Elidia Vázquez Almonte

Expediente 704/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
704/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Elidia Vázquez Almonte

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Firme sobreseimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que surta los efectos conducentes. Informa tramitación juicio. De igual forma, téngase por informado que no cuenta con correo electrónico institucional, así como solicitando el continuar con la tramitación del presente juicio bajo el esquema tradicional, es decir, seguir recibiendo y remitiendo oficios, así como actuaciones de manera física; lo anterior, hágase del conocimiento del actuario de la adscripción para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por presentada las probanzas que adjunta. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, sustancialmente la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo: La omisión de dictar y notificar la resolución mediante el cual admita y/o deseche pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés -con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, la Junta responsable proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************, desahogando aquellas que no requerían diligencia especial, así como señaló fechas para las cuales, dada su naturaleza, sí lo requerían. Asimismo, respecto a la omisión de realizar la notificación correspondiente, de las referidas constancias allegadas al presente juicio también se advierte que, dejó de existir, ya que el actuario adscrito a la precita Junta, notificó el proveído en cuestión, a la parte quejosa -actora en el juicio natural-, por conducto de su apoderado legal. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de 1) la omisión por parte de las autoridades responsables de dictar y notificar la resolución mediante el cual admita y/o deseche pruebas en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, -lo cual aconteció-, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés. Resta precisar, que la anterior determinación sin previa vista a la parte quejosa, no implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento - en sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que surta los efectos conducentes. Informa tramitación juicio. De igual forma, téngase por informado que no cuenta con correo electrónico institucional, así como solicitando el continuar con la tramitación del presente juicio bajo el esquema tradicional, es decir, seguir recibiendo y remitiendo oficios, así como actuaciones de manera física; lo anterior, hágase del conocimiento del actuario de la adscripción para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por presentada las probanzas que adjunta. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, sustancialmente la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo: La omisión de dictar y notificar la resolución mediante el cual admita y/o deseche pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés -con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, la Junta responsable proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************, desahogando aquellas que no requerían diligencia especial, así como señaló fechas para las cuales, dada su naturaleza, sí lo requerían. Asimismo, respecto a la omisión de realizar la notificación correspondiente, de las referidas constancias allegadas al presente juicio también se advierte que, dejó de existir, ya que el actuario adscrito a la precita Junta, notificó el proveído en cuestión, a la parte quejosa -actora en el juicio natural-, por conducto de su apoderado legal. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de 1) la omisión por parte de las autoridades responsables de dictar y notificar la resolución mediante el cual admita y/o deseche pruebas en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, -lo cual aconteció-, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés. Resta precisar, que la anterior determinación sin previa vista a la parte quejosa, no implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento - en sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de junio de dos mil veintitrés. Radicación. admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 704/2023. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las once horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. No fue solicitado. Informes justificados. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su respectivo informe justificado vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia; en el claro entendido de que, de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Improcedencia y sobreseimiento. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase de a la responsable que informe a este Juzgado, si en el presente juicio de amparo se llegara a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso, remitan copias certificadas de las constancias que lo acrediten; así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con base en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo conducente, hasta que obren en autos las constancias relativas al acto reclamado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que en copia simple acompaña a su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No ha lugar acordar de conformidad designación de apoderado legal. Al respecto cabe precisar que si bien la quejosa manifestó en el escrito de demanda que designa como apoderada legal a (i)********************; sin embargo, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero, de ahí que no haya lugar a acordar de conformidad la designación de apoderado legal; en ese tenor, téngasele a la citada profesionista como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo.

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