Eliecer Broceta Gómez
Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/08/2019
Partes del expediente
- Eliecer Broceta Gómez
- Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración En el Estado de Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve (foja 115), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que han transcurrido los términos otorgados en auto de diecisiete de abril del actual (fojas 10-17), en el cual el quejoso ***** no desahogo la prevención realizada y no ratificó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; en tal virtud, se dejan sin efecto las providencias dictadas en el auto de referencia, en el cual se decretó la suspensión de plano. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al promovente *************** en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, para que informara en donde se encontraba detenido el quejoso ************************ sin que haya dado cumplimiento a lo requerido. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista de acuerdos este proveído y el auto de diecisiete de abril de dos mil diecinueve (fojas 10-17), así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese por lista al directo quejoso. ************************************************************************************************** Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Flores García, en representación de ****, contra actos de las siguientes autoridades y actos: 1. Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. 2. Director de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 533/2019-lI. Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, constitucional y 15 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por PRESENTADA la aludida demanda y se reserva proveer en cuanto a su admisión, una vez que sea ratificada. En el caso particular, la parte quejosa reclama: "IV.- ACTOS Y/U OMISIONES RECLAMADOS.- De la autoridad que señalo como ordenadora y ejecutora, se reclama la ilegal e inconstitucional INCOMUNICACION, DETENCION, y la ilegal e inconstitucional RETENCION por más de (36) treinta y seis horas, que trae como consecuencia la consecuente DEPORTACION a Cuba". De modo que se está en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues son actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, el promovente manifiesta que el quejoso tienen el temor fundado de ser deportados del país; por lo que se encuentran en riesgo de ser devueltos a su de país origen; lo que a juicio del suscrito es suficiente, por el momento, para otorgar la suspensión de plano del acto reclamado a su favor. Al respecto, es aplicable por las razones que informa, la tesis con número de registro 216236, Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página trescientos doce, Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En consecuencia, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que el agraviado ***, no sea objeto de deportación fuera de procedimiento, expulsión, incomunicación, así como de demás actos discriminatorios que refiere o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Asimismo, con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección Internacional", la suspensión también se concede para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si la deportación o expulsión se emitió con motivo el ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que los agraviados queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentren y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que en ella se exponen en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 80/2007, visible en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro:
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a este sumario, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al promovente ********** los proveídos de diecisiete de abril y cuatro de julio del año en curso (fojas 10-17 y 109), por las consideraciones que allí se exponen. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley en la materia, notifíquese al promovente por lista de acuerdos los autos citados, y las subsecuentes determinaciones hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA LOS AUTOS DE DIECISIETE DE ABRIL Y CUATRO DE JULIO DEL ACTUAL AL PROMOVENTE **************************************************************** SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE LOS AUTOS DE DIECISIETE DE ABRIL Y CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE *************************************************** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por******************, en representación de*****************, contra actos de las siguientes autoridades y actos: 1. Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. 2. Director de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. *************************************************** Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. ********************************** ANOTACIONES *************************************************** Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 533/2019-lI. ********************************** Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, constitucional y 15 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por PRESENTADA la aludida demanda y se reserva proveer en cuanto a su admisión, una vez que sea ratificada. *************************************************** En el caso particular, la parte quejosa reclama: ********************************** "IV.- ACTOS Y/U OMISIONES RECLAMADOS.- De la autoridad que señalo como ordenadora y ejecutora, se reclama la ilegal e inconstitucional INCOMUNICACION, DETENCION, y la ilegal e inconstitucional RETENCION por más de (36) treinta y seis horas, que trae como consecuencia la consecuente DEPORTACION a Cuba". ********************************** De modo que se está en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues son actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO********************************** Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, el promovente manifiesta que el quejoso tienen el temor fundado de ser deportados del país; por lo que se encuentran en riesgo de ser devueltos a su de país origen; lo que a juicio del suscrito es suficiente, por el momento, para otorgar la suspensión de plano del acto reclamado a su favor. ***************** Al respecto, es aplicable por las razones que informa, la tesis con número de registro 216236, Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página trescientos doce, Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ***************** "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En consecuencia, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que el agraviado*****************, no sea objeto de deportación fuera de procedimiento, expulsión, incomunicación, así como de demás actos discriminatorios que refiere o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Asimismo, con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección Internacional", la suspensión también se concede para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si la deportación o expulsión se emitió con motivo el ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que los agraviados queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentren y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que en ella se exponen en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 80/2007, visible en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". En cuanto a la suspensión de los actos que se hacen consistir en la deportación y expulsión del país, es aplicable la jurisprudencia con registro 170578, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". El artículo 33 Constitucional establece lo siguiente: "Articulo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Por tanto, si el quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el citado numeral, la suspensión de plano decretada no surtirá efectos; toda vez que es el Ejecutivo de la Unión, quien previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la Ley. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO ********************************** Se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 252, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra ********************************** RATIFICACIÓN DE DEMANDA Ahora, considerando que el promovente *****************, manifestó que el directo agraviado*****************, se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda a efecto de que se constituya al dicha estación migratoria y notifique este proveído al quejoso directo antes mencionado. ********************************** Asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifieste si ratifica o no la demanda presentada en su favor; apercibido que de no hacer manifestación alguna o transcurrido el término, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado; asimismo, el referido funcionario judicial deberá dar fe en dicha diligencia del estado físico exterior que presente el quejoso directo levantando acta circunstanciada al respecto. PREVENCIÓN *************************************************** El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. ***************** Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, se hace necesaria la prevención en términos del diverso 114, fracción I, de la referida ley, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: *************************************************** I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. ***************** Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada ********************************** Ello es así, pues del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado literalmente el siguiente: ********************************** "IV.- ACTOS Y/U OMISIONES RECLAMADOS.- De la autoridad que señalo como ordenadora y ejecutora, se reclama la ilegal e inconstitucional INCOMUNICACION, DETENCION, y la ilegal e inconstitucional RETENCION por más de (36) treinta y seis horas, que trae como consecuencia la consecuente DEPORTACION a Cuba ********************************** Asimismo, en el capítulo referente a los hechos o abstenciones, refiere lo siguiente: "VII.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.-Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a Usía que los hechos y abstenciones que en este acto se hacen valer, son violatorios de los Derechos Humanos reconocidos a su favor y, de las Garantías otorgadas y consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, siendo los siguientes: ***************** PRIMERO.- *****************, ahora quejoso impetrante de garantías, ostenta la nacionalidad CUBANA. *************************************************** SEGUNDO.- Asimismo, ingreso a territorio mexicano buscando mejores condiciones de vida a las que tienen en su país de origen. ********************************** Agregando que el Estado de la República de Cuba está representado por un Gobierno que viola de manera reiterada e impune los Derechos Humanos de sus nacionales, teniendo una condición que se asemeja a la esclavitud. *************************************************** TERCERO.- Con fecha diez de abril del dos mil diecinueve, fue detenido de manera ilegal por Agentes Migratorios adscritos a la Delegación Federal de Tapachula, Chiapas, y le insultaron diciéndole que no querían a ningún extranjero ahí, y que se debería largar de México, y sin identificarse éstos agentes mencionados, le bajaron del autobús OCC en el cual se dirigía a la Ciudad de México y lo subieron sin motivo alguno a una camioneta tipo Van, y lo trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Tapachula, Chiapas. ******************************************************************** CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior fue presentado, y desde entonces, se encuentra incomunicado con sus familiares, alojado y amenazado con deportarle, y desde luego privado del pleno goce de sus derechos a la libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Tapachula, Chiapas. ***************** QUINTO.- Desde la fecha de su detención y hasta el día de hoy, han transcurrido en exceso los días y horas que establece la propia Constitución Federal (36 horas). ***************** SEXTO.- No existe ningún tipo de prohibición expresa que impida el goce y libre ejercicio de los Derechos Humanos y sus respectivas Garantías Constitucionales de que son titulares Sin embargo se advierte que el promovente no es preciso en señalar qué actos reclama en concreto de cada autoridad. ********************************** En efecto, de la lectura realizada al capítulo de acto reclamado inserto en la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como tal las órdenes de incomunicación, detención y deportación, toda vez que manifiesta que el directo agraviado es de nacionalidad cubana y está en territorio nacional con el fin de tener una mejor calidad de vida; actos que atribuye de manera genérica a las autoridades que precisa; asimismo solicita se le conceda que no sea deportado y expulsado del territorio mexicano. ********************************** Sin embargo, se aprecia que el promovente de amparo no narra la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquéllos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108 de la Ley de la Materia. Ello es así, ya que únicamente narra que el directo agraviado es de nacionalidad cubana, que se encontraba en tránsito en este país y que se encuentra detenido en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; empero, omite señalar aquellos que se suscitaron previos al acto destacado. ***************** De ahí que también resulte necesario que el peticionario del amparo amplíe los antecedentes del acto reclamado, a fin de que bajo protesta de decir verdad manifieste concretamente el motivo de señalamiento como autoridades responsables a las que así ha indicado. ***************** En ese contexto, resulta necesario que el promovente precise cuáles son los actos expresos de molestía que ha recibido el directo quejoso recibidos de parte de las autoridades responsables, o en su caso si la deportación que reclama deriva de algún procedimiento administrativo. En consecuencia, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracciones III, IV y V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ********************************** 1. Precise concretamente el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables. *************************************************** 2. Amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, narre de manera sucinta los hechos ocurridos con antelación al acto reclamado, así como que deberá precisar el motivo por cual señalar como responsables a las autoridades indicadas. ***************** 3. Manifieste si también es su deseo señalar como acto reclamado la deportación dentro del procedimiento administrativo. ********************************** 4. Precise cuál es el acto expreso de molestia que ha recibido de parte de las autoridades responsables y si la deportación que reclama o algún acto diverso derivan de algún procedimiento administrativo, en este último caso, deberá indicar cuál es el número del procedimiento instaurado en su contra y cuándo ha tenido conocimiento del mismo. ***************** 5. Igualmente, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en este caso son cuatro copias, ya que señaló tres autoridades responsables; y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito***************** Cobra aplicación al caso por su contenido, la Tesis Aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Tiene apoyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, tesis VI.1o.C.18 K Novena época, página: 1716, que a la letra dice: ***************** "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición". *************************************************** Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LASFALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional ********************************** Se apercibe también al promovente, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: *************************************************** Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales APERCIBIMIENTO *************************************************** Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. ********************************** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS *************************************************** Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda; y téngase por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a*****************. MEDIOS ELECTRÓNICOS ********************************** Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. ********************************** Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU L EY SUPLETORIA ***************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO ***************** Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de mparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO ********************************** A LA INFORMACIÓN********************************** Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; como lo solicita el promovente, omítase la publicación de los datos personales de los directos quejosos. ********************************** Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. ********************************** Notifíquese; por exhorto al directamente agraviado; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y por oficio a las autoridades responsables. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecinueve. ***************** Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en proveído de veintiuno de junio del año en curso (foja 103-104), al promovente ******** para que proporcionara información relativa al quejoso directo *********** sin que haya hecho manifestación alguna. ***************** Por otra parte, en acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, se concedió a la parte quejosa término de cinco días a efecto de aclarar la demanda de amparo, sin que se advierta que el promovente tenga conocimiento de ello. ********************************** En tal virtud, a efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase por última ocasión al promovente de la demanda de amparo para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, haga comparecer a ********* ante este órgano jurisdiccional, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo número dos mil seiscientos cuarenta y uno (2641), Edificio A, Planta Baja, Palacio de Justicia Federal, Colonia Las Palmas de esta ciudad, con identificación oficial vigente, o en su caso, informe el lugar en que se encuentre retenido; apercibido que de no hacer manifestación alguna, se proveerá lo conducente en relación a las prevenciones formuladas en proveído de diecisiete de abril del actual (ratificación de la demanda y aclaración de la misma) y la contenida en el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso. ***************** Notifíquese personalmente al promovente ********** este proveído y el diverso de diecisiete de abril del año en curso.
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