Elias Rafael López Gaytan

Expediente 1375/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1375/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
04/11/2016

Partes del expediente

  • Elias Rafael López Gaytan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.La certificación precedente, evidencia que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo.Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal.Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno.Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente:1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido).2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo.3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido.Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Elías Rafael López Gaytán, solicita la devolución de sus documentos exhibidos junto con la demanda de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase al promovente las constancias que refiere, y en su lugar déjese copia certificada de las mismas, teniéndose por autorizado para recibirlas a la persona que refiere en su escrito de cuenta. En el entendido que deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2°, se tiene por hecha la certificación que antecede para conocimiento de las partes. Ahora, la certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por el Juez Noveno Familiar de Toluca, Estado de México a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso (foja 434), y este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, examina de oficio si el fallo protector está cumplido. Sobre lo expuesto, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 247, visible en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese orden, mediante sentencia de diecisiete de junio de dos mil dieciséis (fojas 313 a 331), se concedió al impetrante constitucional el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Consecuentemente y en restitución de las garantías violadas, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje insubsistente el proveído reclamado, sólo en la parte analizada en esta sentencia, y dicte otra, en la cual sujete el estudio psicológico de los menores Paola Montserrat Madrazo Reyes y César Rodrigo Madrazo Reyes, de conformidad con los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes." Inconforme con dicha determinación Columba Reyes Murguía, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos Paola Monserrat y César Rodrigo ambos de apellidos Madrazo Reyes, interpuso recurso de revisión contra la sentencia, mismo que previa substanciación, por ejecutoria de dos de septiembre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determino: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a COLUMBA REYES MURGUÍA, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos PAOLA MONTSERRAT y CÉSAR RODRIGO, MADRAZO REYES contra las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, solamente en los términos y para los efecto precisados en la parte final del considerando cuarto de la presente ejecutoria." Así, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (foja 423), se tuvo por recibida dicha determinación y se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento del fallo protector de acuerdo a los lineamientos establecidos por la superioridad, mismos que establecen: ". para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto reclamado, únicamente por lo que hace a la admisión de la pericial en psicología respecto de los menores habidos entre las parte y la entrevista con los niños, y deseche dichas probanzas por no ser pertinente su admisión y desahogo." Posteriormente, mediante oficio recibido el veintisiete del mes y año en curso, la autoridad responsable remitió copias certificadas de la resolución de esa fecha, en el que se aprecia que determinó no desahogar la pericial en psicología en los menores Paola Montserrat y César Rodrigo, Madrazo Reyes así como consideró innecesaria la escucha de los menores hijos de las partes. Ahora, del análisis comparativo entre los lineamientos del fallo protector y las constancias exhibidas por la responsable al respecto, se advierte que ésta atendió los puntos materia de concesión del amparo; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. A la parte quejosa hágase del conocimiento el presente proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. (SE LISTA AVISO), SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS QUE A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el agraviado Elías Rafael López Gaytán da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de octubre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, con los escritos de veintidós de septiembre, tres y seis de octubre de dos mil dieciséis, se tienen por cumplidos los requerimientos formulados en auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, según el numeral 62 del ordenamiento en cita, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, es importante precisar que el agraviado Elías Rafael López Gaytán, señaló como actos reclamados los siguientes: - El auto de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012, donde decretó como medidas provisionales una pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y se le previene para que se abstenga de causar daños y molestias a la misma. - La falta de notificación personal del acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012. Expuesto lo anterior, respecto del acto reclamado consistentes en el auto de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012, donde decretó como medidas provisionales una pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y se le previene para que se abstenga de causar daños y molestias a la misma, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Tal consideración se expone, pues de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. De los antecedentes narrados en su escrito de seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 40), se obtiene lo siguiente: 1. El seis de diciembre de dos mil doce, inicio el juicio especial de divorcio encausado radicado bajo el número 1313/2012, ante el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. 2. Tramitado el juicio, el siete de febrero de dos mil trece, se dictó la sentencia correspondiente. 3. Con fecha once de febrero del mismo año, se giraron los oficios correspondientes para hacer las anotaciones donde quedó disuelto el vínculo matrimonial. 4. El quince de febrero de dos mil trece, el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, decretó como medidas provisionales una pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y se le previene para que se abstuviera de causar daños y molestias a ella. Esa determinación constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama un acuerdo emitido en un procedimiento civil sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si el inconforme tilda de inconstitucional el auto de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012, donde decretó como medidas provisionales una pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y se le previene para que se abstenga de causar daños y molestias a ella; éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación ahí contemplado. En efecto, el quejoso estaba constreñido a agotar el recurso de revocación previsto en la fracción IV del numeral 5.75 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, en contra de la determinación reclamada, antes de instar el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior, porque en términos del artículo 2.378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la etapa contenciosa del procedimiento especial de divorcio incausado (en la que se emitió el acto reclamado) se tramita conforme a las reglas del Libro Quinto "De las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar", en cuyo capítulo VIII "De los recursos" se contempla al numeral 5.75, respecto "De la revocación en audiencia." Así, en términos del precitado precepto, las decisiones dictadas en las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, que resuelven sobre las medidas provisionales, serán revocables por el juez o tribunal que los dictó. Por tanto, si el acto reclamado sobre la pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y la prevención para abstenerse de causar daños y molestias a ella, resulta evidente que su impugnación en vía ordinaria debía realizarse a través del recurso de revocación que establece la fracción IV del artículo 5.75 previamente citado. Máxime que en el precepto legal citado no se establece como requisito para la procedencia del recurso de revocación, el que se verifique en la audiencia inicial, pues el precepto legal únicamente establece la necesidad de que la determinación impugnada sea emitida en audiencia, tal como aconteció en la especie. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado consistente en el auto de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del expediente 1313/2012, donde decretó, de manera provisional una pensión alimenticia a favor de María de Lourdes Herrera Alamilla y la abstención de causar daños y molestias a ella, debió ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México); b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (artículo 5.75), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de quince de febrero de dos mil trece, emitido en una audiencia, es el recurso de revocación, el quejoso debió interponerlo, de manera previa, al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Por su aplicación, al haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, se cita la tesis III.2o.C.31 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia Común, página 1373, cuyo contenido es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE GARANTÍAS. PARA CUMPLIRLO DEBIDAMENTE, DEBE ATENDERSE AL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES A FIN DE INTERPONER EL RECURSO QUE PREVÉ LA LEY DEL ACTO RECLAMADO." La jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902, del contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. " Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular, no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye el auto de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del expediente 1313/2013, cuya naturaleza es diversa de los actos señalados en los incisos a) y b). Aunado a lo anterior, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de donde deriva el acto reclamado, al ser la parte actora en el mismo, la cual fue radicada ante el Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con el número de expediente 1313/2013, de donde deriva el acto reclamado. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación personal del acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Para arribar a lo anterior, es pertinente precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ejecutorias ha sostenido el criterio de que, para la procedencia del juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia deben agotarse los medios de defensa legales que establezca la ley aplicable al caso, para con ello agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a sus garantías tuteladas por la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa que la ley secundaria establece. Si el agraviado por esta vía combate la falta de notificación personal del acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 1313/2012, con el argumento de que no se llevó conforme a derecho, es evidente que dicho acto no tiene el carácter de definitivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Es decir, para la procedencia del juicio de amparo, como presupuesto esencial debe agotarse el principio de definitividad y de una correcta y sana interpretación del artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se infiere que el acto combatido puede ser modificado, revocado o nulificado a través del incidente de nulidad, con base a las circunstancias siguientes: 1) La notificación proviene de un tribunal judicial; 2) La parte quejosa aduce que la multicitada notificación no se llevó conforme a derecho; 3) El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé en su artículo 1.187, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la ley, o se omitiere, la parte agraviada puede promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida; 4) Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento en que se emitió el acto que se refuta de inconstitucional, y 5) Por virtud del incidente de nulidad, el acto combatido podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento. Consecuentemente, si el impetrante de amparo es parte en el juicio natural de donde deriva el acto combatido, está obligado a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo que en la especie no aconteció y se justifica actuar conforme a lo apuntado en el cuerpo de la presente determinación, desechando de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda. Sobre el particular se invoca, la tesis número I.2o.C.37 C, publicada en la página 1083, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Elías Rafael López Gaytán contra actos del Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad.

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