Elias Martinez Zavala

Expediente 200/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
200/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Elias Martinez Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al expediente laboral 837/2010-I remitidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado; devuélvanse las citadas constancias a la referida autoridad, para sus efectos legales conducentes, debiendo remitir el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE RESUELVE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. RESUELE: PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado que remite el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental a que hace referencia la citada autoridad responsable, en el referido informe, con la cual se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. ADMISIÓNTéngase por recibida la demanda de amparo presentada por ELÍAS MARTÍNEZ ZAVALA, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión y anexos descritos, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir al quejoso o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula el quejoso de mérito, únicamente contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 200/2016-4A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su INFORME JUSTIFICADO, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que se han señalado las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. DOMICILIO QUEJOSO Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica y únicamente pata oír y recibir notificaciones a Gabriel Alberto Amelco Viera. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. NO SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso, formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (73.04 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO PARCIAL DE DEMANDA No ha lugar a admitir la demanda respecto del Ayuntamiento, Presidente y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, dado que no les recae el carácter de autoridades responsables, toda vez que en el procedimiento de origen figuraron como parte, y en todo momento actuaron en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal de Arbitraje del Estado una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por su exacta aplicación, se cita la jurisprudencia I.4o.(I Región) J/1 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, página 1511, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO." Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a), ya estableció que el incumplimiento a un laudo respecto a los Ayuntamientos que figuraron como parte demandada en un juicio, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, con relación al criterio jurisprudencial referido en el párrafo que precede, se estima procedente hacer la comparación respectiva entre las legislaciones de Quintana Roo y Yucatán, con la del Estado de Baja California, respecto al tema de laudos dictados por los tribunales de trabajo burocráticos. La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en sus artículos 153 a 158, dispone: "Artículo 153. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el tribunal lo notificará a las partes. Artículo 154. Las demás autoridades del Estado, estarán obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Artículo 155. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de tres mil pesos. Artículo 156. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La Secretaría de Finanzas informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, especificando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 157. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Al efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 158. Cuando se pida la ejecución de un Laudo, el Tribunal dictará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, acompañado de la parte demandante, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumpla el laudo, apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá conforme a los artículos 155 y 156 de esta ley." Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en sus artículos 160 bis, 160 ter, 161 y 162, establecen: "Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta ley. Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia ley." Consecuentemente, el título octavo de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se encuentra conformado por los artículos 142, 143, 144 y 145, los cuales literalmente dicen: "TITULO OCTAVO DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS CAPÍTULO I Artículo 142.- El tribunal para hacer cumplir sus determinaciones podrá imponer multas hasta por el importe del equivalente a doce días de salarios mínimos. Artículo 143.- Las multas se harán efectivas por las oficinas recaudadoras del Estado para lo cual se girará el oficio correspondiente. Las oficinas de referencia informarán al tribunal de haber hecho efectiva la multa, especificando los datos que acrediten su cobro. CAPÍTULO II Artículo 144.- La ejecución de los laudos dictados por el tribunal de arbitraje, corresponde a su presidente a cuyo fin dictará y tomará todas las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 145.- Cuando se solicite la ejecución de un laudo, el presidente del tribunal despachará el laudo de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para el cumplimiento, apercibiéndola que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior." Como puede observarse, las legislaciones burocráticas de los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Baja California, desarrollan en similares términos el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en las legislaciones en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Por su parte, el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, establece como supletoriedad a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de justicia social que deriven del Artículo 123 constitucional, y los principios generales del derecho, por lo que en su caso se cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa, tal y como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, visible en la página 227, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." Conforme a lo expuesto con anterioridad y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo, Yucatán y Baja California, contienen en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Entonces, es dable concluir que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, al igual que los tribunales burocráticos de Quintana Roo y Yucatán, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. Por lo cual, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del Estado de Baja California, así como de los Estados de Quintana Roo y Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de cinco votos la contradicción de tesis 425/2013, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil catorce, que dio origen a la jurisprudencia bajo el rubro y texto: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Máxime que en términos de los artículos 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, es al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California a quien le corresponde velar por el correcto cumplimiento del laudo. Iguales motivos y fundamentos sostuvo este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 600/2015, y que fueron confirmados por el Tercer Tribunal Colegiado de este Decimoquinto Circuito, en la revisión 27/2016, de su índice. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano