Élida Uscanga Álvarez

Expediente 712/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
712/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Élida Uscanga Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Debido a que la parte quejosa XXXXXXXX no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Del estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el tres de enero de dos mil veinte (fojas 137-153 de autos), por una parte se sobreseyó el juicio de amparo, por otra se negó y por otra se concedió el amparo solicitado a XXXXXXXXX, para el efecto que la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la parte quejosa. 2. En su lugar, emitiera una nueva determinación en la que resolviera conforme a derecho procediera el recurso de reclamación, pero en la que se subsanaran las deficiencias señaladas en el fallo protector, lo que implicaba que conforme al derecho humano de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se resolviera de manera fundada y motivada. II) Inconforme con la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, órgano que mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión 74/2020, confirmó la sentencia recurrida (fojas 211-254 de autos). III) Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte (foja 255 de autos), se tuvo por recibido el testimonio relativo al precitado recurso de revisión; en consecuencia, se requirió el cumplimiento del fallo amparador a la autoridad responsable. IV) Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de octubre de dos mil veinte (foja 259 de autos), la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, informó el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX. V) En acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte (foja 270 de autos), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera; sin que hubieran realizado manifestación alguna. Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la parte quejosa. Asimismo, emitió una nueva determinación en la que resolvió el citado recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado contra la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la parte quejosa, en la que analizó los planteamientos de las partes, así como las pruebas aportadas por éstas a las que le otorgó valor probatorio, determinando que resultaba parcialmente procedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. Por otro lado, precisó que conforme al artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los alimentos deben darse de acuerdo a la posibilidad de quien los otorga y la necesidad de quien deba recibirlos. Al respecto, señaló que la actora refirió ser concubina del demandado desde marzo de mil novecientos noventa y seis, con el cual procreo dos hijos, y al efecto exhibió copias certificadas de las actas de nacimiento de sus hijos, lo que demostraba la existencia de una relación de hecho como es el concubinato. Que el reclamante cumple con la carga procesal que le impone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que éste manifestó que la actora cuenta con una pensión decretada en el expediente XXXXXXXXX del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y que por ello debe reducirse la pensión alimenticia provisional decretada. Que se exhibió copia certificada del citado expediente XXXXXXXXX, advirtiéndose que la actora XXXXXXXXX y el demandado XXXXXXXXX, presentaron un convenio mediante el cual establecieron las condiciones bajo las cuales se desarrollaría la relación de concubinato y determinaron la situación alimentaria de sus hijos, pactándose en aquella época que el demandado daría por concepto de alimentos a la actora y sus dos hijos, el equivalente al ochenta por ciento del sueldo y prestaciones que recibe como catedrático de la Universidad Veracruzana y por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aprobándose ese convenio el dieciocho de junio de dos mil nueve. Asimismo, se indicó que de dichas constancias se desprende que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y ante las manifestaciones de XXXXXXXXX (acreedora alimentaria mayor de edad), se ordenó la cancelación del porcentaje que ésta última tenía asignando en el convenio de alimentos, subsistiendo un XXXXXXXXX, para dos acreedores restantes . Constancias a las que se otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 261 fracción VIII y 265 del código de procedimientos civiles local, las que se estimaron suficientes para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales decretados al tratarse de una circunstancia no conocida por la responsable al momento de fijar la pensión alimenticia provisional. Que si bien la actora en su desahogo de vista, refirió que la pensión alimenticia es una institución del derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad necesidad, por lo que en aquellos asuntos donde se pactaron alimentos, no es procedente exigir al acreedor alimentario que ejercite la acción del cumplimiento del convenio de alimentos sino que el pago puede reclamarse en acción autónoma, empero, esa circunstancia se actualiza en el supuesto que el deudor incumpla con su obligación siendo que en el caso, no hay pruebas reveladoras de ese incumplimiento y contrario a ello, se aprecia que sobre los ingresos del demandado pesa otro descuento de alimentos del que se ve beneficiada la actora y por ello, no se surte el elemento del peligro en la demora, ya que la accionante goza de una pensión alimenticia que le proporciona la misma persona a la que ahora demanda, sin que haya circunstancia de un incumplimiento del deudor alimentario. Que no se pasa por alto la manifestación de la actora en el sentido de temer que haya una cancelación de la pensión alimenticia pactada en el expediente XXXXXXXXX, ya que su contraparte al interponer la reclamación, afirmó la conclusión del concubinato y el cese del derecho alimentario, por ende teme que se inste la terminación de la pensión alimentaria pues respecto del menor de edad ya existe una cancelación de ese pago ordenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de este Distrito Judicial; sin embargo, la actora no adjuntó prueba que evidencie que a la fecha se encuentra cancelada la pensión alimenticia del hijo menor de edad; aunado a que corresponde a una autoridad jurisdiccional decretar el cese de la obligación y ordenar la cancelación de la pensión alimenticia, por lo que se trata de meras manifestaciones. Además, no es posible incoar la acción de alimentos bajo el supuesto que se teme que en un futuro haya un incumplimiento de la obligación, por lo que se desestiman las manifestaciones vertidas en el escrito de desahogo de vista". Respecto a la posibilidad del deudor alimentario se indicó que de las constancias de ingresos y egresos se aprecia que sobre las percepciones de éste, pesa un descuento de pensión alimenticia, distinto al decretado en el juico natural, por lo que después de esos descuentos se conoce que el reclamante recibe mensualmente la cantidad de $ XXXXXXXXX, para hacer frente al descuento alimentario que deriva de este proceso judicial y sufragar sus propias necesidades alimentarias y las de un hijo menor de edad. Que respecto a la necesidad alimentaria de la acreedora, se trata de una persona, concubina del demandado, de la cual al inicio del procedimiento se presumió su necesidad alimentaria, pues refirió dedicarse preponderante al cuidado del hogar y de los hijos, de ahí que atendiendo al artículo 239 del Código Civil, se tomó en cuenta que requería de numerario para satisfacer comida, vestido, asistencia médica y habitación. Empero -se dijo- ahora se tiene en cuenta que la actora tiene ingresos económicos con motivo de una diversa pensión alimenticia que recibe tanto del Instituto de Pensiones del Estado como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le provee su concubino y si bien es verdad no hay constancia fehaciente sobre el monto de ese ingreso basta analizar los comprobantes de pago que remitieron las fuentes pagadoras conjuntamente con las constancias derivadas del expediente XXXXXXXXX, de los cuales deriva que con motivo de la cancelación de los alimentos que correspondía a la hija mayor de edad, solo está vigente la pensión alimenticia en un XXXXXXXXX, para dos acreedores alimentarios, por lo que una simple operación aritmética de dividir entre dos las cantidades que reportan por concepto de pensión alimenticia los multicitados recibos de pago: $ XXXXXXXXX, se advierte que XXXXXXXXX, recibe mensualmente un aproximado de $ XXXXXXXXX. Se agregó que las pruebas anexas al escrito inicial demuestran que en el año dos mil diecinueve, la actora pago una renta mensual por la cantidad de $ XXXXXXXXX), que por concepto de telefonía eroga gastos aproximados de doscientos noventa pesos, por lo que la cantidad que recibe por concepto de pensión alimenticia le permite sufragar los gastos referidos, restándole un aproximado de dos mil pesos para los restantes rubros a que se refiere el artículo 239 del código adjetivo civil local, los cuales solo se presumen ya que la exhibición de los diversos tickets de artículos perecederos no son idóneos si se tiene en cuenta que no deriva de ellos que los adquirió la actora para satisfacer sus necesidades alimentarias, por ello no se tiene medio de convicción para advertir que la actora tiene gastos mayores a sus ingresos. En consecuencia, se determinó reducir al mínimo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente, es decir, al uno por ciento. Lo anteriormente señalado evidencia que la Juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción resolvió lo conducentes respecto al recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario, subsanando los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo Segunda de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente civil XXXXXXXXX, las cuales obran en un tomo por separado; en virtud que ya no resultan necesarios por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó, por otra se negó el amparo y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. 1) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. 2) Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía.

  2. Principal

    Debido a que la parte tercero interesado XXXXXXXX no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Del estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el tres de enero de dos mil veinte (fojas 137-153 de autos), por una parte se sobreseyó el juicio de amparo, por otra se negó y por otra se concedió el amparo solicitado a XXXXXXXXX, para el efecto que la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la parte quejosa. 2. En su lugar, emitiera una nueva determinación en la que resolviera conforme a derecho procediera el recurso de reclamación, pero en la que se subsanaran las deficiencias señaladas en el fallo protector, lo que implicaba que conforme al derecho humano de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se resolviera de manera fundada y motivada. II) Inconforme con la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, órgano que mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión 74/2020, confirmó la sentencia recurrida fojas 211-254 de autos). III) Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte (foja 255 de autos), se tuvo por recibido el testimonio relativo al precitado recurso de revisión; en consecuencia, se requirió el cumplimiento del fallo amparador a la autoridad responsable. IV) Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de octubre de dos mil veinte (foja 259 de autos), la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, informó el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX. V) En acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte (foja 270 de autos), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera; sin que hubieran realizado manifestación alguna. Previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de alimentos, guarda y custodia XXXXXXXXX, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que al resolver la reclamación interpuesta por el demandado, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente a favor de la parte quejosa. Asimismo, emitió una nueva determinación en la que resolvió el citado recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado contra la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la parte quejosa, en la que analizó los planteamientos de las partes, así como las pruebas aportadas por éstas a las que le otorgó valor probatorio, determinando que resultaba parcialmente procedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado. Por otro lado, precisó que conforme al artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los alimentos deben darse de acuerdo a la posibilidad de quien los otorga y la necesidad de quien deba recibirlos. Al respecto, señaló que la actora refirió ser concubina del demandado desde marzo de mil novecientos noventa y seis, con el cual procreo dos hijos, y al efecto exhibió copias certificadas de las actas de nacimiento de sus hijos, lo que demostraba la existencia de una relación de hecho como es el concubinato. Que el reclamante cumple con la carga procesal que le impone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que éste manifestó que la actora cuenta con una pensión decretada en el expediente XXXXXXXXX del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y que por ello debe reducirse la pensión alimenticia provisional decretada. Que se exhibió copia certificada del citado expediente XXXXXXXXX, advirtiéndose que la actora XXXXXXXXX y el demandado XXXXXXXXX, presentaron un convenio mediante el cual establecieron las condiciones bajo las cuales se desarrollaría la relación de concubinato y determinaron la situación alimentaria de sus hijos, pactándose en aquella época que el demandado daría por concepto de alimentos a la actora y sus dos hijos, el equivalente al ochenta por ciento del sueldo y prestaciones que recibe como catedrático de la Universidad Veracruzana y por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aprobándose ese convenio el dieciocho de junio de dos mil nueve. Asimismo, se indicó que de dichas constancias se desprende que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y ante las manifestaciones de XXXXXXXXX (acreedora alimentaria mayor de edad), se ordenó la cancelación del porcentaje que ésta última tenía asignando en el convenio de alimentos, subsistiendo un XXXXXXXXX, para dos acreedores restantes . Constancias a las que se otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 261 fracción VIII y 265 del código de procedimientos civiles local, las que se estimaron suficientes para hacer un nuevo cálculo de los alimentos provisionales decretados al tratarse de una circunstancia no conocida por la responsable al momento de fijar la pensión alimenticia provisional. Que si bien la actora en su desahogo de vista, refirió que la pensión alimenticia es una institución del derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad necesidad, por lo que en aquellos asuntos donde se pactaron alimentos, no es procedente exigir al acreedor alimentario que ejercite la acción del cumplimiento del convenio de alimentos sino que el pago puede reclamarse en acción autónoma, empero, esa circunstancia se actualiza en el supuesto que el deudor incumpla con su obligación siendo que en el caso, no hay pruebas reveladoras de ese incumplimiento y contrario a ello, se aprecia que sobre los ingresos del demandado pesa otro descuento de alimentos del que se ve beneficiada la actora y por ello, no se surte el elemento del peligro en la demora, ya que la accionante goza de una pensión alimenticia que le proporciona la misma persona a la que ahora demanda, sin que haya circunstancia de un incumplimiento del deudor alimentario. Que no se pasa por alto la manifestación de la actora en el sentido de temer que haya una cancelación de la pensión alimenticia pactada en el expediente XXXXXXXXX, ya que su contraparte al interponer la reclamación, afirmó la conclusión del concubinato y el cese del derecho alimentario, por ende teme que se inste la terminación de la pensión alimentaria pues respecto del menor de edad ya existe una cancelación de ese pago ordenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de este Distrito Judicial; sin embargo, la actora no adjuntó prueba que evidencie que a la fecha se encuentra cancelada la pensión alimenticia del hijo menor de edad; aunado a que corresponde a una autoridad jurisdiccional decretar el cese de la obligación y ordenar la cancelación de la pensión alimenticia, por lo que se trata de meras manifestaciones. Además, no es posible incoar la acción de alimentos bajo el supuesto que se teme que en un futuro haya un incumplimiento de la obligación, por lo que se desestiman las manifestaciones vertidas en el escrito de desahogo de vista". Respecto a la posibilidad del deudor alimentario se indicó que de las constancias de ingresos y egresos se aprecia que sobre las percepciones de éste, pesa un descuento de pensión alimenticia, distinto al decretado en el juico natural, por lo que después de esos descuentos se conoce que el reclamante recibe mensualmente la cantidad de $ XXXXXXXXX, para hacer frente al descuento alimentario que deriva de este proceso judicial y sufragar sus propias necesidades alimentarias y las de un hijo menor de edad. Que respecto a la necesidad alimentaria de la acreedora, se trata de una persona, concubina del demandado, de la cual al inicio del procedimiento se presumió su necesidad alimentaria, pues refirió dedicarse preponderante al cuidado del hogar y de los hijos, de ahí que atendiendo al artículo 239 del Código Civil, se tomó en cuenta que requería de numerario para satisfacer comida, vestido, asistencia médica y habitación. Empero -se dijo- ahora se tiene en cuenta que la actora tiene ingresos económicos con motivo de una diversa pensión alimenticia que recibe tanto del Instituto de Pensiones del Estado como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le provee su concubino y si bien es verdad no hay constancia fehaciente sobre el monto de ese ingreso basta analizar los comprobantes de pago que remitieron las fuentes pagadoras conjuntamente con las constancias derivadas del expediente XXXXXXXXX, de los cuales deriva que con motivo de la cancelación de los alimentos que correspondía a la hija mayor de edad, solo está vigente la pensión alimenticia en un XXXXXXXXX, para dos acreedores alimentarios, por lo que una simple operación aritmética de dividir entre dos las cantidades que reportan por concepto de pensión alimenticia los multicitados recibos de pago: $ XXXXXXXXX, se advierte que XXXXXXXXX, recibe mensualmente un aproximado de $ XXXXXXXXX. Se agregó que las pruebas anexas al escrito inicial demuestran que en el año dos mil diecinueve, la actora pago una renta mensual por la cantidad de $ XXXXXXXXX), que por concepto de telefonía eroga gastos aproximados de doscientos noventa pesos, por lo que la cantidad que recibe por concepto de pensión alimenticia le permite sufragar los gastos referidos, restándole un aproximado de dos mil pesos para los restantes rubros a que se refiere el artículo 239 del código adjetivo civil local, los cuales solo se presumen ya que la exhibición de los diversos tickets de artículos perecederos no son idóneos si se tiene en cuenta que no deriva de ellos que los adquirió la actora para satisfacer sus necesidades alimentarias, por ello no se tiene medio de convicción para advertir que la actora tiene gastos mayores a sus ingresos. En consecuencia, se determinó reducir al mínimo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente, es decir, al uno por ciento. Lo anteriormente señalado evidencia que la Juez responsable dejó insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción resolvió lo conducentes respecto al recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario, subsanando los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo Segunda de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente civil XXXXXXXXX, las cuales obran en un tomo por separado; en virtud que ya no resultan necesarios por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó, por otra se negó el amparo y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. 1) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. 2) Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  4. Incidental

    Visto el estado procesal del juicio de amparo 712/2019 del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido Acuerdo General, debido a que se concedió la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones en las que se haya otorgado la suspensión o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además, deberá formularse el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTRUCCION DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente.

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