Elio Aaron Reyes Espinoza

Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 57 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1108/2021
Año
2021
Actuaciones
57
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Karen Dublan García y Otros.
  • Elio Aaron Reyes Espinoza y Otros.
  • Ulises Reyes Dublan
  • Elio Aaron Reyes Espinoza
  • Ulises Reyes Dublan y Otros.
  • Karen Dublan García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir los documentos que acompañó en su escrito inicial de demanda, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de ocho de abril del año en curso, por lo que se ordena que los referidos documentos se dejen glosados al presente juicio y sigan su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto de catorce de marzo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que resulte obstáculo para declarar ejecutoriada la sentencia, el hecho de que no exista constancia en autos de que las autoridades responsables foráneas hayan quedado debidamente notificadas de ella, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le hubiere reclamado; lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX.J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente" Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del indicado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa anexó documentos certificados a su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de diez días hábiles, acuda a este juzgado de distrito a recogerlos, previa copia que se deje en autos y razón de recibo que se otorgue, apercibido que de no hacerlo, se dejaran glosados al expediente y se remitirán al archivo para que sigan la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA OCHO DE ABRIL DEL AÑO 2022 Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto de catorce de marzo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que resulte obstáculo para declarar ejecutoriada la sentencia, el hecho de que no exista constancia en autos de que las autoridades responsables foráneas hayan quedado debidamente notificadas de ella, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le hubiere reclamado; lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX.J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente" Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del indicado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa anexó documentos certificados a su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de diez días hábiles, acuda a este juzgado de distrito a recogerlos, previa copia que se deje en autos y razón de recibo que se otorgue, apercibido que de no hacerlo, se dejaran glosados al expediente y se remitirán al archivo para que sigan la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. Autoridad informa sobre aplicación de vacuna. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio 130.001.386/22 signado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Durango, mediante el cual hace del conocimiento que ya se aplicó al menor aquí quejoso U.R.D., la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el SARS-CoV-2, remitiendo las constancias respectivas con la que lo acredita. Con copia certificada del oficio que se provee, dese cuenta en incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, a fin de que se acuerde lo que a derecho corresponda. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, de la revisión de las mencionadas constancias, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el nueve de septiembre del dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ****, en representación de su menor hijo ****, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Gobernador Constitucional del Estado de Durango y otras autoridades, por los actos que a continuación se precisan: "ACTO RECLAMADO: a). La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales "llueve, truene o relampaguee", a partir 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a nuestro menor hijo, con sus dos dosis, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que pierda su vida, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b). Así mismo reclamamos el PLAN NACIONAL DE VACUNACION, por la no inclusión, discriminación y negación del derecho a la salud de los menores entre 12 y 17 años, a pesar que la aplicación de la vacuna Pfizer a este grupo, está autorizada por COFEPRIS. c). La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango. d). La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. e). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus" (Transcripción literal) b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en síntesis, en la abstención de aplicar al menor quejoso ***, la vacuna BioNTech. Pfizer, con sus dos dosis, contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad que produce dicho virus, así como el no tener acceso a ella. Ahora, del oficio signado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Durango, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que manifestó haber aplicado al citado infante la primera y segunda dosis de la vacuna, de la cual se reclamaba su omisión, lo cual acreditó con las constancias certificadas que para tal efecto allegó. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con las inoculaciones que se le aplicaron. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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