Eligio Vazquez Molina

Expediente 1506/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1506/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Eligio Vazquez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por *******, tercero interesado en este juicio, por el cual manifiesta dar contestación a los agravios base del recurso de revisión interpuesto con anterioridad por la parte quejosa. Por tanto, una vez se integre y se ordene remitir dicho recurso, envíese el escrito de cuenta.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y, visto su contenido, se le tiene informando que en acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del amparo en revisión R.501/2022 de su índice, dicho órgano colegiado desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por *******, en su carácter de representante legal de *******, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, una vez que el Tribunal Colegiado devuelva las constancias que le fueron enviadas para la substanciación del aludido recurso de revisión, se proveerá lo conducente respecto al archivo del juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acajete, Puebla; para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: "a) Realice las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente al quejoso José Juan Mora Pérez, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía municipal del Ayuntamiento de Acajete, Puebla. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionario por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al quejoso deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley corresponda10. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se han cubierto las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. ". Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo, consistentes en: "a) Realice las gestiones necesarias para que el Titular de la Unidad de Archivo y Correspondencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, le devuelva los autos del juicio laboral 288/2010 (esto sólo para el caso de que a la fecha no cuente con ese expediente); b) Inmediatamente que reciba ese juicio, emita un acuerdo en el que, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre las peticiones contenidas en los escritos presentados dentro de dicho controvertido, por el apoderado de la demandada, hoy quejosa Compañía Industrial Textil Anáhuac, Sociedad Anónima de Capital Variable, los días veintiséis de octubre y nueve de noviembre de dos mil veintiuno; c) Ordene notificar ese acuerdo personalmente a la quejosa; y, d) Remita a este juzgado federal las constancias con las que justifique el acatamiento al presente fallo." Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 2ª./J.36/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Libro IV, Tomo IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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