Eliberta Barrera Santiago
Expediente 1013/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eliberta Barrera Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Agrega oficio. Glósese el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en atención al requerimiento emitido por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa Eliberta Barrera Santiago. Fallecimiento. Del oficio que se agrega y su anexo, se advierte que la autoridad promovente constata el fallecimiento de la quejosa Eliberta Barrera Santiago; al respecto se acuerda: Caso concreto. En sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal de la siguiente manera: "[.] a fin de que el Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morenos Prieto": 1. Provea de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, sin interrupciones, la atención médica y el tratamiento necesario para el padecimiento de a quejosa, esto de conformidad con su estado de salud, así como de sus requerimientos médicos y clínicos; proporcionándole el tratamiento adecuado. Lo anterior habida cuenta de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha realizado todo su esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para lograrla, sin que resulte válido que se solicite a la quejosa adquirir por su cuenta los insumos y/o medicamentos que se requieran, pues en casi de hacerlo así, deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias para realizar el reembolso que corresponda. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento (cáncer), de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia; justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeta conforme a su enfermedad, un especialista bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y que por ende, ya no requiera la entrega de los medicamentos. En la inteligencia de que aun cuando sólo el Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morenos Prieto" haya sido señalado como autoridad responsable, si en razón de sus funciones, diversas autoridades deben tener intervención en el cumplimiento de esta ejecutoria, éstas se encontrarán igualmente obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia, así como para lograr su vigencia real y eficacia práctica. [.]". Dicha determinación causó ejecutoria en el presente acuerdo. Sin embargo, en el presente acuerdo se agrega el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, al que adjuntó copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa Eliberta Barrera Santiago. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, por obstáculos insuperables, y el incumplimiento de las responsables no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, donde se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" proveyera de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, sin interrupciones, la atención médica y el tratamiento necesario para el padecimiento de la promovente del amparo, además de garantizar con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa. Determinación que en el presente acuerdo causó ejecutoria; sin embargo, debido a que falleció la quejosa Eliberta Barrera Santiago, existe imposibilidad material para cumplir el fallo protector. En efecto, el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que se ha demostrado en este asunto que la quejosa falleció y los actos reclamados únicamente afectaban derechos personales de la solicitante del amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que ante el deceso de la propia afectada, existe imposibilidad de continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento de ejecución del amparo, debe quedar sin materia. Consecuentemente, el efecto jurídico de la imposibilidad para la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de atención médica personal, respecto del cual la quejosa falleció y no se puede continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Agrega oficio. Glósese el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en atención al requerimiento emitido por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa Eliberta Barrera Santiago. Fallecimiento. Del oficio que se agrega y su anexo, se advierte que la autoridad promovente constata el fallecimiento de la quejosa Eliberta Barrera Santiago; al respecto se acuerda: Caso concreto. En sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal de la siguiente manera: "[.] a fin de que el Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morenos Prieto": 1. Provea de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, sin interrupciones, la atención médica y el tratamiento necesario para el padecimiento de a quejosa, esto de conformidad con su estado de salud, así como de sus requerimientos médicos y clínicos; proporcionándole el tratamiento adecuado. Lo anterior habida cuenta de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha realizado todo su esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para lograrla, sin que resulte válido que se solicite a la quejosa adquirir por su cuenta los insumos y/o medicamentos que se requieran, pues en casi de hacerlo así, deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias para realizar el reembolso que corresponda. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento (cáncer), de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia; justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeta conforme a su enfermedad, un especialista bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y que por ende, ya no requiera la entrega de los medicamentos. En la inteligencia de que aun cuando sólo el Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morenos Prieto" haya sido señalado como autoridad responsable, si en razón de sus funciones, diversas autoridades deben tener intervención en el cumplimiento de esta ejecutoria, éstas se encontrarán igualmente obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia, así como para lograr su vigencia real y eficacia práctica. [.]". Dicha determinación causó ejecutoria en el presente acuerdo. Sin embargo, en el presente acuerdo se agrega el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, al que adjuntó copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa Eliberta Barrera Santiago. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, por obstáculos insuperables, y el incumplimiento de las responsables no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, donde se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" proveyera de forma oportuna, permanente y constante a la quejosa, sin interrupciones, la atención médica y el tratamiento necesario para el padecimiento de la promovente del amparo, además de garantizar con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa. Determinación que en el presente acuerdo causó ejecutoria; sin embargo, debido a que falleció la quejosa Eliberta Barrera Santiago, existe imposibilidad material para cumplir el fallo protector. En efecto, el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que se ha demostrado en este asunto que la quejosa falleció y los actos reclamados únicamente afectaban derechos personales de la solicitante del amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que ante el deceso de la propia afectada, existe imposibilidad de continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento de ejecución del amparo, debe quedar sin materia. Consecuentemente, el efecto jurídico de la imposibilidad para la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de atención médica personal, respecto del cual la quejosa falleció y no se puede continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Glósese a los autos el escrito signado por autorizado de la parte quejosa , mediante el cual informa en relación al fallecimiento de la mencionada quejosa, asimismo, presentó copia simple del acta de defunción para acreditar tal circunstancia. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se le gire a la Dirección del Registro Civil en esta localidad, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada del acta de defunción que corresponde a la quejosa Eliberta Barrera Santiago. Apercibida que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes.
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a
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