Elías González Miranda
Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elías González Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Elías González Miranda; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco, el original del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 635/2010, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 409/2020-10 promovido por Elías González Miranda. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. Las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, consistente en: ? Copia simple de su credencial de elector. ? Cedula de notificación de siete de febrero de dos veinte. ? Cédula de notificación de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. ? Cédula de notificación de veinticinco de abril de dos mil dieciocho. ? Cédula de notificación de dos de abril de dos mil diecinueve. ? Cédula de notificación de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 2. Original del expediente principal del juicio ejecutivo mercantil 635/2010, incidente de liquidación?? de intereses y tercería excluyente de dominio, mismos que obran por cuerda separada debido a su volumen. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 409/2020-10, promovido por Elías González Miranda, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 1 a 10), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el dos de marzo siguiente, Elías González Miranda solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente 635/2010, por el que no se aprueba la diligencia de remate judicial en segunda almoneda, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de tres de marzo de dos mil veinte (fojas 19 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 409/2020-10; se solicitó a la autoridad responsable rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del????? Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria ???????????? presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- René Peña Morgan 19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte (fojas 30 a 32), se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional. QUINTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid- 19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno.????? En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. SEXTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mi veintiuno (fojas 75 y 76), se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. SÉPTIMO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El once de septiembre de dos mil veinte y diez de febrero de dos mil veintiuno (fojas 64 y 91), respectivamente, se realizó el emplazamiento de Amílcar García Oramas y Alicia Avalos García. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en?? los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, por el que no se aprueba la diligencia de remate judicial en segunda almoneda de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de ejecución de sentencia, derivado del expediente civil número 635/2010, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido la aludida autoridad en el informe (fojas 36 y 37), lo cual se corrobora con las constancias originales del precitado expediente, en donde obra la resolución de mérito (fojas identificadas con los folios 557 y 558 del tomo de pruebas).3 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen.??????????? Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 624 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el suscrito advierte que en el presente caso se actualiza una causa de Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". 4Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. improcedencia en términos de los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción IV del ordenamiento jurídico precitado. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXIII: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el ordinal 107 dispone en la fracción IV Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.? Sobre el particular, el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye lo siguiente en su fracción III: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 343/2018,5 el Máximo Tribunal del país sostuvo que, 55 Que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, con número de registro 2022499, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, "son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural". Por ello, estableció que esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio, refirió que "los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo". Lo anterior, por considerar que están relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva"???? (1) El que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o, (2) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, (3) El archivo del expediente. Aunado a ello, el tercer párrafo de la fracción IV del ordinal 107 de la Ley de Amparo, instituye que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo segundo de aludido numeral. En el caso, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las precitadas hipótesis. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que el veintidós de marzo de dos mil once (fojas 75 a 78 del tomo de pruebas), dictó sentencia definitiva en el expediente 635/2010 de su índice, en la que condenó al demandado Amílcar García Oramas, a pagar la cantidad de $22.000.00 (veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Inconforme con la precitada determinación, Amílcar García Oramas promovió juicio de amparo directo que fue registrado con el expediente 431/2011, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que en sesión de doce de julio de dos mil once (fojas 99 a 115 del tomo de pruebas), le negó la protección constitucional. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 383 y 384 del tomo de pruebas), se celebró la primera diligencia de remate de primera almoneda sobre el bien embargado, en la que no se presentaron postores y el actor se reservó el derecho a adjudicar. En resolución interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 50 a 55 del tomo de pruebas), dictada con motivo del incidente de liquidación de intereses, se condenó al demandado Amílcar García Oramas, al pago de la cantidad de $322,166.00 (trescientos veintidós mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, gastos y costas y honorarios profesionales. Mediante escrito de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 398 a 406 del tomo de pruebas), la parte actora presentó avalúo comercial, emitido por el ingeniero Víctor Manuel Montejo Acosta. El referido avalúo fue agregado a los autos mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 407 y 408 del tomo de pruebas). Por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 490 a 492 del tomo de pruebas), se ordenó sacar en remate judicial el 50% del inmueble embargado, en segunda almoneda, instruyéndose la publicación de edictos y avisos. El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 554 a 556 del tomo de pruebas), se llevó a cabo la diligencia de remate en segunda almoneda, sin asistencia de postores. En auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte (fojas 557 y 558 del tomo de pruebas), la responsable determinó no aprobar la diligencia de remate en segunda almoneda. Con base en lo anterior, se puede establecer que el auto reclamado, por el que no se aprueba la diligencia de remate judicial en segunda almoneda de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, no encuadra en los supuestos de procedencia previstos en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de una determinación que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, el archivo del expediente. Tampoco se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, es decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Al respecto, es importante tener en cuenta el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015,6 cuyas consideraciones se invocan como argumentos de autoridad, en donde sostuvo que, ante la problemática que contiene la fracción IV, párrafo tercero, del ordinal 107 de la Ley de Amparo, el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye 6 Que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 1066, con número de registro 2011474, del siguiente rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Por las anteriores consideraciones, se colige que, al no ubicarse el acto reclamado en ninguno de los supuestos precitados, es improcedente el juicio de amparo en cuestión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 107 fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente asunto. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)7, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al 7 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487, registro 2005717. respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Elías González Miranda, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta ejecutoria, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. René Peña Morgan Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 79/2020-10, con número de orden 151/2020, deducido del presente juicio de amparo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que el once de septiembre de dos mil veinte y diez de febrero del año actual, fueron emplazados al presente juicio los terceros interesados Almilcar García Oramas y Alicia Avalos García, sin que hayan señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en auto de tres de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado en líneas que anteceden y se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar a los terceros interesados en comento, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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