Elinor Moyao Morales

Expediente 1045/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1045/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP)
  • Elinor Moyao Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el oficio y anexo firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las cedulas de notificación realizada a las partes de la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente laboral ********************y su acumulado ********************; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa y tercera interesada el término de tres días otorgados a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve (foja 95), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubieran hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ********************, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, en autos del juicio laboral ********************y su acumulado ********************. II. Luego, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo (fojas 37 a 42), la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por lo que, en veintiocho de noviembre del año próximo pasado (fojas 48 a 50), causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable que estaba obligada a realizar lo siguiente: ".dicte el auto de radicación, tramite y resuelva dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, el incidente de incrementos salariales promovido en el juicio laboral de origen." (foja 41 vuelta). III. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante oficio 3217 (foja 54), remitió copia certificada del auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen ********************y su acumulado ********************, en el cual tramitó el incidente de incrementos salariales. Asimismo, remitió el oficio 3353 (foja 65), al cual anexo copia certificada del auto de once de enero de dos mil diecinueve, en el cual llevó a cabo la audiencia en el incidente de incrementos salariales. En ese orden, por oficio 116 (foja 73), anexó copia certificada del auto admisorio de pruebas de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Finalmente, por oficio 713 (foja 91), remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, respecto al incidente de incrementos salariales, en el juicio laboral ********************y su acumulado ********************; sin que pase desapercibido que del oficio de cuenta se advierten las cedulas de notificación realizada a las partes de la resolución interlocutoria de mérito. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma. IV. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. V. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, respecto al incidente de incrementos salariales, en el juicio laboral D.O. 481/2007 y su acumulado 225/2008; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de garantías. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral D. O. 481/2007, por el cual se ordena turnar el expediente de origen para la elaboración de la resolución interlocutoria referente al incidente de incrementos salariales. En ese sentido, cabe resaltar que los artículos 763 y 765 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 763.- Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. [.] Artículo 765.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por conducto de su titular Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita las constancias donde se advierta que resolvió el incidente de incrementos salariales promovido en el juicio laboral de origen D. O. 481/2007. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñonez Orozco, en su carácter de Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto admisorio de pruebas de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen D. O. 481/2007, del cual se advierte que se admitieron las pruebas presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones de la parte actora y demandada, así como la de informe de autoridad de la parte demandada y la inspección de la parte actora, señalada para las doce horas del uno de febrero del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por conducto de su titular Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente proveído, remita las constancias donde se advierta que resolvió el incidente de incrementos salariales promovido en el juicio laboral de origen. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria de amparo la obliga a desahogar el procedimiento en el incidente de incrementos salariales y dictar sentencia en el mismo; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñonez Orozco, en su carácter de Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.

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