Elim Vidal Trueba

Expediente 1187/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1187/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Elim Vidal Trueba

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 70/2021.P.2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 190/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por JORGE EDUARDO CUEVAS LÓPEZ, apoderado de la directa quejosa ELIM VIDAL TRUEBA, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 5049/2020, de ocho de los corrientes, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por JORGE EDUARDO CUEVAS LÓPEZ, apoderado de la directa quejosa ELIM VIDAL TRUEBA, contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, formándose por tal motivo el toca 190/2020.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por JORGE EDUARDO CUEVAS LÓPEZ, apoderado de la directa quejosa ELIM VIDAL TRUEBA, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, debido a que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, como la libertad, la propiedad, posesión, etcétera, sino que sólo produce efectos intraprocesales entre las partes contendientes en el juicio agrario de origen, que podrían ser reparados si en el dictado de la sentencia que lo resuelva, la hoy afectada obtuviera sentencia favorable. Ahora bien, a fin de acreditar la legalidad de la resolución recurrida, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificado a la parte quejosa la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, el cual establece el plazo para que las partes se inconformaran o no, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo, y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Asimismo, se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

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