Elida Cruz Guillén

Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
6/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Elida Cruz Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal por el plazo comprendido del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y por ello el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19; por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Por su parte, por diversa circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer las diversas medidas especiales aprobadas por la referida Comisión Especial que deberán adoptarse dada la modificación de la situación de contagios por Covid-19 en el país en relación con los circuitos de Guanajuato y de esta entidad, entre ellas la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, conforme al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y aplicación de este para la operación de los órganos jurisdiccionales de dichos circuitos, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. En ese sentido, agréguese el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto número 3/2021, enviado para que en auxilio de las labores de este órgano judicial, notificara a la quejosa Elida Cruz Guillen, el proveído de trece de enero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; sin que sea necesario acusar recibo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por la vía electrónica. De igual forma, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el número 232-Bis, planta Baja, calle Río Grande, colonia Hogar Moderno, en esta ciudad. Ahora bien, atento a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Elida Cruz Guillen, por su propio derecho, y ostentándose como Sindica Procuradora y Representante Legal del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, por su propio derecho, contra actos de la Procuraduría de Protección Ambiental, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 6/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la promovente Elida Cruz Guillen, reclama lo siguiente: a) La sentencia dictada en el recurso de revisión respecto del expediente administrativo número 012-051-EC-PROPEG-007/2011-P de fecha doce de agosto del año dos mil veinte, notificándose el día dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, signado por el Lic. Alfredo Gómez Suastegui, Procurador de Protección Ambiental del Estado, y su ejecución. b) La orden de imposición de una multa de $56, 700.00 (cincuenta y seis mil setecientos pesos 00/100 m.n), y de una multa adicional de 20 días por cada día que pase sin obedecer el mandato. c) La orden de clausura temporal o definitiva cuando incumpla con las medidas correctivas, por la visita de inspección al Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, respecto del relleno sanitario ubicado en dicha municipio y con coordenadas geográficas: N:16º 40'21.1" y W: 98º 24'42.0, altura 209 M, cuyo objeto fue verificar física y documentalmente que el tiradero sujeto a inspección, haya dado cumplimiento a sus obligaciones ambientales y su ejecución. En ese contexto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en la sentencia dictada en el recurso de revisión respecto del expediente administrativo número 012-051-EC-PROPEG-007/2011-P de fecha doce de agosto del año dos mil veinte, así como las consecuencias derivadas de esta, por ende, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción XII, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra los actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como en el presente acontece. Aunado a que, a consideración de este órgano de control constitucional, del examen conjunto del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 128 y 132 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que la mencionada ley no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados de los que establece la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 27/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1194, libro 28, tomo II, Marzo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto establecen: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Asimismo es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 19/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto establecen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. En este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Sin que obste que la promovente del amparo no haya acreditado la personalidad que dice ostentar y no se hubiera prevenido para tal efecto, dado que lo anterior no cambiaría el sentido del presente acuerdo. INFORMACIÓN GENERAL Se le comunica a la parte quejosa de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Finalmente, dado que la quejosa Elida Cruz Guillen, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerrada de los Gobernadores, número 4, colonia la Virgen, en Chilpancingo, Guerrero, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con sede en Chilpancingo, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda se constituya en el citado domicilio y notifique a la citada quejosa el presente proveído. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el mencionado arábigo 27, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la requiera para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del mismo código procesal, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, incluso las de carácter personal, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Asimismo, con apoyo en el precepto 21 de la invocada ley, se le faculta para que en caso de ser necesario habilite horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Por otro lado, se tiene como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jehová Méndez Olea, Jacobo Villanueva Flores y Héctor Medina Narváez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jonathan Solís, Miguel Omar Pano Solís, Fidel Castro Organis, Juan Joel Gasca Laredo, Xael Villanueva Mendoza, Cecilia Brito Cortez y Gilberto Rafael Salinas Rodríguez, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese.

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