Elías David Valenzuela Grijalva
Expediente 1145/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2023
Partes del expediente
- Elías David Valenzuela Grijalva
- Elías David Valenzuela Grijalva y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Devolución de exhorto Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual, devuelve diligenciado el exhorto 127/2023-VI-B, orden 140/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; mismo que se envió para notificar a los quejosos ***, la determinación de veintisiete de julio del año en curso. Háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse por notificados a los quejosos respecto de la aludida actuación. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. aceptan competencia Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual, trascribe el proveído de treinta y uno de julio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que el juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, registrándolo con el número de amparo indirecto *******, de su índice. Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de una incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; por tanto, una vez transcurridos seis meses de archivo, procédase a su destrucción material. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés.****************************************Radicación y registro********************Vista la demanda promovida, por los siguientes quejosos:**************************************** Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena se registre con el número de expediente 1145/2023-VI-B.****************************************Acto reclamado********************En ese sentido, es dable precisar que los quejosos reclaman de las autoridades responsables, lo siguiente:****************************************El traslado del que fueron objeto el ********************, del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, en el que actualmente se encuentran privados de su libertad; y, derivado de ello, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que fueron objeto antes y durante el traslado reclamado.****************************************Incompetencia********************En ese contexto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen.****************************************Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen:****************************************"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:********************(.)********************VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;********************(.)"****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.".****************************************El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente:****************************************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.".****************************************Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno.****************************************Lo anterior es así, ya que el acto reclamado tendrá ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, en virtud de que, como se advierte de lo manifestado por los promoventes en el escrito inicial de demanda, actualmente éstos se encuentran recluidos en ese centro carcelario; por lo cual la ejecución del acto de que se duelen se llevará a cabo en ese lugar; en consecuencia, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar o se está ejecutando el acto reclamado.****************************************En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.****************************************Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva.****************************************Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia.****************************************Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en turno, dado que el acto que combate la parte quejosa, se ejecutara en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. ****************************************Puntualizado lo anterior, se colige que el acto reclamado implica una ejecución material que se da en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, el cual se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, pues es el lugar en que actualmente se encuentran internos los accionantes de amparo.****************************************En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, identificada con el número de registro 2000066, que es del rubro y texto siguientes:****************************************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado.".****************************************Es dable precisar que no se inobserva la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", la cual determina que cuando se reclama el traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, ese acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, por lo que, al tratarse de un acto de tracto sucesivo la competencia para conocer el juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió y que tenga jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio parte de la ejecución por ser el que previno. Circunstancia que en el caso no acontece, dado que ni el inicio ni la ejecución del acto reclamado tuvo ni tendría lugar dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, por lo que, es incuestionable que la ejecución de ese acto, tiene su materialización en el lugar en donde se encuentran actualmente internos los promoventes, que es, de acuerdo a lo narrado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit.****************************************Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, visible en la página 899, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes:****************************************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará."****************************************Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda, con sus anexos y traslados, al Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, solicitándole de la manera más atenta, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente.****************************************Sin que obste a lo anterior, que del análisis de la demanda los quejosos señalen también como actos reclamados la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sin embargo, los hace valer con motivo del traslado que reclaman; por ende, les reviste de consumados de ahí que no se evidencia la urgencia que señalan los quejosos, para estar en el supuesto de suspender dichos actos.****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.****************************************Domicilio********************Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, se tiene como domicilio de los quejosos el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad.****************************************Exhorto********************En ese sentido, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda, se constituya en el interior de las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" de Tepic, Nayarit, y les notifique el presente proveído a los quejosos ********************.****************************************Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez encargado de llevar a cabo la diligencia encomendada para que en caso de ser necesario, habiliten días y horas inhábiles, a fin de realizar su desahogo.****************************************Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberán realizarse por la misma vía.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles********************En términos del tercer párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.****************************************Expedición de copias********************Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.****************************************Consulta del expediente********************Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal.****************************************Exhorto a las partes********************Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.**************************************** Notifíquese; y por exhorto a los quejosos en el lugar de su reclusión.****************************************
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