Eligio Zurita Ramos

Expediente 760/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
760/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Eligio Zurita Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio promovido por el quejoso Eligio Zurita Ramos, y en su segundo resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso de mérito; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias distintas a la demanda y la sentencia que obran en este expediente. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, las copias certificadas de los cuadernos de amparo TETCAMP- 04/2019, TET-CAMP-06/2019, TET-CAMP-07/2019, TET-CAMP-08/2019, TET-CAMP-09/2019, TET-CAMP- 10/2019, TET-CAMP-11/2019, TET-CAMP-12/2019, TETCAMP- 13/2019, TET-CAMP-14/2019, TET-CAMP-15/2019, TET-CAMP-16/2019, de los incidentes de ejecución de sentencia 01/2019-I, y del expediente TET-JDC-78/2018-I y acumulados, del índice de la responsable, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismas que se manejaron por cuerda separada en quince tomos. De igual forma, devuélvase al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe justificado, mismas que se manejaron por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 760/2021-3, promovido por Eligio Zurita Ramos, contra actos del Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, Eligio Zurita Ramos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO El mandamiento de ejecución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, derivado del expediente TET.JDC.78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. Receptoría de Rentas de Centla, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 760/2021-3; se ordenó requerir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El mandamiento de ejecución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que ordena el cobro de una multa por la suma de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un mil pesos 65/100 moneda nacional), derivado del expediente TET.JDC. 78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, con una actualización de $648.54 (seiscientos cuarenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional) y gastos de ejecución de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), haciendo un total de $9,590.19 (nueve mil quinientos noventa pesos 19/100 moneda nacional). TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido las autoridades responsables en los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitieron, deducidas del aludido expediente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELACIONADA CON LA AUTORIDAD ELECTORAL. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. En efecto, del aludido precepto legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. En el caso, como quedó establecido en el considerando relativo, el quejoso reclama el mandamiento de ejecución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que ordena el cobro de una multa por la suma de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un mil pesos 65/100 moneda nacional), derivado del expediente TET.JDC.78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, con una actualización de $648.54 (seiscientos cuarenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional) y gastos de ejecución de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), haciendo un total de $9,590.19 (nueve mil quinientos noventa pesos 19/100 moneda nacional). Como se puede advertir de las constancias remitidas por las autoridades responsables, el acto reclamado deriva de una resolución electoral emitida en el incidente de inejecución 1/2019-I, derivado del expediente señalado en el párrafo que antecede. Aunado a que el impetrante de amparo señaló como autoridad responsable al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el sistema integral de justicia en materia electoral, permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, añadió que el juicio de amparo, como una garantía constitucional procesal, tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes. En ese tenor, el Máximo Tribunal del país sostuvo que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Además, señaló que se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Con base en lo anterior, la suscrita considera que contra la determinación de la que deriva el mandamiento en cuestión procedía su impugnación ante la Sala Regional competente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, registro: 162431, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Similar criterio estableció el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 252/2019, en la sesión de Pleno del veintidós de enero de dos mil veinte. Por las anteriores consideraciones, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61 fracción XV, de la Ley de Amparo, y, en consecuencia, procede el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, conforme al artículo 63 fracción V, del aludido ordenamiento jurídico. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como se estableció en su oportunidad, el impetrante reclama el mandamiento de ejecución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que ordena el cobro de una multa por la suma de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un mil pesos 65/100 moneda nacional), derivado del expediente TET.JDC.78/2018-I, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, con una actualización de $648.54 (seiscientos cuarenta y ocho pesos 54/100 moneda nacional) y gastos de ejecución de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), haciendo un total de $9,590.19 (nueve mil quinientos noventa pesos 19/100 moneda nacional). Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo, en lo que interesa, que: ". el acto que pretenden realizar de deslinde ni el procedimiento, no se respetó mi garantía de audiencia, dejándome en estado de indefensión y ante esta situación recurro en esta vía Constitucional, a fin que se me respecte el derecho a mi propiedad, por ser un derecho real por excelencia pues el procedimiento es defectuoso en el cual me pretenden ejecutar una MULTA, y trabar un EMBARGO sin que haya sido oído y vencido en juicio, pues ignoro de que se trata dicho procedimiento, si se trata de un asunto oficial es al ente público, que debe dirigirse la responsable y no a la persona física y fue un exceso el actuar de la ejecutora.": Asimismo, refiere que: ". el procedimiento en el cual pretenden ejecutar una multa que ignoro procedimiento, montos y garantías de defensa, pues en ningún momento se me citó para que compareciera e hiciera valer mis derechos fundamentales, lo más grave de ello que me causa daños de imposible reparación es que tengo el temor fundado que el día de mañana me informaron ejecutaran, un embargo y nombraran depositario judicial de mis bienes a un tercero, mismo que me requerirán la entrega desposeyéndome sin que haya sido oído y vencido en juicio y lo más grave de ello es que no sé de qué se trata ni he dado motivo para ello.". De igual forma, considera que la multa que le fue impuesta no se encuentra fundada ni motivada. Son inoperantes los aludidos conceptos de violación. En efecto, conforme al artículo 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, la demanda relativa deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en los casos que dicho ordenamiento lo autorice, en la que se expresará, entre otros requisitos, los conceptos de violación. Si bien, el aludido numeral no precisa regla alguna sobre cómo expresar los motivos de inconformidad, el Máximo Tribunal del país ha provisto las directrices correspondientes a través de la jurisprudencia. Así, ha sostenido que el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en jurisprudencia que para la procedencia del estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por ese Alto Tribunal, en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Adicionalmente, conviene resaltar que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Impedimento que puede derivar, entre otros, de los supuestos que se precisan a continuación: Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Las anteriores consideraciones fueron formuladas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 424, del Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009, de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN". Aunado a ello, de la interpretación sistemática de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desprende la técnica de análisis constitucional del acto reclamado, conforme a la cual el examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, salvo en los que, como se dijo, procede la suplencia de la queja. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.1o.C.J/1, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, diciembre de 2015, materia común, página 1086, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." En ese tenor, se consideran inoperantes los motivos de inconformidad, porque el quejoso omite la expresión de agravios en relación a la cuestión debatida, esto es, no establece con razonamiento alguno la violación que el mandamiento reclamado ocasiona a sus derechos fundamentales. Ello no obstante que, como se puede advertir de los documentos que anexó a la demanda de amparo, aun cuando el impetrante tenía conocimiento del mandamiento que reclama y de la diligencia relativa, no formula conceptos de violación al respecto. Si bien aduce que ignora el procedimiento del cual deriva el mandamiento en cuestión y que no se le citó para que compareciera para hacer valer sus derechos fundamentales. Tales argumentos devienen inatendibles, porque de las documentales que adjuntó a la demanda de amparo, particularmente del mandamiento de ejecución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno (acto reclamado), se advierte que el mismo se dictó en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en el expediente TET.JDC.78/2018-I, como se observa en la siguiente imagen del mismo: Lo cual reconoce el quejoso al delimitar en la demanda de amparo el acto reclamado: Lo anterior evidencia que el impetrante sí tenía conocimiento del procedimiento del cual deriva el acto reclamado. Aunado a ello, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que el quejoso ya conocía el aludido procedimiento, porque promovió el juicio de amparo registrado con el expediente 256/2020-10 del índice de este juzgado federal, en cuya ejecutoria se estableció lo siguiente: ". El quejoso concretamente reclama el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TET-JDC-78/2018-I, en el que se le impuso una multa por la cantidad de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un pesos 65/100 moneda nacional), así como su ejecución. Sobre el particular, adujo sustancialmente que las autoridades responsables vulneran lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 27, 103, 107 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no ha sido notificado de ningún procedimiento coactivo de ejecución, por lo que considera se viola su derecho de audiencia. Además, refirió que: Pretenden ejecutar una multa y trabar embargo, derivado de un procedimiento que no tiene relación con su persona y no puede dar cumplimiento, pues los recursos que maneja en el ámbito de sus funciones son públicos y están etiquetados. Al tratarse de un asunto oficial, es al ente público al que debe dirigirse la responsable y no a la persona. La multa no se encuentra fundada ni motivada. En su carácter de persona física no ha dado lugar, ni como servidor público, para que se le quiera aplicar tales medidas. Aunado a ello, considera que debe realizarse un control Ex Oficio de la convencionalidad, para ponderar la ilegalidad de la multa impuesta y el embargo. En apoyo de sus argumentos, citó las siguientes tesis: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION"; "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERAL NO LO AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION"; "FUNDAMENTACION y MOTIVACION. GARANTIZA EL DERECHO DE DEFENSA DEL PARTICULAR"; "FUNDAMENTACIÓNY MOTIVACIÓN"; "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE"; y, "ARTICULO 8.1, (GARANTÍA JUDICIALES), Y 25.1 (PROTECCIÓN JUDICIAL) EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 1.1. (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCION AMERICANA". Al respecto, el suscrito considera que los aludidos motivos de inconformidad son infundados. Para el caso, debe partirse del contenido de los artículos 14 párrafo segundo, y 16 párrafo primero, constitucionales, ya que son la base sobre la que se erigen los conceptos de violación. Tales preceptos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". "Articulo 16- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Conforme a lo establecido en el referido artículo 14, todo gobernado goza del derecho fundamental de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud del cual el particular debe ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa, que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos y medios de impugnación ordinarios e inclusive del juicio de amparo. Esto es, para que una autoridad cumpla con el derecho fundamental de audiencia, se requiere que previamente a cualquier acto de privación, aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede a todo gobernado, y que se traduce en la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que considere convenientes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente,5 que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, el respeto al derecho fundamental de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio (o procedimiento seguido en forma de juicio) que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no observarse esas condiciones elementales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho fundamental de mérito, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado. Por otra parte, el dispositivo constitucional citado en segundo término, contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, del siguiente rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al caso. Mientras que la indebida motivación se actualiza, cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Así, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Siendo este un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de ejercer una adecuada defensa. En ese contexto normativo, son infundados los conceptos de violación planteados, porque el acto reclamado salvaguarda los aludidos derechos fundamentales. En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que la resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve -en la que el órgano jurisdiccional local ordenó a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, entre otras cosas, a que en el plazo de quince días, formularan ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemplara el pago de las cantidades indicadas en la sentencia; asimismo, vinculó al Congreso del Estado de Tabasco, y apercibió a la Presidenta municipal y a los integrantes del Cabildo y al Director de Finanzas del Ayuntamiento de Centla, que de no cumplir se harían acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- le fue notificada al ahora quejoso el once de julio de dos mil diecinueve, como consta en la cédula de notificación por oficio y en la razón actuarial de la misma data (fojas identificadas con los folios 300 y 301 del tomo I de pruebas), a través de "María M. Montejo García", secretaria de la oficina de regidores de la aludida entidad municipal. Asimismo, se advierte que ante el incumplimiento en que incurrió el aquí quejoso, el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, mediante auto de once de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el incidente de inejecución de sentencia 1/2019-I, derivado del expediente TET-JDC-78/2018-I y sus acumulados, ordenó hacer efectivo el apercibimiento de mérito y aplicar como multa, entre otros, al Décimo Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Centla, Tabasco (Eligio Zurita Ramos), por la cantidad de $8,561.65 (ocho mil quinientos sesenta y un pesos 65/100 moneda nacional), lo cual le fue notificado a éste el catorce del referido mes y año, como se aprecia en la cédula de notificación por oficio y en la razón actuarial relativa (fojas identificadas con los folios 1254 y 1255 del tomo I de pruebas), a través de María M. Montejo García", secretaria de la oficina de regidores de la aludida entidad municipal. . . De ahí que, contrario a lo argumentado por el quejoso, sí fue notificado del procedimiento del que deriva la multa que le fue impuesta, por lo que tuvo oportunidad de comparecer en el mismo a hacer valer sus derechos, oponer sus excepciones y defensas en relación a aquélla o al cumplimiento que le fue requerido de la sentencia de doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TET-JDC-78/2018-I y sus acumulados, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Sin que obste para ello que las notificaciones de las referidas determinaciones le fueran hechas en el domicilio relativo a su centro de trabajo, pues el ahora quejoso fue requerido del cumplimiento de la aludida sentencia en virtud del cargo que ostenta como Décimo Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco, siendo parte del Cabildo del mismo. De igual forma, no le asiste la razón respecto a que por tratarse de un asunto oficial, la responsable debió dirigirse al ente público y no a la persona física. Ello, porque el quejoso como Décimo Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional demandado, incurrió en la omisión de cumplir con la sentencia en cuestión, por lo que se le impuso una multa como persona física, pero en virtud de las funciones que le corresponden como integrante del Cabildo de dicho municipio, para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquélla represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 974, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009360, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra". Asimismo, la tesis XXI.2o.C.T.6 L (10a.), visible en la página 2771, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, con número de registro 2013930, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada". De igual forma, contrario a lo alegado por el quejoso, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, pues tiene como sustento la determinación de ocho de julio de dos mil diecinueve, en donde se apercibió a la Presidenta municipal, a los integrantes del Cabildo y al Director de Finanzas del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, que de no cumplir se harían acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base, entre otros, en el artículo 348 inciso c) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de esa entidad federativa;9 las que, como quedó evidenciado anteriormente, le fueron notificadas oportunamente al impetrante de amparo. Asimismo, contiene los motivos por los cuales se impuso la multa al hoy quejoso, esto es, se expusieron las circunstancias particulares del caso, es decir, que hasta esa fecha persistía la conducta omisiva de dar cumplimiento a lo ordenado por ese Tribunal, el incumplimiento indubitable por parte del ayuntamiento responsable a través de los y las regidoras, entre ellos, el impetrante de amparo, respecto a la realización de los pagos indicados en las ejecutorias dictadas en el expediente principal a cada uno de los actores. También se expusieron las circunstancias personales de la responsable, es decir, que en las sentencias, se ordenó al Ayuntamiento responsable por conducto de los integrante del Cabildo, realizar los pago indicados en dichas ejecutorias, bajo el apercibimiento que de no cumplir, se les aplicaría multas de cien y cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 34, inciso c) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco. De la misma forma, se ocupó de señalar la gravedad de la conducta en los siguientes términos: "[.] Por último, en cuanto al tercer supuesto que refiere la gravedad de la conducta debe señalarse que ante la conducta omisiva por parte del H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco, a través de las y los Regidores y su Director de Finanzas; procede aplicar una medida de apremio acorde a la magnitud de la irregularidad, con el objeto de inhibir la reiteración de esta clase de conducta que transgrede los principios esenciales procesales de esta materia. En ese orden de ideas, atendiendo a que no se ha cumplido con lo ordenado por este órgano jurisdiccional, en la sentencia de ocho de julio, resulta evidente el desacato a lo ordenado por este Tribunal, considerándose tal conducta lesiva de la justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. [.]." Por tanto, se desestiman las tesis invocadas relativas a la fundamentación y motivación del acto reclamado.". De ahí que sean inatendibles los motivos de inconformidad aducidos por el impetrante en relación al procedimiento del que deriva el mandamiento de ejecución que reclama. Lo mismo acontece con el concepto de violación que se sustenta en el argumento de que la multa que le fue impuesta no se encuentra fundada ni motivada. Ya que la multa no fue impuesta por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco o la Receptoría de Rentas de Centla, sino por el Tribunal Electoral de la referida entidad federativa, lo que, como quedó evidenciado en la transcripción que antecede, fue materia del juicio de amparo promovido por el quejoso. De ahí, que se consideren inoperantes los conceptos de violación, pues con ninguno de ellos controvierte las consideraciones establecidas en el mandamiento reclamado o en la diligencia relativa al cobro de la multa que le fue impuesta, sin que en el caso procesa suplir la deficiencia de la queja por tratarse de un asunto de estricto derecho y no actualizarse alguno de los supuestos previstos para ese efecto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/13, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 72, diciembre de 1993, Materia(s): Civil, página 75, con número de registro 213941, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". De igual forma, sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 731, del siguiente rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." No pasa inadvertido que el quejoso solicita que esta juzgadora realice un estudio ex officio de la convencionalidad a fin de ponderar la ilegallidad del acto reclamado. Ello resulta improcedente, ya que el estudio ex officio se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan, lo que no acontece en el caso. Al respecto, es aplicable la tesis P. IX/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 355, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época. Registro: 2009816, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla". Con motivo de lo anterior, se niega al quejoso la protección de la justicia federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eligio Zurita Ramos, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eligio Zurita Ramos, por las razones establecidas en el considerando QUINTO de la presente sentencia. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que en proveído de cinco de los actuales, se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación del Titular de la citada Secretaría, residente en esta ciudad, y de la Receptoría de Rentas del Municipio de Centla, Tabasco, autoridades responsables, por lo que resulta evidente que el plazo de ocho días que contempla dicho numeral para que las partes se impongan de su contenido, se encuentra transcurriendo. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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