Elidia Martínez García
Expediente 355/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Elidia Martínez García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, mediante el cual acusa recibo del oficio ******************** del índice de este juzgado, por el que le fue enviado copia certificada del expediente ********************de su estadística. Lo anterior, en acatamiento a lo ordenado en proveído de quince de octubre del año que transcurre. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad, devuélvase al archivo de este Juzgado Federal. Cúmplase.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la retención del tomo de prueba consistente en la copia certificada del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; en consecuencia, se ordena su devolución a la autoridad responsable antes citada, solicitándole el acuse de recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita de notificar al tercero interesado ***, el acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordena llevar a cabo la notificación al citado tercero interesado del acuerdo de diecisiete de septiembre de esta anualidad, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y sus anexos, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a través de la Oficina de Correspondencia Común, mediante el cual remite lo siguiente: **. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, emitido en el juicio de amparo directo 215/2020, se desprende que el Tribunal de Alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, ello con fundamento en el numeral 170 de la Ley Amparo. En términos del artículo invocado por la superioridad, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por **, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 355/2020. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. La promovente señaló como acto reclamado el siguiente: ***. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación al acto reclamado en este juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer precepto mencionado es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De los preceptos normativos reproducidos en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, la quejosa podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de trece de marzo del año en curso, dictada dentro del juicio civil 940/2014 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la que se ordenó a la aquí quejosa *** poner en posesión del Ciudadano ***, la parcela número *** del ejido ***, identificado como ***, en cumplimiento de la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, emitida en dicho asunto, con el auxilio de la fuerza pública y la fractura de candados y cerraduras, para el caso de ser necesario. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de una sentencia, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, y los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado se produjo después de concluido el juicio y, además, no constituye el último acto emitido en dicho procedimiento de ejecución, ya que no se trata de la resolución en la que se hubiere aprobado o reconocido el cumplimiento total de la sentencia, o bien, en la que se hubiere declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se hubiere ordenado el archivo definitivo del expediente; de ahí que al no cumplir con ese requisito, no se satisface el supuesto de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Además, es menester precisar que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, y no manifiesta haber estado imposibilitada para comparecer a dicho asunto a defender sus intereses. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la orden de entrega y desocupación decretada en contra de la quejosa deriva directamente de la sentencia firme que constituye cosa juzgada. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que reclama la quejosa no es ajeno a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si el acto reclamado que en esta vía se pretende combatir, consistente en la orden de desocupación y entrega de la parcela número *** del ejido ***, identificado como ***, emitida en el juicio civil *** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Por ende, es evidente que el acuerdo reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio 940/2014, además de que, es claro que no son ajenos a la cosa juzgada, motivo por el cual, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Al respecto, sirve de orientación la tesis III.2o.C.24 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, página 2485, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, CONTRA ACTOS O VIOLACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE TENGAN AUTONOMÍA PROPIA Y DESTACADA EN RELACIÓN CON DICHA EJECUCIÓN. Por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; motivo por el cual, cuando el acto reclamado en amparo consiste en el auto dictado en ejecución de sentencia, que niega revocar la resolución a través de la cual el Juez de instancia condiciona el reconocimiento del carácter de cesionaria de derechos litigiosos a la quejosa, al hecho de que se notifique extrajudicialmente la aludida cesión a los demandados, como este requisito impuesto por el Juez de origen se traduce en un desconocimiento implícito de la personalidad de la cesionaria, aquel auto no puede considerarse una simple resolución emitida en dicha fase, pues el proveído en cuestión no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia pronunciada en el procedimiento de origen, sino solamente establecer la legalidad o ilegalidad del punto jurídico a dilucidar; es decir, si fue correcta o no la condición impuesta a la cesionaria de derechos litigiosos de que se trata y, por ende, se considera como una excepción a la regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no podría ser impugnada mediante el diverso juicio de control constitucional que se promueva contra la última resolución a que se refiere el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, registro 164639, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De igual forma, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas en el acuerdo que señala como acto reclamado, deberá, en su caso, reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia emitida en el juicio 940/2014 o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, el acto de molestia derivado de la orden de desposesión y entrega del inmueble litigioso del que deriva la quejosa la violación de sus derechos fundamentales, al ser un acto dictado en ejecución de sentencia, sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, es decir, contra aquél que en su caso declare cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 16621, registro 185268, que en su rubro y texto establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo, se cuenta con todas las constancias que integran el procedimiento de primera instancia, motivo por el cual este Juzgador al hacer un análisis completo para determinar la improcedencia del presente asunto, se advirtió de manera clara y fehaciente la causal de improcedencia antes señalada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a la solicitud realizada por la parte promovente, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte del usuario ***; en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Por otra parte, como es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicaran en internet conforme a los previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye a la actuaría de esta adscripción para que la notificación de esta determinación la lleve a cabo en tales términos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Lo anterior, infórmese a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. En el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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