Elías Carballo Lobato
Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- Elías Carballo Lobato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal se advierte que la Presidente de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no ha desahogado el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de junio de este año, pese a encontrarse debidamente notificada para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta responsable, para que una vez que emplace a la parte demandada en el juicio de origen remita copia certificada de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecinueve. ? Solicitud de información respecto al cumplimiento de la sentencia. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla, mediante el cual solicita le sea establecida la forma en que debe cumplir con la sentencia protectora emitida en autos; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, infórmesele lo siguiente: En primer orden, debe tenerse presente que los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en autos, fueron los siguientes: "Por lo tanto, dado que para determinar la baja o separación del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía Municipal Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, no se substanció el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo procedente es calificar de injustificada esa separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. En atención a lo anterior, las autoridades responsables deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; b) Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. c) Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Como se ve, a efecto de que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, la autoridad administrativa deberá efectuar una reparación integral al quejoso, para lo cual tiene que realizar lo siguiente: a) Pagar la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho. b) Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho y, c) Efectuar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. En el entendido que para poder llevar a cabo todo lo anterior, está facultado para vincular a cualquier autoridad cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no haya sido señalada como responsable en este juicio. En ese sentido, debe informársele que los alcances del fallo protector fueron establecidos de conformidad con lo precisado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 55/2016, en la que determinó, en lo conducente, lo siguiente: " (.) Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Sin embargo, conforme a lo que ha determinado esta Segunda Sala, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificado el acto o resolución que determinó la separación, remoción, baja o cese de los miembros de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, sea por vicios de procedimiento que propicien su reposición o por una decisión de fondo, existe la imposibilidad constitucional de reincorporar a éstos en sus funciones; es dable considerar que la sentencia que concede el amparo a esos servidores públicos contra el acto que se traduce en la terminación de la relación administrativa existente entre ellos y el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, ordenar el restablecimiento de las cosas al exacto estado en que se encontraban hasta antes de la separación, cese, remoción o baja declarada injustificada por el juzgador federal. Entonces, para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, por exigencia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, la sentencia de amparo debe reconocer expresamente la obligación del Estado de resarcir a los quejosos tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, obligar a la autoridad responsable a otorgarles la indemnización y pagarles las demás prestaciones a que aquéllos tengan derecho. Es así, pues la indemnización prevista en la norma constitucional que se analiza tiene por finalidad cubrir el daño provocado por el acto del Estado declarado injustificado; en tanto que, la obligación de pagar "las demás prestaciones a que tenga derecho" el servidor público, como supuesto normativo, busca satisfacer los perjuicios ocasionados por ese acto, y que se encuentra cargado del mismo sentido jurídico previsto por el poder reformador, compensar o reparar las consecuencias de ese acto del Estado." Los citados razonamientos dieron origen a la siguiente jurisprudencia: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. *** Asimismo, debe destacarse que al delimitarse la protección constitucional se atendió a lo dispuesto en la jurisprudencia 57/2019 de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional del País, en la que estableció que el parámetro temporal para indemnizar a un miembro de una institución policial bien puede limitarse por el legislador local; sin embargo, en el caso concreto la Ley de Seguridad del Estado de Puebla no establece limitación alguna sobre tal aspecto y, además, el municipio al que se encontraba adscrito el quejoso -Chignahuapan, Puebla- tampoco cuenta con un ordenamiento emitido por el legislador local que regule la indemnización correspondiente a los policías separados o dados de baja de su cargo. El citado criterio jurisprudencial mencionado, es del siguiente orden: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA LIMITANTE TEMPORAL AL PAGO DE "Y LAS DEMÁS PRESTACIONES" QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CORRESPONDE A LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS POLICIACOS CESADOS INJUSTIFICADAMENTE, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y ESTADO DE MÉXICO). *** Por lo tanto, toda vez que los efectos del amparo son precisos y no requieren -hasta este momento- de alguna aclaración sobre los términos en que deberán realizarse, acorde con lo establecido en el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo , se reitera a la autoridad responsable que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo implica que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acorde con sus atribuciones legales, efectué lo siguiente: a) Pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; b) Cubra las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, hasta en tanto se concrete la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho c) Ordene la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. En el entendido de que las acciones propias que le corresponde desplegar para atender el cumplimiento del fallo protector, no puede delimitarlas este órgano jurisdiccional, sino que con conocimiento de las atribuciones legales con que está investido, debe efectuar acciones concretas que revelen que está acatando la sentencia protectora, pues en caso de no hacerlo, ya sea por contumacia o por realizar conductas evasivas o simuladoras, se procederá en términos del artículo 258 de la ley de amparo, esto es, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. ? Se requiere nuevamente autoridad encargada de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, toda vez que no atendió lo solicitado en el auto de catorce de mayo de este año, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del mismo plazo informe que área o autoridad deberá coadyuvar con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la parte relativa al pago de una indemnización y demás prestaciones que correspondan al quejoso. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido, se procederá en los términos precisados en el párrafo que antecede. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Visto el oficio de cuenta y anexos del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de mayo del año en curso, en el recurso de queja 53/2019 de su índice, y en cuyos puntos resolutivos establece lo siguiente: PRIMERO. Es fundada la queja. SEGUNDO. Se ordena al juez de distrito proveer sobre el trámite de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese de recibo y en acatamiento a lo ordenado, se provee lo conducente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, de que se trata. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que los actos reclamados no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercera interesada a ..., en virtud de que es contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen. Por tanto, se ordena su emplazamiento, en forma personal, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente proveído, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. De igual modo, requiérase a la parte tercera interesada para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por admitida la documental consistente en la solicitud de devolución de documentos de quince de enero de dos mil diecinueve, así como por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional.
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