Elieser Casiano Popocatl Castillo
Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Elieser Casiano Popocatl Castillo
Actuaciones
- Principal
Al expediente el escrito signado por ** a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de uno de junio del año en curso, y manifiesta: solo señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, por los cuales se ordena la revisión de la medida cautelar. En ese contexto, tengo por cumplimentada la prevención efectuada en el citado proveído. Y, una vez precisado el acto reclamado, deviene procedente desechar la demanda de amparo, pues de oficio advierto la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b) , aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque el acto reclamado carece de efectos irreparables. Ninguna afectación produce a algún derecho sustantivo en perjuicio de ** Explico: Para impugnar algún acto emitido en un juicio del orden penal, en específico, el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, donde se ordena la revisión de la medida cautelar, es necesario vulnere de manera directa y material algún derecho sustantivo. Por ende, esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcirle del derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento, como por ejemplo la intermedia o al dictarse la sentencia en el juicio oral. Incluso, en el recurso de apelación o en el juicio de amparo directo, en caso de obtener una sentencia contraria a los intereses del quejoso. En otras palabras, para que este juicio de amparo sea procedente, la violación aducida debe impedir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente solo producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, el planteamiento formulado por el promovente del amparo da cuenta de una violación formal que, en determinadas circunstancias, podría hacer procedente esta sede constitucional, al referirse a la revisión de las medidas cautelares impuestas; sin embargo, esa afectación se limita al aspecto procesal. Porque programar una audiencia para su revisión, no trae aparejada en automático su modificación, sino una citación a audiencia donde se debatirá lo correspondiente. Ahí, el quejoso podrá exponer las razones por las cuales considera improcedente esa modificación para evitar una afectación de sus derechos. Luego, si en el acuerdo combatido solo se cita a las partes a una audiencia para la revisión de esas medidas, es inconcuso que esa decisión carece de afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de ** pues en modo alguno implica una determinación inmutable. En consecuencia, el proveído aquí reclamado, ninguna afectación causa a sus derechos sustantivos. Pues se insiste, la forma en la que se plantean el acto reclamado, da pauta para considerarla, en su caso, como una violación de carácter formal, pero no material; porque, aun con su emisión, las medidas cautelares ya impuestas continúan sin variación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en contrario sentido, de la Ley de la Amparo, se desecha la demanda promovida en contra del acuerdo dictado el diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, por improcedente.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Al expediente el escrito signado por ** a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de uno de junio del año en curso, y manifiesta: solo señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, por los cuales se ordena la revisión de la medida cautelar. En ese contexto, tengo por cumplimentada la prevención efectuada en el citado proveído. Y, una vez precisado el acto reclamado, deviene procedente desechar la demanda de amparo, pues de oficio advierto la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b) , aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque el acto reclamado carece de efectos irreparables. Ninguna afectación produce a algún derecho sustantivo en perjuicio de ** Explico: Para impugnar algún acto emitido en un juicio del orden penal, en específico, el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, donde se ordena la revisión de la medida cautelar, es necesario vulnere de manera directa y material algún derecho sustantivo. Por ende, esa afectación debe ser de tal grado, que sea imposible resarcirle del derecho fundamental violado en cualquier otra etapa del procedimiento, como por ejemplo la intermedia o al dictarse la sentencia en el juicio oral. Incluso, en el recurso de apelación o en el juicio de amparo directo, en caso de obtener una sentencia contraria a los intereses del quejoso. En otras palabras, para que este juicio de amparo sea procedente, la violación aducida debe impedir el ejercicio de un derecho, pues es insuficiente solo producir una lesión jurídica formal o adjetiva, de la cual ninguna certeza se tiene que llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, el planteamiento formulado por el promovente del amparo da cuenta de una violación formal que, en determinadas circunstancias, podría hacer procedente esta sede constitucional, al referirse a la revisión de las medidas cautelares impuestas; sin embargo, esa afectación se limita al aspecto procesal. Porque programar una audiencia para su revisión, no trae aparejada en automático su modificación, sino una citación a audiencia donde se debatirá lo correspondiente. Ahí, el quejoso podrá exponer las razones por las cuales considera improcedente esa modificación para evitar una afectación de sus derechos. Luego, si en el acuerdo combatido solo se cita a las partes a una audiencia para la revisión de esas medidas, es inconcuso que esa decisión carece de afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de ** pues en modo alguno implica una determinación inmutable. En consecuencia, el proveído aquí reclamado, ninguna afectación causa a sus derechos sustantivos. Pues se insiste, la forma en la que se plantean el acto reclamado, da pauta para considerarla, en su caso, como una violación de carácter formal, pero no material; porque, aun con su emisión, las medidas cautelares ya impuestas continúan sin variación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en contrario sentido, de la Ley de la Amparo, se desecha la demanda promovida en contra del acuerdo dictado el diecinueve de mayo del año en curso, dictado dentro de la causa penal 1324/2017, en sus puntos II y IV, por improcedente.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo signada por ** por propio derecho, contra actos de la Juez de Oralidad y Ejecución en funciones de Juez de Control de la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierten irregularidades que justifican la presente prevención, en particular respecto del acto reclamado. De inicio, se hace notar que en la demanda de amparo, el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo dictado el diecinueve de mayo del año en curso dentro del proceso ** en específico, sus puntos II y IV; luego refiere que en estos se ordenó llevar a cabo audiencia de revisión de medidas cautelares. En el punto II, según la transcripción del quejoso, se dio contestación a la víctima del delito ** en el sentido de tener la obligación de probar la existencia del hostigamiento que atribuye al aquí quejoso, y le deja expeditos sus derechos para hacerlos valer en la audiencia respectiva. Por su parte, el punto IV tiene por hecha la oposición de la víctima del delito respecto a que ** regrese a habitar el domicilio familiar, por lo cual programa audiencia para la revisión de medidas cautelares en la cual podrán realizar sus manifestaciones respectivas. Sin embargo, en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación formula diversos argumentos, a saber: La audiencia de revisión de medidas cautelares y de suspensión condicional al proceso programada para el veinticinco de enero del año en curso, fue diferida ante su inasistencia con motivo de problemas de salud. Se le dejó en estado de indefensión porque la juez del proceso "desestimó" sus argumentos para permitirle regresar a vivir al domicilio familiar al solo dar peso a las manifestaciones de la víctima. La solicitud de la víctima para revisión de medidas cautelares debe ser fundada y motivada a través del Agente del Ministerio Público. La decisión sobre la petición de permitirle regresar al domicilio familiar fue aplazada hasta el desahogo de la audiencia de revisión de medidas cautelares. La solicitud de una solución alterna al conflicto penal consistente en la suspensión condicional del procedimiento. Por lo anterior, se tiene incertidumbre sobre el reclamo verdadero del quejoso en este juicio constitucional, pues indistintamente hace referencia: a) A un acuerdo donde se ordena llevar a cabo audiencia para la revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal **; b) El acuerdo recaído a una solicitud de suspensión condicional del procedimiento; c) La contestación de la juez del proceso a un escrito de la víctima ** por el cual le atribuye un hostigamiento hacia su persona; y, d) La negativa de permitirle regresar al domicilio del cual separado con motivo de la imposición de medidas cautelares. Por tanto, procede requerirle al quejoso, precise el acto o actos reclamados. Ello, con el único fin de lograr una eficaz impartición de justicia, en tanto a su pretensión real, es decir, en su aspecto formal y material, lo cual implica, no solo el estudio del acto señalado como reclamado en la demanda, sino también de los argumentos formulados en ésta. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro de la tesis de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE CUANDO DEL ANÁLISIS ÍNTEGRO DE LA DEMANDA SE ADVIERTAN ACTOS ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS, QUE INCIDAN EN LA FIJACIÓN DEFINITIVA DE LA LITIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, SIN QUE EL JUEZ DE DISTRITO HAYA REQUERIDO AL QUEJOSO PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU VOLUNTAD SEÑALARLOS CON ESE CARÁCTER." En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 112, 108, fracción IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste: I. Si sólo desea señalar como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del proceso ** en sus puntos II y IV. II. Si adicional a lo anterior, también desea señalar algún otro acto reclamado que tenga relación directa con los antecedentes y conceptos de violación. Además, deberá precisar respecto de cuál acto reclamado solicita la suspensión y para qué efectos. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, dos (2) para el incidente de suspensión y una (1) para el tercero interesado (si lo hubiere en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia). Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidad antes mencionada) se tendrá como único acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del proceso ** en sus puntos II y IV. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de cuenta; así como autorizados para oír y recibir notificaciones a **, por así haberlo solicitado. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se recibe la demanda de amparo signada por ** por propio derecho, contra actos de la Juez de Oralidad y Ejecución en funciones de Juez de Control de la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierten irregularidades que justifican la presente prevención, en particular respecto del acto reclamado. De inicio, se hace notar que en la demanda de amparo, el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo dictado el diecinueve de mayo del año en curso dentro del proceso ** en específico, sus puntos II y IV; luego refiere que en estos se ordenó llevar a cabo audiencia de revisión de medidas cautelares. En el punto II, según la transcripción del quejoso, se dio contestación a la víctima del delito ** en el sentido de tener la obligación de probar la existencia del hostigamiento que atribuye al aquí quejoso, y le deja expeditos sus derechos para hacerlos valer en la audiencia respectiva. Por su parte, el punto IV tiene por hecha la oposición de la víctima del delito respecto a que ** regrese a habitar el domicilio familiar, por lo cual programa audiencia para la revisión de medidas cautelares en la cual podrán realizar sus manifestaciones respectivas. Sin embargo, en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación formula diversos argumentos, a saber: La audiencia de revisión de medidas cautelares y de suspensión condicional al proceso programada para el veinticinco de enero del año en curso, fue diferida ante su inasistencia con motivo de problemas de salud. Se le dejó en estado de indefensión porque la juez del proceso "desestimó" sus argumentos para permitirle regresar a vivir al domicilio familiar al solo dar peso a las manifestaciones de la víctima. La solicitud de la víctima para revisión de medidas cautelares debe ser fundada y motivada a través del Agente del Ministerio Público. La decisión sobre la petición de permitirle regresar al domicilio familiar fue aplazada hasta el desahogo de la audiencia de revisión de medidas cautelares. La solicitud de una solución alterna al conflicto penal consistente en la suspensión condicional del procedimiento. Por lo anterior, se tiene incertidumbre sobre el reclamo verdadero del quejoso en este juicio constitucional, pues indistintamente hace referencia: a) A un acuerdo donde se ordena llevar a cabo audiencia para la revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal **; b) El acuerdo recaído a una solicitud de suspensión condicional del procedimiento; c) La contestación de la juez del proceso a un escrito de la víctima ** por el cual le atribuye un hostigamiento hacia su persona; y, d) La negativa de permitirle regresar al domicilio del cual separado con motivo de la imposición de medidas cautelares. Por tanto, procede requerirle al quejoso, precise el acto o actos reclamados. Ello, con el único fin de lograr una eficaz impartición de justicia, en tanto a su pretensión real, es decir, en su aspecto formal y material, lo cual implica, no solo el estudio del acto señalado como reclamado en la demanda, sino también de los argumentos formulados en ésta. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro de la tesis de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE CUANDO DEL ANÁLISIS ÍNTEGRO DE LA DEMANDA SE ADVIERTAN ACTOS ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS, QUE INCIDAN EN LA FIJACIÓN DEFINITIVA DE LA LITIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, SIN QUE EL JUEZ DE DISTRITO HAYA REQUERIDO AL QUEJOSO PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU VOLUNTAD SEÑALARLOS CON ESE CARÁCTER." En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 112, 108, fracción IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste: I. Si sólo desea señalar como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del proceso ** en sus puntos II y IV. II. Si adicional a lo anterior, también desea señalar algún otro acto reclamado que tenga relación directa con los antecedentes y conceptos de violación. Además, deberá precisar respecto de cuál acto reclamado solicita la suspensión y para qué efectos. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, dos (2) para el incidente de suspensión y una (1) para el tercero interesado (si lo hubiere en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia). Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidad antes mencionada) se tendrá como único acto reclamado el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho dictado dentro del proceso ** en sus puntos II y IV. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de cuenta; así como autorizados para oír y recibir notificaciones a **, por así haberlo solicitado. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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