Elias Chayo Amkie
Expediente 937/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Elias Chayo Amkie
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Elías Chayo Amkie, contra la omisión del Juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal en San Luis Potosí y otra autoridad, que estima violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1 y 8 de la Constitución General de la República; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 937/2020-VI. Ahora bien, examinado el escrito inicial de demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: Ahora bien, en concepto de la suscrita, respecto de la omisión atribuida al juez de control que conoce de la causa seguida en contra del aquí quejoso se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez responsable, la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de noviembre del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-289/2020, dentro de la cual el quejoso tiene el carácter de imputado. De esa manera, dicho acto no es de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, es así porque el acto reclamado únicamente posterga la continuación del procedimiento penal, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que las consecuencias de dicha actuación (omitir atender los plazos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento penal, ello se rige por el artículo 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Esto es, el acto reclamado por la parte quejosa es una violación procesal que no afecta derechos sustantivos, ya que la trasgresión que alega no impide el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. De igual forma, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II, del referido ordenamiento, en virtud de que no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí respecto de la omisión que se le atribuye. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Luego, en el caso, se advierte que el representante social señalado como responsable, actúa como parte dentro del procedimiento penal, no como autoridad, pues se le reclama una omisión durante la etapa de investigación complementaria, en la cual está ceñida a la autorización y dirección del juez de control. Al respecto, de los numerales 105, 127, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el propio ordenamiento, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; en esa virtud, el representante social tiene diversas facultades y obligaciones durante las diferentes etapas del procedimiento penal. En esa virtud, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Elías Chayo Amkie, contra la omisión del Juez de Control y de Tribunales de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal en San Luis Potosí y otra autoridad, que estima violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1 y 8 de la Constitución General de la República; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 937/2020-VI. Ahora bien, examinado el escrito inicial de demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: Ahora bien, en concepto de la suscrita, respecto de la omisión atribuida al juez de control que conoce de la causa seguida en contra del aquí quejoso se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez responsable, la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de noviembre del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-289/2020, dentro de la cual el quejoso tiene el carácter de imputado. De esa manera, dicho acto no es de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, es así porque el acto reclamado únicamente posterga la continuación del procedimiento penal, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que las consecuencias de dicha actuación (omitir atender los plazos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento penal, ello se rige por el artículo 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Esto es, el acto reclamado por la parte quejosa es una violación procesal que no afecta derechos sustantivos, ya que la trasgresión que alega no impide el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. De igual forma, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II, del referido ordenamiento, en virtud de que no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí respecto de la omisión que se le atribuye. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Luego, en el caso, se advierte que el representante social señalado como responsable, actúa como parte dentro del procedimiento penal, no como autoridad, pues se le reclama una omisión durante la etapa de investigación complementaria, en la cual está ceñida a la autorización y dirección del juez de control. Al respecto, de los numerales 105, 127, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el propio ordenamiento, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; en esa virtud, el representante social tiene diversas facultades y obligaciones durante las diferentes etapas del procedimiento penal. En esa virtud, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Elia Silveria Zarazua Alvarado360/2022
- Elia Solis Salas2/2019
- Elias Abundis Rangel234/2019
- Elias Chayo Amkie400/2020
- Elías Chayo Amkie1286/2021
- Elias Chayo Amkie767/2020
- Elias Juarez Lopez1052/2017
- Elias Perez Gomez357/2018
- Eliel del Angel Gutierrez Covarrubias53/2018
- Elieser Alvear Arias1258/2021
- Elieth de los Angeles Suarez Vivas940/2018
- Eliezer Antonio Carmona Reyes351/2023