Elideth Rosario Reyes

Expediente 1618/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1618/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Elideth Rosario Reyes
  • Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintiuno. En un inicio, visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones acerca del cumplimiento a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, haciendo uso de tal derecho; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. En sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa a efecto de que la responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral **********************. - Emitiera otra determinación en la que, de manera íntegra analizara la oposición de la Secretaría demandada a la reinstalación de la quejosa, para lo cual, debería atender lo determinado en la parte considerativa de la sentencia, así como, apuntar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que tuviera en consideración para la emisión de la nueva determinación. Con el fin de entender completamente el sentido de los efectos de la sentencia concesoria del amparo, conviene invocar el contenido de la parte de mayor relevancia de la sentencia, que dice: "Ello al tomar en cuenta que la autoridad responsable se limitó a acordar favorable la oposición de la tercera interesada a la reinstalación de la quejosa al estimar que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 47 de la Ley 248, porque a su consideración se trata de una trabajadora con una relación laboral menor a un año. No obstante, fue omisa en analizar de manera íntegra lo estipulado por la norma para que se encuentre en la hipótesis en estudio, es decir, si se cumplen o no los siguientes elementos: [1] El derecho a la reinstalación es un derecho obtenido que no puede ser privado sin el consentimiento de la trabajadora, [2] la imposibilidad de continuar la relación laboral, [3] que la antigüedad sea menor a un año y [4] si el trabajo desempeñado exige contacto directo con sus superiores lo que hace imposible el desarrollo normal de la relación. De manera que, para determinar la procedencia de la oposición a la reinstalación planteada por la parte demandada, no basta con señalar que la trabajadora tiene una antigüedad menor a la de un año, sino que la autoridad responsable debió analizar si es suficiente tener por satisfechas las condiciones apuntadas con lo dicho por la secretaría demandada para tenerla por opuesta a la reinstalación de la quejosa." En virtud de lo anterior, los efectos de la sentencia de amparo únicamente tenían el alcance de obligar a la potestad responsable a: - Dejar insubsistente el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ********. - Emitir otro en donde manera íntegra analizara la oposición de la Secretaría demandada a la reinstalación de la quejosa, atendiendo a los siguientes elementos: [1] El derecho a la reinstalación es un derecho obtenido que no puede ser privado sin el consentimiento de la trabajadora, [2] la imposibilidad de continuar la relación laboral, [3] que la antigüedad sea menor a un año y [4] si el trabajo desempeñado exige contacto directo con sus superiores lo que hace imposible el desarrollo normal de la relación. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable remitió el oficio ************ mediante el cual allegó copia certificada del acuerdo dictado el dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, en el juicio laboral 533/2010 de su índice, en donde para lo que aquí interesa acordó: 3. Verificación del cumplimiento. Como se ve, la responsable dejó insubsistente el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen *************; cumpliendo así con el primer efecto de la sentencia amparadora. Emitió el otro proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en donde, analizó de manera integral la oposición de la Secretaría demandada, partiendo como parámetro del estudio de los elementos siguientes: [1] El derecho a la reinstalación es un derecho obtenido que no puede ser privado sin el consentimiento de la trabajadora, [2] la imposibilidad de continuar la relación laboral, [3] que la antigüedad sea menor a un año y [4] si el trabajo desempeñado exige contacto directo con sus superiores lo que hace imposible el desarrollo normal de la relación; y al efecto concluyó que, solamente se encontraba comprobado el requisito aludido con el [3], relativo a que la antigüedad era menor de un año; además que, en el laudo firme no se estableció que procedía la indemnización en lugar de la reinstalación. Por ello, determinó improcedente el otorgamiento de la indemnización a la parte quejosa; cumpliendo así con el segundo efecto de la sentencia de amparo. Como consecuencia de lo anterior, además ordenó que se proveyera sobre la reinstalación de la parte actora, y que se ajustara la cantidad calculada en auto de doce de febrero de dos mil veinte, cuantificando los salarios caídos generados. 4. Manifestaciones del impetrante. La parte quejosa, a través de su autorizado Servando García Morales, en atención a la vista otorgada con las constancias que remitió la responsable, señaló lo siguiente: " Que en relación al acuerdo con el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia la autoridad responsable, de fecha 16 de noviembre de 2021; con este no da cumplimiento total a la sentencia, ello en razón de que si bien es cierto, hace alusión a la reinstalación de mi representada, sin embargo, omite señalar hora y fecha para que se decrete la misma, en virtud de que resulta el mismo objeto por el cual mi representada acudió ante este Juzgado, toda vez le privaron de que se le reinstalara a su centro de trabajo, lo cual dolosamente hizo la autoridad responsable por lo que solicito instruya a dicha autoridad para que señálale hora y fecha para la reinstalación de mi mandante a su centro de trabajo." Resulta infundadas e inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa (por conducto de su autorizado), pues perdió de vista que, los efectos del amparo se limitaron a que la potestad analizara de manera pormenorizada, fundada y motivadamente, la oposición de la Secretaría demandada en el juico laboral de origen, a la reinstalación de la parte actora -aquí quejosa-, lo cual realizó a cabalidad, como se vio anteriormente, y no resultaban extensivos a otras cuestiones como obligarlo a señalar fecha y hora para la reinstalación, así como actualización y cuantificación de salarios caídos. Pues, de acuerdo a los argumentos plasmados en la parte considerativa que rige la sentencia de amparo, este Juzgador no tuvo la intención de dotar a la sentencia de amparo de mayores alcances a los ya precisados, y que al haberlos observado de manera puntual la autoridad responsable, no resultaba procedente exigirle mayores gestiones procesales. Adicionado a lo anterior, la parte quejosa tiene expedito su derecho (además de obligación) de impulsar el procedimiento de ejecución del laudo condenatorio en el procedimiento laboral de origen, pues no debe perder de vista que, su abandono conlleva las sanciones procesales legalmente establecidas. 5. Conclusión. Una vez confrontados los efectos de la sentencia de amparo, al tenor de su parte considerativa, con el proveído que en cumplimiento dictó la autoridad responsable el dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, en el juicio laboral 533/2010; resulta factible concluir que la potestad dio total cumplimiento a la sentencia amparadora, observándola estrictamente en sus términos, sin defectos ni excesos, porque: - Dejó insubsistente el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen 533/2010. Observando el primero de los efectos de la concesión del amparo. - Emitió el otro proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno en donde, analizó de manera integral la oposición de la Secretaría demandada, partiendo como parámetro del estudio de los elementos siguientes: [1] El derecho a la reinstalación es un derecho obtenido que no puede ser privado sin el consentimiento de la trabajadora, [2] la imposibilidad de continuar la relación laboral, [3] que la antigüedad sea menor a un año y [4] si el trabajo desempeñado exige contacto directo con sus superiores lo que hace imposible el desarrollo normal de la relación; concluyendo que, solamente se encontraba comprobado el requisito aludido con el [3], relativo a que la antigüedad era menor de un año, además que, en el laudo firme no se estableció que procedía la indemnización en lugar de la reinstalación. Por ello, determinó improcedente el otorgamiento de la indemnización a la parte quejosa; cumpliendo así con el segundo efecto de la sentencia de amparo. En consecuencia, de acuerdo a lo argumentado anteriormente, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, SIN EXCESO NI DEFECTO ALGUNO; por ello, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el capítulo séptimo artículo 18 inciso b) del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido y demás documentos que el titular del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En un inicio, agréguese a los autos el escrito signado por Servando García Morales autorizado de la parte quejosa, a través del cual vierte manifestaciones con relación a la vista dada en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido que, dichas argumentaciones se tomarán en consideración una vez que transcurra el término precisado en la certificación de cuenta, y se esté en condiciones de emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. En un inicio, visto el escrito signado por Servando García Morales autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable o en su caso haga efectiva la medida de apremio. Atento a su contenido, así como de la certificación de cuenta, por el momento no ha lugar acordar favorable la petición del autorizado de la quejosa, ello porque de la certificación se aprecia que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la responsable a efecto de dar cumplimiento a la sentencia; por tanto, una vez que fenezca el mismo se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: Deje insubsistente el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 533/2010. Emita otra, en la que, de manera íntegra analice la oposición de la Secretaria demandada a la reinstalación de la quejosa, para lo cual, deberá atender lo determinado en el considerando quinto de la presente sentencia, así como, apuntar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para la emisión de la nueva determinación. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, no pasa inadvertido que mediante circulares de nueve de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de julio siguiente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado hizo del conocimiento que la autoridad responsable suspendió e inhabilitó los términos procesales del nueve al dieciséis de julio y del dos al treinta y uno de agosto; sin embargo, tal circunstancia carece de trascendencia para el cómputo del término legal de tres días que prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo para que de cumplimiento al fallo protector. Para evidenciar lo anterior y a efecto de realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I y 192, de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JUNIO DE 2021)Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente; por otro lado, el plazo de tres días con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, empezará a contar desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Al respecto, cabe señalar que teniendo en consideración que del texto relacionado de los artículos 19 y 192 de la Ley de Amparo, se destaca que el término de tres días con el que cuenta la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo, sólo se computarán los días hábiles de las labores del Juzgado en donde deberá presentarse dicho libelo y, por consiguiente, no se computarán para ese efecto los días en los cuales se suspenden las labores del Juzgado de Distrito correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por la autoridad responsable, por lo que hace del dos al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no interrumpe el término con el que cuenta para cumplir con la ejecutoria, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo del término legal que señala el artículo 192 de la Ley de Amparo para cumplir con la ejecutoria, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, el Tribunal de Conciliación del Estado no dejó de laborar ni cerró sus puertas, a diferencia de su periodo vacacional; tan es así, que en las propias circulares signadas por su Presidenta, se ordena continuar con un sistema de guardias para atención al público, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede con el Tribunal de Conciliación, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que el Tribunal Burocrático del Estado de Guerrero tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falasia de falsa autoridad,en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano laboral local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teolología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una de manda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta sin inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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