Elías Beltrán Pereyra
Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elías Beltrán Pereyra
Actuaciones
- Principal
Juicio 7/2022-V-I folio 1207. treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; a través del cual, acusa recibo del oficio 802/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que le fueron remitidas las constancias que envió como apoyo a su informe con justificación; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de seis de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de constancias Por otro lado, devuélvase a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, las documentales que remitió como anexo a su informe justificado, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo; en la inteligencia que de no acusar el citado recibo en el término de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente auto, se le tendrá por recibida de conformidad la constancia aludida, para todos los efectos legales concernientes y bajo su más estricta responsabilidad.
- Principal
Juicio 7/2022-V-1 folio 98. seis de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuanta, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el Juicio de Amparo Directo 194/2021, formado con la demanda de amparo promovida por Elías Beltrán Pereyra, el original del toca penal 24/2021-IV y el duplicado de la causa penal 371/2019 acumulado al 336/2019 en seis tomos, del índice de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 38 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto; por tanto, infórmesele tal determinación al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimo Circuito, con sede en esta ciudad, en vía de acuse de recibo. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 7/2022-V-2. Genérese el expediente electrónico e impreso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama La sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el toca penal 24/2021, en la que confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, que emitió la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, en la causa penal 371/2019 acumulada al 336/2019, relativo al delito de fraude, relacionado con la audiencia que establece el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales respecto al desechamiento de las pruebas testimoniales de Candelario Alejandro de la Cruz y Gerardo Jiménez de la Cruz, por encontrarse fuera de termino y por no acreditar que se traten de pruebas supervinientes. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; puesto que en la especie se reclama un acto dentro de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente*** Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras veintidós fracciones de dicho precepto, caso en que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece dos presupuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber a) Que el acto reclamado sea dictado dentro de juicio. b) Que tenga efectos de imposible reparación, es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos. Aplicado en sentido contrario, cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio pero que no tenga efectos de imposible reparación, es decir, que sean susceptibles de ser reparados, el amparo indirecto será improcedente. En el caso concreto, se reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dictó la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el toca penal 24/2021, en la que confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, que emitió la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, en la causa penal 371/2019 acumulada al 336/2019, relativo al delito de fraude, relacionado con la audiencia que establece el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales respecto al desechamiento de las pruebas testimoniales de Candelario Alejandro de la Cruz y Gerardo Jiménez de la Cruz, por encontrarse fuera de termino y por no acreditar que se traten de pruebas supervinientes Esto es, se trata de una resolución que analizó diversos actos relativos a desechamientos de diversas pruebas dictados dentro de juicio, pues se emitieron dentro de la fase de instrucción de la aludida causa penal, en la que no se ha dictado sentencia. En ese sentido, para que el juicio de amparo promovido por el quejoso sea procedente, es menester que el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos; sin embargo, esa circunstancia no acontece en el caso. Lo anterior es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, establece en dos de sus fracciones, sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. ?a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. El legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se hace a partir de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En otro orden de ideas, el texto legal reiteradamente establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva***. Bajo esa lógica, el acto reclamado en el caso concreto, no se ubica en el supuesto mencionado, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del peticionario reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, algún derecho fundamental como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho sustantivo. Sino que tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, consecuencia de la no admisión de la prueba testimonial de Candelario Alejandro de la Cruz y Gerardo Jiménez de la Cruz; lo cual, no necesariamente ocasionará que la sentencia definitiva que dicte la autoridad responsable sea desfavorable a los intereses que como procesado, tiene derecho el peticionario de garantías. Además, de obtener fallo favorable las posibles violaciones que pudieran resultar del acto reclamado se extinguirán automáticamente, sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si el sentido de la sentencia le resultara desfavorable, tales violaciones debe hacerlas valer al momento en que se impugne la sentencia definitiva, a través del medio de impugnación ordinario, incluso, vía amparo directo, pues hasta ese momento procesal se podría determinar si las violaciones procesales afectaron o no las defensas del quejoso trascendiendo al sentido del fallo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Barrera Hernández. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Martha Hilda Guitierrez Cahue y Llini Torres Castellano, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto: batohez@live.com.mx. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
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