Elias Pérez Pérez

Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
301/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Elias Pérez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias o en su caso se informe el estado procesal que guardan los presentes autos. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. En atención a su contenido, hágase del conocimiento al homologo que mediante auto de treinta de abril del presente año se tuvo por desechada la demanda de amparo y en proveído de trece de mayo del año que transcurre se declaró firme el desechamiento. Asimismo, tal como lo solicita el Juzgado oficiante, remítase debidamente certificada copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, así como del auto por el cual se desechó la demanda y del proveído que declaró firme el desechamiento, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo en este expediente; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80 y 97, fracción I de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto. II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III. Destrucción o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. IV. Relevancia y documentos. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por+++, contra el acto del Juez Cuarto del Ramo Familiar, residente en esta ciudad y otra autoridad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 301/2021-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama: ? La ilegal e inconstitucional orden de investigación del domicilio del quejoso de sus menores hijas de iniciales L.M.P.F y M.N.P.F, realizada a través de un oficio dirigido al Director de la Policía de Investigación de la Policía General del Estado; y su ejecución. III. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso quien aquí resuelve, advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,1 en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional trascrita, se desprende que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento Constitucional antes citado, destacando el legislador que por imposible reparación se entiende que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2015, interpretó el contenido del artículo 107, fracción de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos en el juicio que deben considerarse como de imposible reparación y estableció, en lo conducente, lo siguiente: ? Que como lo sostuvo al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. ? Que con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. ? Que de esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. ? Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, verbigracia los emitidos por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". ? Que esto es así, porque tales criterios se generaron conforme a una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios constitucionales iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva.+++ De la ejecutoria reseñada y jurisprudencia transcrita se obtiene que un acto de autoridad de imposible reparación, atento al marco jurídico vigente de la Ley de Amparo, implica: a. Que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y b. Que dicho derecho tenga la naturaleza de sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, del examen integral de la demanda, así como del anexo consistente en el oficio 891/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se desprende que la titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, por auto de veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, tuvo por presentada Beranda Isabel Flores Zapata por propio derecho, con su escrito recibido el día veinticuatro de diciembre del año en curso, por medio del cual solicitó se habilitara en horas y días Inhábiles al actuario judicial para emplazar al demandado - en los autos del expediente 864/2020 relativo al juicio de guardia y custodia de menores y alimentos, de su índice- así también se le requiera en cualquier lugar en donde se encontraren a sus menores hijas, de igual forma se girara oficio a la Directora de la Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado, a fin de que proporcionara elementos a su mando y se avocaran a la búsqueda y localización de sus menores hijas de iniciales L.M.P.F. y M.N.P.F., asimismo se girara oficio al Instituto Nacional de Migración, autobuses OCC, AEXA, y al Aeropuerto Angel Albino Colza, a fin de evitar que abordaran sus menores hijas a los medios de transportes antes mencionados; derivado de lo anterior, dicho juzgador ordenó girar atento oficio a la Directora de la Policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, para efectos de que se avocaran a investigar el domicilio del demandado Elías Pérez Pérez y de las menores de iniciales L.M.P.F. y M.N.P.F., quien tuvo como último domicilio el ubicado en +++, debiendo informar a esta autoridad a la brevedad posible, el cumplimiento que se le dé al mismo. De lo anterior deriva que la orden de girar oficio a la Directora de la Policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, para efectos de que se avocaran a investigar el domicilio del demandado Elías Pérez Pérez y de las menores de iniciales L.M.P.F. y M.N.P.F., se vincula exclusivamente con la "investigación" de domicilios del ahora quejoso y sus menores hijas, por lo que desde esa perspectiva, es evidente que la resolución reprochada no genera una afectación de imposible reparación a derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que impactó sobre derechos meramente adjetivos o procesales. Además, cabe precisar que el ahora quejoso promovió diverso juicio de amparo indirecto, mismo que por turno tocó conocer a este Juzgado con el número 179/2021, en el que reclamó la orden de cateo de los inmuebles ubicados en "4ª Norte Oriente número 107, colonia cruz con casitas" y "Avenida baja california norte, manzana 3, lote 11, de la colonia las granjas", con sede en esta ciudad y su ejecución, mismo asunto que fue admitido a trámite y está pendiente del dictado de la resolución, por lo que la afectación que en sí pretende combatir el quejoso que es el que irrumpan a su domicilio, en caso de concederse la protección constitucional en el diverso juicio de garantías en comento, quedaría sin efectos, al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental, además que como se dijo en líneas que anteceden, la orden emitida por el Juez responsable únicamente se trata de "investigación" de posibles domicilios del quejoso y sus menores, más no que se ejecute algún acto, lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos en tanto que en esa hipótesis no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado. Así, el acto reclamado únicamente implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues puede suceder que se favorezca a la parte quejosa, y por ende, que la determinación reclamada en el procedimiento de origen, no trascienda al resultado de la sentencia que se emita en el mismo. Por ello, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto reclamado no le ocasiona un perjuicio de imposible reparación dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos. Pues, para la procedencia del juicio de amparo indirecto se hace necesario que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. IV. Desechamiento. Por tanto, como el acto que se reclama, no tiene una ejecución material irreparable sobre la persona o las cosas de la parte quejosa, pues por sí mismo no es susceptible de afectar uno de los derechos fundamentales concedidos a los gobernados y tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VII. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en 11ª Norte Poniente número doscientos cincuenta y nueve, entre 1ª y 2ª Poniente Norte, Barrio Niño de Atocha, de esta ciudad. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rodolfo Nango Ruiz, Marbin Raúl Oliver Marina y Moisés Pineda Paz, toda que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Cédulas Profesionales, de la Secretaría de Educación Pública., asimismo con fundamento con el numeral 12 párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, se faculta a Carolina Nango González, por así haberlo solicitado la parte quejosa. VIII. Solicitud de acceso al expediente electrónico y medios magnéticos. Atento a lo peticionado, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario "rodolfonango", para consultar de manera electrónica el presente juicio.De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otro lado, con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a los autorizados del quejoso, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. IX. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano