Elias Rocha Mireles

Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Elias Rocha Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 453/2022-6, promovido por **********. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este juzgado, Elías Rocha Mireles, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juzgado Quinto Civil de Partido y del actuario designado por la Central de Actuarios, ambos de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable, se reclama: 1. La inminente molestia en mi propiedad, papeles y posesión respecto los bienes muebles que preciso en el capítulo de antecedentes. 2. La inminente privación en mi propiedad, papeles y posesión respecto los bienes muebles que preciso en el capítulo de antecedentes. De la ejecutora: 3. La ejecución del acto reclamado." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato; quien por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, formó el expediente y lo registró bajo el número 453/2022-6; además, desechó la demanda al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció, por turno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registro bajo el número 76/2022 y, por resolución de siete de julio de dos mil veintidós, lo declaró fundado. TERCERO. Trámite del juicio. En estricto cumplimiento a lo anterior, esta juzgadora, por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Por auto de veinticuatro de agosto pasado, se reconoció como tercera interesada a María Guadalupe Tapia Campos, quien fue emplazada al presente juicio el veinticinco de agosto de dos mil veintidós (foja 55). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tendrá ejecución en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio P. VI/2004, con número de registro digital 181810 visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. La orden embargo dictada en el juicio ordinario civil número C-43/2009 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, sobre bienes propiedad del promovente del amparo. 2. Así como la ejecución de lo anterior. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a la jueza Quinta Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato (fojas 53 y 57), pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, con número de registro digital 1002815, visible en la página 830 del Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN Sexta Sección, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la directora de la Oficialía Común de Partes y de de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad (foja 50), negó el acto reclamado; sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que fue señalada como ejecutora de un acto que ha reconocido la ordenadora; por tanto, es de inminente ejecución el acto que se le atribuye. Ilustra lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232729, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 97-102, primera parte, página 11, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil C-43/2009; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. María Guadalupe Tapia Campos, por conducto de su progenitor y representante Carlos Tapia Cabrera, demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción de responsabilidad civil objetiva, a **********, ********** y **********, Sociedad Cooperativa Limitada, de quienes reclamó el pago de diversas cantidades con motivo de los daños ocasionados a la nombrada en el accidente vial ocurrido el veintinueve de julio de dos mil ocho (foja 2 a 6 del tomo de pruebas número I). 2. Del citado ocurso correspondió conocer, por turno, a la jueza Quinta Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, quien, previa prevención, por auto de cuatro de febrero de dos mil nueve, la registró bajo el número C-43/2009 y ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 144 a 146 ídem). 3. Seguida la secuela procesal, el quince de octubre de dos mil doce, la jueza responsable dictó sentencia definitiva, en la que determinó que la parte actora no acreditó su acción y, por ende, absolvió a los demandados (fojas 202 a 213 del tomo de pruebas número II). 4. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca número 295/2013 y por resolución de once de junio de dos mil trece, revocó la sentencia apelada, para el efecto de que la jueza de primer grado recabara -de forma oficiosa- diversas pruebas periciales (fojas 343 a 358 del tomo de pruebas número II ídem). 5. Seguido el cauce legal, la jueza del conocimiento, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia definitiva, en la que determinó que la parte actora no acreditó su acción y, por ende, absolvió a los demandados (personas físicas); además, determinó que la sociedad demandada no tenía legitimación en la causa (fojas 40 a 55 del tomo de pruebas número VI). 6. En contra de esa determinación, la parte actora y la empresa demandada interpusieron recurso de apelación, del que conoció por turno la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca 260/2017 y por resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, revocó la sentencia impugnada, para el efecto de condenar a todos los demandados al pago de las cantidades ahí descritas (fojas 196 a 236 ídem). 7. La sociedad demandada promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución anterior, el que por turno fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el número 862/2017 y por resolución de catorce de febrero de dos mil dieciocho, negó el amparo solicitado (foja 405 ídem). 8. Por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, ante el escrito presentado por la actora, la jueza de la causa ordenó dar cumplimiento a la sentencia y requirió a los demandados el pago de la cantidad de dos millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos con setenta y seis centavos (foja 429 ídem). Sin que se haya logrado su ejecución, pues al efecto se levantaron diversas constancias de abstención. 9. En auto de doce de junio de dos mil diecinueve, previa petición de la actora, la jueza del conocimiento ordenó la ejecución de la sentencia en términos del auto descrito en el párrafo precedente, con el apercibimiento que de no realizar el pago de la cantidad aludida, se embargarían bienes propiedad de los demandados suficientes para cubrir el adeudo; además, autorizó el rompimiento de chapas cerraduras y el uso de la fuerza pública (foja 16 del tomo de pruebas número V). 10. En diligencia de dos de julio de dos mil diecinueve, el actuario designado, previo requerimiento, embargó los camiones con números económicos 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 y 314; además, se precisó que con posterioridad se acreditaría la propiedad (fojas 31 y 32 ídem). Sin embargo, dicha diligencia no fue aprobada, al no estar acreditada la propiedad de los bienes aludidos (foja 33 ídem). 11. En auto de diez de julio de dos mil diecinueve, previa petición de la parte actora, la jueza de la causa requirió a Movilidad y Transporte, así como a la Oficina recaudadora ambos de esta ciudad, para que proporcionaran información relativa a las unidades aludidas que forman parte de la flota de microbuses de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, Sociedad Cooperativa Limitada, como son números económicos, número de motor, marca, modelo, año, con la finalidad de acreditar la propiedad éstos (foja 35 ídem). Autoridades que remitieron los listados correspondientes, de las que se desprende algunos de los propietarios de determinados camiones. 12. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, la jueza responsable ordenó requerir a la demandada **********, Sociedad Cooperativa Limitada, el pago de la cantidad de dos millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos con setenta y seis centavos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizar dicha suma (foja 203 ídem). 13. En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós (foja 219 ídem), la jueza de la causa determinó lo siguiente: ".Como lo pide se autoriza a efecto de llevar a cabo la ejecución ordenada en el auto de fecha 27 veintisiete de enero del año en curso por la cantidad de $2´539,422.76 (dos millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos 766/100 M.N.) el embargo de bienes propiedad de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES COLECTIVOS ESPECIALES ENRIQUE VELASCO IBARRA S.C.L., en cualquier punto de la ruta 36 (valle de los Naranjos-Colonia Cuauhtémoc) con horario abierto (acordado con el actuario que se designe) para esperar el arribo de una de las unidades, (por no tener la certeza y precisión del horario en que pueda llevarse a cabo); se autoriza a llevar a cabo la diligencia de ejecución con cualquiera de los choferes, trabajadores de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES COLECTIVOS ESPECIALES ENRIQUE VELASCO IBARRA S.C.L." 14. A la fecha no se ha ejecutado la sentencia aludida. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 279970 visible en la página 201 del tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." De la lectura íntegra de las constancias que informan el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en virtud de que se estima que no se acredita la afectación a algún derecho de la parte quejosa, que la faculte a acudir ante este órgano de control constitucional. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, al tratarse de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo, son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 170500, publicada en la página 225 del tomo XXVII, enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse con presunciones; de manera que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional, solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por esta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan. En el caso, el promovente se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil C-43/2009 y esgrime que la orden de embargo y su ejecución, violan sus derechos fundamentales, por la razón de que es una persona extraña al procedimiento de origen, por no ser parte demandada. Por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 196932, localizable en la página 56 del tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora, de las constancias que informan el presente juicio constitucional, ciertamente se desprende que el quejoso no es parte material ni formal en el juicio de origen, pues el mismo fue iniciado por **********, en contra de **********, ********** y **********, Sociedad Cooperativa Limitada; sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. En el caso, la jueza de la causa ordenó el embargo de bienes de la exclusiva propiedad de la sociedad demandada y no de otra persona, sea física o moral, lo que cobra relevancia porque el artículo 13 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que ese tipo de personas morales tendrán patrimonio propio; por ende, si el acto reclamado se encuentra dirigido a la persona moral demandada, no existe base jurídica para considerar que se ejecutara en bienes del quejoso. En efecto, la jueza responsable, mediante proveídos de veintisiete de enero y catorce de marzo ambos de dos mil veintidós, ordenó requerir el pago de la suma de dos millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos con setenta y seis centavos, únicamente a la demandada Sociedad Cooperativa de Auto Transportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, Sociedad Cooperativa Limitada, bajo el apercibimiento que de no hacer el pago respectivo, se embargarán bienes suficientes de su exclusiva propiedad, esto es, bienes que pertenezcan únicamente a dicha sociedad, sin que a la fecha se haya logrado su ejecución; hechos que evidencian que al quejoso no se le ha dirigido mandamiento alguno que trascienda en su esfera de derechos. Sin que pase inadvertida para esta juzgadora, su manifestación en el sentido de que es socio cooperativista de la Sociedad Cooperativa de Auto Transportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, Sociedad Cooperativa Limitada; porque se trata de una aseveración dogmática no corroborada con alguna otra prueba en autos. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se inadvierte alguna prueba que acredite fehacientemente que el quejoso sea socio cooperativista de la sociedad demandada. Es ilustrativa la tesis aislada I.3o.C.1038 C (9a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 159893, de la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, página 1566, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD COOPERATIVA. SUS CARACTERÍSTICAS. Tanto de la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, como de su artículo 1, antes de su reforma de 13 de agosto de 2009, deriva que a través de la cooperativa, trabajadores, obreros o campesinos se unen en una sola empresa destinada a la prestación de servicios o a la fabricación de uno o varios productos, en la que combinan sus esfuerzos a fin de convertirse en motores de su desarrollo económico. La sociedad cooperativa se caracteriza, por una parte, por la calidad de usuario o consumidor que el propio socio tiene, además de que es accionista o empresario. Asimismo, existe una distribución de utilidades acordes con el trabajo u operación realizados por cada asociado, el cual se entrega al cierre de cada ejercicio. Además, durante ese lapso existe una distribución de beneficios económicos entre los socios, a fin de proveer a su subsistencia. El Estado busca incentivar la existencia de esas sociedades, pues se les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, etcétera." Además, el peticionario del amparo fue omiso en demostrar que el camión que aduce ser de su propiedad forme parte o preste su servicio de la ruta 36 (Valle de los Naranjos - colonia Cuauhtémoc); es así, pues se limita a señalar que sí forma parte de esa ruta y a exhibir copia certificada de las siguientes facturas: A. Clave vehicular 2550526, serie de motor 924933008712827, marca Mercedes-Benz, modelo 2011. B. Folio M362, serie de motor 924933C1093162, marca Mercedes-Benz, modelo 2016. C. Folio 650700, serie de motor D1A040654, marca International, modelo 2011. De dichas facturas únicamente se desprende la adquisición de los tres automotores ahí descritos. Luego, esos elementos de forma alguna permiten establecer que efectivamente ese autobús presta sus servicios en la ruta aludida, o bien, que forma parte de la flotilla de la Sociedad Cooperativa de Auto Transportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, Sociedad Cooperativa Limitada. Tampoco es óbice a la determinación aquí adoptada que en el sumario de origen el once de agosto de dos mil veintidós, el actuario designado por la Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato practicara la diligencia de embargo, a través de la cual tuvo a la parte actora ?aquí tercera interesada? señalando diversos autobuses para garantizar la prestación a la que fue sentenciada la persona moral de referencia, entre los que destacan los automotores descritos en las letras B. y C. supraindicados. Ello así porque el funcionario judicial al concluir la diligencia precisó que en ese momento no se acreditó la propiedad de los automotores embargados, en favor de la persona moral mencionada, lo que robustece que la parte quejosa no acreditó fehacientemente que dichos muebles sean patrimonio social de dicha sociedad, ni que éste sea socio de la misma. Del mismo modo, no es obstáculo que por auto de dieciséis de agosto pasado, el juez de origen indicara que tuvo por hecha la diligencia respecto de esos bienes, pues se insiste, no se advierte que el embargo que recayó, en parte, sobre los automotores que el quejoso aduce son de su propiedad, le cause un agravio pues éste no demostró ser socio de la sociedad contra la que se practicó la diligencia de embargo, ni que esos bienes formen parte de ésta o de su patrimonio. Apoya lo anterior, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232183, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, primera parte, página 108, que establece lo siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTOS DEL REQUISITO DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, RESPECTO AL INTERES JURIDICO. Las declaraciones que vertieron los quejosos en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad únicamente tienen como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado con medios de prueba idóneos; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar el interés jurídico de los quejosos." Debido a lo anterior, se reitera, el acto reclamado consistente en la orden de embargo emitida en el juicio ordinario civil número C-43/2009 y su ejecución, no afecta los derechos fundamentales del agraviado, toda vez que dicho mandamiento va encaminado y dirigido a impactarse en los bienes propiedad exclusiva de los demandados en ese controvertido, esto es, José Manuel Vázquez García, Gilberto Uribe Hernández y Sociedad Cooperativa de Auto Transportes Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, Sociedad Cooperativa Limitada, característica que no tiene el promovente del amparo, pues como ya se dijo, ninguna relación jurídica le vincula con dichos demandados. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 254937, de la Séptima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, sexta parte, página 133, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Además, pues como se explicó, el promovente del amparo fue omiso en demostrar que efectivamente forma parte de la sociedad aludida, o bien, que el autobús que aduce es de su propiedad presta sus servicios en la ruta 36 (Valle de los Naranjos - colonia Cuauhtémoc). Motivos por los cuales, es que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se demuestra la afectación producida en la esfera jurídica del quejoso; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la citada legislación. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de esta ciudad; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia con número de registro digital 238280, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 90, tercera parte, página 41, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la sentencia definitiva de trece de octubre de dos mil veintidós, cuyo punto resolutivo es: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada de la misma.

  3. Principal

    Informe justificado. Agréguese el oficio suscrito por la jueza Quinta Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, por el cual rinde informe justificado, del que se advierte que acepta el acto reclamado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que adjuntó la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga en este momento dada su propia y especial naturaleza. Con el informe de cuenta y la documental de referencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Formación de tomos de pruebas. Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que adjuntó la oficiante a su informe de cuenta; fórmense cinco tomos de pruebas para el mejor manejo del expediente. Emplazamiento del tercero interesado Por otro lado, del estado procesal del sumario se advierte que mediante proveído de doce de agosto actual, se reservó proveer lo conducente al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obraran las constancias relativas al acto reclamado, lo que ya aconteció. Por ende, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada a ***********, parte actora dentro del juicio de origen, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado en ********** (señalado en el expediente natural). Por tanto, comisiónese al actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en el domicilio mencionado y emplace a la citada tercera interesada al presente juicio de amparo; le corra traslado con copia simple de la demanda y auto admisorio, así como del presente acuerdo. Además, la requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por lista, aun si tuvieran que ser de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción II del de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Informe justificado. Agréguese el oficio suscrito por la actuaria de la Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato, por el cual rinde informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene manifestando su adherencia a las constancias que en su caso remita el juez responsable. Cabe destacar que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

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