Eliel Fabila Hernández

Expediente 1283/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Eliel Fabila Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguense a los presentes autos la razón actuarial de la constancia de justificación de no notificación suscrita por la Jefa de la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Juzgados de Distrito en el Estado de México, por medio de la cual devuelve el oficio 32841/2023, dirigido a la autoridad responsable denominada: "Jefe de la Subsecretaría de la Policía Estatal en el Estado de México", en virtud que su denominación es incorrecta y no existe como Jefe. En ese contexto, toda vez que el oficio por el cual se comunicó el recurso de revisión del que ahora se comunica su resolución fue recibido con esa denominación el treinta y uno de enero de dos mil veintidós en la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, tal como se advierte de la constancia relativa (foja 361); por tanto, remítasele el antecedente correspondiente, a efecto de que la mencionada autoridad responsable tenga conocimiento de lo resuelto por el tribunal de alzada respecto del referido medio de impugnación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable indicada Oficio Fiscal Federal adscrito Lista

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto que reclamó de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mismo que quedó precisado en el considerando segundo, por los motivos expresados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese a: PARTE TIPO DE ACTIVIDAD Quejosa Lista Tercero interesado Lista Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Personalmente Autoridad Responsable Oficio

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por ********por propio derecho en contra de actos reclamados del Comité de Pensiones del Instituto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículos 123, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1283/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta Juzgadora de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: el dictamen CP/89513/2023 de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, con relación al otorgamiento de pensión por inhabilitación total de servicio público por causas ajenas al servicio y, que esencialmente determina lo siguiente: "PRIMERO.- Se resuelve que usted tiene derecho a una PENSIÓN POR INHABILITACIÓN TOTAL DE SERVIDOR PÚBLICO CAUSAS AJENAS AL SERVICIO, MONTO2022/ DICTAMEN MÉDICO POR INHABILITACIÓN DEFINITIVO A PARTIR DEL 28/07/2022, desempeñando como último puesto el de policía primero en H. Ayuntamiento de Zumpango, toda vez que a la fecha cuenta con 44 años de edad, 13 años de cotización al patrimonio del Instituto; correspondiéndole un monto diario de pensión para el año 2022 de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.)" Asimismo, de la lectura al citado dictamen que acompaña la parte quejosa al escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable estableció lo siguiente: "En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 186,188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, me permito hacer de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, que usted podrá interponer dentro del término de quince días hábiles a partir de la fecha en que le sea notificado el presente oficio, el recurso administrativo de inconformidad ante el Instituto o bien juicio administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y en caso contrario por ministerio de Ley la presente resolución quedará firme con sus consecuentes efectos legales. 4. Causal de improcedencia advertida. Así, esta Juzgadora advierte que en contra de la determinación administrativa que aquí se reclama procede un medio de defensa ordinario, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Lo anterior, es así ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja la gobernada que se aduce agraviado. Ahora, en el caso que nos ocupa, el artículo 165 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, establece lo siguiente: "(.) ARTÍCULO 165. Los sujetos de esta ley que consideren afectados sus intereses por los actos y resoluciones que dicte el Instituto, podrán impugnarlos a través del recurso y en los términos que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. (.) Por su parte, los artículos 186, 188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen lo siguiente: "(.) Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 188.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos su notificación. También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos." En consecuencia, lo resuelto en el dictamen de pensión CP/89513/2023, de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, es susceptible de ser combatido a través del recurso de inconformidad, ante la propia autoridad responsable; entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1e.f1 MARTHA DENISSE GARCIA PULIDO Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1283/2023 atención a que dicho acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través de dicha instancia. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Robustece lo anterior, la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, que esgrime: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1e.f1 MARTHA DENISSE GARCIA PULIDO Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1283/2023 9 Amparo indirecto 1283/2023 ??????????????? excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo: XV, Mayo de 2002, Página 902, que refiere: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." 5. Desechamiento. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por Eliel Fabila Hernández. 6. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Uriel Felipe Antonio Rodríguez, quien cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa, por lo que se 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1e.f1 MARTHA DENISSE GARCIA PULIDO Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1283/2023 le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en CALLE ALLENDE SIN NÚMERO ESQUINA CON HERREROS, BARRIO DE SANTA MARÍA ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 55614. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele a la parte quejosa que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que el mismo no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese

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