Elida del Carmen Alfonso Bravo

Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
236/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Elida del Carmen Alfonso Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. Así, en atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el cual radicó bajo el recurso de queja 153/2023; por tanto, estese en espera de la resolución que recaiga al referido medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ********************autorizado de la parte quejosa, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente, en atención a su solicitud de consulta electrónica por medio de su usuario, estese a lo acordado en auto de veintisiete de marzo del año en curso. Ahora, en atención a su contenido, téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por estimarse notoriamente improcedente. Por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, el recurso de queja, copia certificada del proveído recurrido, informe sobre la materia de la queja y copias certificadas de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, hasta el momento procesal no hay partes en el asunto. Asimismo, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, instrúyase a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Civil de que se trate, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Elida del Carmen Alfonso Bravo, por sí y en representación de su menor hijo de identidad resguardada bajo las iniciales M.A.A.; contra actos del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, con residencia en Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 236/2023 y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Con base en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito estima procedente desechar de plano la demanda, dado que respecto del primero de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (principio de definitividad) y por cuanto hace al resto la contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de un acto materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia. Procede evidenciar tal aserto. El primer acto que impugna la quejosa consistente en: "1) LA CARENTE FUNDAMENTACIÓN E MOTIVACIÓN E ILEGAL, INCONSTITUCIONAL ARBITRARIA Y CAPRICHOSA ABSTENCIÓN [NEGATIVA] Y RETARDO INJUSTIFICADO DE RESOLVER O EMITIR EL ACUERDO Y/O RESPUESTA Y/O RESOLUCION O ACUERDO DE TRAMITE A MI PETICION ". TERCERA Y CUARTA..." REALIZADA POR ESCRITO DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA Y RECIBIDA POR LA RESPONSABLE EN FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 LO QUE ATENTA DE MANERA DIRECTA CONTRA LA GARANTÍA INDIVIDUAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 1, 4 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL GENERAL." A modo de antecedentes, en lo que al caso interesa, narra que el veinte de agosto de dos mil veintiuno presentó una promoción dirigida al juicio ordinario civil 2408/2018 de la estadística del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, en la cual hizo cuatro peticiones; no obstante, a su consideración, en el acuerdo recaído a la misma el uno de septiembre de ese año sólo fue atendida la primera. En ese contexto, resulta patente para el suscrito que el acto reclamado no constituye una omisión autentica, susceptible de estudiarse como tal en el juicio de amparo, en la medida que a la promoción de la quejosa le recayó un proveído judicial, el cual, si bien, debe ser congruente con lo pedido, en caso de no serlo, puede ser impugnado por la parte agraviada mediante los recursos ordinarios a fin de obtener una determinación completa. El principio de congruencia supone que las resoluciones se ajusten al planteamiento del justiciable, siendo que hay dos clases de congruencia: la interna y la externa, la primera consiste en que la sentencia, auto o decreto no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, mientras que la segunda exige que la decisión haga ecuación con los términos del planteamiento, es decir, las resoluciones examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que significa que en toda determinación judicial debe observarse que se dicte atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controviertan. En ese contexto, es patente que si el decreto judicial recaído a la promoción de la quejosa no fue congruente con su contenido, esto es, no agotó todas las peticiones contenidas en la misma, entonces procedía en su contra el recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ahora bien, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Así, atento a que la legislación procesal en cita dispone que los decretos pueden ser impugnados por medio del recurso de revocación, es evidente que si en la especie los actos aquí reclamados se traducen en los acuerdos recaídos a sus solicitudes, en su contra procedía el recurso de revocación. De ahí que, en el caso, la parte quejosa debió combatir los decretos emitidos por la jueza del proceso, en la instancia ordinaria correspondiente por medio del aludido recurso, antes de acudir a la vía extraordinaria de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro de los supuesto de excepción que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. 4. No es un auto de vinculación a proceso. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En otro orden de ideas, respecto de la causal que afecta al resto de los actos reclamados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la parte quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; por tanto, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas. Tal interpretación se encuentra en la jurisprudencia P./J. 24/2014 sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, el cual analizó el puesto de litispendencia previsto en la Ley de Amparo abrogado, pero de idéntico contenido a la actual disposición normativa; mismo que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En dicho contexto, para que se actualice dicha causa de improcedencia se requiere la existencia de dos juicios de amparo en que concurran los presupuestos siguientes: a) Que sea promovido por el mismo quejoso; b) Que se promueva en contra del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; c) En contra de las mismas autoridades responsables; y, d) Que no se haya desestimado alguna de las demandas y ambas se encuentren pendientes de resolución. En el caso, se tiene que el presente juicio 236/2023 es promovido por Elida del Carmen Alfonso Bravo, por sí y en representación de su menor hijo de identidad resguardada bajo las iniciales M.A.A., en contra de ".2) LA CARENTE FUNDAMENTACIÓN E MOTIVACIÓN E ILEGAL, INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA Y CAPRICHOSA ABSTENCIÓN NEGATIVA Y RETARDO INJUSTIFICADO DE GARANTIZAR QUE MI MENOR HIJO RECIBA EL PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA CONSISTENTE EN EL 20 % QUE RESULTE SER DEL SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE PERCIBE EL TERCERO INTERESADO DE SU FUENTE DE TRABAJO PERO QUE SE DEJO DE PAGAR DEL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LA FECHA EN QUE SE PRESENTA ESTA DEMANDA DE GARANTIAS. 3) LA CARENTE FUNDAMENTACIÓN E MOTIVACIÓN E ILEGAL, INCONSTITUCIONAL ARBITRARIA CAPRICHOSA ABSTENCIÓN NEGATIVA Y RETARDO INJUSTIFICADO PARA HACER CESAR LA OMISIÓN, ABSTENCIÓN NEGATIVA Y CONTUMACIA EN QUE SE INCURRE DESDE EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LA FECHA POR PARTE DE LA PERSONA MORAL INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V DE CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL OFICIO 5584/19 CONSISTENTE EN DESCONTAR POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA EL VEINTE POR CIENTO [20 %] DEL CIENTO POR CIENTO [100 %] DEL SUELDO Y DEMAS PRESTACIONES QUE PERCIBE EL TERCERO INTERESADO COMO TRABAJADOR, EXCLUYENDO UNICAMENTE DEDUCCIONES DE LEY, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESETANCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 4) LA ILEGAL, INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA Y CAPRICHOSA OMISIÓN Y RETARDO INJUSTIFICADO PARA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO CUARTO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DENTRO DEL TERMINO DE CUARENTA HORAS SIGUIENTES AL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 REMITIERA O ENVIAA O GIRARA OFICIO DIRECTAMENTE A LA PERSONA MORAL INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL COBRO DE LOS ALIMENTOS A MI MENOR HIJO EN VIRTUD QUE DESDE LA FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 TUVO CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA MORAL INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V DESDE EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LA FECHA SE ABSTIENE NIEGA] A CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL OFICIO 5584/19 CONSISTENTE EN DESCONTAR POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA EL VEINTE POR CIENTO [20 %] DEL CIENTO POR CIENTO [100 % DEL SUELDO Y DEMAS PRESTACIONES QUE PERCIBE EL TERCERO INTERESADO COMO TRABAJADOR, EXCLUYENDO UNICAMENTE DEDUCCIONES DE LEY, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESETANCIÓN. 5) LA CARENTE FUNDAMENTACIÓN E MOTIVACIÓN E ILEGAL, INCONSTITUCIONAL ARBITRARIA CAPRICHOSA ABSTENCIÓN INEGATIVAT Y RETARDO INJUSTIFICADO DE IMPLEMENTAR DE MANERA INMEDIATA TODAS LAS MEDIDAS IDÓNEAS Y NECESARIAS PARA LOGRAR GARANTIZAR EL 20 % POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA QUE FUE DECRETADA EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL 2408/2018 PUES TIENE PLENO CONOCIMIENTO DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 EN QUE RECIBIÓ EL OFICIO 32870 Y TRASLADO DEL ESCRITO DE DEMANDA DE GARANTIAS BIINSTANCIAL DEL AMPARO INDIRECTO CON NÚMERO 1001/2022 DEL INDICE DE ESTE JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE ESTADO DE VERACRUZ QUE LA PERSONA MORAL INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V DESDE EL DÍA 14 DE MAYO DEL ANO 2021 A LA FECHA SE ABSTIENE NIEGA] A CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL OFICIO 5584/19 CONSISTENTE EN DESCONTAR POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA EL VEINTE POR CIENTO [20 % DEL CIENTO POR CIENTO [100 %] DEL SUELDO Y DEMAS PRESTACIONES QUE PERCIBE EL TERCERO INTERESADO COMO TRABAJADOR, EXCLUYENDO UNICAMENTE DEDUCCIONES DE LEY, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESETANCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR QUE ES UN "DEBER DEL ESTADO GARANTIZAR QUE EL DEMANDANDO CUMPLA CON SU RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LOS LLAMADOS ALIMENTOS" LO QUE IMPLICA LA RESPONSABLE FORMA PARTE DEL ESTADO OBLIGUE A LA PERSONA MORAL A REALIZAR EL PAGO CORRECTO Y EXACTO DEL 20 % POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA LO QUE GENERA QUE EXISTA UN IMPEDIMENTO DE PAGO DE ALIMENTOS CONSISTENTE EN EL VEINTE POR CIENTO [20 %] POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA". Actos que atribuye al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, en Veracruz. Asimismo, con base en la certificación de cuenta se invoca como hecho notorio la existencia del juicio amparo (1001/2022) es promovido por Elida del Carmen Alfonso Bravo, por sí y en representación de su menor hijo de identidad resguardada bajo las iniciales M.A.A., en contra de "a) La omisión y abstención de tramitar el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de once de enero de dos mil veintidós, a través de la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva realizada por lista de acuerdos; b) La omisión de allegarse la información y documentación solicitada mediante escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno; c) La omisión y abstención de implementar las medidas idóneas para garantizar el veinte por ciento (20%) por concepto de pensión alimenticia definitiva decretada en autos del juicio ordinario civil 2408/2018 de la estadística del juzgado responsable; y d) Las consecuencias de los actos reclamados, entre las que se encuentran la falta de pago de la pensión alimenticia decretada a favor de la quejosa; actos atribuidos al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz. El cual se admitió a trámite por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, y se encuentra pendiente de resolución. Como soporte a lo anterior, se ordena agregar a estos autos, para los efectos legales que al caso procedan, copia debidamente certificada de las principales constancias que componen el referido expediente. Lo anterior permite sostener que entre la demanda de amparo que hoy se provee y la que obra en el expediente 1001/2022, aun cuando los actos reclamados no se manifiestan de igual manera, si es posible tras un análisis de los mismos, advertirse que se trata de los mismos actos reclamados, de modo que sin duda alguna, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la demanda presentada en segundo término. Así las cosas, si la demanda que dio inicio al juicio de amparo 1001/2022 se presentó el tres de noviembre actual, y la que se atiende el cuatro del mismo mes y año; entonces, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a que el acto que aquí reclama es materia de un juicio de amparo admitido a trámite y pendiente de resolución. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que las causales de improcedencia invocadas se estiman probadas de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por la amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se tiene al promovente designado como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Josué Rodríguez Hernández, puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con los nombres de usuario "Lic.Josue.R.H.", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". Notifíquese en términos de ley.

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