Eliezer Ramirez Jimenez
Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eliezer Ramirez Jimenez
- Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, un tomo de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercera interesada la sentencia dictada en este asunto, por las razones que expone. En tal virtud, toda vez que la tercera interesada BETSI ALIXEL VELASCO MARTINEZ, no ha señalado domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, el fallo emitido en el juicio de amparo en que se actúa. CÚMPLASE. INSERCIÓN: "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 485/2021; y, (.) C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclama una determinación emitida en una controversia familiar seguida en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la determinación de quince de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 342/2020, en que se fijó a cargo del quejoso la pensión alimenticia provisional a favor de la menor de edad A.M.R.V. y la ejecución de descuento a sus percepciones. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado deducido del juicio de orden familiar 342/2020, remitiendo copia certificada de las constancias del juicio, las cuales obtienen valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos conforme a los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo. Cuarto. Estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación que esgrime el quejoso son infundados en una parte, y fundados, pero, inoperantes, en otra. Se explica, de las copias certificadas del juicio familiar 342/2020, que remitió la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, destaca: En auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda promovida por ELIEZER RAMÍREZ JIMÉNEZ, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad A.M.R.V., contra BETSI ALIXEL VELASCO MARTÍNEZ, reclamando la guarda y custodia provisional y luego la definitiva de la menor, así como el pago de una pensión alimenticia a favor de la infante; declaró el estado de minoría de la infante y citó a las partes a la audiencia familiar a realizarse el quince de abril de dos mil veintiuno. Igualmente, se le tuvo exhibiendo tres certificados de depósito de la cantidad de quinientos pesos cada uno, en calidad de pensión alimenticia para la menor, correspondientes a la segunda quincena de noviembre, primera y segunda quincena de diciembre de dos mil veinte. A su demanda inicial, acompañó entre otros documentos, un comprobante de pago de nómina del periodo "2020-10-16" a "2020-10-31", con importe total, incluyendo deducciones, de "$2,364.02" (dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos, dos centavos). En la audiencia familiar de quince de abril de dos mil veintiuno, las partes convinieron provisionalmente que la guarda y custodia de la menor de edad quedaría a cargo de su madre y el régimen de convivencia con su padre; y ante la falta de acuerdo sobre la pensión alimenticia provisional, el juez familiar de oficio y sin audiencia del deudor alimentario, con apoyo en los numerales 284, 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; 314, 315, 320 y 323, del Código Civil de la entidad; y 4 y 10 de la convención interamericana sobre las obligaciones alimentarias, en interés superior de la infante de cinco años de edad, consideró que como el progenitor no custodio labora en una empresa donde percibe la cantidad de dos mil trescientos pesos quincenales, surge la presunción de su capacidad económica y aptitud para desempeñar un trabajo u oficio, siendo posible garantizar un descuento vía nómina, bajo alguno de los supuestos de determinación. Que en atención a los montos de las percepciones del deudor alimentario no sería benéfico a las necesidades de la menor fijar la pensión conforme a un porcentaje de sus ingresos, porque se reduciría la estimable en salarios mínimos; sino a razón de MEDIO SALARIO MÍNIMO DIARIO vigente en la región, actualmente con un importe de ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos, cuya mitad corresponde a setenta pesos con ochenta y cinco centavos que multiplicados por quince días, suman la cantidad de UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. Y ordenó girar oficio al jefe de recursos humanos o representante legal de la fuente de empleo, para que procediera al descuento y dicha cantidad fuera entregada a la progenitora de la menor. En la misma audiencia, tuvo a la demandada contestando la demanda entablada en su contra y como pruebas de su parte, entre otras, ofreció el informe de la fuente de trabajo del actor. Aquella determinación, que implica la fijación de la pensión provisional es el acto reclamado en el amparo. Al respecto, el quejoso aduce que la pensión alimenticia provisional por el importe de medio salario mínimo diario, es excesiva en relación con su capacidad económica, porque representa aproximadamente el 50% del total de sus percepciones como empleado de la empresa donde labora. Señala el peticionario que el Juez responsable incurrió en violaciones procesales dejando de observar los principios de imparcialidad, proporcionalidad, igualdad y equidad. Tilda el quejoso que se contravienen los principios de seguridad jurídica y legalidad al conceder de forma excesiva, arbitraria y sin medio de prueba alguno, la pensión alimenticia provisional cuyo monto representa aproximadamente el 50% de sus percepciones. Que se viola el principio de imparcialidad porque no existe prueba o circunstancia de hecho que justifique la necesidad de la cantidad fijada o su capacidad económica para cubrirla, por lo que el juez perdió la objetividad y no fundó ni motivó su conclusión. Agrega el inconforme estar de acuerdo con cubrir una pensión alimenticia a favor de su menor hija, pero que sea determinada respetando el principio de proporcionalidad, imparcialidad, igualdad y conforme a las constancias procesales ya que su hija tiene salud y actividades acordes a su edad. Que se infringe el principio de igualdad al emitir una determinación parcial sobrevalorando lo manifestado en forma unilateral por la demandada y concediendo un pago excesivo de pensión alimenticia, sin cumplir con la proporcionalidad y equidad al no analizar el porcentaje que representaba para su capacidad económica. Como se adelantó, los argumentos de inconformidad son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra. Es infundado que la determinación de la pensión alimenticia provisional fijada por el Juez familiar contravenga los principio de imparcialidad, igualdad, equidad, objetividad y seguridad jurídica. Es oportuno señalar que por alimentos se entiende la prestación económica y de atención necesaria a cargo del deudor para con el acreedor alimentario por alguna causa jurídica y que comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprenden las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento; y los descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera tienen derecho a recibir alimentos hasta concluida la misma, siempre y cuando realicen sus estudios de manera ininterrumpida y estos sean acordes con su edad. De ahí que atendiendo a que los alimentos que conforme a los numerales 4º constitucional; 313, 315, 320 y 323Bis, del Código Civil para el Estado de Oaxaca; 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles para la entidad, son de orden de público e interés social, y tratándose de menores de edad imponen a las autoridades, incluyendo las competentes en materia de amparo, la protección reforzada del interés superior del menor, de manera que incluso deben actuar de manera oficiosa para vigilar y garantizar los derechos de los menores de edad, el juez familiar sí está facultado para actuar de oficio y aun ante la oposición o falta de acuerdo de los progenitores de un menor, para imponer al acreedor alimentario una pensión alimenticia provisional o definitiva a fin de poder estar en condiciones de atender sus necesidad básica e inherentes para su desarrollo integral, de manera que dicha medida, no puede estimarse jurídicamente como imparcialidad o subjetividad del juzgador, contraria a los principios de igualdad o equidad de partes, ni contra la seguridad jurídica. En esa misma vertiente de análisis, la determinación de la pensión alimenticia provisional por el juez familiar responsable, atendiendo a su apremio y acorde con la presunción de necesidad de los menores constituye un acto de molestia que en el caso, la hija de los contendientes de cinco años de edad, no está condicionada a otorgar al deudor alimentario el previo derecho de audiencia y contar con plenitud de pruebas de las necesidades concretas de la menor de edad, ya que eso postergaría la decisión sobre los alimentos en afectación a tan sustancial y urgente necesidad para la menor, lo que en todo caso, es debatible por las partes para la fijación de la pensión alimenticia definitiva. Apoyan lo anterior, por identidad de disposición, las tesis 1a. CLXXXIII/2018 (10a.) y 1a. CLXXXIV/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materias Constitucional y Civil, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, con registros digital 2018739 y 2018740, del contenido: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. La Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 311/2015, reconoció que la distinción entre actos privativos y de molestia puede resultar menos clara si se reflexiona que existen restricciones temporales que pueden generar, durante el lapso en que se encuentren vigentes, una disminución, menoscabo o supresión definitiva de derechos, la cual resulte irreparable; así mismo, se sostuvo que mientras la medida tenga una finalidad provisional, ésta será considerada como acto de molestia; precisando que es posible que las restricciones -temporales por concepto- generen, momento a momento, afectaciones que, consideradas individualmente, resulten irreparables. Ahora bien, la pensión alimenticia provisional, prevista en el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, será considerada un acto de molestia aun cuando la parte deudora no pueda exigir la devolución de aquellas cubiertas durante la vigencia de la medida cautelar, con independencia de que al final pudiese decretarse la improcedencia de la pensión definitiva. En efecto, el acto seguirá considerándose de molestia si cada una de esas afectaciones, definitivas bajo una noción de irreparabilidad, forma parte de una medida de naturaleza temporal o transitoria, lo cual depende de que se haya dictado durante la tramitación de un procedimiento -entendido en sentido amplio-, cuya conclusión necesariamente implicará la emisión de un nuevo acto de autoridad que la deje sin efectos. Consecuentemente, el artículo citado al prever la pensión alimenticia provisional, no vulnera el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que regula una medida cautelar cuya vigencia temporal le confiere necesariamente el carácter de acto de molestia, por lo que no admite la posibilidad de otorgar audiencia previa a la parte deudora alimentaria.". "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. Si bien el dictado de una medida cautelar por parte del juzgador puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y los argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora bien, en el caso específico de la obligación de ministrar alimentos durante el desarrollo de controversias del orden familiar, el órgano legislativo ha previsto la pensión alimenticia provisional por su instrumentalidad para permitir el acceso a un nivel de vida adecuado o digno de los acreedores alimentarios, lo cual le confiere un carácter de interés social y orden público, que hace que trascienda de quienes integran el grupo familiar. Estas consideraciones constituyen la base objetiva que justifica la existencia de la medida cautelar, mientras que el hecho de que revista esta naturaleza precautoria implica que no rija previamente a su dictado el derecho de audiencia previa, lo cual hace evidente que no se deba escuchar ni recibir pruebas del deudor alimentario. Así, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé, entre otras cuestiones, que tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el derecho a la igualdad, aun cuando sólo permita al acreedor alimentario alegar y probar con antelación a la fijación de la pensión provisional, pues la diferencia de trato entre el deudor y el acreedor alimentarios no atenta contra la dignidad de las personas, sino que se erige como una consecuencia necesaria del carácter de la pensión alimenticia provisional como una medida cautelar. En efecto, la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que: persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión.". Ahora, como se advierte del acto reclamado, el juez responsable sí fundó y motivó su actuar, citando los preceptos legales en que basó su decisión y expresando las circunstancias y particularidades del porqué impuso esa obligación provisional, el sistema y forma del cálculo, como se ha reseñado con anterioridad. En otro aspecto, es fundado pero inoperante que la fijación de la pensión alimenticia provisional, contravenga el principio de proporcionalidad; ya que ciertamente, el deudor alimentario allegó desde su demanda familiar, un comprobante de pago quincenal de nómina en el que expresa ingresos quincenales totales, incluyendo deducciones, de "$2,364.02" (dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos, dos centavos), de manera que el importe resultante de la pensión alimenticia provisional de $1,072.75 (UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS), representa el 45% de sus ingresos, sin que se determinara en razón de un porcentaje de sus ingresos como referente de la capacidad económica real del deudor, lo que es necesario a fin de establecer el mayor equilibrio posible entre su capacidad económica efectiva y el monto resultante de la pensión, pues debe considerarse también el mínimo vital de subsistencia del deudor alimentario; de manera que la forma en que se fijó con base en el salario mínimo, cuando se tenía conocimiento de los ingresos del deudor, no tomó en cuenta el principio de proporcionalidad en lo relativo a la capacidad del deudor. No obstante lo fundado de tal cuestión, deviene inoperante en virtud de que como informó el juez responsable a requerimiento de pruebas por este Juzgado Federal, así como la empresa Liverpool, el deudor alimentario dejó de laborar en dicha empresa por renuncia voluntaria de treinta de junio de dos mil veintiuno, de modo que resulta incierta su capacidad económica actual, la cual habría de considerarse para determinar el importe de la pensión alimenticia a favor de la menor de edad, hija de los contendientes. En esa circunstancia, no sería dable conceder la protección constitucional al quejoso para que el juez familiar atienda a la verdadera capacidad económica del deudor alimentario con base en los ingresos referenciados en dicha fuente de trabajo, si el dato proporcionado por el quejoso sobre sus ingresos quincenales es actualmente ineficaz porque dejó de percibir dicho ingreso al haber renunciado voluntariamente al trabajo; y sobretodo que el importe considerado por el juez familiar fue el equivalente a medio salario mínimo diario, entendiendo que éste es el monto menor en efectivo que puede recibir un trabajador por su trabajo, el cual debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, conforme al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, y si sólo se impuso al deudor alimentario el pago de medio salario mínimo diario, ante la falta de otro dato objetivo y actual de su capacidad económica, la estimación de ese importe provisional sí cumple con la proporcionalidad de la pensión alimenticia que no es definitiva. En las narradas condiciones, ante la improcedencia de los conceptos de violación y al no advertirse motivo de suplencia de suplencia de queja, debe negarse el amparo solicitado. Sexto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... por propio derecho, contra el acto reclamado al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la pensión alimenticia provisional decretada el quince de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 342/2020. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la diligencia de ratificación del escrito de desistimiento presentado por el quejoso Eliezer Ramírez Jiménez, señalada a las diez horas con treinta minutos de esta misma fecha, no tuvo verificativo en razón de que el citado no se conectó a través de videoconferencia en la plataforma o aplicación digital https://www.webex.com/es/index.html, específicamente con el número de reunión 187403348; no obstante se entabló comunicación vía telefónica con Carlos Ruiz Ramírez, autorizado del quejoso, quien informó que éste quedó debidamente notificado del proveído de catorce de octubre de esta anualidad, en el que se señaló fecha y hora para ratificar vía remota su escrito de desistimiento de demanda, sin que se pudiera conectar a dicha diligencia; por lo que se le tiene por no ratificado el referido escrito. NOTIFÍQUESE.
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