Elided Trinidad García

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Elided Trinidad García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad responsable los medios de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 210/2021, promovido por ***, por propio derecho, contra un acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De las constancias que obran en el sumario, se tiene acreditado que ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, se tramitó el expediente familiar ***. Dicha controversia fue promovida por ***, quien demandó de su entonces esposo ***, el pago de una pensión provisional y en su oportunidad la definitiva a favor de ella y de sus menores hijas. Emplazada la parte demanda y seguida la secuela procesal, en audiencia de tres de agosto de dos mil catorce, las partes llegaron a un convenio, en que la cláusula que aquí interesa consiste en que el demandado **, proporcionaría el 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la Secretaría de Salud. Dicho porcentaje corresponde al 22.5% (veintidós punto cinco por ciento a cada menor y el 10% (diez por ciento) a su conyuge, lo cual sería de forma definitiva. Así la juez familiar elevó dicho convenio a categoría de sentencia y ordenó girar el oficio respectivo a la fuente de trabajo del deudor alimentario, para que se hiciera efectivo el descuento por pensión alimenticia definitiva y en su oportunidad ordenó archivar el asunto como concluido. Posteriormente, por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, el nombrado Carlos Ortega García, promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia en contra de ***, respecto al 10% de su sueldo y demás prestaciones como trabajador, lo anterior ya que en un diverso juicio de divorcio encausado, en la audiencia preliminar fue decretado la disolución del vínculo matrimonial, lo cual quedó asentado mediante el acta de divorcio con folio 18027326 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil de San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca. Seguida la secuela procesal de la incidencia planteada, por resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia hecho valer; dejó sin efecto la pensión del 10% decretada a favor de ***; y, ordenó girar el oficio respectivo al centro de trabajo del deudor alimentario para la cancelación de la misma, empero siguiera descontando lo relativo a sus menores hijas. Inconforme con esa determinación, la nombrada ***, interpuso recurso de apelación, dicho medio de impugnación correspondió conocer a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el que radicó bajo el toca penal 94/2020. Por resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lo Magistrados integrantes de dicha sala, confirmaron la resolución recurrida. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable el catorce de enero de dos mil veintiuno. Así, una vez que la responsable emplazó a la parte tercero interesada, rindió su informe justificado y remitió la referida demanda al tribunal colegiado en turno. Dicha controversia por cuestión de turnó correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien la radicó bajo el consecutivo 51/2021. Así, por determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal de alzada se declaró legalmente incompetente, ya que la resolución controvertida no se trataba de una sentencia definitiva; por ende, declinó competencia para conocer del asunto a un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno. En auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal aceptó la competencia declinada; la registró bajo el consecutivo 210/2021; admitió a trámite la demanda de amparo; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca familiar ***/2020, mediante la cual confirma la diversa determinación de diez de octubre de dos mil diecinueve, en la que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia del 10% a favor de ***. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Así, se tiene que la Magistrada Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto que se le atribuye; de ahí, que esa afirmación es suficiente e idónea para tener por demostrada la existencia del acto reclamado. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con las documentales que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en los originales del toca penal 94/2020 del índice de dicha sala, expediente familiar ***, incidente y cuadernos de pruebas relativos a la cancelación de pensión alimenticia 1084/2019 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, las cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por lo expuesto, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado. LEGITIMACIÓN ***, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, toda vez que es parte demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia de origen y aduce que la determinación adoptada por la sala responsable al conocer de la apelación que interpuso, vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veinte, esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al segundo párrafo del artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el diez de diciembre de dos mil veinte y concluyó el diecinueve de enero siguiente, descontándose del cómputo los días doce, trece de diciembre de dos mil veinte, nueve y diez de enero siguiente, por ser sábados y domingos, declarados inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. De igual forma se descuenta el segundo periodo vacacional de la autoridad responsable, el cual transcurrió del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al cuatro de enero del año en curso. Por consiguiente, al haberse presentado la demanda el catorce de enero de dos mil veintiuno-como se aprecia del sello de la oficina de correspondencia común de la sala responsable y de la certificación que consta a pie de la demanda de amparo-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA El tercero interesado Carlos Ortega García, en su escrito registrado con el folio 3481, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Amparo, pues manifiesta que la parte quejosa consintió el acto reclamado tácitamente y no promovió el juicio de amparo indirecto dentro de los plazos previstos. Sin embargo, contrario a lo indicado por el tercero interesado, en el considerando que antecede, se puede advertir que la presentación de la demanda de amparo es oportuna; por tanto, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por la citada parte procesal. Ahora bien, en el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". ESTUDIO DEL ASUNTO Previo a entrar al estudio del asunto, debe precisarse que la resolución combatida se analizará a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea procedente la suplencia de la queja, ya que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues no se advierte que la resolución reclamada se haya fundado en preceptos declarados inconstitucionales; que se haya dictado en un procedimiento de naturaleza penal, agraria o laboral, en que respectivamente a la parte quejosa le revista el carácter de inculpado o víctima, ejidatario o trabajador; tampoco se advierte que la parte quejosa sea menor o incapaz; o que denote condiciones de pobreza o marginación que la ubiquen en desventaja social; finalmente, no se aprecia que de manera clara y evidente, que exista una violación manifiesta de la ley que la haya dejado en estado de indefensión, por lo que, como se precisó, no opera la suplencia de la queja a su favor. Sirve de apoyo el criterio expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Así como, en lo concedente, el criterio jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable a página 1040, registro 160257, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, Registro: 160257, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTISTA O ACREEDOR ALIMENTARIO MAYOR DE EDAD CON CAPACIDAD JURÍDICA, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES I O VI, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el juicio de amparo derive de una controversia civil de alimentos y el quejoso sea el deudor alimentista o acreedor alimentario, mayor de edad y no se encuentre acreditado que padezca alguna incapacidad jurídica; de acuerdo con la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, el estudio de los motivos de inconformidad debe realizarse de acuerdo con el principio de estricto derecho, el cual obliga al juzgador a limitar su estudio, teniendo como límite lo expuesto, ya sea en los conceptos de violación o en los agravios, sin ir más allá, esto es, el Juez habrá de circunscribirse a la litis planteada, sin poder manifestar de propia iniciativa algún vicio que se advierta, sino en virtud de que así se haya hecho valer a través del razonamiento respectivo, salvo cuando se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en las fracciones I o VI del numeral citado, esto es, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia XX.2o. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2353". En ese orden de ideas, la peticionaria del amparo refiere que la resolución sometida a escrutinio Constitucional le genera perjuicio por los motivos siguientes: La sala responsable desatendió lo dispuesto por la fracción III del numeral 279 del Código Civil del Estado de Oaxaca, ya que previo a la procedencia del divorcio, debió garantizar los alimentos de la ex cónyuge, lo cual debe prevalecer sobre la regla general de cesación de alimentos por motivos del divorcio. La juez familiar de origen debió de abstenerse de entrar al fondo del incidente planteado, ya que se ofreció como prueba la "propuesta para garantizar los alimentos de la cónyuge" que hizo el actor en el juicio de divorcio incausado ****del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco. Por ende, debió resolver dicha incidencia, una vez que concluyera el citado juicio de divorcio. Refiere que la decisión de la cancelación de los alimentos con motivo del vínculo matrimonial, corresponde al juez que conozca de juicio de divorcio relativo y no al juez primigenio que conoció de la demanda inicial por pensión alimenticia. A decir de la parte quejosa, el pronunciamiento relativo a la cancelación de los alimentos debió hacerlo el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco que conoce del juicio de divorcio incausado ***/2017, no así la Juez Segundo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, quien conoció del juicio de alimentos ***/2014 y resolvió el incidente de cancelación de pensión correspondiente. Dichos conceptos de violación resultan infundados. Para justificar lo anterior, debe precisarse que la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Carlos Ortega García, en contra de ***, derivado del juicio de alimentos ***/2014, respecto al 10% del porcentaje correspondiente al sueldo y demás prestaciones que percibía el deudor alimentario. El motivo toral para sustentar esa decisión, es que el actor incidentista acreditó con documental idónea la disolución del vínculo matrimonial, esto es con el acta de divorcio con folio 18027326 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil de San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca; por ende, cambió la situación jurídica del fundamento inicial para obtener la pensión provisional y definitiva de su entonces esposo, ya que ***, fundó su derecho en el vínculo matrimonial. No obstante ello, la juez familiar de origen no se pronunció sobre si le asiste el derecho a recibir alimentos después de concluido el matrimonio, ya que eso lo debe hacer valer en el juicio de divorcio correspondiente, determinación que la Sala Familiar responsable confirmó por similares argumentos, lo cual este Juzgador Federal comparte. Ahora, la peticionaria del amparo, parte de una premisa equivocada, ya que los juicios en los que ella es parte, a saber el expediente familiar de alimentos ***/2014 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca y el juicio de divorcio incausado 327/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco, son juicios autónomos en los que se dirimen cuestiones de naturaleza distinta; por ende, no se puede paralizar uno en pro del otro, como lo pretende la quejosa. La promovente del amparo debe tener claro que la obligación alimentaria que surge de las relaciones del matrimonio, es distinta a la pensión compensatoria que puede imponerse a uno de los cónyuges cuando se disuelve el vínculo matrimonial. Bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 269/2014, se pronunció sobre el tópico que nos ocupa, precisó que la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto. En lo que aquí interesa, tocante a las obligaciones derivadas de las relaciones de matrimonio y concubinato, indicó que la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, enfatizó que es importante destacar que si bien esta obligación de alimentos entre cónyuges se mantiene incluso en los casos de separación, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una "pensión compensatoria", la cual goza de una naturaleza distinta a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio y concubinato. La pensión compensatoria fue originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual tradicionalmente no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, y se enfocaba únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Por tanto, esta obligación surgió como una forma de "compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener ingresos propios. Así las cosas, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la cual como se señaló encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Dichos argumentos originaron la tesis 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 725, registro 2007988, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia." Ahora, en el caso particular de la legislación del estado de Oaxaca, en específico los numerales 278, 279, 283, 285 TER del Código Civil del Estado de Oaxaca, dispone lo siguiente: "CAPITULO X Del divorcio Artículo 278. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio se clasifica en incausado, mutuo consentimiento y administrativo. El divorcio incausado, podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, y sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su celebración." "Artículo 279. El cónyuge, que pretenda divorciarse; estará obligado a presentar al Juzgado la propuesta de convenio en que se fijen los siguientes puntos: I. La designación de la persona o personas, que tendrán la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, menores de edad o incapaces. II. Las modalidades bajo las cuales se ejercerá el derecho de visita, con el progenitor que no tenga la custodia, así mismo se especificará la casa en que habitarán los hijos. III. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, tanto durante el procedimiento como después de decretarse el divorcio, así como las medidas correspondientes en caso de que la mujer se encuentre en cinta (sic). Deberá precisarse la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento; IV. Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso el domicilio en que vivirá cada uno de los cónyuges en caso de no existir domicilio conyugal; V. El nombramiento del administrador de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma y bases de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal y el proyecto de partición. VI. En caso de que el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, para el cónyuge que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o al cuidado de la familia, o que esté imposibilitado para trabajar." "Artículo 283. Las acciones y pretensiones derivadas del matrimonio relativas a la situación de hijos menores de edad o incapaces, al derecho de alimentos o al régimen patrimonial adoptado en el matrimonio, que sean consecuencia de la disolución del vínculo, se resolverán en el mismo procedimiento de divorcio." "Artículo 285 Ter. En el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que lo necesite, y su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su grado de estudios y posibilidad de acceso a un empleo; III. Medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como de sus necesidades; IV. Otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor; y V. Las demás que el juzgador estime necesarias y pertinentes. En todos los casos, el cónyuge que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o al cuidado de la familia, o que esté imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a alimentos, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. La obligación de dar alimentos cesará, si el acreedor alimentario contrae nuevas nupcias o hace vida en común con otra persona como su pareja. En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad." De dichas porciones normativas, en lo que aquí interesa se puede apreciar que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio incausado, podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, y sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su celebración. El cónyuge, que pretenda divorciarse; estará obligado a presentar al Juzgado la propuesta de convenio en que se fijaran entre diversos puntos, el modo de subvenir a las necesidades de los hijos y en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, tanto durante el procedimiento como después de decretarse el divorcio, en la que deberá precisarse la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Así, las acciones y pretensiones derivadas del matrimonio relativas a la situación de hijos menores de edad o incapaces, al derecho de alimentos o al régimen patrimonial adoptado en el matrimonio, que sean consecuencia de la disolución del vínculo, se resolverán en el mismo procedimiento de divorcio. En el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que lo necesite, y su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias previstas en el numeral 285 Ter del referido código civil. Ahora bien, de lo antes expuesto se puede concluir lo siguiente: Una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de alimentos generada por ese derecho termina. No obstante ello, podría en un momento dado, dar lugar a una "pensión compensatoria", la cual goza de una naturaleza distinta a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio y concubinato. Es en el juicio de divorcio, en el que se verán las cuestiones relativas a la pensión compensatoria, que se traduce a la pensión alimenticia a favor del cónyuge que lo necesite, tanto durante el procedimiento como después de decretarse el divorcio, en la que deberá precisarse la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Empero, el derecho a dicha compensación, deberá acreditarse su necesidad de recibirla bajo los lineamientos de la legislación aplicable. En ese sentido, es claro que la sala responsable estuvo en lo correcto al confirmar la resolución apelada, consistente en la determinación de diez de octubre de dos mil diecinueve, en la que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia del 10% a favor de ***, por haber terminado el vínculo matrimonial que originó dicho derecho. De ahí que se inste, lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que si bien es cierto el numeral 279, fracción III, dispone que el cónyuge que pretenda divorciarse, estará obligado a presentar al Juzgado la propuesta de convenio en que se fijaran entre otras cosas, el cónyuge a quien deba darse alimentos; cierto es también, que esa cuestión precisamente debe dirimirse en el juicio de divorcio, ya que la legislación es clara y precisa. De igual forma son infundados los argumentos expuestos en los inciso ii) y iii), relativos a que la juez familiar de origen debió de abstenerse de entrar al fondo del incidente planteado, ya que se encuentra pendiente de resolver en definitiva el juicio de divorcio incausado 327/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco y que este último juzgador, es el que debió pronunciarse sobre la cancelación de la pensión alimenticia. Lo anterior se estima así, ya que en párrafos precedentes se dilucidó la naturaleza de la obligación alimentaria que surge de las relaciones del matrimonio y la compensatoria que puede imponerse a uno de los cónyuges cuando se disuelve el vínculo matrimonial, empero ésta última cuestión será dirimida en el juicio de divorcio correspondiente; por ende, dichas controversias del orden familiar, son cuestiones de naturaleza distintas y cada juzgador cuenta con la facultad de resolver las pretensiones que se les plantearon en cada asunto, sin estar un asunto sub júdice del otro. En conclusión, para quien aquí resuelve, para declarar fundado y procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia, debe acreditarse la disolución del vínculo matrimonial que originó la obligación del cónyuge de proporcionar los alimentos, como en el presente caso aconteció. Así, una vez decretada la disolución del matrimonio podría en un momento dado, dar lugar a una "pensión compensatoria", empero como bien lo señaló la autoridad responsable, dicha compensación requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su demostración, en una vía distinta al incidente en cuestión. Es aplicable por las razones que la informan la Jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II , página 740, registro 2009943, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA. En atención al principio de congruencia externa, así como a la excepción al principio de cosa juzgada, entre otras, en materia de alimentos, previstos, respectivamente, en los artículos 81 y 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (la segunda premisa normativa aplicada por analogía), se colige que si se demanda el pago de alimentos entre cónyuges estando vigente el matrimonio, y durante la tramitación del juicio relativo dicho vínculo se disuelve, con independencia de las demás cuestiones que pudieran actualizarse en cada caso concreto, no será jurídicamente posible considerar fundada la acción correspondiente, ya que si se disuelve el matrimonio, por regla general desaparecen tanto el derecho como la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, y si bien excepcionalmente pueden subsistir, lo cierto es que para determinar su subsistencia debe atenderse a los elementos específicos que al respecto establece la ley, lo que implica el estudio y, por ende, tanto el planteamiento como la demostración de hechos diversos a los originalmente expuestos al promover el juicio de alimentos, estando vigente el matrimonio. Por tanto, si conforme al principio de congruencia externa se debe resolver exclusivamente lo que fue materia de la litis, y en el planteamiento fáctico a estudio se actualizó un cambio de circunstancias, entonces, no será jurídicamente posible considerar fundada la acción de pago de alimentos entre cónyuges. Aunado a lo anterior, del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que si se decreta el divorcio, el Juez deberá resolver sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, tomando en cuenta las diversas circunstancias que el propio precepto señala. Luego, atendiendo a este precepto, será en el correspondiente juicio de divorcio en el que, en todo caso, deberá resolverse lo conducente al pago de alimentos a favor del cónyuge que satisfaga los requisitos indicados; es decir, en el que deberá determinarse la subsistencia o no del derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, cuyo fundamento u origen será el matrimonio que existió, atendiendo a los diversos aspectos que para ese supuesto fija la ley, conforme a lo expuesto y demostrado por las partes al respecto. Máxime que conforme con el artículo 287 del ordenamiento sustantivo citado, si las partes no llegan a un acuerdo en relación con las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, dentro de las que se encuentra la subsistencia de la obligación alimenticia entre ellos, quedará expedito su derecho para que lo hagan valer por la vía incidental, lo que debe interpretarse en el sentido de que, una vez dictado el auto definitivo de divorcio, las partes podrán formular nuevas pretensiones o modificar las contenidas en la propuesta de convenio presentado con la demanda o con la contestación, en su caso, a fin de salvaguardar su voluntad y garantizar en su beneficio el derecho de acceso a la justicia, lo que implicará que ante los posibles cambios, podrán ofrecer nuevas pruebas." Énfasis propio. De igual forma, la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2665, registro 2016869, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA COMPENSATORIA. NO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO DONDE SE DECRETARON ALIMENTOS DEFINITIVOS DERIVADOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. La obligación de proporcionarse alimentos entre cónyuges tiene carácter declarativo y se fundamenta en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos producto del vínculo matrimonial; de ahí que esa obligación desaparece al momento en que éste se disuelve, pues se extinguió la causa que le dio origen; en cambio, como consecuencia del divorcio puede establecerse una pensión compensatoria que goza de una naturaleza constitutiva, al tener sustento en el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico entre los cónyuges al momento de extinguirse el vínculo matrimonial, y al constituirla deben atenderse los parámetros mencionados en la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por ende, aunque los alimentos son de orden público e interés social, en un incidente de cancelación de pensión alimenticia definitiva derivada del vínculo matrimonial, únicamente es posible analizar si se extinguió o no la obligación que dio origen a la condena al pago de alimentos y no así la constitución de una pensión compensatoria a favor del ex cónyuge, pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su demostración, esto es, una situación de desventaja económica que incida en la capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar las necesidades básicas del acreedor alimentista, lo cual es ajeno a la materia del incidente señalado, por lo que debe intentarse la acción en la vía correspondiente." Énfasis propio. Por otra, resulta importante destacar, para quien aquí resuelve, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el tercero interesado, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." DECISIÓN Consecuentemente, ante lo infundado de sus conceptos de violación, lo procedentes es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, en contra del acto que reclamó de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, respecto del acto reclamado y autoridad responsable señalados, por los argumentos que se esgrimen en el apartado X de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que *** acude al presente juicio como tercero interesado; en consecuencia, se provee: a) Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. b) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la ley de la materia, se le tiene formulando sus alegatos, los cuales serán recepcionados en la fase respectiva de la audiencia constitucional c) Téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones y por autorizado en términos del precepto 12 de la normativa multicitada a **, por contar con cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, proporcionando un número telefónico y correo electrónico, los cuales -de ser necesarios- se utilizarán para mantener en contacto entre dicha parte procesal y este órgano jurisdiccional en relación a este asunto, no así como un medio de notificación. d) Se toma nota que no es su deseo comparecer a la audiencia constitucional que se llegue a celebrar en este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibidas las constancias y demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 210/2021. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de la remisión de la demanda de amparo promovido por Elided Trinidad García y sus respectivos anexos. Este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. De las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para un mejor manejo, fórmense los tomos correspondientes, las cuales estarán a disposición de las partes para su consulta y formarán parte de este expediente. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Elided Trinidad García, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. Solicitud de informe justificado. No es el caso solicitar a la autoridad responsable que rinda su informe justificado, debido a que este ya obra en autos. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para la audiencia constitucional. Para ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas las documentales que anexó en su informe justificado la autoridad responsable magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Notificación al tercero interesado. De autos se advierte que la responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emplazó a Carlos Ortega García corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; por tanto, hágasele de su conocimiento que este Juzgado de Distrito se avocará al conocimiento del presente asunto. Para lo cual, se ordena notificar a la citada parte procesal esta determinación y los subsecuentes en el domicilio que señaló para recibir notificaciones en el toca familiar 94/2020 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a saber casa número trescientos tres, de la calle tres, avenida Oaxaca, colonia Santa Rosa Panzacola, Oaxaca. Domicilio del quejoso. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados para tales efectos a las personas que refiere. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones; de ahí, que se tienen como números de teléfono de contacto los indicados en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. -SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTU DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO-

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