de ofrecer pruebas para desvirtuar las imputaciones que se le hagan y se le permita alegar. Aunado a que se le deberá citar al procedimiento en comento, notificándole con el tiempo de anticipación previsto por el artículo 132 de la Ley relativa, esto es, dos días antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.[.]" Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos de ese órgano colegiado, remitiendo testimonio de la ejecutoria de referencia, por lo que se requirió a las autoridades responsables Presidente Municipal, Presidente de la Comisión Municipal de Honor y Justicia y Titular de la Unidad de Asuntos Internos, todos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por las autoridades responsables fue el siguiente: - Mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al delegado de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, remitiendo el original de los acuerdos de quince de noviembre del dos mil dieciocho, de los cual se advierte que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos e Instructor de Procedimientos del Ayuntamiento de Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, ordenó dejar sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento especial de separación 66/2016, de quince de diciembre de dos mil dieciséis, así como todo lo actuado con posterioridad al mismo; así como el original del diverso acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual el Presidente y el Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva y Vialidad de Puerto Vallarta, Jalisco, ordenan dejar sin efecto el acta de sesión de trabajo CHJPPV/004/2016, únicamente por lo que ve a la orden de iniciar el procedimiento especial de separación en contra del quejoso Elio Enrique Valerio Huerta. En consecuencia, debe decirse que las autoridades responsables, cumplieron con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo , para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por medio del cual remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a la parte quejosa con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes:

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