Elide Pérez Osejo
Expediente 1093/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/08/2023
Partes del expediente
- Elide Pérez Osejo
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1093/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". V. Desechamiento. Ahora bien, este Juzgado estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Así, por un lado, del primer precepto transcrito se advierte que el legislador previó una regla de clausura respecto de las causas de improcedencia que se pueden actualizar en los juicios de amparo, en el sentido de que dichas causales no se restringen a aquellas descritas de manera taxativa en las demás fracciones del ordinal en cita, sino que la improcedencia también puede acaecer cuando se contraría el conjunto de reglas y principios que imperan en los sumarios constitucionales. Por tanto, de una interpretación sistemática, y a contrario sensu, de los numerales reproducidos, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en el procedimiento de ejecución, cuando no se reclame la última resolución dictada en el mismo, entendida como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento". En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció que las resoluciones dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues, de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución y, con ello, se trastocaría la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resultaría en un contrasentido. Emitió tal criterio con base en las consideraciones siguientes: 1) Que del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador, a fin de resguardar la operatividad del sistema, evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de la autoridad judicial, dispuso que el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución respectivo, esto es, aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u Ordena el archivo definitivo del expediente; 2) Que, en caso de promoverse la acción constitucional en contra de esas resoluciones, se podrán hacer valer conceptos de violación en contra de los vicios cometidos durante el procedimiento del cual haya emanado la última resolución, siempre que éstos trasciendan a su resultado; 3) Que tal requisito pretende evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, impedir que se interpongan diversos juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución; y 4) Que no es óbice que previamente a dichos actos (el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, las que ordenan el archivo definitivo del expediente), las autoridades responsables emitan alguna otra actuación intermedia que sea susceptible de generar perjuicio a las partes, sin embargo, a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite que vía conceptos de violación se puedan reclamar las violaciones cometidas durante la fase de dicho procedimiento. Asimismo, el Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 215/2009, sostuvo que existen ciertos actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente pudieran admitir la promoción del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la litis. En síntesis, una interpretación funcional del párrafo segundo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, permite concluir los dos supuestos de procedencia siguientes: 1) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, definida como aquella que: (a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; (b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, (c) Ordena el archivo definitivo del expediente. 2) Contra actos emitidos dentro de dicho procedimiento, que gocen de autonomía propia con relación a la ejecución, por vulnerar de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de las personas involucradas. Ahora bien, en el caso concreto, de una lectura integral efectuada sobre la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: **** Ahora, en los antecedentes de los actos reclamados la promovente expuso lo siguiente:***** Por tal motivo, resulta notorio e indudable que el acto reclamado al Juez de origen no constituye la última resolución dictada en etapa de ejecución, en virtud de que la misma no reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio natural, ni declaró la imposibilidad material o jurídica para acatar el fallo dicado en el mismo. Aunado a que, la resolución reclamada no fue dictada con motivo de un procedimiento de remate, sino porque la acción que dio origen al juicio ordinario civil fue precisamente la de "otorgamiento de escritura". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento; lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Lo anterior, sin que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa; toda vez que, de ser el caso, la impetrante se encuentra en condiciones de promover amparo en contra de la última resolución dictada en la etapa de cumplimiento del juicio natural del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; en donde podrá hacer valer las violaciones que estime se hayan cometido y que, habiéndola dejado sin defensas, hayan trascendido al resultado del fallo. Similar consideración sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja civil ********************, que resolvió el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de admisión de demanda dictado dentro del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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