Eliezer Uriel Rodriguez Luna
Expediente 547/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2016
Partes del expediente
- Eliezer Uriel Rodriguez Luna
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por ******, por su propio derecho, contra actos de: 1. Administración del Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera, el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club; 2. José de Alba Barnola; 3. Guadalupe Díaz Santa Cruz; 4. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora, Querétaro; 5. Sociedad denominada Complejo Industrial Balvanegra sociedad anónima de capital variable, el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club; 6 José Luis Rodríguez Narváez; y, 7. José Guadalupe Núñez Rodríguez. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 547/2016-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: El impedir el acceso del quejoso al Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club, a través de una caseta de vigilancia privada, así como la construcción de ésta. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción II, del primero de los ordenamientos citados, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El dispositivo legal incluye como autoridad responsable a aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción II y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según se ve, el texto de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, para contemplar ahora a los particulares como tales, es decir, se aleja de naturaleza formal del emisor del acto, para atender a la unilateralidad del mismo y, por ende, se considera que aquellos particulares podrán ser llamados como responsables dentro del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad formal que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, página 3823, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. De forma que, para estimar que un acto realizado por un particular sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario que éste reúna los siguientes requisitos: a) Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto; b) Que ese acto sea dictado en forma unilateral y obligatoria; c) Que el acto, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que las funciones estén determinadas por una norma general. Precisado lo anterior, es necesario analizar si se cumplen con los elementos contenidos en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya precisados. Así, por lo que hace al elemento marcado con el inciso a), se encuentra acreditado ya que mediante el acta 23,786 (veintitrés mil setecientos ochenta y seis); de veintidós de julio de dos mil dieciséis, expedido en el estado de Querétaro; se advierte que se ordenó impedir el acceso del quejoso al Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club (foja 10 de autos). Documento privado que se valora en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2º de la Ley de Amparo y con el que se acredita la existencia del acto reclamado. Por lo que hace al diverso elemento referido en el inciso b), de igual forma, se acredita ya que el acto reclamado fue emitido de manera unilateral y sin consentimiento de la aquí quejosa, por lo que se constriñe a ésta a su cumplimiento sin su intervención, pues personal de Administración del Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club, señalado como responsable, fue la que ordenó impedir el acceso del quejoso a tal complejo habitacional, lo cual hace que sea un acto obligatorio y unilateral. Ahora bien, por lo que refiere al elemento marcado con el inciso c), el mismo se encuentra acreditado, ya que el acto emitido por Administración del Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club, modifica la situación jurídica de la quejosa, pues la emisión de dicho acto, implica obligaciones a cargo de la parte promovente. Finalmente, por lo que hace al elemento marcado en el inciso d) en el sentido de que las funciones estén determinadas por una norma general, no se acredita el mismo, pues no debe perderse de vista que la orden emitida por la Administración del Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera el cual también se denomina Fraccionamiento Complejo Agroindustrial Balvanera Polo & Country Club, se realizó en un plano de igualdad, es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico establecido, en el entendido de que los lineamientos previstos por las reglas de los condominios, siguen relaciones de coordinación y no de supra subordinación, donde la mayoría de los que intervienen toman decisiones en beneficio y para la administración del mismo, en obediencia al régimen jurídico al que pertenece (Código Urbano del Estado de Querétaro), en el entendido de que dichas reglas no provienen de una norma de carácter general. En tales términos, resulta claro que los actos que realizan los particulares señalados como autoridades responsables, no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general de orden público, por lo cual, no puede estimarse que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, por las razones que la informan, la Tesis de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, visible a página 2819, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.20 C (10a.), del título y subtítulo siguientes: CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código. En este orden, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia invocada y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda ********. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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