Elided Rodriguez Reyes
Expediente 1518/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Elided Rodriguez Reyes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ELIDED RODRÍGUEZ REYES, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
notifiquese por lista a la perte quejosa el proveido de 26 de diciembre de 2016 "Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda signado por Elided Rodríguez Reyes, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1518/2016-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La providencia precautoria ordenada en audiencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del cuaderno preliminar 142/2016, con número único de caso 12-2016-10363, relativa al embargo de bienes a favor de la víctima Juan Jesús Enrique Pérez López y decretada contra la quejosa Elided Rodríguez Reyes. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De lo anterior se obtiene, que el juicio de amparo se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, previstos en el artículo 107, de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, cuyo objeto es restringir la procedencia de la acción con el propósito de que, previo a ésta, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que su promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genera certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XX, dispone que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo será improcedente mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Cabe destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio de amparo para ello, el principio de definitividad cobra vigencia y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, deberá agotarse el medio ordinario de impugnación de que se trate, a menos que se actualice diversa excepción. Luego, el principio de definitividad que rige al juicio constitucional en materia administrativa exige el agotamiento de cualquier instancia que pueda producir la insubsistencia del acto que causa afectación al inconforme, puesto que constituye un medio extraordinario de defensa, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto, la promovente de amparo señaló como acto reclamado la orden de embargo sobre bienes de su propiedad por la cantidad de $37,167.56 (treinta y siete mil ciento sesenta y siete pesos 56/100 M.N.); lo cual se corrobora de las copias certificadas que al efecto anexó a su escrito de demanda, de las cuales se advierte que la Juez de Control en audiencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del cuaderno preliminar 142/2016, con número único de caso 12-2016-10363, dictó como providencia precautoria el embargo de bienes a favor de la víctima Juan Jesús Enrique Pérez López y decretada contra la quejosa Elided Rodríguez Reyes. Sobre el tema, los artículos 138, fracción I, 467, fracción I, 471 y 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y (.)" "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares." "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva." "Artículo 472. Efecto del recurso Por regla general la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente." De los preceptos legales transcritos, se tiene que son apelables las resoluciones que se pronuncien sobre providencias precautorias o medidas cautelares. En la especie, la peticionaria reclama la providencia precautoria, consistente en el embargo sobre bienes de su propiedad para garantizar la cantidad de $37,167.56 (treinta y siete mil ciento sesenta y siete pesos 56/100 M.N.) a favor de la víctima Juan Jesús Enrique Pérez López; de lo antes expuesto, se advierte que contra dicha determinación procede el recurso de apelación en términos del artículo 467, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medio de impugnación que por sus efectos, tiene como finalidad que el superior jerárquico o tribunal de alzada, revoque o modifique la determinación dictada en su contra por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia número 447, visible en la página 297, del último Apéndice la Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, que textualmente señala: "RECURSOS ORDINARIOS." Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación dictada en audiencia de solicitud de providencia precautoria de quince de diciembre de dos mil dieciséis, respecto a la fijación de una providencia precautoria consistente en el embargo sobre bienes propiedad de la hoy promovente; la peticionaria estaba obligada a agotar el recurso de apelación, previo a que acudiera a la instancia constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Designación de domicilio y autorizados. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda; y por autorizados para tales efectos, así como para recibir documentos, a las personas que designa. Notificación en días y horas inhábiles. Finalmente, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo en vigor, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el Secretario Néstor Edgar Magos Mera, que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, que SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Flor de María Martínez Hernández, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los cuadernos incidentales y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran copias certificadas de la escritura pública 17,267, volumen 297 de doce de septiembre de dos mil trece, exhibidas por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de tres días comparezca a este juzgado a recoger el citado documento, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal, y duplicado del incidente de suspensión, son destruibles, y el original del incidente de suspensión es depurable. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa asistido de Secretario Néstor Edgar Magos Mera, que autoriza y da fe. Doy fe.
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