Elías Herrera Puentes

Expediente 1340/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1340/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Elías Herrera Puentes

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d), de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mismo que en síntesis establece: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por...por derecho propio, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en auto de diecisiete de noviembre del año en curso, al tenor de la prevención formulada en el presente juicio de amparo. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de proveer el escrito presentado nueve de septiembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable, por el cual solicitó ser citado para recabar su entrevista y poder tener acceso a los registros de investigación de la carpeta de investigación CUA/CGV/VGC/32/164345/22-06. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado nueve de septiembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable, por el cual, el quejoso solicitó ser citado para que se le reciba su entrevista y poder tener acceso a los registros de investigación de la carpeta de investigación CUA/CGV/VGC/32/164345/22-06, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la quejosa. Al respecto, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste, el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigación que se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, aquel dispositivo fundamental delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social. Ahora bien, en estricta vinculación con lo antes señalado, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, respectivamente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De los preceptos legales transcritos se advierte el derecho del imputado a lo siguiente: 1. A tener acceso a los registros de la investigación. Este derecho puede ejercerse: a) Cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo. b) Antes de su primera comparecencia ante juez, está facultado para consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 2. A obtener copia gratuita de los registros de la investigación. Este derecho sólo puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Ahora bien, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes indicados se advierte que tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a tener acceso y obtener copia gratuita de los registros de investigación y que ese derecho solamente puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa si bien pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Tres, del Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de proveer el escrito presentado nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual solicitó a la representación social responsable, lo cite para que se reciba su entrevista y así poder tener acceso a los registros de investigación de la carpeta de investigación CUA/CGV/VGC/32/164345/22-06; también lo es que el quejoso no expone datos reales, precisos y concretos en el sentido de que efectivamente la autoridad ministerial responsable haya emitido un acto de molestia en su contra y, que por lo tanto, la autoridad responsable tenga la obligación de citarlo y permitirle el acceso a dicha carpeta. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público de permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenido, sea citado para comparecer o sea sujeto de un acto de molestia como imputado dentro de la etapa de la investigación inicial. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, que lo legitime acceder a la carpeta de investigación, a efecto de preparar su derecho de defensa adecuada. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2025272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto demolestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Aunado a lo anterior, aún de encontrarse en el supuesto de que no haya sido citado a comparecer, no se aprecia una actitud reiterativa por parte del Agente del Ministerio Público al que se atribuye la omisión reclamada, pues el quejoso refiere haber acudido en una sola ocasión (nueve de septiembre de dos mil veintidós) para que se le diera cita para rendir su entrevista y tener acceso a los registros de la carpeta de investigación; lo que aún en ese supuesto no podría considerarse una denegación para entrevistarlo ni permitirle los registros respectivos y, como consecuencia, una obstaculización a su defensa, pues se insiste, no se aprecia la existencia de un acto de molestia material y real contra el ahora quejoso. Máxime que la solicitud que formuló el quejoso a la autoridad investigadora para acceder a la carpeta de investigación, cuya omisión señala como acto reclamado, no puede analizarse en función del artículo 8° Constitucional, pues al emanar esa omisión de un procedimiento administrativo, no se rige por el referido precepto, sino por el diverso 17 del propio texto Supremo, circunstancia que refuerza la improcedencia de la demanda de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 12, Abril de 2015, página 478, registro digital 2008883 que refiere: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Pues al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al tema, ha determinado jurisprudencialmente que cuando se alega transgresión al artículo 8° constitucional, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular. Lo anterior, encuentra justificación en razón de que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por...con arreglo en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."

  3. Principal

    ...SE DESECHA... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    "... SE PREVIENE... Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo.

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