Eliazar Magaña Arias

Expediente 395/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
395/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Eliazar Magaña Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a ELIAZAR MAGAÑA ARIAS; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente por lo que en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, la copia certificada de diversas constancias que integran, la averiguación previa AP-VHSA-1ERA848/2014, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO; SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual el tercero interesado Rafael Aguilar Romero, solicita copia simple de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la reproducción indicada y entréguese a la persona que autorizada, lo anterior, previa razón que de recibo se otorgue en autos. Ahora bien, para efecto de estar en aptitud de expedirle dicha copia, deberá agendar cita de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C, NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO RAFAEL AGUILAR ROMERO LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eliazar Magaña Arias, contra el acto reclamado a las autoridades señalas como responsables; por las razones y motivos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa 5 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 395/2020-5, promovido por Eliazar Magaña Arias, contra actos del Director de Amparo y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veinte fojas 3 a 9, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Eliazar Magaña Arias solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES Director de Amparo y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General adscrito a la Dirección de Amparo y Resolución de Consultas, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO El acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte dictado por el Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General adscrito a la Dirección de Amparo y Resolución de Consultas, mediante el cual aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal emitida el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en la averiguación previa VHSA 1ERA 848/2014. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de dos de marzo de dos mil veinte fojas 21 a 25, se registró la demanda bajo el expediente 395/2020-5, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como urgentes, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como urgentes, para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho en adelante titulares, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante juicio en línea. Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como juicio en línea, con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.. Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a trascurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte fojas 40 a 43, se reconoció el carácter de terceros interesados a Francisco Pola Acuña, Rafael Aguilar Romero, Julio César de la Cruz de la Cruz, Julio César Rodríguez Castillo, Francisco Javier Urzúa, por lo que se ordenó emplazarlos por conducto del actuario de este juzgado. Asimismo, se le reconoció con el carácter de tercero interesado a Javier Urgel Avalos, por lo que se ordenó emplazarlo mediante despacho 68/2020-5 enviado al Juez Civil en turno de Cárdenas, Tabasco. En cumplimiento a lo anteriormente ordenado, el Actuario de este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emplazó a los terceros interesados Julio César Rodríguez Castillo y Julio César de la Cruz de la Cruz fojas52 a 55. En proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se tuvo al tercero interesado Francisco Javier Urzúa Gómez apersonándose al presente juicio de amparo. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este juzgado emplazó al tercero interesado Rafael Aguilar Romero foja 106. El quince de diciembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este juzgado emplazó al tercero interesado Francisco Pola Acuña foja 181. SEXTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. SÉPTIMO. REANUDACIÓN DEL JUICIO Y APERSONAMIENTO A JUICIO DE UN TERCERO INTERESADO. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional. Luego, en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno se tuvo al tercero interesado Javier Urgel Avalos, apersonándose al presente juicio de amparo. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917 Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, dictado por el Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General adscrito a la Dirección de Amparo y Resolución de Consultas, mediante el cual aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal emitida el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en la averiguación previa VHSA-1ERA-848/2014. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General y el Director de Amparo y Resolución de Consultas, ambos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados admiten la existencia del acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, mediante el cual el fiscal responsable aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal emitida el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en la averiguación previa VHSA 1ERA 848/2014. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe el fiscal responsable, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran la averiguación previa VHSA 1ERA 848/2014, la cual obra por cuerda separada debido a la voluminosidad de la citada carpeta. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: El veintidós de agosto de dos mil once, Eliazar Magaña Arias denunció el delito de robo de un vehículo de su propiedad (fojas 11 a 14 del tomo I de pruebas), por lo que el tres de septiembre de ese año, el Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito al segundo turno de la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo, a Casa Habitación y Comercio, de Villahermosa, Tabasco ordeno citar a las personas relacionadas con los hechos. El doce de marzo de dos mil trece, el representante social mencionado propuso no ejercer acción penal en la indagatoria FECORO-II-1544/2011, tramitada con motivo de la denuncia del quejoso foja 601 a 613 del tomo I de pruebas. En desacuerdo con la determinación anterior, el promovente de esta vía se inconformo el once de abril de dos mil trece fojas 659 a 665 del tomo I de pruebas. El dos de mayo de dos mil trece, el Agente de Ministerio Publico auxiliar del Procurador, con autorización del Director de Amparos, Procedencia de Criterios de Oportunidad e inconformidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, no aprobó la determinación del representante social investigador en la que propuso no ejercer acción penal en la averiguación previa de origen pues considero que debían recabarse diversas pruebas (foja 677 a 672 del tomo I de pruebas. El tres de julio del dos mil trece, el representante social investigador tuvo por hechas las manifestaciones del agraviado, referentes a querellarse contra Julio Cesar Rodríguez Castillo, Rafael Aguilar Romero y Francisco Javier Urzua Gómez por los delitos que resultaran y preciso que lo anterior sería considerado al determinar la indagatoria subyacente fojas 765 a 767 del tomo I de pruebas. El cinco de agosto de dos mil trece, el fiscal sustanciador de la averiguación previa, propuso no ejercer acción penal fojas 859 a 875 del Tomo I de pruebas contra lo que el ofendido, aquí quejoso, se inconformó el veinte de agosto siguiente fojas 907 a 909 del tomo I de pruebas. El treinta de septiembre de dos mil trece, el Agente de Ministerio Publico auxiliar del Procurador, con autorización del Director de Amparos, Procedencia de Criterios de Oportunidad e inconformidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, aprobó la determinación del representante social investigador en la que propuso no ejercer acción penal en la averiguación previa de origen (foja 911 a 934 del Tomo I de pruebas). Inconforme con la anterior determinación, el quejoso, promovió juicio de amparo indirecto el cual por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado de distrito bajo el expediente 2455/72013-I, en el cual el catorce de febrero de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el quejoso para los siguientes efectos: dejen insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil trece, y en su lugar emitan otra en la que realicen lo siguiente: Determinen si son fundados o no los argumentos hechos valer por el ofendido en su escrito de inconformidad de veinte de agosto de dos mil trece, para lo cual tendrán que exponer las consideraciones jurídicas y fácticas en las que se basen para declarar lo fundado o infundado de los motivos de disentimiento y no sólo señalen por qué de lo advertido de ciertas probanzas, no se estiman acreditados los elementos del cuerpo de los delitos de robo calificado y daños. Hecho lo anterior, conforme a sus atribuciones se pronuncien respecto a la propuesta del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo de Vehículos, a Casa Habitación y Comercio, de no ejercer acción penal en la averiguación previa FECORO II 1544/2011. fojas 1057 a 1118 del tomo I de pruebas. n cumplimiento a la ejecutoria de amparo el fiscal sustanciador de la averiguación previa, el veinte de marzo de dos mil catorce, emitió una nueva determinación en la que aprobó parcialmente el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de cinco de agosto de dos mil trece, por lo que se refiere al delito de robo calificado respecto de un vehículo automotriz propiedad del quejoso y en su segundo punto resolutivo no aprobó la consulta planteada respecto al delito de daños. fojas 859 a 875 del Tomo I de pruebas, contra lo que el ofendido, aquí quejoso, se inconformó el veinte de agosto siguiente fojas 940 a 965 del tomo I de pruebas. El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el fiscal sustanciador de la averiguación previa, propuso no ejercer acción penal fojas 1577 a 1597 del Tomo II de pruebas, contra lo que el ofendido, aquí quejoso, se inconformo el catorce de octubre siguiente fojas 1613 a 1619 del tomo II de pruebas. El dieciséis de enero de dos mil veinte, el Agente de Ministerio Publico auxiliar del Procurador, con autorización del Director de Amparos, Procedencia de Criterios de Oportunidad e inconformidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, aprobó la determinación del representante social investigador en la que propuso no ejercer acción penal en la averiguación previa de origen, la cual en lo conducente se trascribe al tenor siguiente: I.- El que suscribe, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del C. Fiscal General, adscrito a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas de esta Fiscalía, es competente para conocer y resolver la presente Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal, con la aprobación del Director; conforme a lo dispuesto en los artículos 129 del Código de Procedimientos penales aplicable en el estado de Tabasco; 5 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 45 fracción IV del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 2/o.- De un acucioso estudio y análisis de los diversos medios de prueba aportados por las partes, así como de las constancias y actuaciones que integran la presente indagatoria, incluido el Acuerdo de Consulta de no Ejercicio de la Acción Penal, el suscrito Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del ciudadano Fiscal General, considera procedente aprobar la Consulta dictada por el órgano investigador respecto por los delito de daños, abuso de autoridad y ayuda a la comisión de un delito por el que se querelló el pasivo, por las razones que a continuación se exponen: El tipo penal de DAÑOS, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 220, del Código Penal Vigente en el Estado dispone: Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena, o una propia en perjuicios de terceros, se le impondrán las penas previstas para el robo simple. De lo antes mencionado se desprende los siguientes elementos del tipo penal: a).- A la persona que por cualquier medio; b).- La destrucción o deterioro de una cosa ajena o en una propia en perjuicio de terceros. El medio por el cual se realiza dicha conducta, puede ser de cualquier especie, como lo señala el tipo penal en estudio pero a condición de que sea idóneo para producir un daño o un resultado, es decir deben ser suficientes y aptos para provocar el daño, destrucción o deterioro de la cosa indicada ajena o propia en perjuicio de terceros, de la misma forma, la conducta del sujeto activo debe ser der acción o de omisión para llegar a producir la destrucción o deterioro del bien ajeno, éste presunto responsable tiene que obrar de manera dolosa o culposamente de lo contrario habría ausencia de conducta; por lo tanto, al caso que nos ocupa no se encuentra acreditado dentro de la presente indagatoria, los elementos integradores del delito de daños. En cuanto a este delito el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, manifestó lo siguiente: Que resulto ser el propietario de la unidad motriz marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipos negros, sin ruta fija, el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, y tiene el número económico 828 perteneciente a la delegación del sistema RADIO TAXI, de la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER DEL MINICIPIO DE CENTRO, así mismo en este acto acredito la legitima propiedad de mi unidad motriz con la factura número D07203, LA CUAL ME FUE EXPEDIDA POR AUTOMÓTORES DE TABASCO S.A. DE C.V. CON FECHA 13 TRECE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE 2007, la cual exhibo en original y copias simples, para que previo Cotejo de ambas, el original me sea devuelto, y en este acto RATIFICO LA DENUNCIA EN TODO SU CONTENIDO QUE INTERPUSO EL C. HEBERTO LÓPEZ ZENTENO por el delito de robo de vehículo, así mismo también señalo que mi unidad se encuentra asegurada por la compañía se seguros AXA seguros con número de póliza KMS33974001, MISMA POLIZA QUE ME FUE EXPEDIDA A MI FAVOR ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y que en este acto exhibo el original y copias simples de la póliza de seguro, para que previo cotejo de ambas el original me sea devuelto, y pido me sea resarcido el daño económico por el cual estoy pasando, así como que también QUIEN RESULTE RESPONSABLES deberá responder por los daños mecánicos que pudiera tener mi unidad por la sustracción de piezas, ya que mi unidad se encontraba en perfectas condiciones, y de igual manera hago mención que el día del robo de mi unidad, me di a la tarea de localizar mi vehículo, estando este depositado en un terreno perteneciente a la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES DEL ALQUILER DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ubicado en la CALLE RIO HONDO S-N DE LA COLONIA CASA BLANCA. Querella a la que se le confiere valor indiciario de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, 108, 110 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales aplicables en el Estado, en virtud que mencionó hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar, en términos del numeral 77 primer párrafo del ordenamiento jurídico antes citado, y fue rendida ante una autoridad administrativa facultada por la Ley para la investigación de los delitos, en base a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no es apta para acreditar el delito de daños. Así mismo, obra la declaración del C. HEBERTO LÓPEZ ZENTENO, quien en lo conducente manifestó: Que resulto ser chofer del taxi marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, y cuyo propietario es el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y que el día de ayer 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE 2011, siendo aproximadamente las 09:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, me encontraba estacionado en el cajón de taxi ubicado en la calle EUSEBIO CASTILLO mejor conocido como SITIO CARDESA, cuando fui abordado por dos personas del sexo masculino, que me dijeron que trabajan para la UNIÓN DE TAXIS DEL CENTRO, y que el vehículo que yo conducía, quedaba a disposición de ellos y me solicitaron que los llevara hasta la Colonia Casa Blanca, por lo que yo hice caso omiso a tal petición, indicándome uno de ellos que portaba camisa azul con logotipo de la Unión de taxis, y con el nombre bordado de FRANCISCO POLO ACUÑA, que el vehículo el cual yo manejaba iba a ser remolcado por una grúa hasta el terreno que se ubica en la colonia Casa Blanca, por lo que yo me baje inmediatamente ya que esta persona solicitaron el servicio de una grúa la cual llegó al lugar y procedió a levantar el vehículo, dicha grúa particular del servicio de la UNIÓN DE TAXIS, con placas de circulación VP73860 DEL SERVICIO EXCLUSIVO DE LA UNIÓN, y quedándose en el lugar de los hechos, y acto seguido notifiqué al propietario el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y no omito manifestar que en el transcurso del día 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE 2011, ya cuando me encontré en el domicilio, fui informado por el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, de que la unidad taxi marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija, de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, se localiza en la CALLE RIO HONDO SIN NÚMERO DE LA COLONIA CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD CAPITAL, y por lo antes expuesto me deslindo de cualquier responsabilidad por el mal uso que le pudieran dar a la unidad antes citada, Y que reporte mi robo al 066, en el cual me dieron el folio número 11067333; y que el valor de la unidad es de aproximadamente $65,000.00 m.n. 00/100; y por lo antes narrado en este acto DENUNCIO lo hechos por el delito de robo cometido en agravio de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Declaración que se valora en forma indiciaria de conformidad en lo establecido por el numeral 107 y 108 del Código de Procedimientos Penales Aplicables en el Estado de Tabasco, en virtud de que fue realizada ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, pero no es apta para acreditar el delito de daños por el cual se querella el ofendido. El primer elemento consistente, a). A la persona que por cualquier medio; este no se encuentra acreditado en autos, en virtud de que no se señala por persona alguna que el día 18 de agosto de 2011, en que fue detenido el vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros, con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, los probables responsables JAVIER URGELL AVALOS, FRANCISCO POLA ACUÑA, RAFAEL AGUILAR ROMERO, RUBÉN DARIO VIDAL PÉREZ, JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ CASTILLO Y FRANCISCO JAVIER URZUA GÓMEZ, causaron daños materiales con motivo de la detención del vehículo propiedad de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, ya que de la declaración del chofer de nombre HEBERTO LÓPEZ ZENTENO no refiere en su declaración y en la integración de la presente indagatoria que al momento de que fue detenido la unidad que manejaba el día 18 de agosto de 2011, le hayan causado daños a la referida unidad motriz, ya que únicamente refiere en: Que resulto ser chofer del taxi marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, y cuyo propietario es el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y que el día de ayer 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE 2011, siendo aproximadamente las 09:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, me encontraba estacionado en el cajón de taxi ubicado en la calle EUSEBIO CASTILLO mejor conocido como SITIO CARDESA, cuando fui abordado por dos personas del sexo masculino, que me dijeron que trabajan para la UNIÓN DE TAXIS DEL CENTRO, y que el vehículo que yo conducía, quedaba a disposición de ellos y me solicitaron que los llevara hasta la Colonia Casa Blanca, por lo que yo hice caso omiso a tal petición, indicándome uno de ellos que portaba camisa azul con logotipo de la Unión de taxis, y con el nombre bordado de FRANCISCO POLO ACUÑA, que el vehículo el cual yo manejaba iba a ser remolcado por una grúa hasta el terreno que se ubica en la colonia Casa Blanca, por lo que yo me baje inmediatamente ya que esta persona solicitaron el servicio de una grúa la cual llegó al lugar y procedió a levantar el vehículo, dicha grúa particular del servicio de la UNIÓN DE TAXIS, sin referir que al momento de levantar el vehículo con la grúa, algunos de los probables responsables le haya causado daños a la referida unidad; así mismo, el propio ofendido no refiere en su declaración ministerial que la unidad motriz marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija, con número de motor GA16719876W, serie 3N1EB31SX7K349772, con placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, le hayan causado daños con motivo de la detención del día 18 de agosto de 2011, ya que únicamente ratifica la denuncia interpuesta por el C. HERIBERTO LÓPEZ ZENTENO, por el delito de robo de vehículo, y que pide le sean resarcido los daños económicos por el cual está pasando y por los daños mecánicos que pudiera tener la unidad, y de las constancias y pruebas que obran dentro de la presente indagatoria no se advierte que la unidad motriz propiedad de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, le fueron ocasionados directamente daños el día 18 de agosto cuando fue detenida por personal de la unión de taxis del centro y que posteriormente fue puesto a disposición de la Secretaría de transporte del Estado de Tabasco, según consta en el acta número 0411 de fecha 18 de agosto de 2011, por lo que esta autoridad que hoy resuelve considera que no se encuentra acreditado el primer elemento del delito de daños por el cual se querella ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. En cuanto al segundo elemento del delito de daños consistente en b).- La destrucción o deterioro de una cosa ajena o una propia en perjuicio de terceros; elemento que tampoco se encuentra acreditado en autos con ningún medio de pruebas que refiere que el día 18 de agosto de 2011, con motivo de la detención del vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros, con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, los probables responsables JAVIER URGELL AVALOS, FRANCISCO POLA ACUÑA, RAFAEL AGUILAR ROMERO, RUBÉN DARIO VIDAL PÉREZ, JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ CASTILLO Y FRANCISCO JAVIER URZUA GÓMEZ, causaron destrucción o deterioro de la cosa ajena, elemento principal del delito de daños, en esta caso a la referida unidad motriz propiedad de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS; lo anterior, y de acuerdo la pericial de mecánica identificativa, avalúo comercial, con número de oficio CTT/8843/2011, de fecha 15 de noviembre del año 2011, firmado por el C. ELEAZAR ESPINO SOLÍS, perito de los servicios periciales, el cual le fue realizada al vehículo antes descrito y en sus conclusiones refiere lo siguiente: conclusión. Después de aplicar el método y las técnicas antes descritas se pudo comprobar que este vehículo no presenta alteraciones en los caracteres alfanuméricos que lo identifican. AVALÚO DE DAÑOS: Después de efectuar una inspección ocular a toda la carrocería se pudo observar que esta unidad no presenta daños recientes que valuar. AVALÚO COMERCIAL: Esta unidad de acuerdo al modelo y condiciones de uso en que se encuentra actualmente tiene un valor comercial de $45,000.00 SON CUARENTA Y CINCO MIL PESOSO 00/100 M.N. Pericial que se le da valor jurídico probatorio en términos del artículo 85, 109 fracción III, del Código de Procedimientos Penales Aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que fue realizado por un servidor público en ejercicio de sus funciones el cual se encuentra adscrito a la Dirección de los Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, Institución facultada para la Investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, con lo cual se advierte que el vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros, con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, no le fueron ocasionados daños el día 18 de agosto de 2011, cuando fue detenido por personal de la unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente a disposición del personal de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco según consta con el acta número 0411 de fecha 18 de agosto de 2011, aunado a que con fecha nueve de septiembre de 2011, el ofendido ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, agregó mediante escrito de fecha 06 de septiembre de 2011, a los autos de la presente indagatoria tres fotografías tamaño postal en donde aprecia el vehículo marca Nissan, color blanco y negro, con número económico 828, con la leyenda radio taxi, placas de circulación 48-43-VWC, y la observación de las fotografías marcadas con el número uno y tres no se le observa daños en su carrocería observándose en la parte inferior de dichas fotos la fecha en la que fueron tomadas 18-08-2011, 10:14 a.m., las cuales fueron tomadas en el interior de un taller de hojalatería y pintura general de nombre SAGITARIO según se observa en la fotografía marcada con el número dos; documental que se valora de forma indiciaria en términos del artículo 107 del Código de Procedimientos Penales Aplicable en el Estado de Tabasco, y que refuerza el hecho de que la unidad motriz antes referida no le fueron causados daños al momento de su detención por personal de la unión de taxis amarillos del Centro, ni por el personal de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, y de las pruebas desahogadas no se advierte señalamiento por parte del denunciante y del ofendido que al momento de la detención de la unida ya referida el día 18 de agosto se le haya causado una destrucción o deterioro por parte de los CC. JAVIER URGELL AVALOS, FRANCISCO POLA ACUÑA, RAFAEL AGUILAR ROMERO, RUBÉN DARIO VIDAL PÉREZ, JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ CASTILLO Y FRANCISCO JAVIER URZUA GÓMEZ. Así mismo, en autos obra las declaraciones de los CC. FRANCISCO POLA ACUÑA y RAFAEL AGUILAR ROMERO, como personas relacionadas con los hechos y que con posterioridad fueron citados como probables responsables donde el primero de los mencionados declaró lo siguiente: Que enterado de los hechos que denuncia el C. HERIBERTO LÓPEZ ZENTENO Y ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, así como el informe que rinden los elementos de la Policía Ministerial del Estado, de lo cual se me dio lectura en este acto, al respecto manifiesto: Que tengo calidad de Vicepresidente en el Departamento de comisión de Honor y Justicia, pertenecientes a la UNIÓN DE TAXIS AMARILLO DEL CENTRO, nombramiento que me fue otorgado dentro de la Toma de nota de fecha veintiuno del mes de septiembre del año Dos mil Diez, por la presidente de la Junta de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y que mis funciones se encuentran contempladas en los actuales estatutos que también se encuentran presentados, registrados y aprobados ante la Junta de Conciliación en su artículo 35 fracción II, Incisos g), h) y 1), me dan las facultades para así dar el correcto ejercicio de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones de carácter general que los presentes estatutos señalan, a todos y cada uno de los Socios de nuestra agrupación, es el caso que efectivamente el día 18 dieciocho de agosto de dos mil once 2011, como a eso de las nueve de la mañana, yo y otra de nombre ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ, procedimos a realizar el operativo para la verificación de vehículos de nuestra unión, con el fin, entre otras cosas, de constatar que los choferes estuvieran en regla con sus documentos oficiales y es el caso que cuando le hicimos la parada al taxi número económico 828, nos dimos cuenta que su conductor es decir el chofer de nombre HEBERTO LÓPEZ ZENTENO, no contaba con documentales oficiales de la Unión y aparte de ello el suscrito le hizo saber que dicha unidad debía doce guardias, aclarando que todo socio de nuestra agrupación sabe y conoce que deben de cumplir con las fechas y horarios establecidos de las guardias en los sitios, tal y como lo dispone el Artículo 13 Fracción XIII de nuestros propios estatutos, y que al no cumplir con tales obligaciones, deben ser merecedores de cualquiera de las medidas disciplinarias que estipula el artículo 81 Fracción VI, de los multicitados estatutos, así que al percatarnos que el chofer HEBERTO LÓPEZ ZENTENO, no traía sus documentos en regla y que de igual forma, el TAXI no estaba pintado de color amarillo, fue que la pedimos le hablara al socio de nombre ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, para que informara de las tres anomalías que presentaba su vehículo y el mismo chofer, así que me lo pasó al teléfono y le explique lo mismo que le dije a su chofer, es decir que debía doce guardias y que no se encontraba su carro pintado de color amarillo y que le chofer no contaba con los documentos oficiales de la Unión y que por tal motivo íbamos a remolcar su unidad hasta el terreno que se encuentra en la Colonia Casa Blanca, propiedad de nuestra unión hasta que no pagara las cuotas atrasadas ante la tesorería y que equivalen a un mil doscientos pesos y posteriormente entregarles su unidad; no omito manifestar que dicho operativo fue autorizado mediante asamblea General la cual se realiza mes con mes en nuestra unión y todos los Socios estuvieron de acuerdo en que nuestro departamento se encargara de tales operativos, por lo que no considero haber incurrido en una responsabilidad, sobre todo cuando nuestros propios estatutos me dan la facultad para que todos los socios cumplan con sus obligaciones y en este caso como el señor ELIAZAR no cumplió, solamente hice mi trabajo y por último quiero manifestar; Que se levantó el acta administrativa el mismo día 18 de agosto del 2011, bajo el número 411, donde se pone a disposición al Taxi con número económico 828 a nuestra máxima autoridad que es la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TABASCO, así que, a partir de esta fecha nosotros nos deslindamos de este problema y se le invitó al señor ELIAZAR a que se presentara a dicha secretaría a resolver lo relacionado con su unidad, siendo todo lo que deseo manifestar y el segundo de los mencionados manifestó lo siguiente: Que enterado de los hechos que denuncia el C. HEBERTO LÓPEZ ZENTENO Y ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, así como el informe que rinden los elementos de la Policía Ministerial del Estado, de lo cual se me dio lectura en este acto, al respecto manifiesto: Que después de haberse leído la denuncia presentada por ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, quiero manifestar: Que se me hace algo injusto su actitud y proceder, ya que esta persona ha estado en diversas uniones y del cual ha sido corrido por ser una persona tan conflictiva, pues estuvo en los Malboro, así también en los Radiotaxis y en estas agrupaciones por medio de asamblea fue expulsado, así que al presentarse conmigo en mi calidad de SECRETARIO GENERAL DE TAXIS AMARILLOS, le di cabida y le dije que solamente se pusiera a trabajar y cumpliera cabalmente con nuestros estatutos, así es que, en ningún momento considero se le haya robado su taxi, ya que se le detuvo, fue porque no respetó los lineamientos de la agrupación, es decir debía once guardias aproximadamente, su vehículo debió de haberlo pintado de color amarillo desde hace aproximadamente tres meses y hasta la fecha lo sigue teniendo de color blanco como Radiotaxi, cuando el mismo sabía que ya no podía tener pintado de color blanco su unidad, sino de color amarillo y esto lo corroboro con las propias fotografías que él exhibe a este expediente en donde se demuestra que su vehículo sigue estando de color blanco, aunado a ello se le detuvieron su vehículo, fue porque se tuvieron las bases a como lo dispone el artículo 81 fracción IV, que habla que se podrá aplicar como medida disciplinaria la detención y encierro del vehículo del Servicio público propiedad de cualquier Socio, así como nadie le ha robado su carro al señor ELIAZAR, pues él sabía desde su principio de las anomalías que presentaba, ya que el señor FRANCISCO POLA ACUÑA. Me comento que le hizo saber la situación que presentaba su carro, y para evitar cualquier problema se pidió se mandara a nuestra autoridad la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, el carro propiedad del Socio ELIAZAR MAGAÑA ARIAS; siendo todo lo que deseo manifestar. Declaraciones que se valora de forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de Procedimientos penales aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros, con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad del C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Obra la declaración de C. AQUILES DOMÍNGUEZ CERINO, como persona relacionada con los hechos que entre otras cosas manifestó lo siguiente ".Que una vez que esta autoridad me a leído y dicho la razón por la cual se me cita como persona relacionada con los hechos es mi deseo manifestar. que no ordené la detención de la unidad 828VMC DEL SERVICIO taxi blanco con negro con placas de circulación 4843VMC DEL SERVICIO PÚBLICO, de igual forma manifiesto que desconozco todos los hechos que se me han leído en la presente indagatoria ya que nunca giré ningún oficio para detención alguna del vehículo que se refieren en la averiguación previa. De igual forma obra las declaraciones de los CC. JAVIER URGEL AVALO Y JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, como probables responsables quien el primero de los mencionados entre otras cosas manifestó lo siguiente: Que en base a los hechos que da origen a la presente averiguación previa, manifiesto que efectivamente al respecto el día que mencionan el demandante fuimos comisionados en base a un oficio de comisión con número de folio DO/167/2011, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, suscrito por el LICENCIADO JORGE BALLINA OCAÑA, DIRECTOR OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE TABASCO, mismo que en este acto solicito fecha y hora a esta representación social para presentación del mismo en original para que sea agregado en autos; el cual nos autoriza al suscrito y al que en él se menciona para realizar supervisión y vigilancia al servicio público en todas sus modalidades facultad que nos confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco, expedido por el director operativo el licenciado JORGE BALLINA OCAÑA, en base a una queja que había en contra de unidad de taxi con número económico 828, que estaba realizando el servicio público sin autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en base a una denuncia que realizara por escrito el Secretario de la unión de los taxis blanco con negro mismo que depende de la unión de taxis amarillo, situación que ya fue manifestado y ratificada mediante manifestación que se realizará ante esta representación social el día 24 del mes de febrero del año 2012, y que obra en autos, misma que este acto ratifico para todos los efectos legales conducentes y aclaro que las acciones cometidas por el suscrito fueron en base a las atribuciones y facultades que confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco. Y el segundo de los mencionados declaró lo siguiente: que en base a los hechos que da origen a la averiguación previa, manifiesto que efectivamente al respecto el día que menciona el demandante fuimos comisionados en base a un oficio de comisión con número de folio DO/167/2011, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, suscrito por el LICENCIADO JORGE BALLINA OCAÑA, DIRECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO DE TABASCO, mismo que en este acto solicito fecha y ora a esta representación social para presentación del mismo en original para que sea agregado en autos; el cual nos autoriza al suscrito y al que en él se menciona para realizar supervisión y vigilancia al servicio público en todas sus modalidades facultad que nos confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco, expedido por el director operativo el licenciado JORGE BALLINA OCAÑA, en base a una queja que había en contra de unidad taxi con número económico 828, que estaba realizando el servicio público sin autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en base a una denuncia que realizara por escrito el Secretario de la unión de los taxis blanco con negro mismo que depende de la unión de taxis amarillo, situación que ya fue manifestado y ratificada mediante manifestación que se realizará ante esta representación social el día 24 del mes de febrero del año 2012, y que obra en autos, misma que este acto ratifico para todos los efectos legales conducentes y aclaro que las acciones cometidas por el suscrito fueron en base a las atribuciones y facultades que confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco. Declaraciones que se valora de forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de procedimientos penales Aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Así mismo, obra las declaraciones de los CC. JOSÉ ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ Y/O ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ y DANIEL ALMEIDA ZAMUDIO, como probables responsables quien el primero de los mencionados declaró lo siguiente: ". que comparezco voluntariamente ante esta autoridad, en virtud que por cuestiones de trabajo no podré hacerlo en la fecha que fui citado, y una vez enterado de los hechos denunciados por el C. ELEAZAR MAGAÑA ARIAS, al respecto manifiesto lo siguiente: en efecto en aquel tiempo fungía dentro del comité ejecutivo de la unión de taxis amarillos del Centro, en la cartera correspondiente a la Comisión de Honor y Justicia, desempeñándome como cuarto vocal lo que ya sabe ésta autoridad por los informes y documentos que están en la averiguación previa de igual forma manifiesto que lo que sucedió el día dieciocho de agosto del año dos mil once fue tal y como lo narra el señor FRANCISCO POLA ACUÑA, en la declaración que realiza a ésta autoridad desde el día dieciocho de septiembre del año 2011, siendo que lo que se realizó ese día fue un operativo para la verificación de documentos de las unidades de la agrupación y dentro de ese operativo se encontró las anomalías que en ese momento tenía la unidad automotriz del socio ELEAZAR MAGAÑA ARIAS, este operativo fue autorizado por la asamblea general de nuestra agrupación además de realizarse conforme a lo que señalan los estatutos que nos rigen y además de todo esto actuamos con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tabasco, siendo que fueron ellos los que retuvieron la unidad con número económico 828 por las razones señaladas en el acta de infracción número 0411 de fecha cuatro de agosto de 2011. Y el segundo de los mencionados declaró lo siguiente: Que me presento voluntariamente en este acto, en virtud de que e día en que fui notificado para que me presente a declarar como probable responsable, por cuestiones personales no podré asistir, motivo por el cual le solicité al fiscal de esta autoridad, se me tome la declaración, después de enterarme de los hechos que me tratan de imputar el que se dice ofendido, deseo manifestar que RATIFICO, en partes el contenido de mi declaración como persona relacionada de los hechos que se investigan de fecha 26 del mes de Mayo del año 2016, y con respecto a la detención de la unidad motriz propiedad del que se dice ofendido, la detención la llevó a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Declaraciones que se valora de forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de procedimientos Penales Aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad del C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Ahora bien, en de advertirse que dentro de los autos, obra fijaciones fotográficas remitidas mediante oficio CC519/2013, de fecha veinticinco de enero de 2013, suscrito por la C. LAURA PATRICIA DÍAZ GÓMEZ, perito de los servicios periciales de ésta Institución, donde realiza diversas tomas fotográficas en el lugar en que se encuentra el vehículo marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007, con número económico 828 y placas de circulación 48-43VMC, describiendo en cada fijaciones fotográficas las condiciones actual en que se encontraba el vehículo en referencia, haciendo las observaciones en las fotografías a colores en el orden que fueron agregadas cinco y seis se puede apreciar el daño ocasionado a la facia delantera derecha, así como el daño ocasionado al cuarto derecho, al igual en las fotografías once y doce donde se puede apreciar el daño causado al cristal de la puerta trasera izquierda del vehículo marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007, con número económico 828 y placas de circulación 48-43VMC; daños que fueron fijados después de una año cinco meses y siete días de la fecha que fue detenida la unidad motriz por personal de la unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente a disposición del personal de la Secretaría de transporte del Estado de Tabasco, según consta con el acta número 0411 de fecha 18 de agosto de 2011, ya que de autos no se demuestra que a dicho vehículo le fueron causado daños al momento de su detención; de igual forma, obra en autos la pericial de avalúo de daños y costo comercial, con número de oficio CCT/7939/2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, firmado por el C. RAFAEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ, perito de los servicios periciales donde menciona que el vehículo ya referido presenta los siguientes daños: cuarto delantero derecho, con un costo de $140.00 pesos, Cristal fijo de puerta trasera izquierda $650.00 pesos, y como mano de obra $300.00 pesos haciendo un total de $ mil noventa pesos, así mismo, refiere en dicho dictamen lo siguiente: Esta unidad motriz presenta deterioro en toda su carrocería por las inclemencias del tiempo como es en la pintura, lámina, luces, parte interior como es asientos, controles de tablero, así como ausencia de la batería, estéreo y del juego de cables para las bujías, presencia de agua y tierra lodo en el interior de dicha unidad parte delantera y trasera, de igual manera se aprecia que por las características de deterioro que presenta el interior y motor de este vehículo se deduce que ha estado sumergido en un acuoso agua, considerándose a esta unidad motriz por las características ya descritas por perdida total, valor según el modelo y las condiciones de uso de $49,500.00 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. Periciales que se valora indiciario de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 107 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de Tabasco, porque fueron realizados por un servidor público en ejercicio de sus funciones, pero que las mismas no se determinan que los daños fueron ocasionados por lo señalados probables en la presente indagatoria, ya que las mismas fueron realizadas con posterioridad a los hechos en que fue detenido el referido vehículo; aunado a que con fecha nueve de septiembre de 2011, el ofendido ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, agregó mediante escrito de fecha 06 de septiembre de 2011, a los autos de la presente indagatoria tres fotografías tamaño postal en donde aprecia el vehículo marca Nissan, color blanco y negro con número económico 828 con la leyenda radio taxi, placas de circulación 48-43-VWC, y la observación a las fotografías mascadas con el número uno y tres n se observa daños en su carrocería. Por lo que dicho daños que presenta la unidad el ofendido podría reclamarlo en otra vía, que no sea la penal ya que no fueron ocasionados con motivo de la detención ocurrido el día 18 de agosto de 2011. En cuanto al delito de abuso de autoridad, el cual se encuentra tipificado en el artículo 236 del Código Penal Vigente en el Estado de Tabasco, que copiado a la letra dispone lo siguiente: ARTI´CULO 236. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando: I. Para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; II. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia contra alguna persona o la vejare, o la insultare; III. Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; IV. Estando encargado de una fuerza pública y requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo; V. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; VI. Con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de e´ste, dádivas u otro servicio; VII. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contrato de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados a sabiendas de que no se prestara´ el servicio para el que se nombro´ al designado, o no se cumplirá el contrato otorgado; VIII. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio publico; y IX. Otorgue cualquier identificación en que acredite como servidor publico a una persona que realmente no desempeño el empleo, cargo o comisión a los que haga referencia en dicha identificación. Del cúmulo de las pruebas que obran dentro de la indagatoria no existen medios de convicción que sirvan para tener por acreditado ningún de las fracciones del artículo 236, ni la probable responsabilidad en contra de los CC. JAVIER URGELL AVALO, coordinador de operativo), JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, inspector y JORGE BALLINA OCAÑA, (Director operativo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco), no impidieron la ejecución de una ley, ni tampoco ejercieron violencia contra persona alguna; ya que las personas que detuvieron la unidad motriz marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007,con número económico 828 y plazas de circulación 48-43VMC, fue el personal de la unión de taxis amarillo del centro, y que posteriormente pusieron a disposición del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la referida unidad como se hace constar en el acta número 0411, la cual fue elaborada a las 15:30 horas del día 18 de agosto de 2011, personas que no cuentan con la calidad de un servidor público, a como lo requiere el tipo penal de abuso de autoridad; siendo estas personas prestadoras de servicio, las cuáles se rigen por sus propios estatutos internos de su gremio, de lo que se infiere que al pertenecer a ese gremio ellos acepta y están conscientes de las disposiciones en que ella se establecen sobre derechos y obligaciones de los socios a como lo refiere el artículo 12 y 13 de los estatutos de la Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de alquiler con servicios de Taxi, Radio Taxi, Servicio Especial Sectorizado, Servicio Especial Foráneo, Minitaxi, Colectivos, Similares y Conexos del Municipio del Centro, el cual corre agregado en autos debidamente certificada por la Secretaría General de la Sección de Colectivos y Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Documental privada que se valora de conformidad con lo establecido por el numeral 103 del Código de Procedimientos Penales aplicables en el Estado y los hechos por el cual se habían iniciado la originalmente dentro de la indagatoria AP-FECORO-II-1544/2011, en la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo de Vehículos, a Casa Habitación y Comercio, fue por el delito de robo respecto de un vehículo automotriz en circulación, estacionado o en reparación; y después que el Fiscal del Ministerio Público Investigador desahogara las diligencias necesarias en fecha cinco de agosto de 2013, Acordó la Consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, misma que fue confirmada en fecha veinte de marzo de 2014, por el Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador, por cuanto hace al delito de robo de vehículo y no aprobada la consulta en cuanto al delito de daños para los efectos de que se diera cumplimiento a lo expresado en el segundo considerando último párrafo de dicha resolución, en acatamiento a la sentencia de fecha 14 de febrero de 2014, en amparo directo 2455/2013-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, relacionado con el cuadernillo auxiliar 13/2014-III, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y con la cual se daba cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo antes mencionado donde dicha resolución quedó desacreditado que en cuanto al delito de robo de vehículo no se encontraba acreditado el primer elemento consistente en el "ánimo de dominio" por las consideraciones que se expusieron en dicha resolución y oficio número 1273-I, de fecha veintinueve de abril de 2013, el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, declara cumplida la ejecutoria de amparo, quedando firme dicha resolución y los argumentos planteados por el inconformista ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, en su escrito de fecha 10 de agosto de 2019, son inoperantes e irrelevantes en virtud de que dicho ilícito de robo de vehículo fue materia de una determinación en el cual quedó firme a como se menciona en líneas anteriores y ya no es materia de estudio. En cuanto al delito de Ayuda en la comisión de un delito, el cual se encuentra tipificado en el artículo 225 del Código Penal Vigente en el Estado en la época en que ocurrieron los hechos, 18 de agosto de 2011, que copiado a la letra dispone lo siguiente: ". Al que ayude a otro a cometer un delito." y el cual se le atribuye en contra del C. JOSÉ ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ, ilícito que no se encuentra acreditado en virtud de que el delito por el cual haya prestado la ayuda que en este caso el del delito de robo de vehículo, ilícito que no quedó acreditado uno de sus elementos constitutivos consistente en el ánimo de dominio, y que fue materia de juicio de amparo quedando firme la resolución de fecha veinte de marzo de 2014, dictada por el Agente del Ministerio Público Investigador Auxiliar del C. Procurador. Por lo tanto, con los medios de prueba antes mencionadas y valoradas con fundamento en lo previsto en los artículos 107, 108, 109, 110 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco, se concluye que no son aptos para tener por acreditados los elementos que integran el cuerpo de los delitos de daño, abuso de autoridad y ayuda en la comisión de un delito, y de ninguno de los previstos en el Código Penal Vigente en el Estado de Tabasco. En consecuencia, al no quedar acreditados ninguno de los elementos del delito DAÑOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y AYUDA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO, previsto y sancionado en el artículo 200, 236 y 225 del Código Penal para el Estado de Tabasco, resulta innecesario entrar al estudio de la probable responsabilidad de los CC. JAVIER URGEL AVALO, JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, JORGE BALLINA OCAÑA, FRANCISCO POLA ACUÑA, RAFAEL AGUILAR ROMERO, RUBÉN DARIO VIDAL PÉREZ, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ CASTILLO, JAVIER URZUA GÓMEZ, JOSE ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ Y DANIEL ALMEIDA ZAMUDIO, por lo que el Representante Social se encontraba impedido para ejercitar la acción penal en contra de los probables responsables antes señalados, y no es posible imponer pena alguna por simple analogía tal a como lo reza el artículo 14 tercer párrafo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena laguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. tal a como sucedió en este caso no quedaron acreditados los elementos del tipo penal antes señalado por el cual se querelló ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Ahora bien, de la interpretación armónica y sistemática de los numerales 14, párrafo segundo y tercero, 19 Constitucional y 137, del Código de Procedimientos Penales en aplicables en el Estado de Tabasco, se advierte que para determinar y consignar la presente indagatoria se deben cumplir con los siguientes requisitos: Que los datos que arroje la averiguación previa, deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Extremos que son de suma importancia porque s encuentran correlacionado con la garantía de legalidad y de principio de exacta aplicación de la ley penal. El contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, y frecuentemente expresado mediante el aforismo nulum crimen, nulla poena. En efecto, el principio constitucional referido prescribe que solo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión; por lo cual prohíbe acudir a la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho o la jurisprudencia, para considerar como delito determinada conducta, es decir, para integrar una norma penal; sin embargo, puede valerse de ello para interpretar las normas penales y siempre que sea dentro del marco normativo, considerando el significado literal más próximo. Para mayor ilustración esta autoridad apoya los argumentos antes vertidos en el criterio ubicado en la tesis Octava Época, Registro: 217539, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993, Materia Común, página: 263, a rubro y texto siguiente: GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. En virtud de dicho principio, cualquier hecho que no esté sancionado por la ley como delito, no será delictuoso, y por lo tanto, no es susceptible de acarrear la imposición de una pena. Por esta razón, el legislador se encuentra obligado a: Declarar que un hecho es delictuoso; y emitir una norma clara, precisa y exacta respecto de la conducta reprochable, el destinatario, así como la sanción como consecuencia jurídica por la comisión de un delito. En ese orden, la Corte ha establecido que el principio de exacta aplicación de la ley penal es extensiva también al legislador, pues a fin de dar cumplimiento al mismo, le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la emisión de un ilícito. Para garantizar el principio de la prohibición de la analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, la descripción típica no debe ser de manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación; así, el legislador se encuentra obligado a determinar la conducta típica de una manera tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma. Por lo tanto, los textos de normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 54/2014, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 8, julio de 2014, Tomo I, página 131, de rubro PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. De la jurisprudencia citada se advierte que es imprescindible que el texto legal establezca los posibles destinatarios; es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. Lo anterior tiene como finalidad darle certeza a cualquier gobernado cuando se le impute una conducta ilícita, pues solo en tales condiciones es dable concluir que la conducta que se le atribuye al gobernado es delictiva y merecedora de una pena debe atender a los supuestos de tipo penal que establece la norma penal secundaria; entendido éste tipo penal como la delictuosa. De este modo, aunque la autoridad investigadora se enfrente a un hecho profundamente desfavorable socialmente, si no hay una norma positiva que lo califique como delito, no tendrá tal carácter y no podrá invocar laguna legal para sancionarlo; por lo tanto en el cumplimiento al principio de la taxatividad deberá evitar sancionar alguna conducta o imponerse pena que no se encuentre establecida en la ley, para lo cual deberá abstenerse de interpretar por simple analogía o mayoría de razón la norma penal o de integrar una norma. En ese sentido las figura típicas son las que delimitan los hechos punibles y la materialidad del hecho configura el cuerpo del delito; dicho concepto fue descrito por el legislador del Estado en el artículo 137 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; entonces el cuerpo del delito es la descripción del hecho del mismo, con independencia del sujeto que lo realiza, es decir, los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos, que constituyen la materialidad del hecho que concretamente la ley señala como delito. En esa virtud acreditar el cuerpo del delito no es mas que demostrar la existencia de un hecho el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos y que así mismo conforma la parte adjetiva del tipo penal establecido en un ordenamiento legal. Ahora bien, los hechos acaecidos por si mismo deben de integrar el cuerpo del delito previsto por el legislador en los ordenamientos de naturaleza sustantiva penal, sin que se deba inferir, presumir, o integrar con otra norma. Así, se entiende que para poder realizar un reproche punitivo a un sujeto en específico, primero es menester que los hechos que sele imputen estén contemplados en la ley de la materia, de una manera clara precisa y exacta, donde el destinatario de la norma pueda conocer con plenitud de la misma. Resulta de gran utilidad la tesis aislada en la cual la primera sala de la suprema corte de justicia de la Nación ha desarrollado el concepto del cuerpo del delito, cuyo rubro localización y texto son los siguientes: Sexta Época, Registro: 260921, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLVIII, Segunda Parte, Materia (s): Penal, Página: 25, CUERPO DEL DELITO, COMPROBACIÓN DEL. De manera constante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha venido declarando que el juez natural goza en principio de las más amplias facultades para comprobación del cuerpo del delito, aún cuando se aparte de los medios específicamente señalados por la ley, con tal de que los utilizados no pugnen con la propia ley, la moral o las buenas costumbres. Se advierte pues, que el camino a seguir en amplísimo para la determinación de la existencia del delito, pero ha de ser de tal naturaleza, que revele fehacientemente la corporeidad del ilícito penal. Amparo directo 8340/60. Pedro Salvador Caldera. 22 de junio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante. Entonces, si para el dictado de la determinación y solicitar orden de aprehensión, resulta necesario que los datos que arrojen la averiguación previa, deba ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito, la ausencia de dicho requisito supone que dicha determinación transgrede el principio de legalidad. Por lo tanto, previo al momento de consignar a una autoridad competente la presente indagatoria debe existir una condición necesaria para iniciar un proceso penal, precisamente la acreditación del cuerpo del delito tal y cual se encuentra prevista en la ley penal; pues, solo así se justifica la iniciación de un proceso en contra de la persona inculpada, que aún es considerada inocente. Así, el juez antes recibir la averiguación previa, la autoridad investigadora debe analizar si los hechos que le consigna acreditan el cuerpo del delito a fin de determinar su situación jurídica y de continuar todo un proceso en contra de un gobernado; pues, de lo contrario, de dictar el auto de formal prisión, sin que se encuentre acreditado los elementos del cuerpo del delito se estaría transgrediendo en contra del quejoso el principio de legalidad. De todo lo anterior, se colige que, es importante que el cuerpo del delito se compruebe con la acreditación de la existencia de todas y cada una de las circunstancias que lo caracterizan, es decir que se debe demostrar la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos ya sean objetivos, subjetivos o normativos, tal como lo define la ley al considerarlo como delictivo y señalar la pena correspondiente; de manera que al no estar probado algún requisito esencial es razonable concluir que no existe conducta delictiva. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el semanario, Judicial de la Federación, Séptima Época, Registro: 236047, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente; Semanario Judicial de la Federación, Volumen 58, Segunda Parte Materia: Penal, Página:27 CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE. Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, y la determinación que tiene por acreditado el cuerpo del delito debe apoyarse en la demostración de la existencia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley al considerarlo como delictivo y señalar la pena correspondiente. Amparo directo 1724/73. José Suárez Palomares. 26 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Véase: Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1965, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 86, página 186, bajo el rubro: "CUERPO DEL DELITO. CONCEPTO DE. Tesis visible en la página 40 del Tomo I, Segunda parte-1, de Enero a Junio de 1998, publicada en el informe de labores de 1987, Segunda Parte, página 3, bajo el siguiente rubro y texto: ACCIÓN PENAL, PROCEDENCIA DE LA. El ejercicio de la acción penal como facultad exclusiva del ministerio Pública, se apoya en supuestos definidos como la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, por lo que si en esa fase indagatoria falta alguno de los elementos en mención, es obvio que no ejerza el representante social también por que aparecieran algunas de las consecuencias, tales como ausencia de la conducta o hecho delictuoso; falta de intervención delictuosa por parte de una persona determinada a quien se ha tenido como indiciados imposibilidad de recabar pruebas, por el obstáculo material insuperable; extinción de la responsabilidad penal; siendo por consiguiente, al existir alguna de las consecuencias, es obvio que el Ministerio Público esta imposibilitado para ejercer acción penal, siendo evidente que el juicio de amparo no puede analizar tales cuestiones ni obligar al Ministerio Público a que ejerza la acción penal, porque ello contravendría el contenido del artículo 21 de la Constitución General de la República. 3o. En cuanto al escrito de inconformidad de fecha 10 de octubre del año 2019, signado por el C. ELIAZAR MAGAÑA ARÍAS, parte ofendida en la presente indagatoria, es de decirle al inconformista que en fecha cinco de agosto de 2013, el Fiscal del Ministerio Público Investigador DETERMINÓ acordar la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, en la presente indagatoria misma que fue confirmada en fecha veinte de marzo de 2014, por el Agente del Ministerio Publico Auxiliar del C. Procurador, por cuanto hace al delito de robo de vehículo y no aprobada la consulta en cuanto al delito de daños para efectos de que se diera cumplimiento a lo expresado en el segundo considerando último párrafo de dicha resolución en acatamiento a la sentencia de fecha 14 de febrero de 2014, en el amparo directo 2455/2013-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, relacionado con el cuadernillo auxiliar 13/2014-III, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y con la cual se daba cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo antes mencionado, donde en dicha resolución quedó demostrado que en cuanto al delito de robo de vehículo no se encontraba acreditado el primer elemento en el "animo de dominio por las consideraciones que se expusieron en dicha resolución y del oficio número 1273-I, de fecha veintinueve de abril de 2013, el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, declara cumplida, la ejecutoria de amparo, quedando firme dicha resolución, por lo que argumentos planteados por el inconformista ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, en su escrito de fecha 10 de agosto de 2019, son inoperantes e irrelevantes, en virtud de que dicho ilícito de robo de vehículo fue materia de una determinación en la cual quedó firme a como se menciona en líneas anteriores y ya no es materia de estudio, debiendo estar atento el inconformista a lo expresado en el segundo considerando de esta resolución. En razón de todo lo anterior expuesto y fundado, resulta procedente aprobar el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha 27 de agosto de 2019, emitido por el Fiscal del ministerio Publico Investigador Adscrito a la Primera Fiscalía del Municipio de Centro, Tabasco, LIC. ENRIQUE IGNACIO CHÁVEZ SALAS(foja 1621 a 1640 del Tomo II de pruebas). La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación que formula el quejoso, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, mismos que, por cuestión de técnica, serán analizados de manera conjunta. En efecto, la quejosa aduce que la resolución combatida viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales y el diverso 130 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco. a) El quejoso aduce en sus motivos de disenso, que la autoridad responsable en la resolución reclamada viola su garantías de seguridad jurídica ya que dejó de observar el principio de legalidad. b) Asimismo, hace valer como motivo de disenso que el fiscal responsable no tomó en cuenta el cúmulo de pruebas que obran en la referida averiguación previa. c) De igual forma, alega que la causa agravio que en la determinación reclamada la responsable haya considerado que respecto al delito de robo éste ya no era materia de estudio, y por cuanto hace a los delitos de daños y de abuso de autoridad que no se integran sus elementos. e) Asimismo, refiere que le agravia la valoración de pruebas realizada por la responsable respecto ya que sin que exista prueba alguna que así lo demostrara, tomó en cuenta hechos como que prestaba un servicio sin la autorización de la Unión de Taxis. f) Así también, refiere que le agravia la valoración de pruebas realizada por la responsable al considerar que los imputados actuaron sin ánimo de dominio y en ejercicio de sus funciones y con ello excluye la comisión del delito de robo que les imputa. Como se adelantó, son infundados los motivos de disenso sintetizados, por las razones que a continuación se exponen. Lo anterior es así porque de la resolución impugnada, se advierte que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la autoridad responsable sí valoró el caudal probatorio que obra en la averiguación previa de donde deriva el acto reclamado. A fin de establecer la ineficacia de los motivos de disenso, se estima necesario reproducir el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa, prevé: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento El precepto constitucional antes transcrito consagra a favor de los gobernados la garantía de legalidad jurídica, la cual condiciona a que en todo acto de molestia se dé la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Así, se tiene que la fundamentación consiste en que los actos que originen la molestia a que se refiere el precepto constitucional en cuestión, deben basarse en una disposición normativa general, esto es, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente emitir el acto de autoridad que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna en su persona, y en suma, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Asimismo, la motivación implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concreta respecto de los que se pretende cometer el acto de autoridad, sean aquéllos a que se refiere la disposición legal que lo funde, esto es, que las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del caso particular, encuadren en el marco general establecido en la ley. Lo anterior es así porque la mención de los motivos deben formularse, precisamente en el mandamiento escrito, para que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en aptitud de producir su defensa. Ello, de conformidad con la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 175, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Séptima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De lo expuesto se colige que, para cumplir con los extremos de dicho precepto constitucional, es necesario que toda autoridad, en sus determinaciones, cite los artículos legales aplicables tomados como apoyo, y además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Esto es, del primer párrafo del artículo 16 Constitucional se desprenden las siguientes condiciones que deben cumplir los actos de molestia emitidos por autoridad, que son las siguientes: a) Que se exprese por escrito; b) Que provenga de autoridad competente; y, c) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Al respecto, del análisis de la resolución reclamada, se advierte que, contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, la resolución emitida en la averiguación previa AP.VHSA-1ERA-848/2014, que aprueba el no ejercicio de la acción penal, cumple con las condiciones anteriormente expuestas. Lo anterior es así, pues la resolución reclamada obra por escrito, como se advierte a fojas 1621 a 1640 del tomo II de prueba, la cual fue emitida por el Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado, adscrito a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas, que de conformidad con el artículo 129 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco aplicable, artículo 45, fracción V, inciso c), del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, resulta competente para resolver respecto a la consulta del no ejercicio de la acción penal. Ahora, para evidenciar el cumplimiento del último requisito de legalidad, esto es, que en el documento escrito en el que obre el acto de molestia, se funde y motive la causa legal del procedimiento, se tiene que la responsable debe exponer los motivos por los cuales estimó que los hechos denunciados por el ahora quejoso no resultaron constitutivos de delito, fundando su proceder en términos del artículo 129 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco aplicable. Precisado lo anterior, y para estar en posibilidad de demostrar la ineficacia del motivo de disenso hecho valer por la parte quejosa, respecto a que la resolución en la que se aprueba la consulta de no ejercicio de la acción penal, es violatoria del derecho humano de legalidad, es necesario precisar el contenido aplicable del artículo 21 constitucional, que en lo que interesa prevé: Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. De lo anterior, puede establecerse que de acuerdo al anterior sistema penal, se imponía al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, iniciando mediante una averiguación previa que estaría integrada por las investigaciones que realiza el Fiscal para reunir los datos necesarios que hagan probable la responsabilidad del indiciado, esto en uso de las facultades de investigador que constitucionalmente se le otorgan al Ministerio Público. Así, el Representante Social, debía acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputan al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del inculpado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad del inculpado. Así las cosas, la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público, razón por la cual, es lógico determinar jurídicamente, que todos los actos que emita en relación con esa facultad constitucional antes descrita, deben constreñirse en un principio y fundamentalmente, a los lineamientos que al efecto establece la propia Constitución General. En el caso, los artículos 129 y 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, establecen los casos en los que el Ministerio Público, puede no ejercer la acción penal y poner en libertad al indiciado, los cuales son: a) Cuando quede plenamente comprobado que los hechos no son constitutivos de delito; b) El inculpado no intervino en ellos; c) Existe una causa excluyente de responsabilidad; o, d) Se ha extinguido la pretensión punitiva; e) Así como cuando resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable. Precisado lo anterior, resulta oportuno atender al pronunciamiento que la responsable hizo al emitir la determinación que aprueba el no ejercicio de la acción penal de dieciséis de enero de dos mil veinte, formulado por el Fiscal del Ministerio Público Investigados adscrito a la Fiscalía Agencia Séptima del Municipio de Centro, Tabasco. Así, el Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado, adscrito a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas Fiscalía General del Estado de Tabasco, con aprobación del Director de dicha dependencia, determinó que con los elementos probatorios existentes en la indagatoria de mérito, se advertía que con la conducta reprochada a Francisco Pola Acuña, Rafael Aguilar Romero, Javier Urgel Avalo, Julio César de la Cruz de la Cruz, Julio César Rodríguez Castillo y Francisco Javier Urzua, no se acreditaban los elementos del cuerpo de los delitos de daños, abuso de autoridad y ayuda en la comisión de un delito, previstos, respectivamente, por los artículos 200, 236 y 225 todos del Código Penal para el estado de Tabasco, pues sostuvo que: En relación al delito de daños: No se acreditó el primer elemento del cuerpo del delito consistente en la persona que por cualquier medio. No se acreditó el segundo elemento del cuerpo del delito consistente en que cause la destrucción o deterioro de una cosa ajena o una propia en perjuicio de terceros. En efecto, el fiscal responsable estimó que no se encontraba acreditado el primer elemento del cuerpo del delito de daños, atendiendo a lo manifestado por Heberto López Zenteno quien era la persona que conducía el vehículo propiedad del quejoso Eliazar Magaña Arias, quien en su declaración de diecinueve de agosto de dos mil once, manifestó: Que resulto ser chofer del taxi marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, y cuyo propietario es el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y que el día de ayer (18) DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE 2011, siendo aproximadamente las (09:00) NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, me encontraba estacionado en el cajón de taxi ubicado en la calle EUSEBIO CASTILLO mejor conocido como SITIO CARDESA, cuando fui abordado por dos personas del sexo masculino, que me dijeron que trabajan para la UNIÓN DE TAXIS DEL CENTRO, y que el vehículo que yo conducía, quedaba a disposición de ellos y me solicitaron que los llevara hasta la Colonia Casa Blanca, por lo que yo hice caso omiso a tal petición, indicándome uno de ellos que portaba camisa azul con logotipo de la Unión de taxis, y con el nombre bordado de FRANCISCO POLO ACUÑA, que el vehículo el cual yo manejaba iba a ser remolcado por una grúa hasta el terreno que se ubica en la colonia Casa Blanca, por lo que yo me baje inmediatamente ya que esta persona solicitaron el servicio de una grúa la cual llegó al lugar y procedió a levantar el vehículo, dicha grúa particular del servicio de la UNIÓN DE TAXIS, con placas de circulación VP73860 DEL SERVICIO EXCLUSIVO DE LA UNIÓN, y quedándose en el lugar de los hechos, y acto seguido notifiqué al propietario el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y no omito manifestar que en el transcurso del día 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE 2011, ya cuando me encontré en el domicilio, fui informado por el C. ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, de que la unidad taxi marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija, de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, se localiza en la CALLE RIO HONDO SIN NÚMERO DE LA COLONIA CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD CAPITAL, y por lo antes expuesto me deslindo de cualquier responsabilidad por el mal uso que le pudieran dar a la unidad antes citada, Y que reporte mi robo al 066, en el cual me dieron el folio número 11067333; y que el valor de la unidad es de aproximadamente $65,000.00 m.n. 00/100; y por lo antes narrado en este acto DENUNCIO lo hechos por el delito de robo cometido en agravio de ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. Declaración a la que se le otorgó valor de indicio en términos de los artículos 107 y 108 del Código de Procedimiento Penales para el Estado, aplicable al caso; ante ello, la responsable sostuvo que Heberto López Zenteno, manifestó ser la persona que conducía el vehículo propiedad del quejoso el dieciocho de agosto de dos mil once, que eran las nueve horas cuando se encontraba estacionado en la calle Eusebio Castillo, conocido como sitio Cardesa, cuando fue abordado por dos personas de sexo masculino, quien le dijeron trabajar para la Unión de Taxis y que el taxi que conducía quedaría a disposición de ellos por lo que le pidieron que trasladara esa unidad a un predio ubicado en la colonia Casa Blanca, a lo cual se negó, razón por la que una de las personas a quien identificó como Francisco Polo Acuña, le dijo que procederían a llamar una grúa para trasladar al taxi; sin que el declarante haya manifestado que al levantar el vehículo con la grúa le hayan causado daños a la referida unidad. Lo anterior, la responsable lo concatenó con la declaración del ofendido Eliazar Magaña Arias, quien el veintidós de agosto de dos mil once, señaló: Que resulto ser el propietario de la unidad motriz marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipos negros, sin ruta fija, el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, y tiene el número económico 828 perteneciente a la delegación del sistema RADIO TAXI, de la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER DEL MINICIPIO DE CENTRO, así mismo en este acto acredito la legitima propiedad de mi unidad motriz con la factura número D07203, LA CUAL ME FUE EXPEDIDA POR AUTOMÓTORES DE TABASCO S.A. DE C.V. CON FECHA 13 TRECE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE 2007, la cual exhibo en original y copias simples, para que previo Cotejo de ambas, el original me sea devuelto, y en este acto RATIFICO LA DENUNCIA EN TODO SU CONTENIDO QUE INTERPUSO EL C. HEBERTO LÓPEZ ZENTENO por el delito de robo de vehículo, así mismo también señalo que mi unidad se encuentra asegurada por la compañía se seguros AXA seguros con número de póliza KMS33974001, MISMA POLIZA QUE ME FUE EXPEDIDA A MI FAVOR ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, y que en este acto exhibo el original y copias simples de la póliza de seguro, para que previo cotejo de ambas el original me sea devuelto, y pido me sea resarcido el daño económico por el cual estoy pasando, así como que también QUIEN RESULTE RESPONSABLES deberá responder por los daños mecánicos que pudiera tener mi unidad por la sustracción de piezas, ya que mi unidad se encontraba en perfectas condiciones, y de igual manera hago mención que el día del robo de mi unidad, me di a la tarea de localizar mi vehículo, estando este depositado en un terreno perteneciente a la UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES DEL ALQUILER DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ubicado en la CALLE RIO HONDO S-N DE LA COLONIA CASA BLANCA." Querella a la que se le confiere valor indiciario de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, 108, 110 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales aplicables en el Estado, en virtud que mencionó hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar, en términos del numeral 77 primer párrafo del ordenamiento jurídico antes citado, y fue rendida ante una autoridad administrativa facultada por la Ley para la investigación de los delitos, en base a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no es apta para acreditar el delito de daños Declaración a la que se le otorgó valor de indicio en términos de los artículos 107 y 108, 110 del Código de Procedimiento Penales para el Estado, aplicable al caso; ante ello, el fiscal responsable sostuvo que el quejoso en su declaración no refirió en su declaración ministerial que la unidad motriz marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros sin ruta fija el cual tiene el número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del estado de Tabasco, le hayan causado daños con motivo de la detención el día dieciocho de agosto de dos mil once, ya que únicamente ratificó la denuncia interpuesta por Heriberto López Zenteno. Por su parte, la responsable consideró que no se encontraba acreditado el segundo elemento del cuerpo del delito de daños consistente en cause la destrucción o deterioro de una cosa ajena o una propia en perjuicio de tercero, ya que no quedó acreditado que los imputados hayan causado destrucción o deterioro del vehículo del quejoso al momento de la detención de la que fue objeto el dieciocho de agosto de dos mil veinte. Puntualizó también, que de la pericial de mecánica identificativa, avalúo comercial, con número de oficio CTT/8843/2011, de quince de noviembre de dos mil once, emitido por Eleazar Espino Solís, perito adscrito a los Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, concluyó que el vehículo no presentaba alteraciones en los caracteres alfanúmericos que lo identifican, que no presentaba daños recientes en su carrocería para valuar y que de acuerdo al modelo de la unidad y condiciones de uso tenía un valor comercial de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Pericial a la cual el Representante Social le concedió valor probatorio de conformidad con lo establecido en los numerales 85 y 109, fracción III, del Código de Procedimientos del Estado de Tabasco, aplicable al presente asunto, manifestando que de ésta se obtiene que al vehículo del quejoso no le fueron ocasionados daños el día dieciocho de agosto de dos mil once, cuando fue detenido por personal de la Unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente puesto a disposición de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, según consta en el acta 0411 de esa misma fecha. Abundó la responsable, que con el ofendido mediante escrito de seis de septiembre de dos mil once agregó a los autos tres fotografías tamaño postal en donde se aprecia el vehículo marca Nissán, color blanco y negro, con número económico 828, con la leyenda radio taxi, con plazas de circulación 88-43-VWC, sin que se le observen daños en su carrocería. Pericial a la cual el Representante Social le concedió valor probatorio indiciario conforme a lo establecido en el artículo 107 del Código de Procedimientos del Estado de Tabasco, aplicable al presente asunto, manifestando que de ésta se obtiene que al vehículo del quejoso no le fueron ocasionados daños el día dieciocho de agosto de dos mil once, cuando fue detenido por personal de la Unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente puesto a disposición de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, según consta en el acta 0411 de esa misma fecha. Lo anterior, la responsable lo concatenó con la declaración del indiciado Francisco Pola Acuña y Rafael Aguilar Romero, donde el primero de los mencionados el dieciocho de septiembre de dos mil once, señaló: Que enterado de los hechos que denuncia el C. HERIBERTO LÓPEZ ZENTENO Y ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, así como el informe que rinden los elementos de la Policía Ministerial del Estado, de lo cual se me dio lectura en este acto, al respecto manifiesto: Que tengo calidad de Vicepresidente en el Departamento de comisión de Honor y Justicia, pertenecientes a la UNIÓN DE TAXIS AMARILLO DEL CENTRO, nombramiento que me fue otorgado dentro de la Toma de nota de fecha veintiuno del mes de septiembre del año Dos mil Diez, por la presidente de la Junta de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y que mis funciones se encuentran contempladas en los actuales estatutos que también se encuentran presentados, registrados y aprobados ante la Junta de Conciliación en su artículo 35 fracción II, Incisos g), h) y 1), me dan las facultades para así dar el correcto ejercicio de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones de carácter general que los presentes estatutos señalan, a todos y cada uno de los Socios de nuestra agrupación, es el caso que efectivamente el día (18) dieciocho de agosto de dos mil once 2011, como a eso de las nueve de la mañana, yo y otra de nombre ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ, procedimos a realizar el operativo para la verificación de vehículos de nuestra unión, con el fin, entre otras cosas, de constatar que los choferes estuvieran en regla con sus documentos oficiales y es el caso que cuando le hicimos la parada al taxi número económico 828, nos dimos cuenta que su conductor es decir el chofer de nombre HEBERTO LÓPEZ ZENTENO, no contaba con documentales oficiales de la Unión y aparte de ello el suscrito le hizo saber que dicha unidad debía doce guardias, aclarando que todo socio de nuestra agrupación sabe y conoce que deben de cumplir con las fechas y horarios establecidos de las guardias en los sitios, tal y como lo dispone el Artículo 13 Fracción XIII de nuestros propios estatutos, y que al no cumplir con tales obligaciones, deben ser merecedores de cualquiera de las medidas disciplinarias que estipula el artículo 81 Fracción VI, de los multicitados estatutos, así que al percatarnos que el chofer HEBERTO LÓPEZ ZENTENO, no traía sus documentos en regla y que de igual forma, el TAXI no estaba pintado de color amarillo, fue que la pedimos le hablara al socio de nombre ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, para que informara de las tres anomalías que presentaba su vehículo y el mismo chofer, así que me lo pasó al teléfono y le explique lo mismo que le dije a su chofer, es decir que debía doce guardias y que no se encontraba su carro pintado de color amarillo y que le chofer no contaba con los documentos oficiales de la Unión y que por tal motivo íbamos a remolcar su unidad hasta el terreno que se encuentra en la Colonia Casa Blanca, propiedad de nuestra unión hasta que no pagara las cuotas atrasadas ante la tesorería y que equivales a un mil doscientos pesos y posteriormente entregarles su unidad; no omito manifestar que dicho operativo fue autorizado mediante asamblea General la cual se realiza mes con mes en nuestra Unión y todos los Socios estuvieron de acuerdo en que nuestro departamento se encargara de tales operativos, por lo que no considero haber incurrido en una responsabilidad, sobre todo cuando nuestros propios estatutos me dan la facultad para que todos los socios cumplan con sus obligaciones y en este caso como el señor ELIAZAR no cumplió, solamente hice mi trabajo y por último quiero manifestar; Que se levantó el acta administrativa el mismo día 18 de agosto del 2011, bajo el número 411, donde se pone a disposición al Taxi con número económico 828 a nuestra máxima autoridad que es la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TABASCO, así que, a partir de esta fecha nosotros nos deslindamos de este problema y se le invitó al señor ELIAZAR a que se presentara a dicha secretaría a resolver lo relacionado con su unidad, siendo todo lo que deseo manifestar fojas 39 a 41 del tomo I de pruebas Mientras que el segundo de los mencionados, en la misma fecha declaró: Que enterado de los hechos que denuncia el C. HEBERTO LÓPEZ ZENTENO Y ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, así como el informe que rinden los elementos de la Policía Ministerial del Estado, de lo cual se me dio lectura en este acto, al respecto manifiesto: Que después de haberse leído la denuncia presentada por ELIAZAR MAGAÑA ARIAS, quiero manifestar: Que se me hace algo injusto su actitud y proceder, ya que esta persona ha estado en diversas uniones y del cual ha sido corrido por ser una persona tan conflictiva, pues estuvo en los Malboro, así también en los Radiotaxis y en estas agrupaciones por medio de asamblea fue expulsado, así que al presentarse conmigo en mi calidad de SECRETARIO GENERAL DE TAXIS AMARILLOS, le di cabida y le dije que solamente se pusiera a trabajar y cumpliera cabalmente con nuestros estatutos, así es que, en ningún momento considero se le haya robado su taxi, ya que se le detuvo, fue porque no respetó los lineamientos de la agrupación, es decir debía once guardias aproximadamente, su vehículo debió de haberlo pintado de color amarillo desde hace aproximadamente tres meses y hasta la fecha lo sigue teniendo de color blanco como Radiotaxi, cuando el mismo sabía que ya no podía tener pintado de color blanco su unidad, sino de color amarillo y esto lo corroboro con las propias fotografías que él exhibe a este expediente en donde se demuestra que su vehículo sigue estando de color blanco, aunado a ello se le detuvieron su vehículo, fue porque se tuvieron las bases a como lo dispone el artículo 81 fracción IV, que habla que se podrá aplicar como medida disciplinaria la detención y encierro del vehículo del Servicio público propiedad de cualquier Socio, así como nadie le ha robado su carro al señor ELIAZAR, pues él sabía desde su principio de las anomalías que presentaba, ya que el señor FRANCISCO POLA ACUÑA. Me comento que le hizo saber la situación que presentaba su carro, y para evitar cualquier problema se pidió se mandara a nuestra autoridad la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, el carro propiedad del Socio ELIAZAR MAGAÑA ARIAS. foja 42 y 43 del tomo I de pruebas Declaraciones que la responsable valoró de forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros, con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad del C. Eliazar Magaña Arias. Lo anterior, la responsable lo adminiculó con la declaración de Aquiles Domínguez Cerino, quien el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, declaró: Que una vez que esta autoridad me a leído y dicho la razón por la cual se me cita como persona relacionada con los hechos es mi deseo manifestar. que no ordené la detención de la unidad 828VMC DEL SERVICIO taxi blanco con negro con placas de circulación 4843VMC DEL SERVICIO PÚBLICO, de igual forma manifiesto que desconozco todos los hechos que se me han leído en la presente indagatoria ya que nunca giré ningún oficio para detención alguna del vehículo que se refieren en la averiguación previa. Foja 1141 y 1142 del tomo I de pruebas De igual forma, la responsable lo adminiculó con las declaraciones de Javier Urgel Avalo y Julio César de la Cruz de la Cruz, quienes el dos de junio de dos mil doce, el primero de los mencionados declaró: Que en base a los hechos que da origen a la presente averiguación previa, manifiesto que efectivamente al respecto el día que mencionan el demandante fuimos comisionados en base a un oficio de comisión con número de folio DO/167/2011, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, suscrito por el LICENCIADO JORGE BALLINA OCAÑA, DIRECTOR OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE TABASCO, mismo que en este acto solicito fecha y hora a esta representación social para presentación del mismo en original para que sea agregado en autos; el cual nos autoriza al suscrito y al que en él se menciona para realizar supervisión y vigilancia al servicio público en todas sus modalidades facultad que nos confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco, expedido por el director operativo el licenciado JORGE BALLINA OCAÑA, en base a una queja que había en contra de unidad de taxi con número económico 828, que estaba realizando el servicio público sin autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en base a una denuncia que realizara por escrito el Secretario de la unión de los taxis blanco con negro mismo que depende de la unión de taxis amarillo, situación que ya fue manifestado y ratificada mediante manifestación que se realizará ante esta representación social el día 24 del mes de febrero del año 2012, y que obra en autos, misma que este acto ratifico para todos los efectos legales conducentes y aclaro que las acciones cometidas por el suscrito fueron en base a las atribuciones y facultades que confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco. oja 359 a 363 del tomo I de pruebas Mientras que el segundo de los mencionados el uno de agosto de dos mil doce, declaró lo siguiente: que en base a los hechos que da origen a la averiguación previa, manifiesto que efectivamente al respecto el día que menciona el demandante fuimos comisionados en base a un oficio de comisión con número de folio DO/167/2011, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, suscrito por el LICENCIADO JORGE BALLINA OCAÑA, DIRECTOR TRANSPORTE DEL ESTADO DE TABASCO, mismo que en este acto solicito fecha y ora a esta representación social para presentación del mismo en original para que sea agregado en autos; el cual nos autoriza al suscrito y al que en él se menciona para realizar supervisión y vigilancia al servicio público en todas sus modalidades facultad que nos confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco, expedido por el director operativo el licenciado JORGE BALLINA OCAÑA, en base a una queja que había en contra de unidad taxi con número económico 828, que estaba realizando el servicio público sin autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en base a una denuncia que realizara por escrito el Secretario de la unión de los taxis blanco con negro mismo que depende de la unión de taxis amarillo, situación que ya fue manifestado y ratificada mediante manifestación que se realizará ante esta representación social el día 24 del mes de febrero del año 2012, y que obra en autos, misma que este acto ratifico para todos los efectos legales conducentes y aclaro que las acciones cometidas por el suscrito fueron en base a las atribuciones y facultades que confiere la ley de transporte para el Estado de Tabasco. fojas 510 a 512 del tomo I de pruebas Declaraciones que la responsable valoró de forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante la autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad de Eliazar Magaña Arias. De igual modo, la responsable adminiculó lo anterior con la declaración de los indiciados José Antonio Mayo Domínguez y/o Antonio Mayo Domínguez y Daniel Almeida Zamudio, quien el primero de los mencionados el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, declaró: que comparezco voluntariamente ante esta autoridad, en virtud que por cuestiones de trabajo no podré hacerlo en la fecha que fui citado, y una vez enterado de los hechos denunciados por el C. ELEAZAR MAGAÑA ARIAS, al respecto manifiesto lo siguiente: en efecto en aquel tiempo fungía dentro del comité ejecutivo de la unión de taxis amarillos del Centro, en la cartera correspondiente a la Comisión de Honor y Justicia, desempeñándome como cuarto vocal lo que ya sabe ésta autoridad por los informes y documentos que están en la averiguación previa de igual forma manifiesto que lo que sucedió el día dieciocho de agosto del año dos mil once fue tal y como lo narra el señor FRANCISCO POLA ACUÑA, en la declaración que realiza a ésta autoridad desde el día dieciocho de septiembre del año 2011, siendo que lo que se realizó ese día fue un operativo para la verificación de documentos de las unidades de la agrupación y dentro de ese operativo se encontró las anomalías que en ese momento tenía la unidad automotriz del socio ELEAZAR MAGAÑA ARIAS, este operativo fue autorizado por la asamblea general de nuestra agrupación además de realizarse conforme a lo que señalan los estatutos que nos rigen y además de todo esto actuamos con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tabasco, siendo que fueron ellos los que retuvieron la unidad con número económico 828 por las razones señaladas en el acta de infracción número 0411 de fecha cuatro de agosto de 2011. fojas 1450 a 1453 del tomo II de pruebas Asimismo, el segundo de los citados el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, declaró: Que me presento voluntariamente en este acto, en virtud de que e día en que fui notificado para que me presente a declarar como probable responsable, por cuestiones personales no podré asistir, motivo por el cual le solicité al fiscal de esta autoridad, se me tome la declaración, después de enterarme de los hechos que me tratan de imputar el que se dice ofendido, deseo manifestar que RATIFICO, en partes el contenido de mi declaración como persona relacionada de los hechos que se investigan de fecha 26 del mes de Mayo del año 2016, y con respecto a la detención de la unidad motriz propiedad del que se dice ofendido, la detención la llevó a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte fojas 1463 a 1466 del tomo II de pruebas Declaraciones a las cuales el fiscal responsable les otorgó valor probatorio en forma indiciaria en términos del numeral 107 del Código de procedimientos Penales Aplicable en el Estado de Tabasco, en virtud de que dichas declaraciones fueron realizadas ante autoridad encargada de la investigación de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, de la cual no se desprende que de su actuar hayan ocasionado daños al vehículo marca Nissan línea Tsuru, modelo 2007, color blanco, con logo tipo negros con número de serie 3N1EB31SX7K349772, con número de motor GA16719876W, el cual porta las placas de circulación número 4843VMC, del servicio público de transporte del Estado de Tabasco, propiedad del C. Eliazar Magaña Arias. Asimismo, la fiscal responsable respecto a las periciales consistentes en fijaciones fotográficas remitidas mediante oficio CC/519/2013, de veinticinco de enero de dos mil trece, suscrito por Laura Patricia Díaz Gómez, perito adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, donde realizó diversas tomas fotográficas en el lugar en que se encuentra el vehículo marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007, con número económico 828 y placas de circulación 48 43VMC, describiendo en cada fijaciones fotográficas las condiciones actual en que se encontraba el vehículo en referencia, haciendo las observaciones en las fotografías a colores en el orden que fueron agregadas cinco y seis se puede apreciar el daño ocasionado a la facia delantera derecha, así como el daño ocasionado al cuarto derecho, al igual en las fotografías once y doce donde se puede apreciar el daño causado al cristal de la puerta trasera izquierda del vehículo marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007, con número económico 828 y placas de circulación 48-43VMC. Sin embargo, la responsable determinó que esos daños se presentaron en dicha unidad automotriz después de una año cinco meses y siete días de la fecha que fue ésta fuera detenida por personal de la Unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente a disposición del personal de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, según consta con el acta número 0411 de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, ya que de autos no se demuestra que a dicho vehículo le fueran causados daños al momento de su detención. De igual forma, el fiscal responsable al analizar la diversa pericial de avalúo de daños y costo comercial, con número de oficio CCT/7939/2014, de veinte de noviembre de dos mil catorce, firmado por Rafael Castellanos Hernández, perito de los servicios periciales donde menciona que el vehículo ya referido presenta los siguientes daños: cuarto delantero derecho, con un costo de $140.00 pesos, Cristal fijo de puerta trasera izquierda $650.00 pesos, y como mano de obra $300.00 pesos, así mismo, refirió lo siguiente: Esta unidad motriz presenta deterioro en toda su carrocería por las inclemencias del tiempo como es en la pintura, lámina, luces, parte interior como es asientos, controles de tablero, así como ausencia de la batería, estéreo y del juego de cables para las bujías, presencia de agua y tierra lodo en el interior de dicha unidad parte delantera y trasera, de igual manera se aprecia que por las características de deterioro que presenta el interior y motor de este vehículo se deduce que ha estado sumergido en un acuoso agua, considerándose a esta unidad motriz por las características ya descritas por perdida total, valor según el modelo y las condiciones de uso de $49,500.00 UARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.. 1171 a 1183 del tomo I de pruebas Periciales a las cuales el fiscal responsable les concedió valor indiciario de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 107 del Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de Tabasco, porque fueron realizados por un servidor público en ejercicio de sus funciones, pero que las mismas no se determinan que los daños fueron ocasionados por lo señalados probables en la presente indagatoria, ya que las mismas fueron realizadas con posterioridad a los hechos en que fue detenido el referido vehículo; aunado a que con fecha nueve de septiembre de dos mil once, el ofendido Eliazar Magaña Arias, agregó mediante escrito de seis de septiembre de dos mi once, a los autos de la presente indagatoria tres fotografías tamaño postal en donde aprecia el vehículo marca Nissan, color blanco y negro con número económico 828 con la leyenda radio taxi, placas de circulación 48-43-VWC, y la observación a las fotografías marcadas con el número uno y tres no se observan daños en su carrocería. Por lo anterior, no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de daños que se imputa a los aquí terceros interesados, pues del caudal probatorio que obra en la averiguación previa AP-VHSA-1ERA848/2014, se advierte que no se acreditan ninguno de los elementos del cuerpo del ilícito de daños, consistente en que no se advierte que la unidad motriz del quejoso haya sufrido algún daño al momento de la detención acontecida el dieciocho de agosto de dos mil once y que dicha conducta la sea atribuida a los terceros interesados, como acertadamente lo determinó la autoridad responsable. Lo anterior se estima de esta manera, porque en cuanto al delito de daños, era necesario que se acreditara que existen elementos de prueba suficientes e idóneos que justificaran que los citados inculpados el día de la detención del vehículo del quejoso le hayan causado algún deterioro o menoscabo, afectando el patrimonio del ofendido, lo cual no ocurre en la especie, pues del análisis de las constancias de autos se aprecia que los probables responsables, hayan causado alguna afectación al patrimonio del impetrante de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho que en las periciales antes referidas se advierta la existencia de daños en la infraestructura del vehículo del quejoso, sin embargo, atendiendo a la fecha en que se realizaron las referidas periciales, el fiscal responsable determinó que los esos daños fueron fijados después de un año cinco meses y siete días de la fecha que fue detenida la unidad motriz por personal de la Unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente a disposición del personal de la Secretaría de transporte del Estado de Tabasco, según consta con el acta número 0411 de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, ya que de autos no se demuestra que a dicho vehículo le fueran causados daños al momento de su detención. Lo anterior, el fiscal lo relacionó con las tres fotografías tamaño postal que el propio quejoso agregó a su escrito presentado ante la responsable el nueve de septiembre de dos mil once, en donde aprecia el vehículo marca Nissan, color blanco y negro con número económico 828 con la leyenda radio taxi, placas de circulación 48 43 VWC, y de la observación a las fotografías marcadas con el número uno y tres no se observan daños en su carrocería. Por otra parte, en relación al ilícito de abuso de autoridad, el fiscal señalado como responsable, de manera correcta, indicó que del caudal probatorio no existen medios de convicción que sirvan para tener acreditado alguna de las fracciones previstas en el artículo 236 del Código Penal del Estado de Tabasco, en contra de los terceros interesados JAVIER URGELL AVALO, (coordinador de operativo, JULIO CÉSAR DE LA CRUZ DE LA CRUZ, inspector y JORGE BALLINA OCAÑA, Director operativo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco), pues no impidieron la ejecución de una ley, ni tampoco ejercieron violencia contra persona alguna. Es decir, las personas que detuvieron la unidad motriz marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007,con número económico 828 y plazas de circulación 48-43VMC, fue el personal de la Unión de Taxi Amarillo del Centro, quienes con posterioridad pusieron a la referida unidad automotriz a disposición del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, como se hace constar en el acta número 0411, la cual fue elaborada a las 15:30 horas del día dieciocho de agosto de dos mil once, siendo que las personas que ejecutaron la detención de la unidad motriz, no tienen la calidad de servidor público, como lo requiere el tipo penal de abuso de autoridad. Por lo que las personas ejecutoras son prestadores de servicio público de transportes en la modalidad de taxi, las cuáles se rigen por sus propios estatutos internos de su gremio, de lo que se advierte que al pertenecer a ese gremio ellos aceptan y están conscientes de las disposiciones en que ella se establecen sobre derechos y obligaciones de los socios a como lo refiere el artículo 12 y 13 de los estatutos de la Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de alquiler con servicios de Taxi, Radio Taxi, Servicio Especial Sectorizado, Servicio Especial Foráneo, Minitaxi, Colectivos, Similares y Conexos del Municipio del Centro, el cual corre agregado en autos debidamente certificada por la Secretaría General de la Sección de Colectivos y Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Documental privada que el fiscal responsable valoró de conformidad con lo establecido por el artículo 103 del Código de Procedimientos Penales aplicables en el Estado, por tanto concluyó que no se acreditaba ningún elemento del cuerpo del delito de abuso de autoridad, al quedar acreditado que las personas quienes realizaron la detención de la unidad automotriz propiedad del quejoso no tienen la calidad de servidores públicos por lo cual no se les puede encuadrar dentro del supuesto legal que contempla el referido delito. Así también, respecto a la acreditación del delito de robo de vehículo, el fiscal responsable consideró que inicialmente se inició la indagatoria AP FECORO II 1544/2011, ante la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo de Vehículos, a Casa Habitación y Comercio, por los hechos constitutivos del delito de robo respecto de un vehículo automotriz en circulación, estacionado o en reparación. Luego, desahogó las diligencias necesarias y el cinco de agosto de dos mil trece, acordó la Consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, la cual fue confirmada en el veinte de marzo de dos mil catorce, por el Agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador, por cuanto hace al delito de robo de vehículo y no aprobada la consulta en cuanto al delito de daños para los efectos de que se diera cumplimiento a lo expresado en el segundo considerando último párrafo de dicha resolución, en acatamiento a la sentencia de catorce de febrero de dos mi catorce, en amparo indirecto 2455/2013I, del índice de éste juzgado y con la cual se dio cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo antes mencionado donde dicha resolución quedó desacreditado que en cuanto al delito de robo de vehículo no se encontraba acreditado el primer elemento consistente en el "ánimo de dominio" por las consideraciones que se expusieron en dicha resolución. Posteriormente, mediante oficio número 1273 I, de veintinueve de abril de dos mil trece, este juzgado comunicó al fiscal responsable, el auto de esa misma fecha en la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, quedando firme dicha resolución. Por lo anterior, el fiscal responsable declaró inoperantes e irrelevantes los argumentos planteados por el quejoso en su escrito de diez de agosto de dos mil diecinueve en virtud de que dicho ilícito de robo de vehículo fue materia de una determinación en el cual quedó firme a como se menciona en líneas anteriores, por lo que ya no es materia de estudio. Así también, en relación al ilícito de ayuda en la comisión de un delito, el fiscal señalado como responsable, de manera correcta, indicó que del caudal probatorio no existen medios de convicción que sirvan para tener acreditado el delito de referencia previsto en el artículo 225 del Código Penal del Estado de Tabasco, vigente en la época de sucedidos los hechos, el cual dispone lo siguiente: Artículo 225. Al que ayude a otro a cometer un delito. Ahora bien, respecto el citado ilícito que el quejoso atribuye al C. JOSÉ ANTONIO MAYO DOMÍNGUEZ, el fiscal responsable determinó que no se encuentra acreditado en virtud de que el delito por el cual haya prestado la ayuda que en este caso el del delito de robo de vehículo, el cual al no quedó acreditado uno de sus elementos constitutivos consistente en el ánimo de dominio, lo cual ya fue materia de juicio de amparo quedando firme la resolución de veinte de marzo de dos mi catorce, dictada por el Agente del Ministerio Público Investigador Auxiliar del Procurador. Lo anterior, en virtud de que para poder analizar la existencia del mencionado delito era necesario tener por acreditado el diverso delito de robo de vehículo para así poder analizar la conducta que se le reprocha a José Antonio Mayo Domínguez, lo cual no quedó demostrado. Determinación que a juicio de quien resuelve, se estima correcta, pues como ya quedo establecido, con anterioridad, el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco aplicable, establece que para que se actualicen los delitos por los que se acusó a los terceros interesados, es requisito que existan pruebas bastantes e idóneas que acrediten la calidad específica de la persona señalada como agente activo del delito; esto es, que se justifique en los autos que ellos fueron los que cometieron. En ese tenor, tal como lo sostuvo la fiscal responsable, con las pruebas que obran en autos no se acreditan los elementos del delito, pues en principio, y sin necesidad de analizar los otros elementos objetivos de cuerpo del ilícito, así como a la probable responsabilidad que pudiera atribuírsele a los ahora terceros interesados, es indispensable que primero se acredite el primer elemento en cuestión, por lo que no haberse acreditado éstos el legal que la autoridad emitiera la resolución reclamada. En resumen, la autoridad responsable se adecuó a las normas legales aplicables y a los razones particulares del caso, ya que con los medios de convicción que obran agregados a la averiguación previa AP-VHSA-1ERA-848/2014, consideró que no se acreditaba los elementos de los ilícitos en cuestión; por tanto se pone de relieve la inexistencia del cuerpo de los delitos de daños, abuso de autoridad y ayuda en la comisión de un delito. En ese orden de ideas, este juzgador estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados y otros inoperantes. Se estima lo anterior, en razón de que son infundados los agravios del quejoso identificados en los incisos a) y b), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundada y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el impetrante las pruebas que fueron analizadas y valoradas por el fiscal responsables no son aptas ni suficientes para tener acreditados los elementos del cuerpo de cada uno de los delitos que el quejoso reclama haber sufrido de parte de los ahora terceros interesados; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, el fiscal responsable estimó que las pruebas valoradas no eran aptas ni suficientes para establecer que los aquí terceros interesados fueron quienes probablemente cometieron los hechos denunciados por la parte ofendida y por tanto no resultan ser los autores materiales de los hechos ilícitos anteriormente especificados. Lo anterior es así, en virtud de que el fiscal responsable consideró que las pruebas analizadas le permitió concluir que los ahora terceros interesados no cometieron el hecho delictivo tipificado por la norma penal como daños cometido en contra de la víctima ahora quejosa; además, estimó que de las periciales consistentes en fijaciones fotográficas remitidas mediante oficio CC/519/2013, de veinticinco de enero de dos mil trece, suscrito por Laura Patricia Díaz Gómez, perito adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, en la cual describió las condiciones actuales en que se encontraba el vehículo en referencia, haciendo las observaciones en las fotografías a colores en el orden que fueron agregadas cinco y seis se puede apreciar el daño ocasionado a la facia delantera derecha, así como el daño ocasionado al cuarto derecho, al igual en las fotografías once y doce donde se puede apreciar el daño causado al cristal de la puerta trasera izquierda del vehículo marca Nissan Tsuru color blanco con negro, modelo 2007, con número económico 828 y placas de circulación 4843VMC. Sin embargo, la responsable determinó que esos daños se presentaron en dicha unidad automotriz después de una año cinco meses y siete días posteriores a la fecha en ésta fuera detenida por personal de la Unión de Taxis Amarillos del Centro y posteriormente a disposición del personal de la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, según consta con el acta número 0411 de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, ya que de autos no se demuestra que a dicho vehículo le fueran causados daños al momento de su detención. Además, el fiscal responsable al analizar la diversa pericial de avalúo de daños y costo comercial, con número de oficio CCT/7939/2014, de veinte de noviembre de dos mil catorce, firmado por Rafael Castellanos Hernández, perito de los servicios periciales quien determinó que el vehículo ya referido presenta daños en el cuarto delantero derecho, cristal fijo de puerta trasera izquierda; además, refirió que la aludida unidad automotriz presenta deterioro en toda su carrocería por las inclemencias del tiempo como es en la pintura, lámina, luces, en parte interior, los asientos, controles de tablero, así como ausencia de la batería, estéreo y juego de cables para las bujías. Asimismo, observó presencia de agua y tierra lodo en el interior de dicha unidad; por lo que consideró que por las características de deterioro que presenta el interior y motor del citado vehículo se deduce que éste ha estado sumergido en un acuoso agua, y por tanto consideró la pérdida total del automotor, con un valor según el modelo y las condiciones de uso de $49,500.00 cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 m.n. Sin que la parte quejosa haya mencionado diversa prueba en las que se desvirtúen las pruebas analizadas por el órgano investigador. De igual forma, resulta por una parte inoperante y por otra infundados los agravios identificados con el incisos c) y e) en razón de que contrariamente a lo alegado por la parte quejosa respecto al delito de robo ya no era materia de estudio, ello en razón de que el quejoso con anterioridad promovió juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de treinta de septiembre de dos mil trece, el cual por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado de distrito bajo el expediente 2455/72013-I, en el cual el catorce de febrero de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el quejoso para los siguientes efectos: dejen insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil trece, y en su lugar emitan otra en la que realicen lo siguiente: Determinen si son fundados o no los argumentos hechos valer por el ofendido en su escrito de inconformidad de veinte de agosto de dos mil trece, para lo cual tendrán que exponer las consideraciones jurídicas y fácticas en las que se basen para declarar lo fundado o infundado de los motivos de disentimiento y no sólo señalen por qué de lo advertido de ciertas probanzas, no se estiman acreditados los elementos del cuerpo de los delitos de robo calificado y daños. Hecho lo anterior, conforme a sus atribuciones se pronuncien respecto a la propuesta del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo de Vehículos, a Casa Habitación y Comercio, de no ejercer acción penal en la averiguación previa FECORO-II-1544/2011. Posteriormente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el fiscal sustanciador de la averiguación previa, el veinte de marzo de dos mil catorce, emitió una nueva determinación en la que aprobó parcialmente el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de cinco de agosto de dos mil trece, por lo que se refiere al delito de robo calificado respecto de un vehículo automotriz propiedad del quejoso y en su segundo punto resolutivo no aprobó la consulta planteada respecto al delito de daños. Sin que el quejoso haya impugnado la referida determinación, por lo cual se considera consentido dicho acto al haber quedado firme por no haber sido combatido por la parte quejosa, por lo constituye una cuestión ya definida que no puede ser modificada por considerarse cosa juzgada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 85/2008, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 589, Materia: Común, de rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. De igual forma, es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia I.4o.A. J/58, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1919, Maters: Común, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos. Por otra parte, se reitera que son infundados los motivos de disenso formulados por el quejoso respecto que le causa agravio que el fiscal responsable haya considerado que no se acreditan los elementos del cuerpo integrador de los delitos de daños y abuso de autoridad, ya que contrariamente a lo alegado por el impetrante el fiscal responsable después de realizar el ejercicio de análisis y valoración del caudal probatorio determinó que no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de los injustos reprochados a los terceros interesados y menos aún la probable responsabilidad de éstos en la comisión de los referidos delitos, en los términos anteriormente expuestos, por lo que resultan infundados sus motivos de disenso. Finalmente, resulta infundado el agravio identificado con el inciso d), en virtud de que contrariamente a lo alegado por el quejoso, el fiscal responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que no se acreditaban los elementos del cuerpo de los delitos reprochados a los ahora terceros interesados, sin que se advierta que el hecho que menciona consistente en que el quejoso prestaba un servicio sin autorización de la Unión de Taxis, haya sido considerado como un hecho relevante para que el órgano investigador llegara a concluir que en el caso no se acreditaban los elementos de cuerpo de los delitos reprochados a los terceros interesados y menos aún la probable responsabilidad de éstos en su comisión; por tanto resulta infundado el citado agravio formulado por el quejoso. No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la tesis aislada 1a. CCCXIII/2013 10a. Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1049, Libro XXV, Octubre de 2013, Materia s Constitucional, Penal, de rubro EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Asimismo, en la tesis aislada II.2o.P.108 P, 9a. Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1730, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materia s Penal, de rubro DELITOS COMPLEMENTADOS. SU NATURALEZA Y ACREDITACIÓN. Sin embargo, las mismas resultan inaplicables por las consideraciones anteriormente establecidas; además que las antes mencionadas, al ser tesis aisladas, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo dichos criterios no son de observancia obligatoria. En esas condiciones, son infundados los conceptos de violación hechos valer por los ahora quejosos, sin que se advierta motivos para suplirlos en su deficiencia; lo procedente es negar el amparo solicitado. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte 1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable ejecutora, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyeron al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte 1, Enero Junio de 1998, Página 357, Octava Época: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por los terceros interesados Julio César de la Cruz de la Cruz, Francisco Javier Urzúa Gómez, Francisco Pola Acuña y Javier Urgel Avalos, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eliazar Magaña Arias, contra el acto reclamado a las autoridades señalas como responsables; por las razones y motivos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.Notifíquese personalmente.

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