Eliazar Hernández Pérez
Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eliazar Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.54/2019-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil diecinueve. Causa estado la determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de veintitrés de enero del año en curso (fojas 75 a 81), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Por otro lado, como de la certificación que antecede, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.54/2019-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio DOAX-543/2019, signado por la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio, del que se advierte que remitió copia del oficio 6065/2019 en el cual se trascribió el proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve (foja 101), a la licenciada ********************defensora Pública Federal, adscrita a su delegación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.54/2019-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil diecinueve. Se agregan oficios de la Defensoría Pública. Agréguense los oficios DOAX/399/2019 y DOAX/398/2019, signados por la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio; mediante los cuales informa que designó como defensora Pública Federal del quejoso a la licenciada Catalina Ramos Rojas, adscrita a su delegación. Cita para la aceptación del cargo. Con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la licenciada Catalina Ramos Rojas, en el domicilio indicado en el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado en horas hábiles a protestar y aceptar el cargo conferido o, en su caso, presente escrito de apersonamiento. Notifíquese; y personalmente a la defensora Pública Federal. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
+Pral. 54/2019 6-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de veinticinco de enero del año en curso, se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita a este Juzgado para realizar la notificación personal de la determinación de veintitrés de este mes y año (fojas 75 a 81), en la que se aceptó la competencia declinada y desechó la demanda de amparo; en consecuencia, ... realícese la notificación de que se trata por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Se agrega oficio de autoridad declinante. Agréguese el oficio 2295 IV A, signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, mediante el cual remite: La razón actuarial de veintiuno del mes y año curso, de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita a ese Juzgado para realizar la notificación personal de la determinación de veintitrés de este mes y año (fojas 75 a 81), por lo anterior, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en este proveído se está ordenado notificar por lista de acuerdos el proveído de veintitrés de este mes y año (fojas 75 a 81), en la que se aceptó la competencia declinada y desechó la demanda de amparo. Los oficios DOAX/353/2019 y DOAX/352/2019, signados por la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio; mediante los cuales informa que designó como defensora pública federal del quejoso a la licenciada Catalina Ramos Rojas, adscrita a su delegación, quien debe comparecer ante esta autoridad para discernirse de dicho cargo dentro del término de tres días siguientes. Notifíquese. (...) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 1. Registro. Agréguese el oficio 1533 IV A, signado por el secretario del juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, por el que remite el juicio de amparo 26/2019, promovido por el quejoso *****, por propio derecho, contra actos del comisionado General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otras autoridades. Con las constancias que remite la autoridad oficiante, fórmese expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 54/2019, debiendo identificarse la carátula respectiva. 2. Competencia. Ahora, del análisis del proveído inserto al oficio de cuenta, se advierte que dicho órgano jurisdiccional estima que a este Juzgado le corresponde conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso *****+; razón por la cual declina competencia a favor de este órgano jurisdiccional por estimar actualizado el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; al considerar que el juicio de amparo 26/2019 de ese Juzgado, tiene relación directa con el diverso juicio 770/2018 de este órgano de control constitucional, promovido por *****Por tanto, este órgano de control constitucional comparte su determinación y, por ende, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente. 3. Se convalidan actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan todas las actuaciones practicadas por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio. 4. Compensación. Envíese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, para que este asunto sea contabilizado y realice la compensación respectiva por el sistema computarizado de tal oficina; por ello, solicítese la boleta correspondiente. 5. Desechamiento. Es innecesario esperar a que el quejoso cumpla con la prevención formulada mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve por el Juzgado declinante, toda vez que, en el caso, se actualiza una causal de improcedencia. Al respecto, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663). Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Asimismo, se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; causal que tiene vinculación con la fracción X; al respecto, las citadas normas disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". En relación con la institución de la cosa juzgada, existe la jurisprudencia siguiente, cuyo contenido no es contrario a la Ley de Amparo vigente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra". (Jurisprudencia 1a./J. 161/2007, registro 170353, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Página 197, Materia Común, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada deben concurrir los supuestos siguientes: a) Se hayan promovido diversos juicios de amparo (dos o más). b) En uno de ellos exista resolución ejecutoriada, respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros. c) Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. En ese tenor, con el objeto de justificar que se actualiza tal causal, es pertinente destacar lo siguiente: 1. ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 26/2019 (AHORA 54/2019). 1.1. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, ordenó registrar y prevenir la demanda 26/2019, promovida por ****, contra el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y otras autoridades; a quienes reclamó la orden de traslado realizada el diez de enero de dos mil dieciocho, del 1. CEFERESO Catorce "EL AMATE", Cintalapa, Chiapas, al 2. CEFERESO Trece en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 770/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO. 2.1. Como hecho notorio se tiene que en el juicio de amparo 770/2018, del índice de este Juzgado, **** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y de otra autoridad, a quienes reclamó la orden de traslado, del 1. CEFERESO Catorce "EL AMATE", Cintalapa, Chiapas, al 2. CEFERESO Trece en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, así como su ejecución. 2.2. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por el quejoso *****. Las razones que se expresaron para tomar dicha decisión fueron: ".En ese contexto, de las constancias que obran en autos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia consiste en el cambio de situación jurídica del quejoso, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. I. El cambio de situación jurídica se refiere a la alteración de la posición del quejoso respecto al sistema jurídico, derivado de las actuaciones y la aplicación de ciertas disposiciones en su esfera jurídica, que tiene como finalidad evitar que se resuelva respecto a cuestiones ajenas a la controversia planteada que son propias de la primera situación que tenía el quejoso, pero que se transformaron al emitirse una actuación o determinación. II. Para establecer válidamente la actualización de la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica en el juicio de amparo, se necesita de la conjunción de los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado devenga de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda se pronuncie en el procedimiento una resolución que traiga como consecuencia el cambio de situación jurídica que tenía el quejoso con el acto reclamado. 3. Que de analizar la constitucionalidad del acto que se reclama resulte inevitable la afectación de la nueva situación jurídica. 4. Que la nueva resolución emitida en el procedimiento respectivo posea el carácter de autónoma o independiente en relación con el acto reclamado, de tal manera que sus efectos puedan subsistir aun cuando este último se declare inconstitucional o no. III. En el caso en particular, el primer requisito se reúne, en virtud de que el acto reclamado, consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social 14 Amate, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", deriva del procedimiento judicial 21/2009 del Juzgado de Ejecución de Sentencias con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas -fojas 125 reverso y 126-; en este sentido, es pertinente destacar que si bien la orden la emitió una autoridad administrativa, cierto es que la misma fue sometida a escrutinio judicial, motivo por el cual, aun cuando en principio pudiera pensarse que es un acto emitido fuera de procedimiento, al ser judicializada, pasó a formar parte de un procedimiento, pues su validez queda sujeta a lo que disponga la autoridad judicial. IV. El segundo requisito de procedibilidad se comprueba con la resolución de nueve de agosto del año en curso dictada por la juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas -fojas 124 a 126-, ya que fue emitida después de la presentación de la demanda de amparo (tres de agosto de dos mil dieciocho -foja 1-), con la cual se cambia la posición que tenía el quejoso en relación con el acto reclamado, al ordenarse su traslado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 8, con sede en Tonalá, Chiapas. V. El tercer requisito se hace presente, debido a que de estudiarse la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social 14 Amate, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", se estarían trastocando los efectos de la nueva orden de traslado de nueve de agosto del año en curso, en la se que ordena el traslado del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 8, con sede en Tonalá, Chiapas. A saber, no se pueden analizar los conceptos de violación aducidos por el quejoso sin que se afecte la nueva orden de traslado que cambia su situación jurídica, porque lo contrario implicaría alterar supuestos ajenos a este juicio de amparo violando los principios básicos que rigen cualquier juicio; por lo que, se deben considerar como jurídicamente irreparables las violaciones que pudo haber sufrido la parte quejosa. VI. A su vez, el cuarto requisito también se reúne ya que de invalidarse el acto reclamado, con la concesión de la sentencia de amparo, subsistiría el efecto de la nueva orden de nueve de agosto del año en curso, emitida por la juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en el traslado del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 8, con sede en Tonalá, Chiapas, lo que resultaría en una tarea jurisdiccional absurda y superflua." 2.3. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho causó ejecutoria la referida determinación y se remitió a archivo el referido expediente. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo ya fue materia de análisis en un amparo anterior (juicio de amparo indirecto 770/2018), el cual fue promovido por el mismo quejoso (*****), contra las mismas autoridades (comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social). No obsta que, por regla general, una resolución de sobreseimiento no puede dar lugar a la figura de cosa juzgada, dado que en ella no se resolvió el fondo de la cuestión planteada; empero, existen hipótesis de excepción, como en este caso, pues la orden de traslado reclamada ya no puede ser atacada, precisamente porque existe un acto que la ha sustituido (nueva orden de traslado de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la jueza de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas); situación que no puede ser desconocida en este nuevo juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. (Tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada; por ello, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. 6. Domicilio. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. 10. Vinculación de expediente electrónico. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación del expediente 26/2019 de su índice, al diverso 54/2019 de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgador dicha autorización. 11. Forma de notificación. Toda vez que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al(a la) actuario(a) adscrito(a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Fermín Santiago Santiago, secretario que autoriza y da fe.
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