Elias Ordoñez Guerrero
Expediente 1053/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elias Ordoñez Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. ********************Visto el estado de los autos y lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 2204/2022, remitido por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, y anexo que acompaña, mediante el cual, informa que ya devolvió a este Juzgado el despacho 33/2022-III-A, con número de orden 48/2022-III-A, de diez de marzo de dos mil veintidós, por el cual se le encomendó el emplazamiento al tercero interesado ********************a este juicio.********************Al respecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese y cúmplase.
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CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente en el juicio; como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, al rendir sus informes justificados, el representante del Gobernador de esta entidad, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Lo anterior, pues la responsable aduce que el quejoso carece de interés, toda vez que ya no cuenta con la patente de escribano público y, por ende, no puede accionar el presente juicio de amparo. Ahora bien, en primer término, es necesario analizar lo relativo al tema del interés, a fin de determinar si la parte quejosa cuenta con aquél, y por ende, si es procedente o no el juicio constitucional; para lo cual, son aplicables los artículos 107, fracción I, de la Carta Magna y el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (.)" De la normativa transcrita se advierte que el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo el carácter de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, como presupuesto procesal de la acción constitucional, se establece que la parte quejosa debe tener un interés, ya sea jurídico o legítimo. Ahora, tratándose de amparo contra leyes, el juicio de amparo resulta improcedente cuando con la sola entrada en vigor de la ley reclamada, no se causa perjuicio al impetrante; sino que se requiere un acto posterior de ejecución para que se origine tal perjuicio. Al respecto, los artículos 17, fracción I; 18, 61 fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (normas autoaplicativas), basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso (normas heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días; según la regla establecida en el artículo 17 de la citada ley de la materia. Así, para la impugnación de normas generales mediante juicio de amparo, se requiere atender a su propia naturaleza para acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genera de inmediato; o bien, porque se causó con motivo de un acto de aplicación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena, Materia(s): Constitucional, Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997, página 5, con registro digital 198200; del rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Al respecto, es importante puntualizar que, tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del peticionario, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CLXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia(s): Constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 447, con registro digital 190630; que dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." En el caso, mediante el ejercicio de la acción constitucional la parte promovente pretende la tutela de los derechos públicos subjetivos que estima infringidos con motivo de la expedición del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en concreto, de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio de veintiséis de enero de dos mil veintidós; en el cual, el representante del Gobernador de esta entidad le informó que no era procedente su solicitud de ratificarlo nuevamente como Escribano Público. Por tanto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que el quejoso sí tiene interés jurídico en el presente asunto, ya que con motivo de la contestación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se le negó su solicitud de ratificarlo en su nombramiento como Escribano Público; ello, con fundamento en el artículo que tilda de inconstitucional. Por tanto se desestima la citada causal de improcedencia. Por otra parte, como diversa causal de improcedencia, el Gobernador y el Congreso, ambos de esta entidad, por conducto de sus representantes, en sus informes hicieron valer la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en relación con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del plazo de quince días, contados éstos, a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se haga a la parte quejosa del acto que reclame; o bien, de aquél en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedora del acto reclamado o su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el referido numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Así, de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende consentido tácitamente cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía de amparo, no se impugna dentro del término que señala la ley; sin embargo, contrario a lo que sostienen las autoridades responsables, el presente juicio se presentó dentro del término legal, ya que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, con motivo del primer acto de aplicación, que se materializó con el oficio de veintiséis de enero de dos mil veintidós; en el cual, el representante del Gobernador de esta entidad le informó que no sería ratificado nuevamente como Escribano Público. De ahí que si la parte quejosa reclama la norma como heteroaplicativa con motivo del primer acto de aplicación, es inconcuso que el término que tenía para presentar su escrito de ampliación de demanda de amparo era el genérico de quince días, al no ubicarse en alguno de los citados supuestos de excepción. En ese sentido, si el acto de aplicación, es decir, el oficio de veintiséis de enero de dos mil veintidós se notificó a la parte quejosa el veintisiete siguiente, como se advierte de la razón que obra al reverso del oficio que en copia certificada adjuntó el representante del Gobernador a su informe; el término empezó a computársele el veintiocho de enero y feneció el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, sin contar el siete de febrero en curso, al haber sido inhábil. Por tanto, si el escrito de ampliación de demanda, respecto del acto de aplicación antes destacado, se presentó el nueve de febrero de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que la referida ampliación de demanda es oportuna, pues la parte quejosa tenía hasta el último minuto hábil del dieciocho de febrero de dos mil veintidós para presentar su referido escrito y lo hizo con anterioridad a esa fecha De ahí que deviene infundada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Cesación de efectos respecto de un acto reclamado. En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; respecto del acto inicialmente reclamado del Gobernador de esta entidad, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno; mediante el cual, solicitó su ratificación como Escribano Público Número Nueve del Municipio de Mérida, Yucatán. El artículo en comento establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable rticular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedderogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del paencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que adjuntó el representante del Gobernador de esta entidad como pruebas, se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dio respuesta al escrito por el que la parte quejosa solicitó a la nombrada autoridad responsable lo ratificara como escribano público número nueve del municipio de Mérida, Yucatán. Solicitud a la que la responsable dio respuesta en sentido negativo; notificándole de manera personal tal determinación el veintisiete de enero de dos mil veintidós, como se advierte de la razón que obra al reverso de la copia certificada del oficio que el representante del Gobernador de esta entidad, remitió en alcance de su informe justificado. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Además, cabe destacar que dichos actos de autoridad acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, considerando que la demanda de amparo se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. Por lo antes expuesto, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del referido acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante, la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto; que era, que la responsable proveyera el escrito que le presentó. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce del derecho humano que estimó violado, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley; únicamente por lo que hace a la omisión de dar contestación reclamada inicialmente al Gobernador del Estado de Yucatán. SEXTO. Inexistencia de diversas causales. En otro orden, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra de las previstas en el artículo 61 de la ley de la materia, procede efectuar el estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Por aplicable, la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los preceptos tildados de inconstitucionales. Por razón de método y técnica jurídica, en principio, se analizan los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer respecto a la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán; los que resultan infundados, motivo por el cual, deberá negarse el amparo y protección que solicita; aunado a que no se advierte algún motivo favorable en la queja, que deba suplirse en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En esencia, como conceptos de violación la parte quejosa aduce que el precepto reclamado viola directamente el artículo 5° Constitucional, en la vertiente de que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito. Artículo constitucional que a su juicio se ve vulnerado con el contenido del penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán; pues refiere se le impide trabajar y ejercer las funciones de Escribano Público que desde hace más de veinte años ha venido desempeñando. Son infundados los motivos de inconformidad que alega la parte quejosa; para evidenciar lo anterior, se cita el numeral impugnado: "Artículo 6.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado determinará el número de notarías públicas así como su residencia, atendiendo a los siguientes factores: I.- Población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un Notario Público por cada 20,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda; II.- Estimaciones sobre las necesidades de fe pública en la población, y III.- Condiciones socioeconómicas del Estado y sus municipios propuestos como residencia. En los municipios cuya población no exceda de 30,000 habitantes, funcionará una escribanía pública. Al expedir el nombramiento del Notario Público se le asignará el número de la notaría pública vacante." Ahora bien, en cuanto a las alegaciones relativas a la violación del derecho fundamental de la libertad de trabajo, para los fines pretendidos, se cita el artículo 5° Constitucional, que establece: "Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona." Como puede apreciarse, la norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, conforme a los siguientes lineamientos: A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode; siempre que sean lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros. También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Estos lineamientos garantizan la libertad de trabajo, en términos del primer párrafo del artículo 5° de la Carta Magna; lo que implica que las personas en este país pueden dedicarse al trabajo o profesión que quieran desarrollar siempre y cuando sea legalmente permitido y se cumplan diversas elementos. Por su parte, el artículo tildado de inconstitucional establece las reglas a seguir para establecer notarias y escribanías públicas en el Estado, señalando, en lo que aquí interesa, que en aquellos municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes funcionará una escribanía pública. Lo cual, en primer término, no se advierte limite la libertad de trabajo que consagra el artículo 5° de la Constitución Federal, ya que, su parte combatida, únicamente constituye una previsión legal que tiende a establecer en qué municipios es dable establecer una Escribanía Pública, atendiendo a la demanda de servicios, por número de habitantes; lo que de modo alguno impide a la aquí quejosa dedicarse a la profesión de escribano público. Ello, ya que el artículo 2° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán establece que el ejercicio de la función notarial estará a cargo de personas físicas, a quienes el Estado les delegará la fe pública para los actos en que intervengan con motivo de sus funciones; y se les denominará Notario Público y Escribano Público. Como se aprecia el ejercicio de la función notarial es de orden público y además es a cargo originariamente del Ejecutivo, quien por delegación, lo encomienda a particulares para que lleven a cabo el servicio público inherente a tal función; y, el numeral combatido, no desaparece la figura del escribano público, sólo, en atención a las limitaciones con las que cuenta para realizar actos de fe pública, por razones de cuantía y demás previsiones de la legislación estatal; lo circunscribe a poblaciones reducidas, donde el municipio no supere los treinta mil habitantes. Pues, de superarse el máximo de habitantes, es evidente que la demanda de servicios y necesidades de actos de fe pública para constancia y formalidad de actos y hechos jurídicos, sin la restricción de una cuantía menor, aumentan; por lo que se vuelve necesario que en dicha población figure algún notario; sin que lo anterior impida a la quejosa dedicarse a la profesión de Escribanía Pública. Aunado a que, no se impide a la aquí quejosa ejercer su profesión, porque ésta puede prestar sus servicios siempre y cuando cumpla con los requisitos legales respectivos; considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de libertad de trabajo consagrado en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de diversos presupuestos, entre ellos el relativo a que ese derecho fundamental será exigible siempre y cuando la actividad sea lícita y no afecte el derecho de la sociedad. Es aplicable, la tesis 2a. CXI/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Novena Época; Materias(s): Administrativa, Constitucional; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 130, con Registro digital: 166176; que establece: "DESPACHO ADUANERO. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ADUANERA NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. El citado precepto, al establecer los requisitos para que el Estado autorice a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados que faciliten el despacho aduanero de las mercancías, no viola la garantía de libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no les impide a los licenciados en Derecho, ejercer su profesión. Lo anterior es así, porque éstos pueden prestar esos servicios siempre y cuando cumplan con los requisitos legales respectivos, tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la indicada garantía constitucional no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de diversos presupuestos, entre ellos el relativo a que esa garantía individual será exigible siempre y cuando la actividad sea lícita y no afecte el derecho de la sociedad. Además, la prestación de los servicios aduanales o la realización de las operaciones de esta índole constituye una actividad exclusiva del Estado, al referirse a su función recaudadora, en la cual los particulares sólo intervienen en los casos de excepción que la propia ley autoriza." Así como la tesis publicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, del Tomo IX, Abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194152, del rubro y texto siguientes: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado." Por otra parte, el quejoso aduce que el precepto impugnado incurre en una omisión legislativa, por lo que es contrario a los derechos humanos establecidos en el artículo 1° Constitucional, pues omite señalar hasta cuántas escribanías pueden funcionar tanto en el municipio de Mérida, como en otros municipios, cuya promoción rebase los treinta mil habitantes. Para dar contestación a lo anterior, primero se debe tener presente que en los juicios de amparo en los que se reclame una omisión legislativa es necesario demostrar el deber de actuar de la autoridad en cierto sentido, esto es, que un mandato constitucional obliga a una autoridad a expedir una disposición de carácter general; por lo que, quien tenga interés legítimo puede acudir a reclamar el actuar de la autoridad; circunstancias que sólo son factibles de analizar a través del estudio de fondo de la cuestión planteada. Esto es, para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva, se debe revisar que en un primer aspecto la existencia de un mandato normativo expreso, que en el caso sería de la Constitución del Estado, que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance; por tanto, requiera de complementación operativa en las leyes o acciones conducentes; que se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, esa conducta vulnere un derecho, lo que se sitúa en la ponderación para hacer efectivos los derechos fundamentales. Ahora, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; si bien en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En estos casos pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Al respecto, es importante aclarar que en el caso concreto se estudia una omisión legislativa ya que esta se atribuye al Congreso del Estado de Yucatán; por tanto, se debe atender a las funciones (omisiones) del Poder Legislativo del Estado. Ahora bien, la competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales; es decir, en este tipo de competencias, los órganos encargados de la producción normativa cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo, como acontece con los órganos legislativos. En estos casos se tiene la potestad de decidir, libremente, si crean o no determinada norma jurídica y en qué momento lo harán. Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de disposiciones de observancia general, debe encontrarse de manera expresa en las normas constitucionales. Atendiendo a la clasificación de las competencias o facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo, es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de éstas, lo cual se traduce en omisiones. Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 11/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175872, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, materia constitucional, página mil quinientos veinticuatro, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades - de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente". Al respecto, conviene referir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas legales; así, una laguna normativa se da cuando el legislador no regula un supuesto de hecho en específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma prexistente del sistema jurídico, en tanto que la omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución Federal. En ese sentido, se precisa que las lagunas legales pueden ser colmadas por los jueces interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta, una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. También, tiene sustento a lo expuesto, la tesis: 1ª. XIX/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2016420, y publicada en la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cincuenta y dos, marzo de dos mil dieciocho, tomo I. materia constitucional, página mil noventa y cinco, del rubro y texto siguientes: "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar". Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1359/2015 en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, señaló que una omisión legislativa o normativa se presenta cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Así, la omisión legislativa implica la existencia de un mandato puntual de jerarquía constitucional para que el órgano o los órganos legislativos expidan la normativa con base en la cual habrá de regularse una determinada situación y de la que depende la posibilidad de hacer efectivos ciertos derechos, como lo asentó la Primera Sala en la ejecutoria señalada: . 2. Las omisiones legislativas como actos reclamados - De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo." En ese contexto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo; es decir, la omisión legislativa no se reduce a un simple no hacer, sino que presupone una exigencia constitucional de acción, y una inacción cualificada, que den lugar a que no resulte posible hacer efectivo el derecho que de aquélla depende. Así, no podrá considerarse como una omisión de carácter legislativo o normativo, si el mandato no se encuentra contenido en la Constitución Federal. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el citado amparo en revisión 1359/2015, estableció lo siguiente: "(.) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. (.) SEXTO. Estudio de fondo. Una vez levantado el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, corresponde ocuparse de los argumentos de fondo planteados en la demanda de amparo. En la línea de lo expuesto en el considerando anterior, esta Suprema Corte estima pertinente destacar desde un principio que para poder conceder el amparo contra una omisión legislativa se deben acreditar centralmente dos cuestiones: (i) que existe una omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo; y (ii) adicionalmente, también debe mostrarse que la omisión en cuestión supone una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. Así, esta Primera Sala procederá a analizar si en el caso se cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador incurrió en una omisión legislativa que vulnere la libertad de expresión de la quejosa." De lo anterior, se tiene que, para conceder el amparo contra una omisión legislativa se deben acreditar medularmente dos cuestiones: 1. Que exista una omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo; 2. Que se demuestre que la omisión en cuestión supone una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. En sentido contrario, si tales hipótesis no se actualizan, lo procedente es negar el amparo solicitado. En ese orden, procede realizar un análisis de fondo de la cuestión debatida por la parte quejosa a fin de determinar si en el caso se cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador incurrió en una omisión legislativa total o parcial y si esta vulnera derechos fundamentales. En el caso, se reclama la omisión en que se incurre en la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, al omitir señalar cuántas escribanías pueden funcionar en el municipio de Mérida y otros municipios. Empero, de la Constitución del Estado de Yucatán, no se advierte numeral alguno que ordene legislar específicamente respecto a la omisión de la que se duele el impetrante; por tanto, en el caso, no existe una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado, como hace valer el impetrante del amparo. Por otra parte, en ese mismo sentido, se duele el quejoso, que tal dispositivo legal resulta restrictivo y discriminatorio por no contemplar el principio de igualdad y los demás principios protectores de los derechos humanos que tutela el numeral 1° de la Constitución, ya que omite señalar hasta cuántas escribanías pueden funcionar tanto en el municipio de Mérida, como en otros cuya población rebase los treinta mil habitantes. Al respecto, cabe acotar, que tratándose de la expedición de una norma, ésta únicamente se considera discriminatoria cuando realiza una distinción sin justificación alguna, esto es, sin que la misma tenga sustento alguno objetivo y razonable. Ahora bien, la figura del escribano público, se propuso para circunscribir el ámbito de su competencia y actuación a aquellos municipios del interior del Estado cuya población no excede de treinta mil habitantes, con lo que se procuró retomar una función eminentemente social, es decir, brindar a las clases más desprotegidas certeza jurídica respecto de sus actos, lo que de ninguna manera se considera restrictivo ni discriminatorio. En ese mismo sentido, es necesario precisar que la función de un escribano es de orden público y es facultad exclusiva a cargo del Ejecutivo Estatal delegarla o encomendarla a particulares para que lleven a cabo el servicio público inherente a tal función. Así pues, no asiste razón al quejoso, en su argumento relativo a que el artículo en estudio es discriminatorio, dado que parte de una premisa falsa, primeramente, porque el legislador sí justificó la distinción que existe entre notarios y escribanos, pues si bien ambos son fedatarios públicos, la diferencia estriba en que los escribanos podrán realizar operaciones que no excedan de la cuantía o interés establecidos en la Ley, a fin de brindar a las clases más desprotegidas certeza jurídica respecto de sus actos. Por otra parte, también es falso que el numeral impugnado omite señalar hasta cuántas escribanías pueden funcionar tanto en el municipio de Mérida, como en otros cuya población rebase los treinta mil habitantes, pues es claro que en municipios cuya población rebase tal número de habitantes no le correspondería contar con una escribanía pública. Además, el hecho que el artículo de una legislación no prevea o regule alguna situación jurídica, no quiere decir que por tal motivo sea inconstitucional, o que la omisión haya sido porque es voluntad del legislador que no se regulara dicho aspecto. Ello, toda vez que el juzgador tiene a su alcance las diversas herramientas para realizar una interpretación de la ley que sirva como integración normativa cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la Ley. En ese sentido, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del hecho que la ley que la contiene no la prevea expresamente, sino en su caso, de la inexistencia o deficiencia en la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto, encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis aislada 2a.CXIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintinueve, del Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "APLICACIÓN SUPLETORIA DE LEYES. EL HECHO DE QUE UN ORDENAMIENTO LEGAL NO LA PREVEA EXPRESAMENTE, NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. La supletoriedad es una institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley. En esa medida, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del hecho de que la ley que la contiene no la prevea expresamente sino, en su caso, de la circunstancia de que la inexistencia o deficiencia en la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe tomarse en cuenta, además, que por mandato del artículo 14 constitucional, las autoridades están obligadas, a falta de disposición expresa, a tomar en cuenta los principios generales del derecho que rigen para las diferentes instituciones jurídicas". Por otra parte, también como concepto de violación, aduce que el artículo tachado de inconstitucional, vulnera su derecho a la legalidad, así como los principios de igualdad y equidad, al establecer que el Gobernador del Estado debe determinar el número de notarías públicas, así como su residencia, ateniendo a tres factores, consistentes en: I. Población del Estado y tendencias de crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario público por cada veinte mil habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del censo nacional de población y vivienda; II. Estimaciones sobre las necesidades de fe pública en la población, y III. Condiciones socioeconómicas del Estado y sus municipios propuestos como residencia. Por lo que arguye que al establecer el numeral impugnado "En los municipios cuya población, no exceda de 30,000 habitantes, funcionará una escribanía pública" resulta transgresor debido a su modo genérico sin considerar circunstancias como el crecimiento poblacional, las necesidades de fe pública y condiciones económicas de los municipios propuestos como residencia de los escribanos, factores que en cambio, sí se tomaron en cuenta para fijar el número de notarías en el Estado. Lo anterior resulta infundado, dado que el impetrante del amparo parte de una idea errónea al comparar los factores considerados para fijar una notaría con los de una escribanía, pues en el caso, no se encuentran en condiciones de igualdad, ya que tanto sus funciones como los requisitos para su concesión devienen distintos. Por tanto, al no encontrarse en una misma situación no puede aplicarse la norma de manera uniforme. Esto es, el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Esto es, el derecho fundamental de igualdad que impone la exigencia de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, no prohíbe al legislador establecer un trato desigual, sino sólo aquellos tratos injustificados que no estén apoyados en criterios razonables y objetivos, lo que requiere del análisis de una medida de comparación válida para su identificación, lo que no sucede en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veinticinco, del libro cuarenta y ocho, Noviembre de dos mil diecisiete, Décima Época, materia constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015597, del rubro y texto siguientes: "DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. Del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, se desprende que la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior se desprende que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justificación objetiva sino que persigue un fin necesario." Igualmente, sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y nueve, del Tomo XX, Octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180345, del rubro y texto siguientes: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." Ante ello, al no encontrarse en iguales condiciones que una notaría, evidentemente no se vulnera el principio de igualdad y equidad que aduce el quejoso. Por todo lo anterior, al no encontrarse en igualdad de condiciones una escribanía a una notaría como pretende hacer valer el quejoso, se tiene que el artículo 6 de la Ley de Notariado del Estado de Yucatán tildado de inconstitucional, no vulnera el principio de igualdad y equidad. Por tanto, ante lo infundado de los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la unión que solicita. OCTAVO. Estudio del acto de aplicación. En cuanto al acto de aplicación, igual son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa; por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, toda vez que no se consideró inconstitucional el penúltimo párrafo del referido artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, se procede al estudio de los conceptos de violación que se hicieron valer contra el acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En principio cabe señalar que la parte quejosa, en sus conceptos de violación, aduce que el oficio de veintiséis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, el Gobernador de esta entidad dio contestación a su solicitud de ratificación como Escribano Público Número Nueve del Municipio de Mérida, Yucatán, está indebidamente fundado y motivado, y es violatorio de sus derechos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 Constitucional. Ello, pues alega que la respuesta que dio la autoridad responsable no se encuentra ajustada a derecho, dado que se interpretó de una manera errónea el contenido del penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vulnerando sus derechos; ya que, a su consideración, no se encuentra dentro de las facultades potestativas del Gobernador negarse a ratificar el nombramiento de los escribanos públicos de esta entidad, ya que dicha ratificación se encuentra reglada por el artículo 119 de la Ley del Notariado del Estado y el diverso sexto transitorio del propio ordenamiento. Además, según alega, el artículo combatido que se aplicó para negar su solicitud, de modo alguno estipula que las escribanías públicas que se encuentran establecidas en municipios cuya población exceda de treinta mil habitantes deban desaparecer; sino que únicamente establece la posibilidad de que aquellos ayuntamientos con poblaciones inferiores a treinta mil habitantes puedan acceder a servicios de fe pública mediante la instalación de una escribanía pública. Por lo que tacha de ilegal la interpretación que la autoridad responsable dio al penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán y, por ende, su aplicación al caso concreto. Los anteriores conceptos de violación son infundados; los que se analizan de manera conjunta por la estrecha relación que tienen y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, en primer término, se citan los artículos 121 y 124 Constitucionales; que disponen: "Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. (.)" "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias." De los que se advierte la disposición del Constituyente en el sentido de que a cada entidad federativa corresponde dar fe de los actos públicos, registros y demás procedimientos; así como que las leyes que emitan sólo serán vinculantes en su circunscripción territorial. En cuanto a la fe de actos públicos que refiere el citado precepto constitucional cabe señalar que su esencia primordial consiste en otorgar dicha fe, lo que es consustancial con el ejercicio del Poder Público, pues a través de ésta los actos que emanan de dichos poderes adquieren certeza, validez y eficacia jurídica sin necesidad de prueba. Actos cuya regulación se confiere a los Estados, en términos de los citados numerales 121 y 124 de la Carta Magna; y, en atención a ello, el Congreso del Estado de Yucatán, con fundamento en la fracción V, del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y los numerales 97, 150 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y demás aplicables; expidió la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en la que estableció dos figuras para otorgar la fe pública que alude el citado 121 Constitucional, que son, el notario y escribano públicos. Y, en uso de sus facultades legislativas, en su artículo 6° -cuya aplicación se impugna-, estableció que corresponde al titular del Poder Ejecutivo determinar el número de notarías públicas; así como su residencia, atendiendo a los siguientes factores: I.- Población del Estado y tendencias de crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un Notario Público por cada 20,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda; II.- Estimaciones sobre las necesidades de fe pública en la población, y III.- Condiciones socioeconómicas del Estado y sus municipios propuestos como residencia. Así como el hecho que en los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, funcionará una escribanía pública; y que al expedir el nombramiento del Notario Público se le asignará el número de la notaría pública vacante. De lo que se advierte que el legislador, en uso de las facultades que le confieren las Constituciones Federal y Local, estableció como facultad del Gobernador de Yucatán determinar el número de notarías públicas, con base en estimaciones de necesidades, condiciones socioeconómicas, tendencias de crecimiento y demás. Así como la obligación de que en aquellos municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes deberá funcionar una escribanía pública. De manera que el texto legal otorga al titular del Ejecutivo Estatal la facultad de determinar el número de notarías, las que pueden ser aumentadas o disminuidas con base en determinados criterios; dado que la norma no hace distinción y deja a su potestad la elección del número; y, respecto a las escribanías, únicamente dispone que en los municipios cuyas poblaciones no excedan de treinta mil habitantes funcionará una. De forma tal, que si la responsable dio contestación a la solicitud de la parte quejosa en la literalidad siguiente: "De conformidad con la Ley del Notariado vigente y de acuerdo al artículo 6, penúltimo párrafo, los Escribanos Públicos solo serán asignados en los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, siendo uno por municipio, por consiguiente, en los municipios cuya población exceda de treinta mil habitantes, no funcionarán los Escribanos y para el caso de los nombrados en estos últimos municipios conforme a la anterior Ley del Notariado, sus patentes permanecieron vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno." Es evidente que dicha respuesta, contrario a lo que aduce la parte quejosa, no resulta ilegal ni indebidamente fundada ni motivada, ya que el Constituyente reservó a los Estados la facultad de regularse en cuanto a la fe que debe darse de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales; y el legislador ordinario, en uso de sus facultades, concedió al titular del Ejecutivo del Estado de Yucatán la potestad de poder decidir el número de instituciones para el ejercicio de la función notarial; que si bien, el texto no alude específicamente a las escribanías, sí estipula la obligación de que éstas deberán establecerse en municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes. Lo que en el caso tiene relevancia, pues es un hecho notario que el municipio de Mérida rebasa por mucho los treinta mil habitantes; por lo que al no ser una población menor a tal número no se surte el supuesto que prevé el penúltimo párrafo del artículo impugnado y, por tanto, no se justifica la existencia de escribanías públicas en esta entidad; de conformidad con lo establecido por el legislador ordinario. No es óbice a lo anterior que, como alega la parte quejosa, el artículo sexto transitorio de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, disponga lo siguiente: "Sexto. Reconocimiento y validez de patentes. Las patentes de los escribanos públicos con residencia en la ciudad de Mérida y demás municipios del estado permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Concluido este plazo, deberá atenderse a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 119." Pues, como de su literalidad se advierte, las patentes de los escribanos públicos residentes en esta capital de Mérida, Yucatán y demás municipios del Estado estarían vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; periodo que a la fecha en que se resuelve este asunto ya feneció, y si bien la parte final de dicho transitorio establece que concluido el referido periodo se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 119 de la multicitada Ley del Notariado; lo cierto es, que dicho precepto transitorio no puede desconocer el contenido del artículo 6° impugnado. Dado que forman parte del mismo sistema normativo y la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, es clara al establecer en su artículo 6° que las escribanías públicas funcionarán en aquellos municipios donde la población no supere los treinta mil habitantes; supuesto en el que no se ubica el municipio de Mérida, donde el aquí quejoso había estado desempeñando su función notarial como titular de la Escribanía Pública Número Nueve de esta entidad. Además, aunque el quejoso arguya que, conforme al sexto transitorio, una vez concluido el plazo de vigencia de su patente de escribano, deberá estarse a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 119 de la Ley del Notariado del Estado; dicho precepto establece: "Artículo 119.- .. Los escribanos públicos podrán ser ratificados en sus funciones al concluir su nombramiento, siempre y cuando acrediten haber participado en el esquema de actualización permanente a que se refiere el artículo 44 de esta Ley. (.)" De lo que se advierte que el legislador ordinario nuevamente dejó a salvo la facultad potestativa del Gobernador del Estado para ratificar a los escribanos públicos, pues dispone que concluido su nombramiento, los escribanos públicos podrán ser ratificados, sin que obste que dicho numeral seguido disponga que se hará siempre y cuando acrediten haber participado en el esquema de actualización que prevé la propia legislación, toda vez que al Gobernador no se le establece como obligación, el ratificar a aquellos escribanos que acrediten haber cumplido con los esquemas respectivos; pues aun así cumplieran con lo anterior, sigue siendo facultad potestativa de dicha autoridad decidir si los ratifica o no. Ello, toda vez que la redacción de dicho precepto no es de carácter imperativo que establezca una obligación al Gobernador, sino potestativo; en tanto aun así los escribanos cumplan con el requisito que prevé el segundo párrafo del citado artículo 119, sigue a libre arbitrio del Gobernador decidir si los ratifica o no; potestad que igual se desprende del contenido del numeral 44 de la Ley en comento, al que remite el citado ordinal 119, al establecer que los escribanos deberán participar en el esquema de actualización permanente, a efecto de que puedan continuar en el desempeño de sus funciones. Pues, caso contrario, la disposición hubiera sido en el sentido de "a efecto de que continúen" o similar expresión que denote obligación de permitir a los escribanos continuar desempeñando sus funciones, siempre que participen en el referido esquema; lo que no acontece en el caso, pues el legislador lo deja de manera optativa. Lo propio debe decirse respecto de los diversos preceptos analizados que no establecen una obligación a cargo del Gobernador del Estado de Yucatán y dejan a su potestad ratificar a los escribanos públicos concluido el plazo de vigencia, cumplan o no con los requisitos que prevé la propia norma. De ahí que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, resulta legal el acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional; ya que la autoridad responsable se apegó a lo que establece el ordinal combatido, pues, como se vio, dicho numeral prevé que en aquellos municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes funcionará una escribanía; y es un hecho notorio que el municipio de Mérida supera tal cantidad. Por lo que válidamente puede determinar que al superar la capital del Estado el número de habitantes que prevé el penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, no existe justificación para que en el municipio de Mérida funcionen Escribanías Públicas; máxime que el propio dispositivo otorga la potestad al Gobernador del Estado de determinar el número de instituciones para el ejercicio de la función notarial conforme a los criterios detallados en el propio numeral; y, respecto a las escribanías, únicamente estipula como obligación establecer una en los municipios que tengan menos de treinta mil habitantes; supuesto en el cual no se ubica el municipio de Mérida. Además, que, como se vio de los artículos sexto transitorio y 119 de la Ley del Notariado, el Gobernador, concluido el periodo de vigencia de las patentes que se concedieron hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, aun así los escribanos públicos cumplan con el esquema de actualización permanente que refiere el artículo 44 de la multicitada Ley, sigue estando bajo su potestad decidir si a pesar de cumplir con lo anterior los ratifica o no; ya que el dispositivo legal no se lo establece como obligación, sino como algo optativo. De manera que no puede exigirse al Gobernador responsable que ratifique al quejoso escribano público con residencia en el municipio de Mérida; ya que el legislador ordinario, en uso de las facultades que le confieren los citados artículos 121 y 124 de la Carta Magna; y, la fracción V, del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, dispuso que es potestad de dicha autoridad ratificar los nombramientos de escribanos una vez fenecido el plazo, sin que se le hubiera impuesto tal obligación, a pesar de que el quejoso cumpla con los requisitos del ordinal 44 de la propia Ley; ni se encuentra obligado conforme al penúltimo párrafo del impugnado numeral 6°, a establecer una escribanía pública en este municipio, ya que la capital de Mérida, supera los treinta mil habitantes y, por ende, no existe obligación. Por ello, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo que legalmente procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto de aplicación del artículo 6° de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. NOVENO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública que se realice de este fallo, en su momento. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y, de igual manera, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. UNDÉCIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por , contra el acto del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a respecto a los actos que reclamó del Congreso y Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Incidental
SE NOTIFICA AL PERITO OFICIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por ********************, perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, mediante el cual rinde su dictamen pericial con motivo de la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura ofrecida en autos por la parte quejosa, basado en el cuestionario propuesto. En mérito de lo anterior, prevéngase al nombrado perito oficial de este Juzgado, que dentro de término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado de Distrito a fin de que exprese si ratifica o no el contenido de su dictamen. Apercibido que de no hacerlo así, podría hacerse acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente y por analogía, la tesis 1ª.LXIV/2015 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1390, Tomo II, del mes de Febrero de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y a la letra refiere: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló." Por tanto, a fin de que comparezca el perito oficial, al órgano jurisdiccional para tal fin, proceda la Secretaría de este Juzgado a generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 6°, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 7/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; asimismo, el compareciente deberá acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. Asimismo, entréguesele por conducto del actuario de la adscripción, el código "QR" generado por el sistema, a fin de que puedan ingresar al recinto de este juzgado federal el día señalado para el desahogo de la diligencia de referencia. Notifíquese personalmente al perito oficial ******************** y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto: agréguense a este expediente los informes justificados rendidos por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y por el Director General de Promoción de la Salud (4). Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse por designados como domicilio y delegados de las autoridades señaladas como responsables, los que se precisan en los informes de mérito. Notifíquese y cúmplase.
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