Elias Torres Cortes

Expediente 1006/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1006/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Javier Salomon Lavariega Cruz
  • Elias Torres Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    EN VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que respecto a la quejosa por la que se concedió el amparo no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. En esas condiciones, téngase por hechas las manifestaciones que vierte la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista a las partes con informe de cumplimiento En ese sentido, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con copia del oficio registrado con el número de folio 27464 que se acuerda en esta fecha, dese vista a la quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho plazo, este juzgado de Distrito se pronunciará respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del citado precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y JECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese y personalmente a la quejosa.". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el contenido del auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el amparo en revisión 556/2021 de su índice, en el que informa que admitió a trámite el recurso de revisión adhesivo promovido por el Presidente de la República; de lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, en razón de que el tribunal de alzada solicita que este juzgado notifique por oficio a las autoridades responsables el auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el amparo en revisión 556/2021 de su índice; con copia del oficio de cuenta, se ordena notificar a las responsables en los términos precisados y una vez que obren en autos las constancias de notificación, sin ulterior acuerdo remítanse al tribunal oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de Área de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; por medio del cual remite en vía de préstamo los legajos 1155, 1604, 1605 y 1606, relativos al juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, acúsese recibo. Por otra parte, hágase de su conocimiento que en el vale de préstamo correspondiente se solicitaron los legajos 1539 y 1606, sin embargo, sólo se remitió el 1606; en atención a ello, solicítese nuevamente el legajo 1539, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda respecto a la promoción 791. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención al Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020 relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Vista la copia simple del escrito de ampliación de demanda y auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente. Por tanto, con apoyo en los artículos 125, 128, 129, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de los escritos de ampliación de demanda promovidos por xxxxxxxxxxxxxxx, pídase a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Jefa del Servicio de Administración Tributaria; Director General de Recursos Humanos, Director de Nomina, Secretaría Ejecutiva de Administración, los últimos tres del Consejo de la Judicatura Federal, su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden legalmente notificadas del presente proveído, para cuyo efecto se ordena remitir copia simple del escrito de ampliación. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente sobre los efectos y consecuencias de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora, si bien es cierto que el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, no menos lo es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiestan los peticionarios de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a los quejosos la obligación de acreditar en el juicio de amparo que son titulares del derecho que dicen le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, se ve colmado; puesto que en el escrito de ampliación de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al requisito contenido en la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo, consistente en que con la concesión de la medida cautelar no se infrinjan disposiciones de orden público ni se vulnere el interés social, se procede a realizar el siguiente estudio: Sobre el particular, es de señalarse que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, fijó las remuneraciones que correspondan a los empleos establecidos por ley, específicamente el del Presidente de la República, teniendo como apoyo únicamente los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y no en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En este orden, la parte quejosa solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que no se utilice como parámetro para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, el que corresponde específicamente al Presidente de la República. En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), en lo que interesa, establece: ".Artículo 16. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se refieren en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación. Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario. Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en el párrafo anterior, forman parte de su remuneración; II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se presentan en el Anexo 23.1. de este Decreto, conforme a lo siguiente: a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente: i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. Los montos presentados en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador; b) La remuneración total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto; c) La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2019 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto, en cumplimiento a lo dispuesto en la Base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias, según corresponda, de los servidores públicos que se señalan de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se refieren en los siguientes Anexos de este Decreto: a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores; b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados; c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación; d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal; f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral; h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica; j) Anexo 23.11. Ramo 42: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; k) Anexo 23.12. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones; l) Anexo 23.13. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos. Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1., del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales. Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal. Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos. Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente. . ANEXO 23. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. . ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN TOTAL LÍQUIDA MENSUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) . ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) . [.] ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos) SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos). Para el año de 2019, las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de sus titulares cuya remuneración está señalada en el presente decreto, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República en este mismo año de 2019." De lo trascrito, se advierte que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fijó la remuneración total líquida mensual y anual del Presidente de la República; que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la República; en los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos). Además precisó que las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de sus titulares cuya remuneración está señalada en el presente decreto, serán determinadas por parte del órgano de gobierno, del órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República para el año de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, no procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, esto es, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dado que atendiendo a su naturaleza, éste carece de ejecución respecto del cual pueda decretarse la medida cautelar solicitada, en razón de que ello atañe al fondo del asunto que se resuelva en el cuaderno principal al dictar la sentencia correspondiente, ya que de concederse no sólo se estaría prejuzgando respecto del fondo del asunto, sino que, inclusive, se estarían dando efectos restitutorios del derecho que se pretende, lo cual en su caso, es materia de estudio en la sentencia que resuelva este juicio de amparo en lo principal. Además, la suspensión no podría tener por efecto que se dejen de observar los montos indicados en los Anexos a que se ha hecho referencia (ANEXO 23. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN; ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN TOTAL LÍQUIDA MENSUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos); ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos); ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos) SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, pues una decisión en ese sentido equivaldría a darle a la medida cautelar efectos restitutorios, modificando principalmente, el monto de la remuneración total anual del Consejo de la Judicatura Federal, pues ello, implicaría una sustitución en las facultades de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que, como se ha dicho, sería materia de estudio en la sentencia que resuelva el juicio en lo principal. Criterio que se adopta, atento a lo determinado en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 5/2019, en la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve emitida por Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán, de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí, que deba negarse la suspensión provisional solicitada respecto de los efectos y consecuencias del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (dos mil diecinueve), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, atento a los razonamientos expuestos en el presente proveído. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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