Eliazar Valtierra Monsivais

Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 40 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
475/2020
Año
2020
Actuaciones
40
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Eliazar Valtierra Monsivais

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el incidente de suspensión original es susceptible de depuración y el duplicado destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. treinta de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído de dieciocho de febrero del presente año, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos de la moral tercera interesada Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, otorgando el plazo de veinte días hábiles a la parte quejosa a fin de que realizara los trámites correspondientes para recabar y acreditar la publicación de los mismos. En tales condiciones, de la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa para el efecto indicado en el párrafo que antecede, sin que lo haya realizado, ni tampoco manifestó su imposibilidad para ello. Por tanto, opera el sobreseimiento del juicio, conforme con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, con relación al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". De conformidad con los artículos transcritos, se advierte que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si ésta no los recoge, o paga su publicación y los exhibe dentro del plazo de veinte días, se decretará el sobreseimiento del juicio. Lo anterior es así, pues al no haberse emplazado a la parte tercera interesada, se incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En efecto, acorde con el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de amparo, el tercero interesado constituye parte de la relación procesal, lo que impone debe ser llamado al juicio, a fin de integrar debidamente la misma. Pues bien, analizadas las constancias del presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; asimismo, por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la moral tercera interesada Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, resultando infructuosa su localización. 2. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que en el término que se le concedió, proporcionara el domicilio correcto de la referida parte tercera interesada, sin que al efecto así lo hubiese realizado. 3. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó librar oficio a diversas autoridades para localizar el domicilio en el cual pudiera ser emplazada la referida tercera interesada, sin resultados positivos en cuanto a su localización. 4. Mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, respecto de la moral tercera interesada Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días para recoger el edicto y que procediera a su publicación; proveído que le fue notificado legalmente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, según se advierte de la diligencia actuarial que obra en autos. Ahora bien, no obstante que era del conocimiento pleno de la parte quejosa, que tenía un término de veinte días para la publicación de los edictos que se puso a su disposición, fue omisa en comparecer a recogerlos y justificar su publicación, sin que exista tampoco manifestación alguna respecto a su imposibilidad material o económica para así hacerlo. En consecuencia, tal actitud asumida por la parte quejosa, origina la paralización del procedimiento, al incumplirse con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial en el juicio, como es el emplazamiento de la parte tercera interesada. Así, no obstante la prevención hecha a la parte quejosa para recoger y publicar el edicto para el emplazamiento de la parte tercera interesada Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, la parte quejosa nada hizo para comparecer a recogerlos y demostrar su publicación, o la imposibilidad que tuviera para ello; por lo que, con tal actitud, se advierte la falta de acreditamiento de un elemento esencial para la continuación del juicio, como es el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 211, que es del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo estas condiciones, se actualizan los presupuestos previstos en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio. Sin efectos audiencia constitucional. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas y la citación para la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de marzo de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días otorgado a la quejosa a fin de que exhibiera la garantía que le fue fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de once de septiembre de dos mil veinte, sin que lo hiciera. Acuerdo. En tales condiciones, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que ante el incumplimiento de la parte quejosa de exhibir la garantía, queda expedita su facultad para ejecutar el acto reclamado, es de destacarse que, si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que la parte quejosa pueda otorgar la garantía, pues tiene su derecho hasta que la autoridad haga del conocimiento de este juzgado de distrito que ha ejecutado los actos reclamados, en términos de lo previsto por el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la tesis I.3o.C.47 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, registro digital 2008029, página 3040, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO." Y la tesis I.15o.A.31 K., del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, materia: Común, página: 1823, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese.

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