Elidio Hernández Analco y Otros.

Expediente 122/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
122/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
09/05/2016

Partes del expediente

  • Elidio Hernández Analco y Otros.
  • Elidio Hernández Analco
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41
  • Filemón Hernández Analco
  • Gloria Hernández Analco
  • Adelina Hernández Analco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistos; agréguese el oficio del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 13608/2016, al que se anexaron dos tomos de pruebas, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las nueve horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Sergio Pita Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran, escrito inicial de demanda, auto admisorio de diez de febrero de dos mil dieciséis, informe justificado rendido por la autoridad responsable y constancias de notificación. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que en copia certificada anexó a su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad (foja 45), y las que adjuntó a sus oficios registrados con el folio 4138 y 4868 (fojas 51 y 92). El Juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba documental antes enunciada, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer tal derecho, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. El Juez acuerda: con lo anterior, se concluye la presente diligencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 122/2016; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito, Elidio y Pedro de apellidos Hernández Analco, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indica: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 41." IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 41, se reclama la abstención, omisión o incumplimiento para dictar sentencia dentro del expediente número 269/2013, mismo que no se encuentra pendiente ninguna prueba por desahogar y que solo ha venido retardando dicho procedimiento, violentando con ello lo establecido por el artículo 17 Constitucional. B).- La falta fijación o pronunciamiento respecto de dictar sentencia definitiva. C)- Se reclama de dicha autoridad, los efectos que produzcan o puedan producir los actos reclamados." SEGUNDO. Mediante auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo que se registró en el libro de gobierno bajo el expediente 122/2016, se ordenó dar la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a los terceros interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero resulta legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37, primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción XXI, y punto cuatro, fracción XXI, del Acuerdo General número 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos a una autoridad ubicada en el territorio sobre el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, visible a página doscientos cincuenta y cinco, tomo volumen XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esa tesitura, de la lectura íntegra del libelo constitucional, se advierte que en el presente juicio de amparo, lo que la parte quejosa aduce que le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica de derechos es esencialmente, lo siguiente: La inactividad procesal en el juicio agrario 269/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad, ya que ha omitido dictar las medidas legales necesarias para emitir la sentencia respectiva. TERCERO. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca de él, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Es decir, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página sesenta y ocho, tomo setenta y seis, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 45), manifestó que el acto reclamado, no es cierto, porque el veintisiete de noviembre de dos mil quince, se dictó en el juicio natural, auto para mejor proveer (fojas 502 a 505 del tomo de prueba), y que por esa razón, existen pruebas pendientes de desahogar, lo que impide dictar la sentencia respectiva; por tanto, este órgano jurisdiccional tiene por inexistente el acto que se le reclama a la autoridad responsable, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa ni exista alguna constancia que demuestre lo contrario. Lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas por la citada autoridad al rendir su informe justificado y las que adjuntó a sus oficios registrados con el folio 4138 y 4868 (fojas 51 y 92), de las que se obtienen los siguientes antecedentes: a) Mediante escrito de veintiocho de mayo de dos mil trece, la aquí tercero interesada Gloria Hernández Analco, promovió controversia agraria en contra de los ahora quejosos Elidio y Pedro de apellidos Hernández Analco, en la que reclamó el cumplimiento de las pretensiones ahí expuestas; demanda que se radicó en auto de treinta de mayo de dos mil trece, en el que se ordenó el emplazamiento de los demandados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley (fojas 1 a 11, 32 y 33 del tomo de prueba). b) Emplazada la parte demandada, por auto de nueve de enero de dos mil catorce, el tribunal agrario responsable emitió auto admisorio de pruebas (fojas 112 a 119 del tomo de prueba). c) En auto de cinco de noviembre de dos mil quince, la responsable ordenó turnar los autos del juicio natural a la Secretaria de Estudio y Cuenta para la elaboración del proyecto de sentencia que en derecho corresponda (foja 501 del tomo de prueba). d) También, se advierte que por auto de veintisiete de noviembre del año pasado, el tribunal responsable emitió auto para mejor proveer, en el que ordenó dejar sin efectos el auto (de cinco de noviembre de dos mil quince), en que se ordenó el turno del expediente a la Secretaría de Estudio y Cuenta (fojas 502 a 505 del tomo de prueba). Asimismo, en el citado proveído, la responsable ordenó requerir a la actora, aquí tercero interesada Gloria Hernández Analco, para que en el plazo de diez días remitiera el original del convenio de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre las partes contendientes o bien manifestara la imposibilidad para hacerlo. De igual manera, el tribunal agrario ordenó requerir a los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Cayacos-Coacoyular, en esta ciudad, para que en el plazo de diez días informara si en sus archivos se encuentra el convenio de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre las partes del juicio natural; y en caso afirmativo, remitiera copia certificada; asimismo, informara la situación actual que guarda el predio en controversia. e) Por auto de dieciocho de febrero del presente año, la autoridad responsable recepcionó el oficio signado por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado Cayacos-Coacoyular; documento del que se advierte el aludido órgano colegiado rindió el informe solicitado (fojas 516 y 517 del tomo de prueba). f) Por escrito de cuatro de marzo pasado, la actora aquí tercero interesada Gloria Hernández Analco, informó lo solicitado respecto al convenio de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; ocurso al que recayó el proveído de la misma fecha (cuatro de marzo del año en curso) -fojas 84 a 86 del tomo de prueba-. g) Asimismo, en proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, el tribunal responsable emitió diverso auto para mejor proveer, en el que ordenó notificar al ingeniero José Manuel Gómez Mendoza, para que en el plazo de cinco días hábiles perfeccione su dictamen, y hecho lo cual, reservó proveer lo correspondiente conforme a derecho (fojas 94 a 96 de autos). Constancias a las que se confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley Amparo, ya que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI -Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior pone en evidencia que la inactividad que la parte quejosa atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad, consistente en: ".la abstención, omisión o incumplimiento para dictar sentencia dentro del expediente número 269/2003,." era inexistente a la fecha en que se presentó la demanda de amparo; esto es así, tal como se explica. La Ley Agraria, como norma secundaria, previene en la parte conducente de sus artículos 187 188 y 189, lo siguiente: "Artículo 187.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos." "Artículo 188.- En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, contados a partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores." "Artículo 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones." De las disposiciones legales transcritas se obtiene: ( El tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder (artículo 187). ( En caso de que la valoración de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, contados a partir de la audiencia de ley (artículo 188). Ahora bien, de las copias certificadas que el Magistrado Presidente del tribunal agrario responsable adjuntó a su informe justificado, deducidas de la controversia agraria 269/2013, que constituyen prueba instrumental pública, a las que se ha otorgado eficacia probatoria plena, destaca que el veintisiete de noviembre del año pasado, el tribunal responsable emitió auto para mejor proveer, en el que ordenó, de manera oficiosa, recabar como prueba el original del convenio de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, celebrado entre las partes del juicio natural. De igual manera, por diverso proveído pronunciado el diez de marzo pasado, el tribunal responsable emitió diverso auto para mejor proveer, en el que ordenó notificar al ingeniero José Manuel Gómez Mendoza, para que en el plazo de cinco días hábiles perfeccione su dictamen. Lo que pone en evidencia que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo; esto es, al nueve febrero del presente año, la abstención de dictar sentencia era inexistente. Esto es así, porque no existía en el mundo fáctico la omisión reclamada en sede constitucional, es decir, era inexistente la inactividad procesal por falta de emisión de la sentencia en el juicio agrario de origen, ya que a la fecha de presentación de la demanda, ni siquiera había concluido el desahogo de las pruebas que el tribunal responsable considera necesarias para resolver la controversia, por lo que no existía la dilación procesal reclamada. Con base en lo anterior, se encuentra plenamente demostrado que, al nueve febrero de la presente anualidad, fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la dilación procesal que señala la parte quejosa, ya que no se había concluido el desahogo de las probanzas ordenadas, de manera oficiosa, por la autoridad responsable, y tampoco, se había citado a las partes para dictar sentencia. De este modo, se concluye que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía el acto reclamado en esta vía constitucional. Lo anterior es así, dado que la existencia del acto reclamado debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presentó la demanda de amparo respectiva ya que, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la violación del derecho fundamental que se estima transgredido. Por el espíritu que la inspira se invoca la jurisprudencia 1a./J. 36/98 del índice de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible a página cinco, tomo volumen VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Asimismo, la tesis del tercer Tribunal Colegiado del cuarto Circuito, consultable en la página doscientos cincuenta y cuatro del tomo XIII, Enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Así, ante la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable antes citada, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto al acto atribuido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno, de esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se notificó a las partes y al perito tercero en discordia, el proveído de diez de marzo del año en curso, emitido en el expediente 269/2013...

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