Eliezer Narcia Coutiño

Expediente 1265/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1265/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • Eliezer Narcia Coutiño

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    TTuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1265/2017-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa hace consistente en: ".EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 423/2017, QUE ORDENO REQUERIR PERSONALMENTE AL QUEJOSO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION, ACREDITE EL CUMPLIMIENTO QUE LE HAYA DADO AL CONVENIO CELEBRADO CON LA ARTE ACTORA, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERA A SU EJECUCION EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 480 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN SEGUNDO TÉRMINO, SE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO QUE DÉ AL ACUERDO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN CUANTO A SU EJECUCIÓN SE REFIERE." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los citados numerales se desprenden dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, una general y otra específica. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En ese orden de ideas, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde por la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales, pueden distinguirse en forma específica resoluciones a autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia o convenio, que es cosa juzgada, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia respectiva, por lo que una vez que se dicte la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, respecto del juicio natural, será procedente promover el juicio de garantías que ahora improcedentemente se intenta. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 27/99 , que se titula "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una resolución dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Así lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.5o.C. 341 C , que lleva por rubro "SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 'PARA' O 'EN' EJECUCIÓN DE". No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Bajo ese contexto, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de arrendamiento inmobiliario 423/2017, del índice del Juez responsable, por el cual se requiere al quejoso a efecto de que acredite el cumplimiento dado al convenio que celebró con la parte actora, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución en la vía de apremio, en términos del artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior es así, pues del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en su calidad de demandado, celebró un convenio con la parte actora a efecto de dar por concluido el juicio de arrendamiento inmobiliario; acuerdo de voluntades que a decir del propio promovente no ha cumplido en su totalidad, razón por la cual la actuación impugnada sólo tenga como propósito la ejecución de lo convenido, previo a proceder en la vía de apremio en términos del artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Por consiguiente, al no constituir la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, el peticionario deberá esperar a la culminación de éste, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo convenido o en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle debido cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluyendo el acto aquí reclamado, pues como se dijo, su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, ante una autoridad jurisdiccional que le dio la categoría de cosa juzgada. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de lo ya aprobado por el Juez responsable, en detrimento del derecho del ejecutante, en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada -aquí quejoso- tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". De igual forma, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una determinación intermedia dictada en ejecución del convenio que celebró con la parte actora en el juicio de origen, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos restringidos, a los profesionistas que menciona, por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se titula "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LSITA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1265/2017-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa hace consistente en: ".EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 423/2017, QUE ORDENO REQUERIR PERSONALMENTE AL QUEJOSO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION, ACREDITE EL CUMPLIMIENTO QUE LE HAYA DADO AL CONVENIO CELEBRADO CON LA ARTE ACTORA, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERA A SU EJECUCION EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 480 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN SEGUNDO TÉRMINO, SE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO QUE DÉ AL ACUERDO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN CUANTO A SU EJECUCIÓN SE REFIERE." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los citados numerales se desprenden dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, una general y otra específica. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En ese orden de ideas, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde por la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales, pueden distinguirse en forma específica resoluciones a autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia o convenio, que es cosa juzgada, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia respectiva, por lo que una vez que se dicte la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, respecto del juicio natural, será procedente promover el juicio de garantías que ahora improcedentemente se intenta. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 27/99 , que se titula "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una resolución dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Así lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.5o.C. 341 C , que lleva por rubro "SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 'PARA' O 'EN' EJECUCIÓN DE". No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Bajo ese contexto, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de arrendamiento inmobiliario 423/2017, del índice del Juez responsable, por el cual se requiere al quejoso a efecto de que acredite el cumplimiento dado al convenio que celebró con la parte actora, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución en la vía de apremio, en términos del artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior es así, pues del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en su calidad de demandado, celebró un convenio con la parte actora a efecto de dar por concluido el juicio de arrendamiento inmobiliario; acuerdo de voluntades que a decir del propio promovente no ha cumplido en su totalidad, razón por la cual la actuación impugnada sólo tenga como propósito la ejecución de lo convenido, previo a proceder en la vía de apremio en términos del artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Por consiguiente, al no constituir la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, el peticionario deberá esperar a la culminación de éste, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo convenido o en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle debido cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluyendo el acto aquí reclamado, pues como se dijo, su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, ante una autoridad jurisdiccional que le dio la categoría de cosa juzgada. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de lo ya aprobado por el Juez responsable, en detrimento del derecho del ejecutante, en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada -aquí quejoso- tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". De igual forma, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una determinación intermedia dictada en ejecución del convenio que celebró con la parte actora en el juicio de origen, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos restringidos, a los profesionistas que menciona, por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se titula "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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