Elías García García

Expediente 507/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
507/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Elías García García
  • Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con asiento en la capital de esta entidad federativa, al cual transcribió el auto dictado el veintinueve de mayo del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 1242/2023, del índice de ese órgano jurisdiccional, del cual se obtiene que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó a su conocimiento. Ahora bien, toda vez que, en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso j), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto este juzgado Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de los actos reclamados en esta instancia; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del acuerdo citado; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8.1 y 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra los actos atribuidos a la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con asiento en la capital de esta entidad federativa y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con asiento en Aquiles Serdán, Chihuahua. Regístrese en el libro de control electrónico de juicios de amparo con el número 507/2023-I y fórmese expediente digital e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el justiciable reclama el auto de formal prisión o prisión preventiva y el auto de sujeción a proceso dictados en su contra por la autoridad judicial responsable dentro de la causa penal 49/2012, el tres de mayo actual; asimismo, refiere que actualmente se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con asiento en Aquiles Serdán, Chihuahua, con motivo de una prisión preventiva. Establecido lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de la misma, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I a VI [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". En adición al precepto transcrito, es necesario atender lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Así, conforme a la reclamación planteada, este juzgador considera que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que es competente para conocer de la demanda, el juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se esté ejecutando el acto reclamado. En el caso, se trata de un amparo indirecto promovido contra el auto de formal prisión o prisión preventiva y el diverso de sujeción a proceso dictados el tres de mayo actual, por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, dentro de la causa penal 49/2012, máxime que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con asiento en Aquiles Serdán, Chihuahua. De ahí que, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de los actos reclamados en esta instancia, puesto que se itera, encuadra en el primer párrafo del supuesto previsto por la norma citada, ya que derivan de un procedimiento penal, tramitado por una juez con sede en aquélla demarcación territorial, es decir, dentro de la competencia que corresponde a los Juzgados de Distrito con residencia en la capital de esta entidad federativa, en términos del Acuerdo General 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se invoca, por el tema que trata, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, publicada en la página ciento setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, enero de 2006, novena época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Así como la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En tal virtud, remítase la demanda de amparo vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en la capital de esta entidad federativa, por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, solicitando atentamente acuse el recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el que deberá precisar si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración, trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se encuentran visibles, autorizando el acceso al expediente electrónico al juzgado que conozca de la demanda, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se ordena al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado hacer disponible el expediente electrónico; asimismo, realícense las anotaciones en el libro electrónico implementado. Téngase al licenciado José Abraham López Flores, como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por aparecer registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se advierte que solicita que las notificaciones que deriven de este expediente se practiquen vía electrónica, con el nombre de usuario "COMA66". Se autoriza al promovente para que vía internet, se realicen las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, de conformidad con la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia y 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Para tal efecto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), oficial judicial "A", a efecto de que haga las gestiones correspondientes. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa.

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