Elimirta Hidalgo Gonzalez
Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elimirta Hidalgo Gonzalez
- Rudier Alexander Alfonso Llerena
- ELIMIRTA HIDALGO GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por tanto, se dejan sin efecto las medidas decretadas en el presente sumario constitucional, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LOS QUEJOSOS DIRECTOS Y A LA PROMOVENTE...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido a los promoventes 1. ********************; 2. ********************, su menor hijo 3. ******************** para que cumplieran con el requerimiento preventivo que se les formuló el veintisiete de abril de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LOS QUEJOSOS DIRECTOS Y A LA PROMOVENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la razón asentada por la Actuaria de la adscripción de la que se advierte que en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de veintiocho de abril del año en curso, se constituyó a las doce horas con cinco minutos de esa misma data en las instalaciones de la Estacion Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, en donde fue atendida por Víctor Rendón Ramírez, quien tiene el cargo de Jefe de Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, quien le refirió que los quejos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., fueron puestos en libertad a las nueve horas del veintiocho del mismo mes y año; asimismo, dicha autoridad responsable otorgó a la Fedataria de la adscripción copias simples de las resoluciones de las salidas de dichos quejosos directos; de lo que toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a los que haya lugar. CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021. Que el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 442/2022 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. SE ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese a los presentes autos el oficio 1323/2022 y anexos, provenientes del Juzgado de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Puebla, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por Laura Janet Morales Polo, en favor de los quejosos directos 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., contra actos del: 1. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, e informa que por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente de las siguientes constancias: CUESTIONES PRELIMINARES. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente Laura Janet Morales Polo, en favor de los quejosos directos 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., reclama de las autoridades responsables: 1. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla: a) La orden de deportación, retorno asistido y/o retorno voluntario a su país de origen; b) La inobservancia del contenido del artículo 99 de la Ley de Migración; y, c) La incomunicación de la que son objeto los quejosos. No obstante, del contenido integral de la demanda, se advierte que también se duele del d) alojamiento, presentación y/o detención de los quejosos directos por un término mayor a treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla; por lo que, a efecto de maximizar los efectos que pudieran darse a la suspensión de plano que enseguida se decretará, téngase también como acto reclamado este último, únicamente para el pronunciamiento de la citada medida suspensional. Los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENOR. Atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la menor quejosa, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicha menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con las iniciales M.A.A.H., quien reclamó: a) La orden de deportación, retorno asistido y/o retorno voluntario a su país de origen; b) La inobservancia del contenido del artículo 99 de la Ley de Migración; y, c) La incomunicación de la que son objeto los quejosos. No obstante, del contenido integral de la demanda, se advierte que también se duele del d) alojamiento, presentación y/o detención de los quejosos directos por un término mayor a treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla; por lo que, a efecto de maximizar los efectos que pudieran darse a la suspensión de plano que enseguida se decretará, téngase también como acto reclamado este último, únicamente para el pronunciamiento de la citada medida suspensional. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Laura Janet Morales Polo, en favor de los quejosos directos 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., contra los actos precisados en líneas precedentes, que atribuyen al: 1. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano, por cuanto hace a los actos reclamados identificados en los incisos a), b), c) y d), en los siguientes términos: Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención de los quejosos mayores de edad, por un término mayor a treinta y seis horas. Tomando en consideración que del capítulo de antecedentes narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad, señaló que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención administrativa, sin que tengan conocimiento de la emisión de acuerdo alguno dentro de sus respectivos procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por el Instituto responsable mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de extranjeros que no acrediten su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridad responsable ordenadora Subdirector de la Estación Migratoria, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, a quien se atribuye el alojamiento de los quejosos por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emita el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de los migrantes mayores de edad -aquí quejosos-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo, para el efecto, que las autoridades responsables: 1. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y les proporcione la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que de acuerdo a lo narrado por el promovente de la demanda, transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de los migrantes. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, la aludida autoridad responsable deberá allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de los quejosos en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda, y que tal determinación fue notificada a los mencionados impetrantes de amparo. Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención decretada en favor de niñas, niños y/o adolescentes. Ahora bien, tomando en consideración que la demanda que se provee, fue presentada en favor de diversas personas menores de edad, quienes -a decir del promovente- se encuentran presentados o alojados en la Estación Migratoria de Puebla del Instituto Nacional de Migración, lo que a todas luces contraviene lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Migración, con fundamento en el citado numeral y atendiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los quejosos que tengan la condición de niña, niño o adolescente, para el efecto que las autoridades responsables migratorias que los tenga a su disposición, los ponga en inmediata libertad, sin condición alguna, de lo cual deberá dar fe la actuaria judicial adscrita a este juzgado. En ese sentido, atendiendo al los principios de unidad familiar, y al interés superior del menor de edad, en caso que los quejosos menores de edad estén bajo el cuidado de algún adulto que también se encuentre presentado en la estación migratoria, deberá permitírsele su salida, quedando a cargo de la autoridad migratoria tomar las medidas que considere pertinentes para continuar, en su caso, con el procedimiento administrativo migratorio que se le instruya. En la inteligencia que, únicamente para el caso que la autoridad migratoria se encuentre jurídicamente impedida para dejar en libertad a los quejosos adultos que se encuentren al cuidado de menores, deberá justificarlo así ante esta autoridad, y de inmediato, deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, que a la letra dice: "Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el tema de infancia. Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos; VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente." III. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran (salvo el menor, quien por ningún motivo podrán permanecer en la Estación Migratoria, como quedó establecido en el apartado anterior), a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre y cuando la autoridad lo realice con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos. De igual forma, en caso que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. IV. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición, los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos directos -mayores de edad-, realicen lo siguiente -siempre y cuando no se encuentren al cuidado de alguno de los quejosos menores de edad, pues en esas circunstancias, deberá estarse a lo determinado en el apartado II de este acuerdo-: a) Otorguen una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezcan un domicilio o lugar en el que permanecerán, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlos en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (cubana), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. - Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener a los quejosos en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos mayores de edad no cumplen con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que éstos sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; y, 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que los quejosos se encuentran a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. V. La incomunicación de la que son objeto los quejosos directos. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la que son objeto los quejosos directos para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. En el entendido que las autoridades responsables 1. Subdirector de la Estación Migratoria, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, deberá permitir que los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., tengan comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222-303-72-76; y, que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951-526-0619 y correo electrónico institucional nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H., para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria en el Estado de Puebla, y una vez localizados, deberá cerciorarse que la autoridad migratoria ponga en inmediata libertad a los menores quejosos en los términos precisados en el apartado II de este acuerdo. Hecho lo anterior, deberá requerir a los quejosos adultos, para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifican o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, por cuanto hace a las personas menores de edad, deberá cerciorarse que alguno de sus progenitores cumpla con el requerimiento en cuestión por su representación; esto es, deberá requerir a los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, su menor hijo 3. M.A.A.H.; y, en caso contrario, deberá pormenorizar su imposibilidad para ello, a efecto que este órgano jurisdiccional tome las medidas necesarias. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentran, preguntarles si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran privados de su libertad y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de alojamiento, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están presentados o alojados los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. PREVENCION DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que los quejosos directos ratifiquen la demanda amparo promovida a su favor y a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I, IV y V; y 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realicen lo siguiente: PRIMERO. Manifiesten, bajo protesta de decir verdad, desde cuándo se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Estado de Puebla. Lo anterior, ya que de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, en principio, no se advierte claramente la fecha exacta de su detención; por lo que, en ese sentido, deberán aclarar la fecha exacta de su detención. En el entendido, que el promovente de amparo narró los hechos bajo protesta de decir verdad, es decir, con sujeción a la verdad. Esto es así, pues al señalar el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que la parte quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo de la parte quejosa de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. SEGUNDO. Si señalan como acto reclamado destacado su presentación o alojamiento en la Estación Migratoria del Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues en el apartado de conceptos de violación, el aquí promovente manifiesta que el aseguramiento, alojamiento y/o detención en la estación migratoria de la Ciudad de Puebla, vulnera la esfera jurídica de los quejosos directos, pero dicho acto no fue señalado como tal en el capítulo correspondiente. La prevención destacada obedece de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. TERCERO. En caso de que los quejosos directos: 1. Elimirta Hidalgo González; y 2. Rudier Alexander Alfonso Llerena, manifiesten promover a favor de su menor hija 3. M.A.A.H. Deberán, acreditar fehacientemente la personalidad con la que se ostentan al presente juicio de amparo, esto es, exhiban documento idóneo del que se advierta su entroncamiento con los menores de edad que representan. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese a los promoventes que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase a la parte promovente señalando como medio para oír y recibir notificaciones electrónicas el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Claudia Ibeth Espinoza Oropeza y Ángel de Jesús Corona Guerrero, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Y, se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al resto de las personas, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, en virtud que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "castelly840403", a nombre de Claudia Ibeth Espinoza Oro (autorizada en términos amplios de la parte promovente), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS DIRECTOS EN EL LUGAR EN DONDE SE ECUENTRAN PRESENTADOS O ALOJADOS; Y, AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO A ESTE JUZGADO, POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA; ELECTRÓNICAMENTE A LA PROMOVENTE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; Y AL JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA...
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