ELÍAS ROJAS SANTOS y Otros.
Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ELÍAS ROJAS SANTOS y Otros.
- Jacinto Rojas Núñez
- Elías Rojas Santos
- JACINTO ROJAS NÚÑEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó este juicio, feneció sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio de amparo, y se concedió la suspensión de plano respecto al acto reclamado, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 9, 12 y 14, es susceptible de depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, debiendo conservarse la demanda de amparo y el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por medio de la cual se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 971/2019, promovido por por Jacinto Rojas Núñez, Teresa Santos Hernández y Daniel, Ismael, Isaías y Elías, todos de apellidos Rojas Santos, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES 1. Según consta en autos, la parte quejosa reclama del Agente Municipal de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca y otras autoridades, la orden verbal o escrita de allanamiento, desalojo y despojo de una vivienda ubicada en el domicilio bien conocido en el paraje denominado "LLUHUHÚ TILLO" en la citada comunidad. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Jacinto Rojas Núñez, Teresa Santos Hernández y Daniel, Ismael, Isaías y Elías, todos de apellidos Rojas Santos, promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos de las autoridades municipales de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca. 3. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 2, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 4. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y previa aclaración, por auto de siete de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 971/2019; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 5. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 8. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 9. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 10. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Agente Municipal, Síndico Municipal, Alcalde Único Constitucional, Mayor de Vara Primero, Mayor de Vara Tercero, y Comandante de la Policía Municipal, todos de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca: La orden verbal o escrita de allanamiento, desalojo y despojo de una vivienda ubicada en el domicilio bien conocido en el paraje denominado "LLUHUHÚ TILLO" en la citada comunidad; así como la orden de privarlos de la libertad, de la vida y desterrarlos de su comunidad. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 11. Las autoridades responsables Síndico Municipal, Alcalde Único Constitucional, Mayor de Vara Primero, Mayor de Vara Cuarto , Comandante de la Policía Municipal y Agente Municipal, todos de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. 12. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). 13. Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. 14. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. 15. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. 16. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. 17. Al respecto, en el presente caso, no obstante que la parte quejosa ofreció diversos medios de convicción con el propósito de desvirtuar las negativas de las autoridades responsables, entre ellos las documentales que se detallarán a continuación, la pericial en materia de Ingeniería Civil y Arquitectura, la inspección judicial y la testimonial; los que adquieren valor probatorio al tenor de los normativos 197, 202, 203, 210-A, 211, 212, 215 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. 18. Esto es así, porque si bien la parte quejosa exhibió la documental consistente en copia certificada del instrumento quince mil ciento ochenta y uno, de veintidós de marzo de dos mil doce, pasado ante la fe del Notario Público número sesenta y ocho del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, relativo a la cesión de derechos agrarios que celebraron Venancio Rojas o Venancio Rojas Gómez, como cedente y Jacinto Rojas Núñez como cesionario, respecto del sitio solar que se encuentra ubicado en el paraje "Lluhuhú Tillo" en La Castilla, Barranca del Carrizo, en la comunidad de Santa María Yucunicoco, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca; mismo que colinda por su lado oriente con terreno del señor Feliciano González, en línea recta mide sesenta y tres metros, lado poniente colinda con Feliciano Francisco, en línea recta y mide setenta y dos metros, por el lado norte, colinda con Gorgonio A. Vásquez, en línea recta y mide cuarenta y ocho metros, por el lado sur colinda con el terreno de Manuel Juan, en línea recta y mide treinta y cuatro metros; dicho documento acredita la realización de un contrato de cesión de derechos entre las partes ahí señaladas, respecto del inmueble ahí descrito, y en su caso, justifica la posesión que detenta uno de los quejosos en este juicio. 19. Por otra parte, de la diversa prueba consistente en un disco versátil digital (DVD), con archivos electrónicos de diversas videograbaciones y fotos -que refiere la parte quejosa contiene los hechos sucedidos el trece de octubre de dos mil diecinueve- aún de otorgarle valor probatorio en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de una prueba documental que contiene información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel, su contenido resulta insuficiente para otorgarle el alcance probatorio pretendido, esto es acreditar la existencia de alguna orden verbal o escrita de allanamiento, desalojo y despojo de una vivienda ubicada en el domicilio bien conocido en el paraje denominado "LLUHUHÚ TILLO" en la citada comunidad, confiscación de bienes y orden de privar a los quejosos de la libertad o de la vida, y desterrarlos de su comunidad. 20. Así se considera, pues de los archivos digitales insertos únicamente se aprecia lo siguiente: Video 1: se observan muchas personas, haciendo trabajos de medición, excavación en un terreno contiguo a una construcción que tiene una leyenda que se aprecia "depósito de cervezas Yucunicoco" y pintado de azul con blanco. Video 2: Se aprecia a una mujer tirando piedras a las personas que se encontraban haciendo trabajos de medición y excavación en el terreno que se aprecia en el video 1. Video 3: Se observan personas dialogando alrededor de una mesa de madera en la que se observan diversos pares de zapatos sin que se logre entender lo que dialogan pues lo hacen en un dialecto. Video 4: se observan personas realizando trabajos, colocando postes y se aprecia una malla ciclón tirada en el piso, al que igual que láminas y diversas macetas. Video 5: se observa otra mujer que discute con las personas que se encuentran trabajando frente al depósito y se parecía con un palo en mano. Video 6: una persona de sexo masculino narra que las autoridades municipales y el comisariado de bienes comunales cercaron su terreno el trece de octubre de dos mil diecinueve, le cercaron su terreno con tubos de fierro y malla ciclónica, cerraron su baño y su casa y no lo dejan entrar y lo tienen amenazado de echarlo a él y a sus hijos del pueblo si toca la malla, o de matarlo. Video 7: se aprecia una multitud de personas aparentemente discutiendo, sin que se pueda entender de lo que hablan pues lo hacen en su lengua originaria. Video 8: se observa una multitud de personas enfrentándose con una mujer que porta un palo en sus manos y una piedra que la levanta varias veces como amenazando con lanzarla contra las personas que tiene enfrente, derivado de lo anterior se aprecia la aparente detención de dos personas (mujeres). 21. No obstante que dicha prueba corrobora las aseveraciones de la parte quejosa en su demanda, es insuficiente para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues si bien, en los videos se aprecian diversas personas cercando un terreno con malla ciclónica, en él no se puede identificar a las autoridades responsables, ni siquiera a los quejosos, tampoco se observa que los hayan desalojado de su vivienda, por lo que no prueba las ordenes verbales o escritas de allanamiento, desalojo y despojo de una vivienda ubicada en el domicilio bien conocido en el paraje denominado "LLUHUHÚ TILLO", confiscación de bienes y orden de privar a los quejosos de la libertad o de la vida, y desterrarlos de su comunidad; pues se insiste, si bien se observan diversos hechos en los videos, no existe prueba plena de que los hechos que se aprecian sean precisamente cometidos contra los quejosos, máxime que no se advierte de dichas reproducciones que las personas que realizan los trabajos en el terreno que el quejoso aduce es de su propiedad, hayan sacado a persona alguna de ese domicilio y que posteriormente no les permitieran la entrada al inmueble, como lo refieren los disidentes. 22. Aunado a que como se dijo, las autoridades responsables al rendir su correspondiente informe justificado negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyeron. 23. En cuanto al dictamen general en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura, de su contenido se advierte que la perito asentó las coordenadas geográficas en las que se ubica el inmueble ubicado en el paraje denominado "Lluhuhú Tillo" en la comunidad de Santa María Yucunicoco, distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca; las medidas y colindancias del mismo; la superficie construida y realizó un croquis de localización; asimismo, de lo observado por la experta, asentó que el terreno no se encuentra delimitado en su totalidad sino solo en algunos tramos de los lados norte, este y sur se observó malla ciclónica, así también que justo a la mitad del predio se encuentra parcialmente cercado con malla ciclónica, sin que pudiera precisar el tiempo aproximado en que se realizó el cercado y las construcciones que existen en dicho terreno; sin que tal medio de convicción sea suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, pues solo brinda información acerca de la localización del inmueble materia de la litis y si el mismo se encuentra o no delimitado, pero no se advierte del dictamen si la malla ciclónica que observó efectivamente fue puesta por las autoridades responsables, en la fecha en que lo indicaron los quejosos, aunado a que tampoco se puede inferir de lo manifestado por la experta el motivo por el que se colocó la malla, para estar en condiciones de determinar la existencia de las ordenes reclamadas en esta instancia constitucional. 24. Y con la prueba de inspección judicial en el inmueble objeto de controversia, desahogada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Juxtlahuaca, Oaxaca, el diez de noviembre de dos mil veinte, se identifica el inmueble que defienden los quejosos, pero con ello tampoco acredita la existencia de los actos reclamados, toda vez que el personal actuante asentó que solo una parte del terreno estaba cercado con malla ciclónica, sin que pudiera determinar si ésta fue puesta recientemente. 25. Así mismo, porque en el punto siete en el que solicitaban se certificara que no dejaban entrar al inmueble a los señores Jacinto Rojas Núñez, Teresa Santos Hernández y Daniel, Ismael, Isaías y Elías, todos de apellidos Rojas Santos; el personal del juzgado de primera instancia asentó que el acceso al inmueble lo dieron los quejosos que se encontraban presentes (Teresa Santos Hernández, Daniel, Ismael e Isaías de apellidos Rojas Santos). 26. Respecto a la testimonial desahogada en audiencia constitucional de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se le otorga valor probatorio indiciario, pues lo único que prueba son los hechos que acontecieron el trece de octubre de dos mil diecinueve, en la comunidad de Santa María Yucunicoco, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, pero de ninguna manera alcanzan a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación a la existencia de alguna orden verbal o escrita de allanamiento, desalojo y despojo de la vivienda que refieren, esto es, la ubicada en el domicilio bien conocido en el paraje denominado "LLUHUHÚ TILLO" en la citada comunidad; asimismo, no se acreditan las ordenes de confiscación de bienes muebles, privación de la libertad de los quejosos, de la vida, o destierro de la citada comunidad. 27. Aunado a que del dicho de los testigos, así como del resultado de las pruebas pericial y de inspección judicial se advierte que los quejosos actualmente se encuentran dentro del bien inmueble objeto de la controversia, y tienen libre acceso al mismo, pues fueron ellos mismos quienes dieron acceso al personal actuante para el desahogo de las dos últimas probanzas, por lo que incluso, de haber existido el desalojo que los quejosos reclamaron, el mismo cesó en sus efectos. 28. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 29. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. IX. DECISIÓN. 30. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 31. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. 32. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." 33. Finalmente, no es dable emitir pronunciamiento alguno respecto a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a modo de alegatos, pues no existe obligación de atender lo que dicha representación social expone en su pedimento, toda vez que sus manifestaciones se encuentran sujetas a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia. 34. Resulta aplicable la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2071, registro 2011344, intitulada: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." 35. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jacinto Rojas Núñez, Teresa Santos Hernández y Daniel, Ismael, Isaías y Elías, todos de apellidos Rojas Santos, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se desprende que ya transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara si las atestes . . . , se encontraban en una situación especial de vulnerabilidad frente al Covid-19; es decir, alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 12, fracción I, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que el mismo haya realizado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y este órgano constitucional procede en términos de lo estatuido en el artículo 6,fracción I, inciso a) del Acuerdo General de referencia. En consecuencia, a fin de llevar a cabo la referida probanza en la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, relativo al trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo, se ordena generar la cita correspondiente a las atestes . . . con la finalidad de que acudan presencialmente al desahogo de prueba testimonial a su cargo, ofrecida por la parte quejosa, en el día y hora señalada con anterioridad. Por tanto, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ"; en el entendido que el referido código QR se entregará personalmente a la parte quejosa, de modo que haga comparecer a los testigos a su cargo en la hora y fecha señalada. Así también, hágasele saber que deberá presentarlos en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional cuando menos con cinco minutos de anticipación a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia; asimismo, que deberán observar los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen en el edificio, entre ellas, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Apercíbase al disidente de amparo, que de no presentar a los citados testigos, en la hora y fecha indicadas, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se declarará desierta la prueba de que se trata y con fundamento en lo dispuesto por los normativos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo se impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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