Eligio Armando Medina Y Vazquez
Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eligio Armando Medina Y Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de mayo de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Finalmente, devuélvase a la Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, el legajo en copias certificadas relativas al expediente laboral ********************, que remitió como apoyo a su informe con justificación; sin que al caso sea necesario solicitar el acuse de recibo de estilo, toda vez que se tratan de copias certificadas. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 424/2021-III-A, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Magistrado Presidente; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Magistrado Presidente. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de expediente 424/2021-III-A; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a juicio de las tercero interesadas; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ******************** TERCERO. Existencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y a su Magistrado Presidente, pues aun y cuando manifestaron al rendir sus informes que sí eran ciertos, inmediatamente se señaló que el veintidós de marzo último, se había dado vista a las partes para que emitieran sus alegatos; con lo que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que de las constancias remitidas con los informes justificados y complementario rendidos por las responsables, a los que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (doce de marzo de dos mil veintiuno), no se había acordado lo relativo al cierre de la etapa probatoria, a la formulación de los alegatos por las partes, ni en cuanto al cierre de instrucción, motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 150 de la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate que perfeccionada la última prueba, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución o bien, de considerarlo necesario fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal responsable acordó que no había pruebas pendientes por desahogar y se concedió a las partes el término de tres días para que formularan sus alegatos; y posteriormente, en proveído de veintiocho de abril siguiente, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos del expediente para el dictado de la resolución respectiva, dentro del término de treinta días. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el doce de marzo de dos mil veintiuno, aún no se había declarado cerrada la etapa probatoria, las partes no habían formulado sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen, ni se había decretado el cierre de la instrucción. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tendrían que haber presentado sus respectivos alegatos y declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral, pues al no haberse declarado cerrada la etapa de pruebas, ni formulado aún los alegatos de las partes dentro de tal expediente, ni cerrada la instrucción, menos puede hablarse de que se encuentrara en posibilidades de dictar la sentencia obrera correspondiente. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad y su Magistrado Presidente; por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista lo cuenta, se acuerda: agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-571/2021, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por Ministerio de Ley, en ausencia de su Titular, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintisiete de abril del actual, los cuales remite en alcance de su informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Finalmente, tomando en consideración que las constancias remitidas por la autoridad responsable, resultan voluminosas y engrosarlas materialmente a este expediente dificultaría su manejo, déjese el legajo consistente en copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 153/2016, al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de así lo deseen. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que del informe justificado recibido por auto de veintinueve de marzo último, que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, rindió por sí y en representación de dicho Tribunal, se desprende que realizó manifestaciones en sentido afirmativo; sin embargo, fue omiso en remitir la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, de las que pueda advertirse la violación de derechos que reclama la parte quejosa, dado que únicamente adjuntó, las correspondientes al auto de veintidós de marzo por el que otorgó a las partes el plazo para formular alegatos en el juicio de origen y sus correspondientes notificaciones. En consecuencia, requiérase a la referida autoridad responsable, para que en el término de tres días, en alcance al informe justificado de mérito, remita copia certificada y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, toda vez que las referidas actuaciones se consideran necesarias para resolver adecuadamente en el presente asunto. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 237, fracción I y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos, con cero centavos, moneda nacional). Con relación a lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha, por lo que se decreta su diferimiento, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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