Eliezer Guillermo Machuca Ruiz
Expediente 1071/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Eliezer Guillermo Machuca Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 140 a 141), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de quince de agosto del año en curso (foja 142), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintiuno del citado mes y año (foja 145); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del veintitrés al veintisiete de agosto actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada el veintiuno de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 50 a 64), se determinó conceder a Eliezer Guillermo Machuca Ruiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,492.35 (nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 35/100 moneda nacional), que es la cantidad que se erogó por los conceptos de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, respecto del instrumento público respecto del instrumento público 37,239 emitido por el Notario Público número uno, con sede en esta ciudad. (.) Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de once de julio de la presente anualidad (fojas 128 a 129), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 140 a 141), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había efectuado la transferencia respectiva por $9,212.35 (nueve mil doscientos doce pesos 35/100 moneda nacional); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,492.35 (nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 35/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), da como resultado la suma de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y el diez de agosto de este año se le efectuó la transferencia bancaria; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del propio año fue 132.436; y para el mes de julio fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $241.41 (doscientos cuarenta y un pesos 41/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,212.35 (nueve mil doscientos doce pesos 35/100 moneda nacional), es decir, se obtiene un faltante de $38.59 (treinta y ocho pesos 59/100, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 140 a 141), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de quince de agosto del año en curso (foja 142), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintiuno del citado mes y año (foja 145); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del veintitrés al veintisiete de agosto actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada el veintiuno de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 50 a 64), se determinó conceder a Eliezer Guillermo Machuca Ruiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,492.35 (nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 35/100 moneda nacional), que es la cantidad que se erogó por los conceptos de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO', Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, respecto del instrumento público respecto del instrumento público 37,239 emitido por el Notario Público número uno, con sede en esta ciudad. (.) Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de once de julio de la presente anualidad (fojas 128 a 129), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 140 a 141), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había efectuado la transferencia respectiva por $9,212.35 (nueve mil doscientos doce pesos 35/100 moneda nacional); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,492.35 (nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 35/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), da como resultado la suma de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y el diez de agosto de este año se le efectuó la transferencia bancaria; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del propio año fue 132.436; y para el mes de julio fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $241.41 (doscientos cuarenta y un pesos 41/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $9,250.94 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 94/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,212.35 (nueve mil doscientos doce pesos 35/100 moneda nacional), es decir, se obtiene un faltante de $38.59 (treinta y ocho pesos 59/100, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual refiere que su domicilio para oír y recibir notificaciones no ha sido objeto de cambios y debe continuar siendo el que señala donde se le practique cualquier tipo de notificaciones, además nombra de nueva cuenta como autorizado para tal efecto a ********************; sin embargo, visiblemente se aprecia que la firma plasmada en dicho libelo, difiere en sus rasgos caligráficos, con la que obra al calce de su ocurso de demanda ********************, así como de los diversos escritos de ********************; en consecuencia, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el presente juicio sólo puede seguirse por el agraviado, por sí o por conducto de su representante o defensor, por lo que, con fundamento en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, previa identificación, ratifique ante la presencia judicial su libelo de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendrá por presentado el mismo. Apoya a lo anterior, la Tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos treinta y seis, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto señala: "FIRMA, RATIFICACION DE LA. SU FINALIDAD ES LA DE DAR MAYOR CERTEZA A LAS PROMOCIONES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).De conformidad con el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla si el tribunal lo cree conveniente, mandará a ratificar los escritos antes de darles curso, de tal manera que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere ese precepto ordena la ratificación por parte de su suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se desecharía la promoción respectiva; y si el mismo no comparece al Juzgado para tal efecto, no tiene por qué darle curso, sin que esté por demás añadir que el legislador al emplear la frase "si el tribunal lo cree conveniente", otorgó al juzgador una facultad discrecional que éste puede ejercitar en los casos en que por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Por otro lado, el simple hecho de que el juez hubiese ordenado ratificar un escrito a su promovente, no se traduce en agravio alguno en su contra, pues lo único que se persigue con la ratificación, es procurar seguridad jurídica en las resoluciones que se dicten durante el procedimiento." Asimismo, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página doscientos setenta y uno, Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "FIRMAS. DISCREPANCIA ENTRE LA QUE CALZA LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y LA QUE APARECE EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA MISMA. La diferencia existente entre la firma que aparece plasmada en la demanda de amparo y la del escrito aclaratorio de la misma, solamente genera duda acerca de la autenticidad de una de las dos, pero ese solo hecho no autoriza al juez de distrito para declarar la falsedad de la firma que calza el segundo de dichos escritos y para tener por no aclarada la demanda, sin dar oportunidad al quejoso de probar la autenticidad de la firma, puesto que la certeza sobre lo apócrifo de ésta, únicamente es factible obtenerla por medio de una prueba pericial, recabada con las formalidades exigidas por la ley." De igual manera, apoya lo anterior por analogía, la tesis, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y cinco, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en calle Lerdo de Tejada número 358 oriente en la Zona Centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit y le notifique al quejoso ******************** la presente actuación, sin que ello implique que se le tenga como residencia procesal la anterior, pues únicamente se trata de hacer de su conocimiento lo aquí determinado para los efectos legales conducentes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso *, mediante el cual solicita la devolución del pasaporte que dice se encuentra en poder de este Juzgado; sin embargo, visiblemente se aprecia que la firma plasmada en dicho libelo, difiere en sus rasgos caligráficos, con la que obra al calce de su ocurso de demanda (foja 24 tomo I), así como de diversas actuaciones (fojas 3781-3781, 3808 y 3827 del tomo V, respectivamente); en consecuencia, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el presente juicio sólo puede seguirse por el agraviado, por sí o por conducto de su representante o defensor, por lo que, con fundamento en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, previa identificación, ratifique ante la presencia judicial su libelo de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendrá por presentado el mismo.
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